La actividad minera en Panamá se ha desarrollado redituablemente desde décadas atrás y las concesiones para su práctica abarcan poco más del 45% del territorio nacional. Actualmente, a partir de la reciente recuperación del precio del oro y el cobre en los mercados internacionales, las compañías mineras están impulsado un nuevo auge productivo.

En el caso de la compañía Petaquilla Minerals, S.A. y sus subsidiarias, la concesión para explorar 13 600 hectáreas en el distrito de Donoso, provincia de Coclé, fue aprobada desde 1997 en un contrato ley (Ley 9 de 1997) en el cual se le otorgan los derechos sobre todos los minerales (metálicos y no metálicos) y se le permite producir y comercializar energía eléctrica. En el contrato fue establecida la posibilidad de adicionar al régimen tierras colindantes, y hoy, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, estas compañías han obtenido nuevas concesiones por toda la provincia de Coclé y Colón, con lo cual el área en la que pueden trabajar supera las 40 000 hectáreas.

Hay que agregar que de acuerdo con el régimen legal del Contrato-Ley, el proyecto es considerado de “interés prioritario” para el Estado, lo cual garantiza la primacía del derecho de la empresa a desarrollar su programa sobre los derechos particulares, incluyendo el de la propiedad, por lo tanto, se prevén las expropiaciones y la servidumbre de paso y agua a favor de la empresa. Por último, el Estado se obliga a no variar las condiciones del contrato en un futuro (Almanza, María. Proyecto Minera Petaquilla, en www.panamaprofundo.org), condicionando legalmente las capacidades de acción del actual gobierno en la búsqueda por una solución política al conflicto.

Se debe destacar que la concesión otorgada comprende la práctica de la minería a cielo abierto, cuyos impactos ambientales son tan altos que en muchos países, incluido Canadá (país de origen de Petaquilla Minerals), ha sido prohibida. “La Minería a Cielo Abierto (MCA) es una técnica altamente destructiva, social y ambientalmente. Se barre la capa boscosa, se elimina la flora y la fauna, se contaminan todas las aguas -superficiales y freáticas-, se destruyen ríos y nacientes. La minería a cielo abierto barre la capa vegetal y elimina el suelo para acceder a la capa rocosa que es la que tritura y muele para llevarla a una tina de lixiviación en donde se diluye en una mezcla de agua cianurada para separar los metales. Nadie puede garantizar que no hayan derrames por causa de fenómenos naturales o por las intensas lluvias que se dan en el área, lo que acarrearía graves e irreparables consecuencias en los ecosistemas y las comunidades. Una vez que la mina entra en operación, no hay forma de evitar el desastre que supone la minería a cielo abierto porque su técnica está fundamentada en la destrucción de la biodiversidad para extraer los metales. Si queremos salvar los ecosistemas y las comunidades, tenemos que erradicar la minería metálica a cielo abierto.” (Endara Hill, Hector. Petaquilla, cientos de hectáreas han sido destruidas. 5 de julio de 2007).

A pesar de obtener la concesión desde 1997, no fue hasta principios del 2006, justo con la recuperación de los precios internacionales, cuando Minera Petaquilla comenzó el proceso de exploración en las primeras 13 600 hectáreas concesionadas en el distrito de Donoso. Tan sólo en esta región la compañía calcula (según datos expuestos en su página de internet, www.petaquilla.com) que extrajo durante el 2007 más de 2 mil toneladas de material al día en búsqueda de oro y cobre, y marca como su objetivo en 2008 llegar a remover hasta 5 mil toneladas diarias. Los trabajos de exploración incluyen también la construcción de toda la infraestructura necesaria para realizar las excavaciones: carreteras, tomas de agua, plantas de generación eléctrica, bodegas para guardar la maquinaria, etc.

En pocos meses, el inicio de las actividades mineras mostró las dimensiones destructivas que podría alcanzar la continuación del proyecto. Las comunidades indígenas (que son, por el momento, las afectadas directamente) comenzaron a denunciar la expropiación de tierras que forman parte de sus comunidades y la destrucción de los ecosistemas. Fueron enfáticos en el problema de la contaminación de los ríos, puesto que el consumo de sus aguas en todas las comunidades río abajo ha generado fuertes epidemias gastrointestinales, especialmente en la población infantil.

Al hacerse público que el conglomerado de Petaquilla Minerals había obtenido otras concesiones en las provincias de Coclé y Colón, superando las 40 000 hectáreas, los sectores campesinos, que serían afectados en cuando comenzaran a trabajarse las nuevas concesiones, y los Grupos Eclesiales de Base de la Iglesia Católica se sumaron a la lucha contra el proyecto de Petaquilla. El 22 de abril de 2007, los tres sectores conformaron el Comité Pro Cierre Petaquilla, integrado por 16 grupos regionales.

