En el marco del proyecto “Ciudades colombianas y cambio climático”, trabajado en conjunto con la Agencia Francesa para el Desarrollo, Fedesarrollo y la Fundación Ciudad Humana; el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza (IRG) identificó diferentes experiencias que aportan a la reflexión sobre la adaptación y/o mitigación del cambio climático. En este caso particular no se trata de una experiencia particular, sino del análisis de un territorio: la Boquilla, cuyo caso es interesante en términos de la gestión del cambio climático, pues muestra las relaciones entre desarrollo económico, percepción de riesgo y ordenamiento territorial, en sectores complejos como la periferia rural de una ciudad costera.

Cartagena o la “ ciudad heroica”, como se conoce en el país, es la capital del departamento de Bolívar, en la costa caribe colombiana. Su población es de aproximadamente 956.181 personas y recibe una creciente cifra de casi 500 mil turistas al año (1). Además del turismo, que desde los años 60 del siglo XX es el renglón más importante de la economía cartagenera, la ciudad ha experimentado un creciente auge industrial. Sin embargo, lo que parece ser una economía prospera no ha beneficiado por igual a toda la población, si se tiene en cuenta que para el año 2011, según el DANE (Departamento Nacional de Estadísticas), la ciudad alcanzaba un nivel de pobreza de 33,4% (2). Sin embargo, afuera de las murallas de Cartagena, lejos de los fastuosos hoteles, las convenciones, el turismo masivo y las construcciones coloniales, existe “otra ciudad” en la que predomina una vergonzosa desigualdad social pero que también posee unas riquezas invaluables. ¿Qué clase de riquezas? Complejos ecosistemas, como la ciénaga de la Virgen, y una gran diversidad cultural, representada por una población afrodescendiente que en muchos aspectos de su vida todavía conserva prácticas y costumbres ancestrales. De esa ‘otra’ ciudad se hablará aquí.

Cartagena está dividida territorialmente en tres localidades, desde el año 2002, cuando se convirtió en Distrito: Localidad I. Histórica y del Caribe Norte (allí está ubicado el patrimonio arquitectónico), Localidad II. De la Virgen y Turística (Emplazamiento de la Ciénaga pero también de infraestructura turística) y Localidad III. Industrial y de la Bahía (Centro de operación de la actividad industrial y portuaria). Cada una de estas localidades se encuentra subdividida, a su vez, en Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), 15 urbanas y una rural. En términos poblacionales, el 95,4% de los cartageneros vive en el sector urbano (911.927 personas) y el otro 4,6% (44.254 personas) habita el área rural (3). Precisamente allí, en la zona rural de la localidad II., está ubicada la Boquilla, que es uno de los 25 corregimientos rurales de Cartagena (pertenecientes a la única UCG rural) y constituye el objeto de este análisis. Sin embargo, antes de pasar al caso concreto vale la pena señalar que en Cartagena, como ocurre en todo el país, la ruralidad presenta mayores vulnerabilidades socio-económicas que los sectores urbanos. Por ejemplo, según el actual plan de desarrollo de la ciudad:

“(…) en el año 2010 el indicador de pobreza medido por el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) superaba en más de un 10% el sector rural de la cabecera (…) En cuanto a los servicios públicos, en el sector cabecera del Distrito de Cartagena la cobertura en alcantarillado es del 79% y en el sector rural solo cuenta con el 12%. En cuanto al acueducto en el área urbana fue de 91% y en sector rural 37,8% (…)” (4).

La Boquilla, una comunidad de afrodescendientes dedicados en su mayoría al turismo y la pesca, y ubicada en lo que podría denominarse la “entrada” de la Ciénaga de la Virgen, justo al lado de grandes construcciones hoteleras y viviendas vacacionales, es un buen ejemplo de las tensiones entre conservación ambiental/adaptación al cambio climático, turismo, diversidad cultural y construcción. Esa compleja situación social, aunada a presiones urbanísticas (grandes hoteles y viviendas de lujo), problemas ambientales (contaminación de la Ciénaga y destrucción del manglar) y presencia de comunidades ancestrales con las que es necesario concertar las políticas, son muestra de la importancia que poseen las zonas rurales para una gestión efectiva del cambio climático.

