En el marco del proyecto “Ciudades colombianas y cambio climático”, trabajado en conjunto con la Agencia Francesa para el Desarrollo, Fedesarrollo y la Fundación Ciudad Humana; el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza (IRG) identificó diferentes experiencias que aportan a la reflexión sobre la adaptación y/o mitigación del cambio climático. En este caso particular no se trata de una experiencia particular, sino del análisis de un territorio: Taganga, cuyo caso es interesante en términos de la gestión del cambio climático, pues muestra las relaciones entre ordenamiento territorial, protección del medio ambiente, acceso a servicios públicos y desarrollo económico en sectores complejos como una ciudad costera del caribe colombiano.

En Colombia, especialmente en sus regiones costeras, las ciudades deben administrar ecosistemas protegidos y de gran importancia en la lucha contra el cambio climático, tales como corales, manglares, ciertos tipos de bosque, etc., que suelen hacer parte de sus áreas rurales. Así mismo, las zonas rurales de las ciudades suelen ser el lugar de asentamiento de migrantes y desplazados que llegan a las ciudades huyendo de la pobreza o la violencia, instalándose la mayoría de las veces en zonas de alto riesgo. Al respecto, el informe “Las Ciudades y el Cambio Climático: Orientaciones para Políticas. Informe mundial sobre asentamientos humanos 2011” (producido por ONU Hábitat) sugiere que si el cambio climático, en años venideros, afecta severamente la agricultura, los campesinos damnificados podrían elegir como destino las ciudades y ese fenómeno seguramente incrementaría el número de asentamientos informales (que tienen infraestructuras deficientes y enfrentan riesgos considerables). A los dos argumentos anteriores para tomar en consideración las áreas rurales de las ciudades en la gestión del cambio climático, habría que agregar otro: las que hoy son zonas rurales o suburbanas resultan ser las áreas de expansión urbana del mañana, y ese proceso por lo general ocurre de forma desordenada, sin planeación, y guiado exclusivamente por el interés de los constructores.

Quizá el caso de Taganga, un corregimiento rural de la ciudad caribeña de Santa Marta, permita comprender algunos de los retos que enfrentan los tomadores de decisiones a la hora de planear la gestión del cambio climático para las ciudades intermedias en crecimiento. Las particularidades del desarrollo local de este corregimiento ilustran por lo menos tres de ellos: garantizar el acceso a los servicios públicos de agua y alcantarillado; elaborar un ordenamiento territorial que incluya las variables ambientales y por tanto garantice la protección y conservación de los ecosistemas locales, que en ocasiones se ponen en riesgo a causa de la urbanización desordenada y las actividades turísticas; y, construir un modelo de desarrollo socio-económico que sea participativo y sostenible, esto concretamente en lo concerniente al futuro de la pesca y el auge del turismo, que son las dos principales actividades económicas de Taganga y son en últimas dos renglones vitales en la economía de cualquier región costera.

Sin embargo, antes de pasar al análisis de caso, conviene hablar sobre Santa Marta, para ubicar a Taganga en su contexto. La ciudad tiene una extensión total de 239.335 hectáreas, pero al igual que en muchas ciudades intermedias colombianas, la mayor parte de ese territorio, unas 222.713 hectáreas, es rural, mientras que el suelo urbano solo ocupa 16.622 hectáreas. Dentro del área rural, según la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), por lo menos 117.975 hectáreas están ocupadas en actividades de economía campesina y la mayor parte de lo restante corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta, que además de ser “reserva de la biósfera” (reconocida como tal por la UNESCO en 1979 por poseer ecosistemas de gran importancia para la vida) es el territorio ancestral de las comunidades indígenas Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamo. A nivel demográfico, se trata de una ciudad intermedia que cuenta con una población estimada de 461.900 habitantes, de acuerdo a las proyecciones del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2012, y económicamente es una urbe esencialmente turística, aunque una porción significativa de sus habitantes se dedican a la agricultura y la pesca, tal como ocurre en Taganga.

Ahora bien, los tres retos de la planeación del cambio climático en ciudades intermedias que se han señalado, serán abordados a partir del análisis de lo que ocurre en Taganga, empezando por la relación entre ordenamiento territorial, protección de los ecosistemas y actividades económicas, siguiendo con la problemática del acceso al servicio de agua y alcantarillado en la zona, y terminando con el análisis de una propuesta de desarrollo local participativo que están implementando los pescadores locales junto con a la Universidad del Magdalena.

