Desde los años noventa nuevas fuerzas políticas han tomado el poder en diferentes países latinoamericanos. Si bien no se trata de un mismo tipo de gobierno, existen puntos convergentes que permiten plantear un debate más amplio sobre los desafíos democráticos en la región. A partir de las ponencias a las que asistimos en el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, “FLACSO 50 años” sobre los nuevos gobiernos en América latina, hacemos aquí un breve análisis del contexto, las características y los interrogantes planteados por estas nuevas formas de ejercer el poder.

Los países a los que se hace referencia son Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Brasil. El gobierno venezolano ha sido ejercido por Hugo Chávez Frías desde 1999 y en las últimas elecciones presidenciales su mandato fue prolongado hasta el 2013. Con una ideología “bolivariana” que ha venido definiéndose cómo el “socialismo del siglo XXI”, este gobierno ha llevado a cabo una gran cantidad de reformas antineoliberales, objeto de grandes controversias en la sociedad y la política venezolana. Hugo Chávez presentó igualmente un proyecto de reforma constitucional que no fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral en diciembre del 2007. En Bolivia, las elecciones presidenciales de diciembre del 2005 fueron ganadas con una mayoría absoluta por Evo Morales, líder del partido MAS (Movimiento al Socialismo). De origen indígena, este presidente había creado su capital político como líder del movimiento cocalero del Chapare. Desde sus inicios, el gobierno del MAS se propuso la nacionalización de los hidrocarburos, la distribución de tierras, importantes políticas sociales y un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente que fue llevado a cabo en el 2007. En Ecuador, el presidente Rafael Correa, llegó igualmente al poder con la propuesta de crear una Asamblea Nacional Constituyente y sus políticas han sido orientadas hacia una mayor inversión social en diferentes campos. En el caso del Uruguay no se trata de un líder carismático sino de un partido político que llegó sorpresivamente al gobierno en el 2004. Es el partido llamado “Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría”, una coalición de partidos de izquierda que había sido proscrita durante los años de dictadura, antes de convertirse durante mucho tiempo en la tercera fuerza política del país. En Brasil el Partido de los Trabajadores (PT) ocupa el gobierno desde las elecciones del 2002. El líder sindicalista Luiz Inacio Lula Da Silva fue reelegido para un segundo mandato en el 2006 gracias a sus masivos programas sociales y a pesar de que se la ha criticado no adoptar una posición fuerte contra el neoliberalismo.

La primera constatación que se hace de estos gobiernos es que todos comparten un ciclo político común. El de la desintegración del comunismo a nivel mundial que se acompañó de la consolidación del modelo neoliberal en la mayoría de los países de la región. A nivel político, el neoliberalismo configuró sistemas caracterizados por un creciente desequilibrio de los poderes, la tecnificación de los asuntos políticos y sociales y una fuerte deslegitimación de la acción pública. A nivel socio-económico, la aplicación de políticas de ajuste estructural generó más pobreza y por lo tanto mayor desigualdad y exclusión. Estos factores crearon un espacio para la elección de fuerzas políticas que se oponen al modelo neoliberal y que se encuentran fuera de los esquemas tradicionales. Lo que nos lleva a una segunda constatación frente a estas nuevas experiencias: se trata, en su mayoría de políticos independientes. De manera general, se puede decir que los partidos tradicionales están desprestigiados en la región. Estos grupos mantuvieron el poder durante gran parte del siglo XX y parecen no dar respuesta a los grandes desafíos que plantea la globalización y el neoliberalismo a partir de los años noventa (Ver fichas 3,14).

