En varias sociedades latinoamericanas, las temáticas de la justicia y de la memoria han sido centrales en muchos debates de la vida política nacional. En los países del Cono Sur ; en Argentina, Chile y Uruguay ; desde el fin de los regímenes autoritarios y el principio de la llamada “transición democrática” el tema de la justicia frente a los crímenes cometidos durante las dictaduras se refiere hoy en día antes de todo a una cuestión de gobernabilidad democrática.La demanda conjunta por la justicia y la verdad histórica se ha vuelto una reivindicación cotidiana de unos sectores importantes de las sociedades latinoamericanas. Por esa misma razón, hoy en día, los gobiernos latinoamericanos no pueden ignorar esas reivindicaciones sin correr el riesgo de enfrentarse con unas crisis mayores de gobernabilidad.

En esos países, y particularmente en el caso de Chile, ha habido una polarizacion extrema de la sociedad que se ha divido en dos campos opuestos : por un lado, el campo de los “vencedores” y por el otro lado, el campo de los “vencidos”. Así que los conflictos, malentendidos, malestares que existen hoy en día entre esos dos campos son numerosos ; la cuestión de la memoria - y incluso de la multiplicidad de las memorias - a penas se esta planteando en el debate público. Es una cuestión central para poder lograr la reunificación de la comunidad nacional a largo plazo.

Además en otros países de América Latina que no conocen la misma configuración política que los países del Cono Sur, como en el caso de Colombia por ejemplo, donde sigue habiendo un conflicto armado muy fuerte, la cuestión de la memoria también ha tomado mucha importancia en el espacio político y jurídico. Ahora el Estado colombiano intenta con poco éxito legitimar su proyecto de Ley de “Justicia, de Paz y de Reconciliación”. Pero mientras el Estado colombiano se rehúse a incluirse oficialmente dentro de los mismos victimarios, este proceso de memoria y justicia quedará sin resultados.

En todos esos países, si por una parte han surgido demandas constantes de olvido jurídico y de reconciliación política ; por otra parte muchas fueron las exigencias en términos de verdad, de justicia y de reparación a las victimas de crímenes cometidos durante las fases de régimen autoritario o durante las masacres cometidas por actores armados ilegales en el caso colombiano. Así que los gobiernos de esos países se enfrentan hoy en día al desafío de conciliar esas demandas contrarias de sectores sociales opuestos en la sociedad.

Últimamente, han surgido nuevas categorías políticas en el vocabulario de los actores de la movilización social. Las categorías de “víctima” y de “competencia de justicia universal” ; las expresiones de “reparaciones simbólicas” y de “compensación del sufrimiento de las víctimas” se han vuelto comunes en el debate político de esos países.

Por supuesto, la búsqueda histórica de la verdad tiene un costo político muy grande y a veces la prioridad de los dirigentes políticos está mas bien puesta en el objetivo de convivencia pacífica.

Sin embargo, según algunos ponentes del Congreso de la FLACSO, el costo político siempre se vuelve mayor en el caso de que no se haga este trabajo político de memoria histórica, y particularmente en el caso chileno por ejemplo. Según Héctor Hoyarce - véase la conferencia 21 - ha habido últimamente un cambio de paradigma social : en las últimas décadas, el olvido jurídico y la impunidad eran los fundamentos de la paz social. Hoy en día, es más bien el reconocimiento del derecho de las víctimas y de sus sufrimientos que constituye la base de una paz social duradera.

El manejo de las temáticas de la memoria y de la justicia se ha vuelto a la vez una nueva modalidad de movilización política para los ciudadanos -y para los gobernados de manera general- y una nueva forma de “hacer campaña” y de ganar legitimidad popular para los gobernantes. Por una parte, desde el sector de la sociedad civil, hacerse reconocer como “víctima” es generalmente una manera de obtener compensaciones debidas por los crímenes cometidos. Pero en algunos casos han habido formas de instrumentalizacion del estatuto político de “víctima” que permite acceder a recursos materiales, políticos y simbólicos.

Por otra parte, desde el Estado, hablar desde la voz de las víctimas y de los torturados y referirse a los derechos humanos se ha vuelto una manera de arraigar su poder para muchos dirigentes políticos.

Así, se nota que la cuestión de las memorias y de la justicia en el caso de América latina es antes de todo una cuestión muy “política”. Se podría hacer la siguiente pregunta : ¿realmente le compite a los políticos opinar sobre temáticas de memoria? ¿Las temáticas de la memoria y de la búsqueda de la verdad histórica no son a caso cuestiones técnicas que no pueden ser sujetas a debate público y que le compiten más bien a los historiadores?

El caso de Chile

En el caso chileno, el debate giró alrededor del tema de las demandas de verdad y justicia y del objetivo legítimo de reconciliación nacional. ¿Cómo lograr a la vez esos objetivos políticos contrarios : la realización efectiva de la justicia, la reunificación y la reconciliación de la comunidad nacional chilena y finalmente el restablecimiento de un buen nivel de gobernabilidad?

Que sean las temáticas actuales de la amnistía, de las leyes de gracia y del perdón o al contrario del reconocimiento de los derechos de las víctimas : esos procesos no tienen mucho que ver con la justicia sino con la negociación política entre varios sectores opuestos en la sociedad.

Quedan todavía muchos interrogantes sobre la metodología “política” que se va a adoptar en esos procesos. ¿Cuál va a ser el equilibrio entre la participación de la populación – y en particular de los grupos de víctimas – y la participación de sectores sociales más conservadores en los procesos de justicia y de memoria ?

¿Además, cómo definir cuáles responsables políticos y militares van a ser castigados en Chile y cuáles otros no? ¿Cómo definir cuáles víctimas van a recibir reparaciones materiales y simbólicas y cuáles otras no? ¿Que formas concretas van a tomar esas reparaciones por los crímenes cometidos? ¿Si se trata finalmente de recibir reparaciones materiales, cuál va ser su monto?

En modo de conclusión

Avanzar de forma colectiva sobre las temáticas delicadas de las memorias y de la justicia frente a los crímenes cometidos durante las fases históricas de régimen autoritario y de violencia es la única vía posible para esos países para lograr un buen nivel de gobernabilidad democrática, una estabilidad política duradera y un buen grado de cohesión social.

Además, desde un punto de vista global, se han multiplicado las presiones políticas por parte de la comunidad internacional para que los Estados latinoamericanos hagan más aportes en términos de justicia y de búsqueda de la verdad histórica. En los países del Cono Sur, la justicia local es cada vez más internacionalizada y se habla incluso de competencia universal ‘desterritorializada’ para juzgar crímenes atroces y violaciones de derechos humanos, como ocurrió en el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet.