En el marco del proyecto “Ciudades colombianas y cambio climático”, trabajado en conjunto con la Agencia Francesa para el Desarrollo, Fedesarrollo y la Fundación Ciudad Humana; el Instituto de Investigación y Debate sobre Gobernanza (IRG) identificó diferentes experiencias que aportan a la reflexión sobre la adaptación y/o mitigación del cambio climático. El Plan «Montería Ciudad Verde 2019» es una de ellas; su importancia radica en que muestra el rol de peso que las ciudades pueden tener en la construcción de medidas de lucha contra el cambio climático, la relevancia de las alianzas con privados u otros actores con experiencia a la hora de construir las medidas y en que Montería es una de las pocas ciudades colombianas que hasta el momento han construido un plan sobre cambio climático.

El 21 de noviembre el año 2010 se llevó a cabo, en un edificio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes (CCLIMA). Allí se dieron cita a alcaldes de 138 ciudades de diferentes países del mundo, convocados por el International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) y el gobierno de la ciudad de México, con el fin de firmar un pacto voluntario en materia de cambio climático. Teniendo en cuenta que en las ciudades de los países industrializados están ubicadas las principales industrias que emiten Gases de Efecto Invernadero (GEI) y que las de los mal llamados países del tercer mundo son receptoras de la mayoría de los efectos negativos del calentamiento global, la asunción de compromisos voluntarios en reducción de emisiones de GEI y adaptación local al cambio climático, por parte de los gobernantes locales, es un asunto vital.

Tres ciudades colombianas suscribieron el pacto: Gigante, un municipio del departamento del Huila; Bogotá, la capital de Colombia; y Montería. Sin embargo, es esta última el objeto de la historia. Montería es la capital del departamento de Córdoba, en el caribe colombiano, y sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura. De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) para los años 2005-2020 la población de Montería en 2013 alcanza la cifra 428.602 habitantes y para 2020 será de 471.867. De estas cifras globales, es necesario resaltar que para 2013 se ubican en la cabecera municipal 330.313 personas y en el resto (que incluye zonas rurales) 98.289; y que para 2020 se espera que estas proporciones varíen con 367,847 en cabecera y 104,020 en el denominado “resto”. En cuanto a sus características geográficas, se trata de una bella ciudad atravesada por un río, el Sinú, literalmente de lado a lado. De acuerdo a su Plan de Ordenamiento Territorial la ciudad cuenta con una extensión de 320.459, 7 ha, de las cuales el 98% es rural, a pesar de que la mayoría de su población vive en la cabecera urbana. Finalmente, su altitud es de 20 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 28,2 grados y precipitaciones de 1.226 mm anuales.

Ahora bien, la ciudad suele verse empañada por los estragos del conflicto armado (de acuerdo a información suministrada por Carlos Montoya, actual secretario de planeación, luego de Justicia y Paz -el proceso de justicia transicional para los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia- aproximadamente 15.000 ex combatientes se establecieron en la ciudad) y por problemas derivados de la inadecuada planeación urbana y la elevada pobreza; condiciones que han propiciado el establecimiento de múltiples asentamientos informales en la margen izquierda del río Sinú y en la zona rocosa de Sierra Chiquita, con considerables riesgos por inundación y deslizamientos para sus habitantes. Teniendo en cuenta la elevada proporción de viviendas informales y que su economía depende básicamente de actividades agropecuarias, el cambio climático es una realidad que afecta de forma particularmente dura a Montería.

A continuación se presentará el relato de la gestación, el diseño y la implementación de los acuerdos firmados en la cumbre, que fueron materializados (gracias a una alianza entre la alcaldía y la empresa Proactiva Medio Ambiente) en el documento “Plan Maestro de Cambio Climático Montería Ciudad Verde 2019”. En primer lugar, se esbozarán los elementos principales en la elaboración del plan, incluyendo una presentación de los actores sociales que participaron en el proceso; luego, algunas consideraciones sobre los avances en su implementación y, finalmente, un balance de los aprendizajes y retos que derivan de esta iniciativa.

¿Cómo se construye un plan urbano de cambio climático? De lo global a lo local

El alcalde Marcos Daniel Pineda García, elegido alcalde por el partido conservador en el año 2008, firmó el pacto de México, comprometiendo a Montería a medir su huella de carbono y diseñar un plan de mitigación y adaptación al cambio climático. En Colombia la gestión del cambio climático, tal como ocurre en otros países, ha sido una política que se adopta al suscribir pactos globales o regionales. No fue distinto para la gestión urbana del cambio climático, que olvidada en la mayoría de proyectos hasta la fecha desarrollados, ha sido acogida por unas pocas ciudades colombianas. Posteriormente a la firma del pacto internacional se establecieron alianzas locales. En este caso, el alcalde Pineda García llegó a un acuerdo con la empresa Proactiva Medio Ambiente (una de las empresas financiadoras de la cumbre de México). Esta compañía tiene su casa matriz en España, y a su vez es parte del grupo Veolia (multinacional francesa que presta, entre otros, el servicio de agua potable). A nivel local, Proactiva Aguas de Montería S.A presta el servicio de acueducto y alcantarillado domiciliario.

Proactiva Medio Ambiente encargó del proceso a un equipo de trabajo conformado por Janis Rey (directora del Proyecto); Luis Alberto Aranda Rheynell (actualmente jefe de alcantarillado de Proactiva Aguas de Montería S.A); Kenneth Krstonosic Kranwinkel; María del Sagrario Vicente Vicente; y, Alexandre Morcillo Lenoble. De los miembros del equipo fue entrevistado el ingeniero Aranda, quien a propósito del rol de Proactiva dijo que esta prestó apoyo técnico, pues debido a su experiencia en gestión medio ambiental tenía la capacidad para tratar temas como el cambio climático (por ejemplo, ya tenía medida su huella de carbono). Por su parte Carlos Montoya, secretario de planeación de la actual administración, señaló que el papel de la alcaldía había consistido en suministrar información útil para el diseño de “Montería Ciudad Verde 2019”. Se trató de una alianza público-privada en la que la empresa obtuvo reconocimiento social y la alcaldía pudo cumplir con la primera fase de un compromiso internacional.

Sin embargo, pasar del nivel de los acuerdos globales al de la planeación local no siempre es sencillo. El Pacto de México establece como su primer punto “Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero voluntariamente”, para lo cual es un prerrequisito indispensable hacer una medición de la huella de carbono de la ciudad (para saber con certeza cuánto debe reducirse y en qué sectores). En el caso de Montería fue Proactiva quién hizo las mediciones, pues ya tenía calculada su propia huella de carbono y por tanto experiencia en este tipo de reportes. Ahora bien, las mediciones de una ciudad resultan más complejas que las de una empresa, por lo que Proactiva tuvo que idear un “mix de metodologías” (GHG –Protocol, UK Carbon Trust, IPCC), en palabras del ingeniero Aranda, que permitiera aterrizar los lineamientos del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) al nivel municipal. Para elaborar los estudios técnicos Proactiva usó tanto la experticia de su casa matriz en España como la de científicos y técnicos locales (en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, se recurrió a profesores del departamento de agronomía). De acuerdo a los resultados de la medición, las actividades que a nivel rural emiten más gases de efecto invernadero son la ganadería y los cambios en el uso del suelo; y en el sector urbano, son los automóviles los principales emisores.

Luego de tener lista la medición, que era un prerrequisito indispensable para la elaboración del plan, la alcaldía y Proactiva organizaron una serie de mesas participativas con los actores sociales considerados relevantes. Los organizadores decidieron los ejes temáticos y luego los presentaron a consideración de los demás actores sociales. Con el gremio de los constructores se debatió la posibilidad de establecer un código de construcción sostenible; lo concerniente a alcantarillado, energía, residuos sólidos y afines fue consultado con las empresas de servicios públicos; la necesidad de mitigar las emisiones producidas por la ganadería y las alternativas posibles fueron temas tratados con el gremio ganadero; la relación entre la gestión del cambio climático y la participación ciudadana fue del interés de los líderes comunitarios; para hablar sobre la importancia de la educación ambiental estuvieron presentes profesores de la ciudad; y, en general, representantes de distintas facultades de la Universidad de Córdoba y la Universidad del Sinú hicieron sus aportes en las mesas. Posteriormente a la realización de las mesas, Proactiva y la alcaldía redactaron el documento conocido como “Plan Maestro de Cambio Climático. Montería Ciudad Verde 2019”. En términos de participación, aunque muchos de los aportes de las mesas fueron tenidos en cuenta, no se validó la versión final del documento con quienes participaron en el proceso.