La estructura de este artículo comprende dos momentos: un análisis de los conflictos y dinámicas territoriales de la Boquilla, tanto para el caso de la construcción y el turismo como para el de la gestión del riesgo y las percepciones contrapuestas, que mostrará los retos que enfrentan los gobiernos locales para gestionar el cambio climático; y, la reseña de una propuesta de ecoturismo creada por los boquilleros, que evidencia que las comunidades son capaces de promover iniciativas para conciliar desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Territorio y territorialidades. Planeación urbana y conflicto social en la Ciénaga

Para entender a Cartagena es necesario saber que más del 70% de su población es afrodescendiente, de acuerdo a la desagregación de datos por municipios que hizo la Pastoral Afrocolombiana en el año 2006 (5). En términos raciales, la Boquilla no es muy diferente al resto de la ciudad, es una comunidad afro ubicada en la costa norte de Cartagena, y sus habitantes son parte de un pueblo antiguo que pertenece a la ciudad desde hace más de 200 años. La ciénaga, el ecosistema que los rodea, es básicamente el resultado de la hibridación producida por la mezcla de aguas dulces y saladas (a causa de la entrada y salida constante de líquido proveniente de ríos y del mar), en un delicado equilibrio que resulta vital para la flora y la fauna propia de lugares como este (el manglar, por mencionar el caso más insigne). Sus pobladores se han dedicado históricamente a la pesca en la Ciénaga de la Virgen, y algunos más a la venta de comida en restaurantes populares. Sin embargo, el lugar ha sufrido transformaciones desde finales de la década de los noventa, cuando a causa de la construcción de obras viales y del inicio de labores de limpieza y recuperación de la Ciénaga, se valorizaron los terrenos. Así, se dieron procesos de compra de tierras a los nativos, para desarrollar proyectos turísticos:

“La construcción del viaducto sobre una parte de la ciénaga, cuyo objeto fue empujar la urbanización hacia el norte, facilitó la edificación de un gran complejo turístico que comenzó con el hotel Las Américas y continuó con otra decena de cinco estrellas” (6).

Ahora bien, la situación de la Boquilla es inseparable del modelo de ciudad centrado en el turismo que ha imperado en Cartagena desde mediados del siglo XX. Como bien lo señala el historiador Orlando Deavila Pertuz, las élites locales impulsaron el turismo desde los años 40, en los 50 empezaron a idear la remoción de sectores considerados no deseables en la nueva metrópoli turística que imaginaban (el célebre barrio Chambacú, por ejemplo, habitado por negros y ubicado a las afueras de la “ciudad amurallada”), pero fue únicamente hasta los 70 que materializaron ese deseo, al eliminar Chambacú y reubicar a sus habitantes en zonas marginales de la ciudad (7). El tema es complejo, pero lo que vale la pena resaltar es que los habitantes de ese antiguo barrio, enfrentando adversas condiciones, construyeron sus viviendas ganándole espacio al mar, haciendo rellenos con basura y convirtiendo en urbanizables terrenos que posteriormente, al valorizarse, fueron apetecidos por los empresarios del turismo y por el gobierno de la ciudad.

Algo similar a lo que sucedió con Chambacú está pasando actualmente en la Boquilla. Al llegar a la Boquilla lo primero que resaltan son un grupo de edificios enormes, hoteles y también viviendas, así como un famoso restaurante llamado Blas el Teso. Luego, el paisaje va cambiando y las casas de los boquilleros hacen su aparición. En la playa los vendedores intentan convencer a los turistas de alquilar una suerte de quiosco protector o de comprar artesanías, alimentos y bebidas; también destacan los restaurantes tradicionales de los lugareños y los buses que cruzan por la playa como si de una carretera se tratase. Allí tres mundos: el del turismo de élite, el del gobierno y el de los boquilleros, han entrado en colisión, debido a una serie de causas complejas que vale la pena analizar.