Primer reto: ordenamiento territorial, protección ambiental y actividades económicas

Tomando un pequeño bus en el centro de Santa Marta es posible llegar a Taganga en menos de 20 minutos. La ruta pasa por las montañas y luego desciende a la bella bahía. Al bajar del bus y empezar a caminar por el lugar saltan a la vista las escuelas de buceo, las numerosas discotecas y restaurantes del malecón y, al adentrarse un poco, los hostales rebosantes de turistas. La gente transita alegre por las calles, los mochileros que están de paso o han decidido radicarse allí definitivamente venden sus artesanías en la calle, algunos tagangueros ofrecen viajes en lancha hasta el parque Tayrona y, navegando en el mar azul, van y vienen las embarcaciones de los pescadores. Pero el corregimiento no termina en sus calles turísticas. En las montañas pueden divisarse casas de lujo que generalmente pertenecen a extranjeros, pero también allí y más alejados de la vista, se encuentran los barrios humildes de los pescadores, esos cuyos problemas por lo general están por fuera del campo de visibilidad del turista y pareciera que también del de las autoridades.

El corregimiento se encuentra “en una ensenada encerrada por montañas, contigua a la bahía de Santa Marta, entre el Parque Natural Nacional Tayrona y el Parque Distrital Dumbira” (1). Se trata de un pueblo de tradición pesquera y más recientemente turística, ubicado frente al mar, rodeado de montañas cuyo ecosistema es el bosque seco tropical (2) y habitado por aproximadamente 5000 personas que se reconocen como comunidad étnica, pues descienden de los indígenas tayronas y poseen usos y costumbres particulares.

El manejo del suelo no es fácil en Taganga y la planeación de sus usos requiere equilibrar el desarrollo económico, la conservación ambiental, e incluso la concertación con las comunidades locales. Taganga ha mutado en los últimos 20 o 30 años, pasando de ser un pequeño pueblo de pescadores a convertirse en un destino turístico apetecido por visitantes de lugares tan lejanos como Israel. Esta dinámica ha producido dividendos económicos a una parte de la población pero también ha generado problemas que van desde la seguridad de la zona hasta un creciente interés por la adquisición de tierras y la consiguiente construcción de edificaciones con fines hoteleros o de vivienda en los cerros, invadiendo incluso áreas declaradas como “suelo protegido”, por pertenecer al Parque Distrital Dumbira. Además, según han denunciado en múltiples ocasiones los lugareños el turismo “depredador”, como lo calificó una líder comunitaria de Taganga, ha producido una demanda de drogas y servicios sexuales que terminan satisfaciendo los pobladores locales. Esa realidad ha sido reseñada en trabajos académicos y reportajes periodísticos que no vale la pena repetir (3), salvo para señalar hechos tan preocupantes como la presencia de ex militares israelíes que según los tagangueros venden drogas, promueven la prostitución, están ocupando los cerros con sus construcciones y amenazan a quien se les opone. Estas denuncias fueron corroboradas por el actual alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, en una entrevista concedida al diario El Tiempo en febrero de 2012 (4).

Ahora bien, aunque el gobierno local ha incluido la delimitación de zonas protegidas en su ordenamiento territorial, precisamente para evitar la construcción de edificaciones en esos territorios, la aplicación de la norma ha enfrentado una serie de complejos obstáculos. Quizá el caso más representativo es el artículo 249 del acuerdo 005 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Santa Marta), que delimita el Parque Distrital Dumbira “ubicado a partir de los 25 m.s.n.m, en los cerros que circundan la cabecera del Corregimiento de Taganga…” (5). Dicha delimitación restringía la construcción en la zona pero como al parecer, pasados algunos años, la norma no había tenido efectos prácticos, un taganguero interpuso una acción popular (6) en el año 2003, para garantizar la preservación del parque y esta fue fallada positivamente por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, desatando un fuerte conflicto social, tal como lo relata Don Carlos, un pescador y líder comunitario de Taganga:

“Un ciudadano de Taganga interpuso una Acción Popular para preservar los cerros, sin hacerlo de mala fe, el fallo dijo que no solo se preservaran los cerros sino también las quebradas y demuélase todo hasta la cota 40; entonces, se generó un choque social contra todos los líderes de Taganga diciéndonos que nosotros habíamos vendido el pueblo a la Alcaldía, fue un problema social de índoles muy fuertes”.