La versión final del plan cuenta con 15 retos y 26 acciones, orientados a temas tan diversos como la construcción de parques, la ampliación de la ronda del Sinú, la gestión del recurso hídrico, la producción agropecuaria, el manejo de residuos, la construcción urbana o el transporte público. Así mismo, en el documento existe un equilibro entre las actividades de mitigación y las de adaptación al cambio climático. Lo que debe resaltarse de todo esto es que el plan está en consonancia con lo pactado en México: “1. Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero voluntariamente; 2. Adoptar e implementar medidas locales de mitigación climática diseñadas para alcanzar nuestras metas voluntarias de reducción de emisiones; 3. Desarrollar estrategias locales de adaptación para hacer frente a las repercusiones locales del cambio climático: 4. Registrar nuestros compromisos, medidas y acciones climáticas de manera cuantificable, reportable y verificable (CRV); 5. Impulsar la creación de mecanismos de acceso directo al financiamiento internacional para las acciones climáticas locales; 6. Establecer un Secretariado del Pacto de la Ciudad de México; 7. Promover la inclusión de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático; 8. Abogar y buscar alianzas con instituciones multilaterales y gobiernos nacionales para las acciones climáticas locales; 9. Promover las alianzas y la cooperación entre ciudades; 10. Difundir.” (1) La forma que Montería ha dado cumplimiento a lo acordado en México es un plan ambicioso, cuyos ejecutores deben resolver el problema de cómo incluir sus objetivos en las políticas del municipio y darles continuidad en el largo plazo.

El complejo camino de la implementación. De los planes a los hechos

El plan Montería Ciudad Verde 2019 fue elaborado hacia el final del mandato del alcalde Pineda García, en el año 2011. No obstante, ha sido su sucesor, Carlos Eduardo Correa, quién ha dado inicio a su ejecución a partir de 2012. Una medida inicial fue la inclusión del tema de cambio climático en el actual Plan de Desarrollo, lográndose así que el tema apareciera por primera vez en un documento de política pública de Montería.

El actual Plan de Desarrollo contempla, a diferencia del anterior, líneas base para calcular las metas del municipio en materia ambiental, algunas de las cuales apuntan directamente al cumplimiento de los propósitos establecidos en el plan de cambio climático. El programa “Construcción del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP Ciudades Amables” apunta a mejorar la infraestructura vial, recuperar el espacio público y garantizar un sistema de transporte sostenible; la propuesta “Infraestructura Ambiental para el Cambio”, mediante la que se espera construir 45.868 metros de canales pluviales; la reforestación de 100 hectáreas en sectores del río Sinú que tienen problemas de erosión como “producto de los cambios climáticos que ha sufrido la ribera en los últimos años”; y el mejoramiento –limpieza, revestimiento en concreto- de los canales pluviales existentes.

En el componente de planeación del Plan de Desarrollo, más específicamente en su subprograma “Desarrollo Sostenible y Control Urbano para el Progreso”, se propone la creación de un Código de Construcción Sostenible; en “Renovación Urbana para el Progreso” se establece como meta pasar del 40% al 60% de “área desarrollada a través de instrumentos de gestión del suelo urbano”, es decir, que se espera controlar y orientar el crecimiento futuro de la ciudad a través de instrumentos de planeación territorial; en lo relacionado con el “Sistema Integral de Residuos Sólidos” se propone la elaboración de un estudio que permita construir una escombrera municipal y elaborar el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS); en lo concerniente al “Sistema de Acueducto y Alcantarillado» se pretende la actualización del “Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial”. En “Nuevo Ordenamiento Territorial” se espera actualizar y socializar el plan de ordenamiento de la ciudad, hecho que resulta relevante pues allí pueden incluirse en el largo plazo los temas que relacionados con el cambio climático. Además, la alcaldía planea construir un sistema de información geográfica que sea útil como fuente de información para la toma de decisiones.