Según la antropóloga Alejandra Buitrago lo que ocurre en la Boquilla es un conflicto por el territorio, a causa del traslape de diversos tipos de territorialidad. El territorio tiene que ver con la ocupación y construcción social de un espacio y la territorialidad es el grado y la forma de control que un grupo ejerce sobre un territorio (incluyendo prácticas, símbolos e incluso tecnologías usadas para darle forma). Por un lado están los empresarios, quienes ven en la valorización una oportunidad de negocios y quieren expandir allí sus construcciones, es decir, una definición del territorio como propiedad privada; también interviene el Estado, que desde la primera década del siglo XXI ha empezado a aplicar una legislación según la cual el mar es visto “como parte del territorio nacional, las playas como bienes de uso público y las ciénagas, como zonas de protección ecológica”, es decir, una definición del territorio como espacio de gobierno; y, por otro lado están los boquilleros, quienes de acuerdo a sus prácticas culturales (tendientes a lo comunitario) y necesidades de subsistencia (lo que los lleva a articular diversas actividades económicas como pesca, turismo, ventas, etc.) han impulsado que se les reconozca un título de propiedad colectiva, es decir, una definición del territorio como lugar del “bien común”.

Como resultado, entre otras cosas, del elevado desplazamiento forzado en la región caribe, la población de la Boquilla ha crecido vertiginosamente, pasando de 3400 habitantes, en 1980, a los aproximadamente 9000 que posee hoy día, según estimaciones tanto del Distrito como de Rony, un líder comunitario del corregimiento. Esa situación ha llevado a las personas a invadir terrenos privados como los de la hacienda los Morros (colindante con la Boquilla), zonas de bajamar reclamadas como territorio nacional por la DIMAR e incluso a cortar el manglar y rellenar la Ciénaga para construir sus casas allí. En la visión del gobierno local los boquilleros son invasores de bienes públicos y destructores del medio ambiente, pero como sugiere la investigadora Buitrago, con base en el ejemplo de Chambacú, en esta postura gubernamental hay contradicciones:

“La historia de Chambacú demuestra que el problema de la ocupación y el relleno de las orillas de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, va más allá de ser un problema ecológico, porque también es económico. Pues, al ser rellenadas estas zonas entran a formar parte de los terrenos urbanizables de la ciudad. Esto sucedió en el caso de Chambacú, porque durante décadas sus habitantes rellenaron el terreno para hacerlo habitable, pero fueron desalojados. Sin embargo, el gobierno local de la época no realizó un proyecto para la recuperación ecológica de la zona, por el contrario estas tierras fueron vendidas a inversionistas privados” (8).

Precisamente, los boquilleros han tenido múltiples conflictos con los inversionistas privados que poseen hoteles en la zona. Uno de los más sonados fue la polémica por una concesión que la DIMAR hizo a los hoteles Las Américas y Torre del Mar, que en términos prácticos privatizaba más de 8194 mts2 de playa, impidiéndole el acceso de los lugareños. Ante tal situación los boquilleros, por ser una comunidad afro con un título colectivo protegido por la ley 70 de 1993, interpusieron una demanda que finalmente la Corte Constitucional falló a su favor, al considerar que ese convenio se había celebrado sin realizar consulta previa a las comunidades afro del lugar (9). Este es solo un ejemplo del traslape de territorialidades que se mencionaba. Pero volviendo al tema de la conservación ambiental, lo que puede verse es que existen choques, por un lado, entre las presiones demográficas y urbanas que enfrenta la boquilla y la protección de la ciénaga, y por otro, entre las medidas que toma el Estado y la visión y necesidades de los locales, ya que las primeras suelen ser percibidas por estos como favorables a un modelo de turismo que no los toma en cuenta (reubicarlos para disponer de esos terrenos y efectuar grandes construcciones como las que ya ocupan parte de la Boquilla). Así lo sugiere Rony, el líder comunitario mencionado previamente:

«Nombran la Boquilla como un lugar de riesgo, o sea, es una cosa estúpida, para una cosa la ubican bien, pero para otras no. Por ejemplo, Bocagrande está más en riesgo que nosotros, por lo general es una zona de baja mar, y ahí le están metiendo edificios y no se sabe si con el tiempo esa placa pueda soportar eso (…) Ellos lo hacen porque como aquí están los “pobrecitos” de la Boquilla como lugar de riesgo, los habitantes se van a ver afectados, se van inundar, se van a ahogar, toca moverlos. Pero luego los hacendados ricos si pueden construir su plan de (vivienda) porque ellos tienen sus anti no sé qué (…)»