La cota 40 corresponde a una altura de 40 mts sobre el nivel del mar a partir de la cual no podrían hacerse construcciones y supuestamente tendrían que demolerse las existentes. Sin embargo, a partir de esa altura no solo hay edificaciones de lujo sino también muchas de las viviendas de los pescadores de Taganga. Además, algunas de las propiedades que quedaron dentro del parque tienen documentos legales y existían previamente a la declaratoria, lo que generó inconformismo entre los propietarios. Don Carlos señala que los tagangueros son una comunidad étnica que posee títulos de propiedad en la zona del parque desde hace más de un siglo y que por eso no están de acuerdo con la interpretación que se la ha dado al fallo. Los tagangueros sintieron que el gobierno local quería expulsarlos de la zona donde siempre han vivido e interpusieron una acción de tutela contra el fallo, requerimiento que la Corte Constitucional denegó a inicios de 2013 (7).

En este momento la situación es indefinida, los asentamientos continúan existiendo por encima de la cota 40 y siguen edificándose allí viviendas y hoteles de lujo. Lo que muestra esta situación es que los propósitos de conservación ambiental pueden entrar en conflicto con las actividades de la población aledaña a las zonas de reserva cuando esta no es consultada, más aún si se trata de comunidades étnicas, y que los efectos del turismo y la construcción deben tenerse en cuenta en la planeación urbana, debido a que influyen directamente en los procesos de conservación y protección ambiental, que son vitales para gestionar adecuadamente el cambio climático en las ciudades.

Segundo reto: acceso a los servicios públicos de agua y alcantarillado

En julio de este año los tagangueros realizaron dos protestas para reclamar por las deficiencias en la prestación del servicio de agua, a través de bloqueos de la vía de entrada al corregimiento (8). Según los tagangueros, Metroagua, la empresa que presta el servicio de acueducto en Santa Marta, incumplió los compromisos que había adquirido con ellos y la respuesta del distrito ha sido, como en otras ocasiones, llevar carrotanques para que distribuyan el líquido entre la población. De acuerdo a Don Carlos, tan solo el 15% de la población de Taganga tiene acceso al servicio de acueducto, concretamente quienes están ubicados en las calles centrales del corregimiento, y el resto debe abastecerse con carrotanques que pagan de su propio bolsillo, con valores que ascienden hasta $190.000 por vehículo.

La versión de los lugareños es respaldada por un informe defensorial del año 2008 (9) en el que se afirma que sus habitantes, aunque tienen redes de acueducto, no cuentan con un servicio continuo (que sea suficiente para usos personales y domésticos) y por tanto deben abastecerse de tanques cuyo nivel de potabilidad no es informado a los usuarios, violando el derecho a conocer esos datos. Así mismo, allí se afirma que la mayoría de viviendas usa un sistema de pozos sépticos y no cuenta con redes de alcantarillado.

En ese orden de ideas, es importante mencionar el dictamen que dio la Defensoría del Pueblo en su informe, al señalar que “la deficiente prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, vulnera los derechos de la comunidad de Taganga, a la vida, a la salud, a la salubridad pública y al ambiente sano”, y solicitar a Metroagua resolver esta situación, cosa que hasta el momento parece no haber ocurrido. La población se siente maltratada por las empresas de servicios públicos y por el gobierno, como lo expresó Don Carlos al hablar de las soluciones que hasta el momento les han propuesto:

“Nosotros peleamos por el tema de agua para Taganga, nos dijeron que sí nos iban a suministrar y supuestamente hicieron un tanque para 3000 metros cúbicos porque nos iban a garantizar agua las 24 horas. Nosotros sabíamos que eso no era verdad, se lo dijimos a la Viceministra de Aguas del Gobierno de Uribe (…….) Para ese momento le dijimos que queríamos una planta desalinizadora que, aunque era más costosa, nos garantizaba que el agua sí llegaría y ella no quiso, dijo que no, que este proyecto era mucho más barato y que nos garantizaba que iba a llegar agua. A la fecha de hoy, más o menos tres años de haber terminado ese proyecto, Taganga solamente tiene el 15% de agua; tenemos más de 15 días en que no nos llega el agua“.