Ya en el sector “Medio Ambiente” del Plan de Desarrollo, se propone la creación de una “agenda pública de medio ambiente” y una “política pública de medio ambiente”, muestra del interés gubernamental por posicionar públicamente los temas ambientales. En el subprograma “Gestión para Riesgos” –que parece ser transversal al plan pues fue incluido en varios sectores- las metas relevantes son: formular un plan local de emergencia y gestión del riesgo (se dice en el plan que hasta el momento no hay ninguno) y recuperar doce zonas de alto riesgo en la ciudad. En el tema de gestión de información técnica el subprograma “Gestión Ambiental Intersectorial” es importante, pues su principal meta es la construcción de un Sistema de Información Ambiental para la toma de decisiones (aquí se incluye la implementación del observatorio ambiental la Ronda del Sinú), aunque también se habla de la constitución de una “red de promotores ambientales” (formar 150 personas que ayuden a divulgar información ambiental). En el subprograma “Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos” se plantea la construcción de un jardín botánico (que constituiría una fuente valiosa de investigación ambiental); pasar de 10 a 50 campañas de capacitación en zonas de conservación ambiental; aumentar de 3 a 5 los “yacimientos y rondas hídricas” recuperadas en áreas de interés ambiental; y, diseñar cinco planes de ordenamiento y manejo de las áreas de interés ambiental. Pero, quizá el programa más importante para dar cumplimiento al plan “Ciudad Verde” es “Cambio Climático y Seguridad Alimentaria”, a través del que espera armonizarse el desarrollo económico de la ciudad y su sostenibilidad ambiental, teniendo como meta concreta la implementación del plan maestro de adaptación al cambio climático “Montería Ciudad Verde 2019”.

En este plan de desarrollo, como en el del anterior alcalde, las acciones que podrían incidir o en este caso se definen como directamente orientadas al cambio climático, se concentran en los sectores de planeación, gobierno, infraestructura, salud y medio ambiente; la diferencia, es que en el actual aparecen con mayor fuerza los temas de transporte y construcción de información ambiental, que el cambio climático se incluye como un subprograma específico y que en general los temas ambientales están en sintonía con la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se hizo en el año 2009 (áreas protegidas, riesgo y clasificación de los usos del suelo apropiados para los territorios rural y urbano).

Para formular e implementar un plan como este, de acuerdo al secretario Carlos Montoya, se necesita “voluntad política”, es decir, una visión de la ciudad a largo plazo y que por ende no esté marcada por el afán de popularidad (teniendo en cuenta que cambio climático no es precisamente el tema más popular). La estrategia que él sugiere es ir ejecutando políticas de corto plazo que le muestren resultados a la ciudadanía (el sistema de transporte, la ampliación de la ronda); paralelamente, blindar a futuro las acciones contra el cambio climático, incluyéndolas no solo en los planes de desarrollo (que finalizan con cada periodo electoral) sino en los POT, aprovechando en este caso la coyuntura de que todas las ciudades del país están revisándolos y pueden hacer modificaciones de mediano y largo plazo; y, fundamentar siempre las políticas en estudios técnicos, pues según él “con la técnica nadie pelea”.

Sin embargo, a pesar de la importancia de incluir algunas de las medidas del Plan Maestro de Cambio Climático en el plan de desarrollo y de lo importantes que son los esfuerzos por plasmarlas en el POT de Montería, la implementación práctica de esos objetivos todavía se encuentra en una fase inicial. Las medidas que han pasado de la fase de formulación a la de ejecución son aquellas que, derivadas de políticas previas, fueron incluidas en el plan maestro de cambio climático, tales como el Parque Lineal la Ronda del Sinú (un proyecto que inició en el año 2002) o el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), propuesto por el Conpes 3668 (documento de política pública de orden nacional) en el año 2010 (2). Actualmente el presupuesto para el plan de cambio climático es de aproximadamente $200.000.000, un valor reducido si se recuerdan sus amplias metas; ese dinero se ha destinado básicamente para reconvertir la actividad económica de un grupo de mineros artesanales que trabajan en las orillas del río y deben ser reubicados si se quiere ampliar el Parque Lineal.