Frente a estos grandes cambios, toma fuerza la idea que en América latina se está reconfigurando la matriz socio-política que articula al Estado, el sistema de representación y la sociedad civil. En los países donde existe una mayor fortaleza institucional no hay una crisis abierta del sistema de representación pero si existe una pérdida de identificación partidista. Desde el caso mexicano y chileno, se habla de una sociedad apolítica o despolitizada. El nuevo contexto socio-económico en donde prevale el mercado y la mediatización contribuiría a un vaciamiento de la política y una perdida de utopías en la sociedad. El voto de los chilenos por partidos de derecha o de la concertación manifiesta en ese sentido la voluntad de mantenerse dentro de un esquema neoliberal sin buscar grandes cambios en el sistema (Ver fichas 50 y 17). En el caso uruguayo se plantea algo parecido al demostrar que el triunfo de la coalición de partidos de izquierda del Frente Amplio se debe en gran parte a la moderación política que adoptó este grupo (Ver ficha 49).

En los otros países la crisis del sistema de representación ha dado lugar a configuraciones diferentes. Por un lado han surgido movimientos sociales capaces de llegar al poder cómo es el caso del MAS en Bolivia. Este grupo está compuesto por varias federaciones de productores de coca, federaciones de mujeres campesinas, sindicatos urbanos, transportistas, sindicatos de maestros rurales y el sector de las ONG. Es igualmente el único movimiento indígena que ha llegado a un gobierno en América latina. Esto en comparación con el movimiento Pachakutik ecuatoriano que también ésta compuesto por varios sectores sociales con predominancia de grupos indígenas, pero que no tiene una estructura centralizada y burocratizada como en el caso boliviano. El gran interrogante frente a ésta nueva configuración de la matriz socio-política es ver si el gobierno de un movimiento social puede ser viable en la medida en que, en este caso, el MAS se presenta a la vez como un partido político en el gobierno y un movimiento social que continua desafiando al Estado (Ver fichas 23, 24 y 25).

Por otro lado han surgido líderes carismáticos y el ejemplo más significativo es el de Hugo Chávez en Venezuela. La forma de hacer política de estos líderes ha puesto de actualidad en la región el tema del populismo. De manera general, constatamos que no hay consenso para el análisis teórico de este fenómeno sociopolítico. Se reconoce el carácter polisémico del término y la variedad de experiencias en América latina pero también en el mundo. Sin embargo, se le pueden atribuir dos características. En primer lugar está basado en una relación directa entre gobernantes y gobernados que privilegia la emoción de un lado y la fusión comunitaria de otro lado. En segundo lugar considera al pueblo como un sujeto político constituido por todo lo que no representa a las elites (Ver ficha 41). Las discusiones sobre el populismo se plantean entonces desde esta relación y desde la participación / inclusión que tienen las masas (entendidos en América latina como los sectores tradicionalmente excluidos) en la política.

Sin duda, el debate más importante frente a estas nuevas formas de gobierno o de reconfiguración de la matriz socio-política es su relación con la democracia. Algunos investigadores plantean que algo que caracteriza a los países de la región hoy es la aceptación de la democracia y la valoración de la institucionalidad por parte de los gobiernos. Esta afirmación se basa en el hecho que la mayoría de las crisis se dan respetando las instituciones y la vía constitucional. Si se acepta la afirmación que la democracia se sostiene por sí sola, la discusión sobre el futuro de la democracia en América latina no es tanto determinar la orientación populista, neopopulista, de izquierda o de derecha de los nuevos gobiernos sino saber cómo la democracia seguirá siendo viable con ellos (Ver fichas 52 y 14). Dentro del contexto de crisis del sistema de representación la pregunta es si la democracia puede seguir existiendo sin partidos políticos. Frente al populismo, cabe interrogarse si se trata de un proyecto de reconstrucción de la nación y una alternativa incluyente y democratizante que articula nuevas formas de participación o por el contrario moviliza a la sociedad de una forma plebiscitaria, callando las diferencias y limitando la autonomía.

Finalmente, para algunos investigadores la legitimidad de estos gobiernos, o el desafío democrático, dependerá de su capacidad de respuesta frente a las demandas crecientes de participación por parte de la sociedad, considerando que estas aumentarán en tiempos de recesión económica y de aumento de las desigualdades sociales. Para otros lo que está en juego es qué mismo es la democracia.