El testimonio de Don Carlos, como una de las versiones encontradas que ofrecen la población y la empresa sobre las causas del desabastecimiento muestra que, como suele ocurrir en temas de servicios públicos en sectores suburbanos o rurales, el Estado colombiano ha tenido una presencia escasa, las comunidades se convierten en autogestores y se generan relaciones de desconfianza con cualquier tipo de institucionalidad. En este sentido es clave, además de solucionar los procesos infraestructurales de Taganga, fortalecer los procesos de participación ciudadana, tratando de cerrar las brechas entre Estado, empresas y comunidades.

Sin embargo, aunque la empresa tiene la responsabilidad de prestar el servicio de agua y sin duda debe diseñar planes de contingencia para prestar el servicio allí, no toda la responsabilidad puede atribuírsele, ya que si bien no todas las casas que están por encima de la “cota 40” son condominios de lujo sí es cierto que hay una proliferación de estas viviendas y de hoteles que al parecer se conectan de forma irregular a los tubos de Metroagua. Entonces, también es un problema de planificación e inspección urbana y de desarrollo económico poco sostenible.

El acceso a un servicio de agua potable que sea continuo es un aspecto reconocido en la literatura científica sobre cambio climático como algo que debe garantizarse si se pretende construir una ciudad resiliente. Pero más allá, el tema está englobado en la relación más amplia entre adaptación al cambio climático y desarrollo socio-económico. El informe “Adapting to Climate Change in Urban Areas” del International Institute for Environment and Development (IIED) dice directamente que:

“Hay conexiones sustanciales entre el desarrollo local exitoso y una adaptación exitosa al cambio climático. Por tanto, las reducciones en pobreza, incluyendo las mejoras en las viviendas, las condiciones de vida y en la provisión de infraestructura y servicios son fundamentales en la adaptación. Ciudades exitosas y bien gobernadas reducen enormemente los riesgos relacionados con el cambio climático para poblaciones pobres; ciudades no exitosas y mal gobernadas no lo hacen e incluso pueden incrementar esos riesgos” (10).

Entonces, una ciudad que ataque la pobreza a través de acciones como garantizar el acceso al servicio de acueducto y alcantarillado reduce los riesgos para sus poblaciones y contribuye a hacerlas resilientes ante fenómenos climáticos extremos, en los cuales la escasez de agua es uno de los efectos más comunes. Y aunque aquí se está tratando el caso de la zona rural de Santa Marta, no debe olvidarse que por lo general las problemáticas de esas áreas son las mismas que enfrentan los barrios marginales al interior del perímetro urbano. Ahora bien, esa relación entre desarrollo económico y adaptación al cambio climático ha sido entendida por algunos de los pobladores de Taganga que han iniciado un proyecto destinado a crear una economía pesquera sostenible, de cara al cambio climático, la disminución de la productividad, el crecimiento demográfico y el auge turístico.

Tercer reto: el desarrollo participativo y sostenible. Una propuesta de base.

Los pescadores de Taganga están adelantando, desde el año 2009, un proyecto de cultivo de bivalvos (un tipo de molusco) en asociación con la Universidad del Magdalena. Don Carlos cuenta que en Taganga existen seis cooperativas de pescadores, siendo la más antigua la Corporación de Chinchorreros. Él pertenece a la Cooperativa de Pescadores de Taganga, también con años de historia en la actividad pesquera. Según él y las cinco personas que actualmente hacen parte del proyecto de acuicultura, son múltiples los fenómenos que hacen pensar que la pesca artesanal que ellos realizan no es sostenible a largo plazo: la prohibición que tienen de pescar en las áreas protegidas que pertenecen al Parque Natural Tayrona, el cambio climático, la presencia de barcos pesqueros de otros países que explotan el recursos de manera poco sostenible, la contaminación que ellos atribuyen al colector pluvial y el emisario submarino (11), y el crecimiento turístico y demográfico que aumenta la demanda de pescado.

Sobre dos de estos aspectos vale la pena conocer la opinión de los pescadores. Don Pedro, uno de los miembros del proyecto de los bivalvos, dice acerca del Parque Tayrona y los controles a la pesca algo que es necesario tener en cuenta cuando se trata con comunidades étnicas con prácticas culturales arraigadas:

“Ya en 1964, año de creación del Parque Tayrona, teníamos nuestros sitios de pesca; entonces el Estado fue desplazando pescadores y hoy en día nos han venido prohibiendo pescar en nuestros lugares tradicionales de pesca, tenemos aproximadamente quince sitios de pesca de los cuales se nos han prohibido casi la mayoría. A partir de esto se ha generado el conflicto con el parque. Yo no me niego a que hay que cuidar el medio ambiente pero nosotros sabemos lo que hacemos a partir de la universidad de la vida que es el mar, la sabiduría. Se nos juzga por llevar en las lanchas a niños cuando nosotros somos sus profesores ¿Quiénes nos van a reemplazar a nosotros entonces?“

Lo que dice don Pedro da cuenta de la importancia de promover procesos de desarrollo participativo y de que en la preservación de los ecosistemas se involucre activamente a la comunidad, teniendo en cuenta sus actividades socio-económicas y sus tradiciones culturales, pues como lo sugiere el pescador, ellos sienten que ciertas disposiciones les impiden reproducir su modo de vida.