Ahora bien, para poner a marchar el plan se creó, en el año 2012, un comité técnico de cambio climático que se encuentra conformado por el alcalde, las secretarías de planeación, infraestructura, tránsito y educación, así como la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), la Oficina de Participación Comunitaria, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS), un representante de universidades públicas y otro de las privadas, dos personas de los gremios y dos de las empresas de servicios públicos. También se elevó la implementación del plan al nivel de acuerdo municipal (acuerdo 035/2012), lo que implica que se convirtió en un mandato que la ciudad no puede desconocer a futuro. El asunto es que según la información suministrada por la secretaría de planeación de Montería, ese comité hasta el momento ha tenido una única reunión, ya que la alcaldía se encuentra gestionando una financiación adecuada para empezar con la ejecución de la mayoría de puntos del plan y hasta que eso no ocurra no tiene sentido convocar al comité. En suma, se trata de un plan ya formulado pero en una fase de implementación todavía incipiente.

Entre la dura realidad fiscal y la esperanza de la cooperación. Retos y Aprendizajes

La visión de largo plazo, que efectivamente han tenido las dos últimas alcaldías de Montería en el tema ambiental, se ve obstaculizada por las difíciles condiciones sociales y financieras de la ciudad. Para empezar, de momento no se dispone de recursos para implementar el plan “Ciudad Verde 2019” y el gobierno local está inhabilitado para crear nuevos rubros o cargos, a causa de que se encuentra bajo las restricciones presupuestales de la Ley 550 de 1999 o “ley de quiebras” (consiste básicamente en la firma de un acuerdo de reestructuración de pasivos entre la entidad territorial y el Ministerio de Hacienda). Tanto para los funcionarios de la CVS como para los de la alcaldía, el principal obstáculo de Montería para implementar acciones de cambio climático es que ni el departamento ni la ciudad disponen de recursos para hacerlo; por ejemplo, señalan que hacen falta estudios hidrológicos para prevenir de forma más adecuada las inundaciones pero que no hay dinero para contratarlos.

Además de la escasez de recursos financieros, los retos que Montería debe enfrentar para llevar a cabo su plan de cambio climático son de tipo científico/técnico, socio-económico e institucional. Con base en las entrevistas realizadas a diversos funcionarios, puede afirmarse que aunque existe información para la toma de decisiones esta es insuficiente y dispersa, razón de que todavía no exista un estudio completo sobre los riesgos climáticos de la ciudad (aunque se han venido elaborando “escenarios de riesgo” con la ayuda de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). En términos de problemáticas sociales, Montería es una ciudad que de acuerdo a los datos del DANE para el año 2011 tenía el 37,5% de su población en condición de pobreza y el 6,5% en pobreza extrema (3); en relación directa, por ser Montería la capital del departamento de Córdoba, uno de los más afectados por el conflicto armado que azota al país, es receptora de una alta cantidad de desplazados por la violencia y de ex combatientes de grupos paramilitares, situación que aumenta las presiones ambientales y demográficas sobre el territorio, bien se trate de la construcción de asentamientos informales en zonas de alto riesgo climático, o de que para insertarse en la economía de la ciudad los desmovilizados han tenido que recurrir al transporte de pasajeros en moto (lo que sin duda complica la construcción de un sistema de transporte sostenible). En términos económicos, se necesitaría un trabajo más profundo con ciertos gremios que podrían retrasar la implementación de iniciativas de mitigación del cambio climático: la ganadería es una de las principales fuentes de emisiones en Montería, y según el ingeniero Aranda para este gremio los temas ambientales no siempre son una prioridad (reconoce, eso sí, que gracias a iniciativas locales algunos ganaderos han empezado a participar en proyectos silvopastoriles y ambientales de otro tipo); así mismo, para él la construcción también es un sector complejo en materia ambiental, ya que sus empresarios suelen preocuparse más por aumentar el número de edificaciones que por los materiales usados o por la gestión del recurso hídrico, etc.