Uno de los aspectos más interesantes del Comité es que los sectores campesinos (denominados Coordinadora Campesina por la Vida, que congrega 10 de los grupos regionales) forman parte de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE). La CCCE se conformó en agosto de 1999 para hacer frente al proyecto de embalsamiento de los ríos Indio, Coclé del Norte y Caño Sucio para la construcción de tres grandes represas, cada una con una planta hidroeléctrica, que abastecieran de agua y energía al Canal ampliado. Después de una larga lucha de oposición (que fue respaldada también por los grupos eclesiales de base), a través de la cual se abrieron múltiples espacios de comunicación con la sociedad panameña, finalmente lograron negociar en abril del 2004 con el Presidente de la República, Martín Torrijos, la cancelación del proyecto de los embalses. De esta manera, un amplio movimiento como la CCCE, ya consolidado y fortalecido por la satisfacción de sus demandas, se suma a una nueva iniciativa por la preservación del medio ambiente y el respeto al derecho de las comunidades originarias a través del ejercicio del control ciudadano sobre las actividades de las empresas privadas y las políticas económicas del gobierno.

Por el momento, las acciones concretas de la Comisión Pro Cierre Petaquilla son las siguientes. El 8 de junio del 2007 interpuso una demanda por daño ecológico ante la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). El 13 de agosto del 2007 realizó un bloqueo por cuatro horas de la carretera Panamericana, en la región Soná de Veraguas, en el que participaron más de 600 personas. El objetivo de esta manifestación fue rechazar los permisos que la compañía Oro Gold de Panamá S.A. tiene para iniciar la exploración en cinco corregimientos de Soná y dos en Las Palmas. Lograron que el Viceministro de Comercio e Industrias, Manuel José Paredes, se presentara, por pedido del Presidente de la República, en la manifestación declarando que antes de otorgar cualquier concesión sería necesaria la aprobación por parte de la población.

También han comenzado a denunciar que, a través del abogado de Minera Petaquilla (Jorge Carrizo, que además es hijo de la administradora de la empresa), los indígenas estaban siendo objeto de amenazas para que desalojaran las tierras que comenzarían a ser trabajadas. Se asegura que “personal de la mina y su abogado se han dedicado a la tarea de amenazar, intimidar y perseguir a las comunidades porque nos oponemos, resistimos y denunciamos la destrucción que están causando en toda la región” (Comunicado de la Comisión, agosto 2007). Igualmente, algunos miembros de los Grupos Eclesiales de Base han sido amenazados con ser expulsados de la Iglesia Católica si siguen participando en la Comisión.

Pero su esfuerzo más sistemático ha consistido en la publicación de comunicados en los que expresan su percepción sobre el proceso de devastación ambiental: “Con dolor e indignación vemos como el proyecto minero está destruyendo los ríos, contaminando las fuentes de agua, destrozando la montaña, matando peces, tigres, enfermándonos. (…) Para todos nosotros esta tierra, ríos, quebradas, son nuestro presente. En ellas está nuestro trabajo, el alimento. Es nuestro entorno, forma parte de nuestra cultura y es la herencia de nuestros hijos. Si la actividad no se detiene ¿quién podrá vivir en este lugar? Todo lo que es vida se convierte en muerte y desolación” (Comunicado de la Comisión, 30 de mayo de 2007).

Estas manifestaciones han logrado llamar la atención de la opinión pública en las ciudades. En los medios de comunicación comenzaron a publicarse artículos sobre las irregularidades con las que fue otorgada la concesión y con las que opera la empresa. Se denunció que ninguna concesión podía ser otorgada si no existía una consulta pública en la que se apruebe el proyecto, y que en su lugar, el gobierno ha optado por publicar en las corregidurías locales una convocatoria de corto plazo para presentar oposiciones.

Por otra parte, las concesiones para la exploración no otorgan derechos para realizar los trabajos de explotación, los cuales ya iniciaron según los informes de la empresa. Igualmente se denunció que ésta no cuenta con los estudios de impacto ambiental, que de acuerdo con la legislación ambiental, es obligatorio presentar antes de iniciar cualquier trabajo. Además, de las tierras concesionadas algunas corresponden a las zonas que forman parte del megaproyecto de áreas protegidas por el Corredor Biológico Mesoamericano. Después de dos reportajes gráficos en el diario La Prensa (21 de junio y 3 de julio, 2007), en los que se exponen fotografías aéreas de las zonas devastadas por la deforestación, excavación y contaminación de los ríos y tierras, se presentaron dos procesos administrativos contra Petaquilla Minerals, uno de ellos, por parte de la ANAM debido a la falta de los estudios de impacto ambiental y otro por el Ministerio de Comercio e Industrias por el proceso de devastación.