Sobre el rol del cambio climático y las opciones que hay para hacerle frente a la que parece ser la inevitable insostenibilidad de la pesca artesanal, Don Carlos comenta:

“Respecto al cambio climático, este es un tema que en unos años va a hacer cada vez más fuerte, muchas especies marinas desaparecerán de la faz de la tierra según muchos estudios, no depende de nosotros esta circunstancia, pero nosotros vamos a seguir en este territorio, en esta área, haciendo lo que siempre hemos estado acostumbrados a hacer; pero si tenemos diversidad de actividades ya no presionamos mucho más el recurso, bajamos la presión al recurso, ya no se dedicarían 84 horas a la pesca extractiva sino más o menos 30 solamente. Entonces, si nosotros logramos que la pesca artesanal baje la presión de la extracción pesquera pues el efecto del cambio climático va a ser menor; porque, independientemente la especie podrá adaptarse al ecosistema, podrá amoldarse, mutarse pero si no hay especies, si las acabamos pues no habrá nada que se pueda hacer frente al cambio climático”.

Como puede verse en lo señalado por don Carlos, los pescadores son conscientes de que fenómenos globales como el cambio climático pueden hacer insostenible su actividad, y no solo eso, sino de que ellos mismos deben hacer algo y generar propuestas para hacer frente a tan compleja situación, ya que la dinámica de su actividad económica también afecta los ecosistemas y los presiona. Ante este complejo panorama, ellos decidieron unirse al proyecto de cultivo de bivalvos que estaba adelantando la bióloga Luz Adriana Velasco en un laboratorio de la Universidad del Magdalena, ubicado en Taganga, y que hace parte de una concesión que la Dirección Marítima (Dimar) hizo a la institución para propósitos de investigación científica. Los fondos iniciales se consiguieron con el apoyo de la agencia Jaika (cooperación japonesa), y la idea de la investigadora era crear un proyecto productivo en el que pudieran participar los pescadores de la zona. Sin embargo, el inicio no fue fácil. Según cuentan quienes hoy son partícipes convencidos de este proceso, las primeras reacciones de los pescadores hacia la iniciativa de Velasco fueron de rechazo; incluso, algunos destruyeron los implementos técnicos que requiere este cultivo (redes especiales en el mar para que adheridos a estas crezcan los moluscos). Pero la investigadora Velasco no se rindió. Una estrategia que le dio resultados, fue aliarse con dos líderes de la comunidad que se interesaron en el tema (Don Carlos y Don Pedro), que a su vez convencieron a otros pescadores de las bondades de diversificar la economía pesquera.

Un elemento clave del éxito de este proceso ha sido la participación activa de los pescadores. Ellos no han sido simples beneficiarios del conocimiento desarrollado por la investigadora Velasco, sino que han aprendido también el manejo de los equipos técnicos del laboratorio y de los conceptos técnicos relacionados con su cultivo. Como ejemplo, tanto el tour por el laboratorio como la explicación sobre el funcionamiento de los equipos y las características de los moluscos fue ofrecido a quien escribe por uno de los pescadores y no por los científicos de la Universidad del Magdalena. Ante la pregunta de si los pescadores hacen trabajo de laboratorio, don Carlos dice: “Sí, la Universidad no se ha quedado solo en el tema de dirigir, los han traído aquí para aprender de este tema, porque ya la universidad comienza a darles las herramientas teóricas y prácticas para que desarrollen la actividad como tal”. Por supuesto, la fase inicial de cultivo, la que ocurre en el laboratorio, está dirigida por los científicos y, la fase de crecimiento de los moluscos en el mar, es controlada por los pescadores pues esa es su área de experticia; sin embargo, lo relevante es que pueda existir una articulación entre academia y comunidades para desarrollar proyectos productivos sostenibles y construir conocimiento aplicado a resolver problemas locales.