Finalmente, debido a sus problemas financieros, la alcaldía de Montería no cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente o una oficina de Cambio Climático o Desarrollo Sostenible. También parece ser necesario articular mejor los niveles local y nacional de gobierno, pues el secretario Montoya menciona que no hay orientaciones nacionales adecuadas para gestionar el cambio climático, y que la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y de los institutos de investigación del Estado central no siempre es pertinente a nivel local.

Aunque son grandes los retos también han surgido aprendizajes, ideas y recomendaciones útiles por parte de algunos actores. En términos de gobierno local, todos los entrevistados concuerdan en que no es necesario crear una dependencia para “cambio climático” sino que lo más apropiado sería establecer una oficina de “desarrollo sostenible”, para que de esta forma puedan abarcarse más temas y hacerlo de forma integral. Por su parte, Sara Berrio, funcionaria de la secretaría de gobierno, recomienda crear una oficina de riesgo en la alcaldía para que el tema no dependa exclusivamente de la secretaría de gobierno y pueda centralizarse la información existente. El secretario Montoya señala la importancia de que las políticas públicas estén basadas en información técnica y de que se asegure su implementación a futuro al conectarlas con planes de más largo plazo (como el POT).

En cuanto a los aprendizajes, algo interesante que menciona Sara Berrio es que después de los estragos causados por el fenómeno de “La Niña” entre los años 2010 y 2011, el Estado colombiano entendió que la gestión no podía ser solamente de “desastres” sino del riesgo, y por eso ha apoyado a los entes locales en la construcción de sus evaluaciones y planes e incluso aprobó la ley 1523/2012 que establece funciones y tiempos para el manejo del riesgo en el país. Se trata de un duro aprendizaje que ha hecho conscientes, tanto al Estado central como a las regiones y las ciudades, de la importancia de gestionar los riesgos climáticos de forma preventiva e integral.

Después de señalar este complejo panorama la pregunta es: ¿qué puede hacer una ciudad comprometida oficialmente en la lucha contra el cambio climático pero sin las herramientas para hacerlo de forma efectiva? Según el ingeniero Aranda, las ciudades con recursos escasos deben priorizar las alianzas con empresas privadas, pues por sí mismas no podrían construir planes tan complejos como los que atienden a los temas de cambio climático. En el caso de Montería esto parece ser cierto en la fase de formulación pero no en la de implementación. Todo depende entonces de cómo se incluyan las metas del plan en el POT y de una iniciativa en la que se ha involucrado recientemente la alcaldía: “Ciudades Competitivas y Sostenibles”. Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), cuyo interés es fortalecer la capacidad de gestión de las ciudades “emergentes” (urbes relativamente pequeñas pero con población y economía en crecimiento) a través de la construcción de una batería de indicadores (sociales, económicos, ambientales) bastante completa e incluso de la consecución de recursos para iniciar planes que apunten a la sostenibilidad de la ciudad. Tomando en consideración el presupuesto limitado de la ciudad, las restricciones de estar bajo la ley 550/1999 y la transformación del régimen de regalías, que centralizó recursos que antes los entes territoriales manejaban libremente (limitando el acceso a los recursos de la explotación de Cerromatoso y disminuyendo sensiblemente el presupuesto departamental y municipal), la única vía posible parece ser el acceso a dineros provenientes de la banca internacional y de proyectos especializados como el de BID/Findeter. De momento, esa es la esperanza de la institucionalidad monteriana.