Por su parte, Petaquilla Minerals ha emprendido una campaña de “desarrollo social” bajo el slogan “Minera Petaquilla desarrolla un modelo de minería sostenible en Panamá”. Hasta ahora ha generado más de mil empleos, aporta 114 mil dólares por concepto de prestaciones a la Caja del Seguro Social, ha construido múltiples caminos, un hospital y un colegio bachillerato y financia 4 mil almuerzos diarios para las escuelas primarias en las comunidades afectadas.

En contraparte, el movimiento indígena y campesino ha respondido que “la minería a cielo abierto es insostenible, sólo los mineros pueden llamar “desarrollo” a la destrucción y “sostenible” a la extinción definitiva de los ecosistemas. ¿De qué sirve la contratación de mano de obra y los aportes para obras sociales si la misma empresa está causando un daño irreversible y de enormes proporciones?” (Colectivo Panamá Profundo, 08 de agosto de 2007).

Hasta ahora, el resultado concreto del trabajo de la Comisión Pro-Cierre Petaquilla y de la opinión pública que se expresa a través de los medios de comunicación, se ha concretado en la denuncia de la devastación ambiental y las irregularidades con las que opera la empresa, y en la interposición de una demanda por parte de los campesinos e indígenas y dos procesos administrativos iniciados por entes gubernamentales por falta de los estudios de impacto y daño ambiental.

No existe todavía ningún indicio de que la empresa Petaquilla Minerals pudiera ser obligada a detener sus trabajos. Particularmente porque la concesión fue otorgada en 1997 con una cláusula en la que el Estado –y no el gobierno- se comprometía a no variar los términos del convenio en un futuro. Tampoco se habla de la posibilidad de que las comunidades afectadas reciban algún tipo de indemnización por el despojo de sus tierras y los daños ecológicos.

El movimiento de la Comisión Pro-Cierre Petaquilla está aún en una fase inicial de organización y, a diferencia del movimiento de la CCCE que se opuso a un proyecto de Estado que todavía no se llevaba a la práctica, debe enfrentarse a un proyecto privado de una gran multinacional extranjera que está trabajando ya. La prueba para el gobierno consiste en “conciliar” (si eso es posible) los intereses de las comunidades (que son también parte de los intereses nacionales, sobretodo si se considera el número de comités regionales que participan) con los intereses de las empresas extranjeras.

No se puede prever aún sí este proceso de lucha culminará con la prohibición, como en muchos otros países –incluyendo el país vecino de Costa Rica-, de las actividades de minería a cielo abierto.

Commentaires

Uno de los principales logros de la CCCE consistió en abrir el debate en la sociedad civil panameña sobre la importancia de la participación ciudadana en la definición de las políticas de gobierno. Los resultados de su lucha representaron las posibilidades del ejercicio de control ciudadano sobre el gobierno. De esta manera, el hecho de que el movimiento indígena, la CCCE y sectores de la Iglesia se coordinen en la lucha contra el proyecto de Minera Petaquilla tiene dos elementos representativos: el primero de ellos, es que después de los resultados efectivos que obtuvo la CCCE, otros sectores de la sociedad, entre ellos los indígenas, han recuperado la concepción de la organización colectiva como una herramienta de control sobre las políticas que los afectan directamente. El segundo elemento consiste en que esta nueva alianza representa un importante paso en la organización y coordinación entre los diversos sectores populares en la sociedad panameña. Ya la CCCE había logrado obtener un importante respaldo por parte de muchos sectores urbanos, los cuales probablemente se sumen a esta nueva iniciativa ciudadana del campo panameño. Finalmente, los campesinos e indígenas han abierto un debate básico sobre los alcances y las implicaciones para el Estado de las políticas gubernamentales: ¿cómo construir mecanismos de control que eviten que un gobierno comprometa al Estado en políticas y prácticas antidemocráticas que afectan a la sociedad y los intereses del Estado? En este punto debe destacarse que si bien la sociedad panameña no está confrontada directamente con los representantes de gobierno (aunque sí han denunciado la falta de responsabilidad de oficinas gubernamentales como el Ministerio de Salud y la ANAM) puesto que reconocen que las concesiones fueron otorgadas por un gobierno anterior, consideran que es responsabilidad del gobierno actual resolver legalmente este conflicto entre las comunidades y una empresa trasnacional. Por el momento, el movimiento está encauzado en forjar los canales de comunicación entre gobierno y comunidades para contrarrestar el poder de Petaquilla Minerals. Habrá que esperar la política del gobierno para la solución del conflicto. Esta experiencia muestra un claro ejemplo de cómo los canales institucionales, aunque sean legales, para la elaboración de las políticas públicas en América Latina, no siempre son legítimos ni representativos del sentir de la población. La lucha en contra de la mina de Petaquilla es una muestra de cómo cada día se requieren nuevas formas de gobierno más allá de la democracia representativa y electoral.

Bibliographie