El comentario de Rony refleja que los conflictos territoriales también están asociados a la percepción del riesgo; para ellos el riesgo no es solamente una medición neutral de la relación entre unas amenazas y unas vulnerabilidades, sino que es considerado un ejercicio estratégico de gobierno que está condicionado por intereses económicos, pues mientras a ellos, una comunidad rural, los declaran en riesgo, las grandes construcciones, ubicadas en zonas que ellos consideran igual o más riesgosas que su propio territorio, son permitidas. Por supuesto, sería un error creer que las comunidades no afectan el medio ambiente o que el gobierno no debe tomar medidas para corregir situaciones como la destrucción del manglar o para prevenir posibles riesgos climáticos en sectores como la Boquilla. Sin duda, a causa de las difíciles condiciones socio-económicas y las presiones demográficas, algunas prácticas de subsistencia de los boquilleros terminan por perjudicar el ya deteriorado ecosistema de la Ciénaga de la Virgen y el gobierno debe actuar para protegerlo. El reto es lograr eso dentro la complejidad que implica gobernar un territorio donde se entrecruzan territorialidades tan disímiles. Una forma de hacerlo, la peor, sería mediante medias de fuerza, otra, más adecuada, implicaría impulsar y fortalecer procesos de diálogo entre el Estado, las empresas y las comunidades, en aras de subsanar la enorme desconfianza que existe entre esos actores sociales y conciliar las diferentes percepciones de riesgo que se encuentran allí. Si bien el dialogo social nunca es sencillo, un buen punto de partida es reconocer las iniciativas impulsadas desde la misma comunidad para alcanzar un desarrollo sostenible; a partir de estas podría hallarse un punto de equilibro entre las actividades económicas y la protección ambiental, precisamente ahora que Cartagena se encuentra en la Fase II de la construcción de su plan de adaptación al cambio climático, que es en la cual se organizan mesas participativas con las comunidades de las zonas rural e insular, para que ellos ofrezcan su propio diagnóstico y propuestas de solución. Una de esas iniciativas es el ecoturismo desarrollado por la comunidad de la Boquilla.

El ecoturismo…la titulación colectiva. Propuestas comunitarias

A unas cuadras de la playa de la Boquilla, en un centro comunal donde los niños del corregimiento van a tomar cursos o a usar internet para hacer sus tareas escolares, trabaja Rony, uno de los fundadores de Ecotours la Boquilla. Esta empresa comunitaria nació, según él, más o menos en el año 2000, cuando los miembros de la Fundación Uvita de Playa, una organización de base dedicada a promover prácticas saludables entre los boquilleros (de cara a problemas como la desnutrición o las enfermedades infantiles) se dieron cuenta que los problemas de salud infantil tenían una relación directa con las condiciones de pobreza en que vivían las personas del corregimiento. Entonces, decidieron crear un programa de apoyo a proyectos productivos, entre esos una cooperativa de turismo. Para esa época ya existían productos turísticos en la ciénaga, ofrecidos por locales, pero al parecer de forma bastante desorganizada.

Frente a ese panorama Ecotours, una empresa organizada y cuyos miembros incluso habían recibido capacitaciones en el SENA, se constituía en una alternativa viable para aprovechar la ciénaga. Pero además, frente a los problemas de contaminación y destrucción de los manglares el ecoturismo contribuye a conservar el ecosistema. Sin embargo, ese proceso no fue fácil:

(…) Era muy difícil porque en la Boquilla no había sistema de recolección de basuras, entonces ¿cómo implantamos un tour de ecoturismo? Se supone que es “eco” ¿sí? (…) la gente arrojaba a las aguas servidas o sucias a la ciénaga, los residuos sólidos también a los caños, entonces era como un contra-sentido estar pensando en ofrecer un tour (…)La Boquilla … por muchos años no tenía un buen sistema de luz, no tenía un buen sistema de agua tampoco potable ni de alcantarillado. Alcantarillado hubo … como en el 2004 – 2005” (sic).