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La socióloga Saskia Sassen ha hablado de la existencia de “ciudades globales”, un concepto que pretende explicar la creciente importancia de las urbes en el proceso de globalización contemporánea; se trata de ciudades altamente interconectadas a los flujos financieros, políticos, culturales y científicos mundiales, y que por su condición adquieren tanto o más poder que un Estado nacional y pueden promover alianzas y políticas de diversa índole (ambientales por ejemplo), que a veces resultan incluso más efectivas que los apuestas de los tradicionales bloques regionales. Ciudad de México, la ciudad donde se firmó el pacto que da origen al plan maestro de cambio climático de Montería, es una urbe que de acuerdo al índice construido por el grupo de investigación Globalization and World Cities Research Network (4), está clasificada entre las Beta World Cities (ciudades que si bien todavía no pueden ser consideradas como de influencia global si están ampliamente interconectadas y ejercen liderazgos fuertes). El hecho de que la ciudad de México y una red de alcaldes (el ICLEI) organicen una cumbre mundial sobre un tema tan relevante en lo político y lo ambiental como el cambio climático, convenzan a más de 130 gobiernos locales de firmar un pacto con mecanismos de verificación internos y logren incidir de forma directa en sus políticas ambientales, es una muestra de ese creciente poder e influencia de las grandes ciudades en temas de carácter mundial, fenómeno que Sassen denomina “urbanización parcial de la geopolítica global”(5). El caso de México es interesante, porque en esta cumbre jalonó a ciudades relativamente aisladas como Montería y las ayudó a integrarse en un pacto internacional que las puso cerca de mecanismos de financiación como los del BID.

No obstante, si bien es loable que una ciudad relativamente pequeña y con recursos limitados esté interesada en incluir la gestión del cambio climático en sus políticas, más aún si se tiene en cuenta que la mayoría de proyectos sobre el tema en Colombia están más centrados en zonas rurales y ecosistemas protegidos que en los sectores urbanos, no puede olvidarse que la capacidad de acción de una ciudad como Montería es mucho más reducida que la de las llamadas “ciudades globales”. Montería ha realizado avances considerables en la lucha contra el cambio climático, por lo menos en lo que respecta a asumir compromisos políticos, pero por causa de todos los problemas sociales, económicos políticos y científico/técnicos que tiene, esos acuerdos no resultan fáciles de cumplir. Sin embargo, debe recordarse que la situación de Montería es mucho mejor que la de buena parte de las ciudades del mundo, de acuerdo a los resultados de una encuesta conducida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en la que se señala que “aunque existe un alto nivel de consciencia (sobre el cambio climático) la mayoría de las ciudades todavía se encuentra en las primeras etapas de planeación (cuando se está discutiendo o pensando en la mejor forma de actuar pero no se han formulado planes). En esta etapa inicial las actividades más comunes son: reuniones con las dependencias del gobierno local y la investigación por internet” (Traducción personal, Carmin et ál 2012: 25). Sin duda Montería ha avanzado mucho más que eso.

Además, Montería tiene potencialidades que de fortalecerse podrían contribuir a una implementación exitosa de “Montería Ciudad Verde 2019”. Debido a la estrecha relación que con el río y las inundaciones tienen los monterianos, existen mecanismos culturales de adaptación que quizá se dan por sentado pero que pueden ser rescatados a través de programas que no solo “divulguen” la información científica sobre cambio climático y desarrollo sostenible sino que establezcan un dialogo con esos saberes y prácticas poco formalizadas. Un inicio de lo anterior es la inauguración de un ecobarrio en la margen izquierda del río (la zona de la ciudad que tiene la mayor cantidad de asentamientos informales), que se dio hacia mediados del mes de mayo de 2013.

A nivel político, las dos últimas administraciones han conformado equipos de jóvenes tecnócratas que ha dado énfasis a la toma de decisiones informadas por estudios técnicos. Si este énfasis en lo técnico no desconoce la participación social (como puede ocurrir en estos casos) puede ser una herramienta útil para implementar las acciones de un tema tan complejo y cargado de debates científicos como el cambio climático. En ese orden de ideas, a pesar del limitado presupuesto, si se revisan los dos últimos planes de desarrollo puede notarse que allí se otorga importancia a los temas ambientales, en asuntos que de una forma u otra impactan el cambio climático: ampliación y mantenimiento del alcantarillado pluvial (importante si se tiene en cuenta que el sistema de drenaje pluvial de la ciudad todavía es precario), protección de ecosistemas, implementación de sistemas silvopastoriles, realización de estudios técnicos con miras a la revisión del POT, la elaboración de un código de construcción sostenible, entre otros.

En suma, se trata de un proyecto que está formulado y en fase inicial de implementación, por lo que su éxito o fracaso todavía no está decidido, sino que se encuentra abierto a los efectos de las decisiones políticas y la consecución de fondos; esto último, en buena medida, depende de la capacidad de gestión de los gobernantes locales.

Bibliographyy