Actualmente se trata de un proyecto pequeño en el que participan tan solo 5 pescadores de los 360 que tiene Taganga. Sin embargo, la idea es que estos sean una suerte de intermediarios culturales, personas que una vez capacitadas (los miembros del equipo incluso viajaron a Chile para capacitarse en acuicultura) puedan enseñar a sus coterráneos interesados en el proyecto, como lo explica don Carlos: “En el programa los pescadores son los líderes y están gestionado la actividad porque cada uno representaba una organización en su momento y están dentro del marco de la investigación como unos maestros acuicultores, están aprendiendo toda la dinámica, las técnicas, para después transmitírnosla a nosotros”. Además, ya han logrado el apoyo del alcalde Carlos Caicedo para fortalecer el programa de cultivo de bivalvos, a través del Fondo de Capacitación Acuipesquera y Ambiental, manejado por la UMATA y dirigido a fortalecer el conocimiento ambiental de los pescadores de tal forma que lo tengan en cuenta a la hora de desarrollar proyectos productivos.

Pero aunque el proyecto es interesante y puede convertirse en una alternativa de adaptación al cambio climático, al disminuir la presión sobre el ecosistema marino y potencialmente ser una fuente de desarrollo local, enfrenta algunas dificultades que podrían disminuir su impacto positivo. Algunas están asociadas a la financiación, que no es suficiente para conseguir el tipo de infraestructura que les permitiría cultivar otro tipo de moluscos más grandes y ampliar la iniciativa, y otros tienen que ver más con la organización social: los pescadores no tienen asociaciones gremiales que puedan posicionar sus preocupaciones frente a las entidades públicas. Según dijeron, hasta el año 1991 existía la Asociación Nacional de Pescadores de Colombia, pero por divisiones internas la disolvieron y ahora no tienen siquiera una representación gremial a nivel regional. Por esa razón, están buscando crear la Confederación de Pescadores del Caribe, cuya primera acción sería producir un documento diagnóstico que pueda ser presentado al gobierno y posteriormente tratar de incidir en la creación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la actividad pesquera. De ese tamaño son los retos pero al parecer también los deseos de los pescadores de Taganga.

Commentaires

El análisis de territorios periurbanos o rurales de las ciudades colombianas muestra algunos retos importantes de la planeación de la adaptación al cambio climático, siendo los más importantes: articular el ordenamiento territorial con la protección ambiental y el desarrollo de actividades económicas; garantizar el acceso a los servicios públicos de agua y alcantarillado a toda la población; e impulsar un modelo de desarrollo que sea participativo y sostenible. Ahora bien, al hablar de cómo planear la adaptación al cambio climático es necesario aclarar que este ejercicio no es equiparable a las labores tradicionales de planeación urbana y gestión de la sostenibilidad ambiental, lo que no quiere decir que sean incompatibles sino, al contrario, complementarias. Según el informe Progress And Challenges in Urban Adaptation Planning, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) “La adaptación tiene el potencial de integrarse con muchas actividades que ya tienen lugar en las ciudades, pero también es diferente de las enfoques típicos de la planeación urbana y de la sostenibilidad. Tradicionalmente, la planeación urbana usa tendencias históricas como base para la toma de decisiones. En contraste, la planeación de la adaptación al cambio climático toma en cuenta los cambios que se proyecta ocurrirán en el futuro” (traducción personal del original en inglés).

Este informe también sugiere que aunque hay muchos “traslapes” o puntos de encuentro entre la adaptación y la sostenibilidad, especialmente en aquellas áreas como el apoyo al pago por servicios ecosistémicos, el aumento de espacios verdes y el mejoramiento de la infraestructura urbana; la adaptación va más allá y se preocupa por equilibrar el desarrollo de actividades económicas y la atención a personas pobres y vulnerables ante los efectos del cambio climático, y no solo eso, sino que en este proceso los científicos deben construir escenarios que permitan a los gobernantes planear a largo plazo. En ese sentido, para lograr el cumplimiento de los tres retos señalados, las ciudades colombianas que deseen adaptarse deben iniciar un ejercicio de planeación distinto, que trascienda tanto los límites urbanos –atendiendo a lo periurbano y lo rural- como temporales –los periodos de gobierno e incluso los de los planes de ordenamiento territorial- de la planeación tradicional, y priorice aquellas medidas que impacten directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vulnerables y en general en el desarrollo de la ciudad.

Bibliographie