Pero poco a poco han conseguido construir un negocio más ordenado y generar consciencia sobre la importancia de conservar el manglar, que es en últimas el producto estrella del tour que ofrecen: un recorrido en canoa por los manglares de la Ciénaga de la Virgen:

“Y también el tema del aseo. Nosotros … implementamos el tema de la limpieza donde nosotros trabajamos. Donde se hacen los toures es la zona más crítica, o era la zona más crítica … de La Boquilla porque es la que está pegada a la ciénaga, pegada a la boca natural, esos sectores se llaman Bogotá y Florida y es la zona más tétrica en ese momento porque … la gente tenía la costumbre de tirar (sus desechos) ahí”.

Económicamente también han crecido, pasando de poseer una empresa de “papel”, como cuenta Rony que era al principio, a consolidar una empresa de ecoturismo con ocho canoas y un muelle propio. Además, su crecimiento ha convencido a otros boquilleros del sentido que tiene involucrarse en el ecoturismo, al ser esta una alternativa que genera empleo local e ingresos indirectos para vendedores y dueños de restaurantes. Pero más allá de eso, está la posibilidad de crear un espacio en el mercado para un tipo de turismo distinto al de los hoteles de lujo. Rony lo denomina “turismo comunitario”:

«El turismo comunitario implica una relación con la comunidad, un acercamiento, un cambio de cultura (…)el intercambio de saberes también se refiere a conversaciones pero también se refiere a cómo cocinas tú una comida típica de aquí, como yo puedo ver cómo se cocina, cómo se hace, eh, puedo intervenir en esa cocción (…) otra fase del turismo comunitario es el tema de la pesca, o sea, yo salir con usted extranjera, con su familia, cómo entrar a la ciénaga y pescar con un local. El local le enseña esto, esto, esto, y luego usted viene y cocina lo que pescaron con la receta local (…) El dinero se queda aquí, no se sale (…)»

El nicho de mercado de Ecotours lo constituyen grupos de extranjeros que vienen en busca de un tipo de turismo distinto al tradicional y tienen un interés en conocer la cultura de las comunidades que están visitando. A ellos especialmente están orientados los productos de Ecotours. De cara a los conflictos que existen entre la comunidad y los grandes hoteles que compraron y siguen intentando adquirir terrenos en la Boquilla, el ecoturismo parece ser una solución local que articula actividades económicas y sostenibilidad ambiental. Por supuesto, se trata de una empresa pequeña y con deficiencias en términos de infraestructura (todavía es difícil que hospeden personas pues no cuentan las instalaciones adecuadas), pero que está intentando promover un desarrollo sostenible en torno a la ciénaga.

Sin embargo, esta no es la única forma en que la comunidad ha hecho frente a sus problemas. En Colombia, a partir de lo establecido por la Constitución Política de 1991, se promulgó la Ley 70 de 1993 que establece, entre otros derechos, que las comunidades de afrodescendientes pueden solicitar la titulación colectiva de sus territorios cuando así lo deseen. Según Rony, en la Boquilla esta lucha empezó hacia el año 2006, bajo la dirección de Benjamin Luna, un líder comunitario. La titulación colectiva implica pasar de un tipo de propiedad privada individual a una colectiva, en la que no se puede vender o cambiar libremente el terreno que se posee. Como por esa época los inversionistas de la construcción estaban pagando exorbitantes sumas de dinero por adquirir predios en la Boquilla, se desató una polémica entre quienes estaban a favor de la titulación colectiva y quienes querían vender sus predios:

“Cuando entró ley 70 ya había una especulación por el territorio, ya la gente no quería meterse en títulos colectivos porque su deseo era vender, y vender por muchos millones y ser ricos, y aquí hay gente que vendió… (…) hubo un enfrentamiento entre la gente del consejo y algunos de la comunidad porque la gente no quería (…) Mucha gente ahora lo está entendiendo, pero la gente antes estaba cerrada; aquí hubo mucha confrontación (…) habían también opositores…son mil familias. Pero se dieron cuenta que dentro de los opositores también había gente que no era nativa y la ley dice que debe ser nativo”.

A pesar de las divisiones internas y las polémicas alrededor de la titulación colectiva, asociadas, como puede verse en el testimonio de Rony, a la dinámica del comercio de tierras y al poblamiento heterogéneo de la Boquilla como producto de las migraciones, en el año 2012, durante una visita del presidente estadounidense Barack Obama al país, se hizo entrega del título a la comunidad de la Boquilla (y también a la comunidad de Palenque, ubicada a unos 45 minutos de Cartagena). Este título frenó la adquisición de terrenos por parte de los constructores, una situación que podría ser favorable al proceso de adaptación al cambio climático al poner límites a una expansión turística que, en ocasiones, se hace con la mirada puesta en el corto plazo, sin tener en cuenta su efecto en la erosión costera o en los incrementos significativos del consumo de energía y agua. Además, según Benjamin Luna, durante su ejercicio como presidente comunitario ha implementado duras medidas (multas, denuncias penales) contra las personas, sean boquilleros o no, que cortan el manglar y rellenan la ciénaga para construir sus viviendas; dichas medidas han permitido, de acuerdo a su testimonio, disminuir la destrucción de ese ecosistema.

En suma, existen propuestas de base en territorios como la Boquilla que apuntan indirectamente a la adaptación al cambio climático, aun con todas las dificultades y retos que enfrentan. El gobierno debería ver esto como una oportunidad de fomentar la participación ciudadana en temas como la gestión del cambio climático, una labor que resulta mucho más sencilla cuando se trabaja con comunidades altamente organizadas. Para el actual escenario de Cartagena esto es importante pues el gobierno local está avanzando en la fase II de la construcción de su Plan de Adaptación al Cambio Climático de la ciudad. Precisamente en esa fase se están llevando a cabo talleres participativos con las comunidades rurales e insulares de Cartagena, para que ellos participen activamente tanto en la identificación de sus amenazas y riesgos climáticos como en la formulación de propuestas de adaptación locales. En ese sentido, el ecoturismo comunitario y la idea de desarrollo que subyace a la “propiedad colectiva” pueden aportar interesantes insumos.

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El análisis de territorios periurbanos o rurales de las ciudades colombianas muestra algunos retos importantes de la planeación de la adaptación al cambio climático, siendo los más importantes: articular el ordenamiento territorial con la protección ambiental y el desarrollo de actividades económicas; garantizar el acceso a los servicios públicos de agua y alcantarillado a toda la población; e impulsar un modelo de desarrollo que sea participativo y sostenible. Ahora bien, al hablar de cómo planear la adaptación al cambio climático es necesario aclarar que este ejercicio no es equiparable a las labores tradicionales de planeación urbana y gestión de la sostenibilidad ambiental, lo que no quiere decir que sean incompatibles sino, al contrario, complementarias. Según el informe Progress And Challenges in Urban Adaptation Planning, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) “La adaptación tiene el potencial de integrarse con muchas actividades que ya tienen lugar en las ciudades, pero también es diferente de las enfoques típicos de la planeación urbana y de la sostenibilidad. Tradicionalmente, la planeación urbana usa tendencias históricas como base para la toma de decisiones. En contraste, la planeación de la adaptación al cambio climático toma en cuenta los cambios que se proyecta ocurrirán en el futuro” (traducción personal del original en inglés).

Este informe también sugiere que aunque hay muchos “traslapes” o puntos de encuentro entre la adaptación y la sostenibilidad, especialmente en aquellas áreas como el apoyo al pago por servicios ecosistémicos, el aumento de espacios verdes y el mejoramiento de la infraestructura urbana; la adaptación va más allá y se preocupa por equilibrar el desarrollo de actividades económicas y la atención a personas pobres y vulnerables ante los efectos del cambio climático, y no solo eso, sino que en este proceso los científicos deben construir escenarios que permitan a los gobernantes planear a largo plazo. En ese sentido, para lograr el cumplimiento de los tres retos señalados, las ciudades colombianas que deseen adaptarse deben iniciar un ejercicio de planeación distinto, que trascienda tanto los límites urbanos –atendiendo a lo periurbano y lo rural- como temporales –los periodos de gobierno e incluso los de los planes de ordenamiento territorial- de la planeación tradicional, y priorice aquellas medidas que impacten directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vulnerables y en general en el desarrollo de la ciudad.

Bibliographie