Es poco lo que se puede decir de primera intención frente a un hecho tan devastador; ante el drama de quienes lo perdieron todo; frente al dolor humano y al drama de la muerte. Por muchos días el país estuvo en estado de choque. En ese contexto, han sido muy alentadoras las muestras de aprecio y de solidaridad concretas que se han recibido, así como el apoyo internacional y sobre todo la movilización inmediata y masiva del pueblo peruano para ayudar a las familias damnificadas.

Ello obstante, a la magnitud del desastre se ha sumado una serie de otros factores que han agravado la situación. Entre otros, podemos mencionar los siguientes: la pobreza en la que vive la mayor parte del pueblo afectado; la falta de previsión y de preparación del país para enfrentar con éxito hechos como el del quince de agosto; la desorganización y la improvisación con la que ha actuado el estado; el centralismo subsistente; el peligro siempre presente de utilizar políticamente el acontecimiento; el protagonismo desmedido de algunas autoridades; el comportamiento de aves de rapiña de unos pocos que nunca falta en situaciones como ésta.

La prensa nacional y extranjera, los voluntarios presentes en la zona de desastre, el testimonio de los propios afectados, dan cuenta pormenorizada de todos estos hechos y nos eximen de mayores comentarios. Salarios de 70 euros por mes por 12 horas de trabajo en las plantas dedicadas a la agro-exportación que reclutan sobre todo a niños y a mujeres como es el caso del distrito de Alto Larán en Chincha; existencia de mapas de peligro y de propuestas específicas hechas hace cinco años por el Instituto Nacional de defensa Civil que no fueron tomados en cuenta por ningún organismo público; falta de orden para distribuir las donaciones provenientes del Perú y del extranjero; creación de un organismo que depende directamente del gobierno central para que se encargue de la reconstrucción, sin mayor participación de gobiernos locales y regionales; declaraciones públicas de las autoridades ofreciendo sin ton ni son una y mil cosas.

¿Qué más se puede agregar a lo ya dicho? Ya el Perú ha vivido este mismo drama en los años cuarenta en el Callao, en los cincuenta y sesenta en Cusco y Arequipa, en el setenta en Huaraz, hace cuatro años, en Moquegua y Arequipa. La experiencia demuestra que después de la catástrofe, pasado el primer momento de movilización general y vueltas las aguas a su nivel, salvo excepciones, siempre se ha recorrido el mismo camino: reprimendas, comentarios, recomendaciones, planes, proyectos, leyes, facilidades crediticias, organismos ad-hoc para las tareas de reconstrucción. Los resultados están muy lejos de ser halagüeños. Multitud de análisis históricos así lo demuestran.

Y hoy, en medio de la emergencia, las recriminaciones van y vienen mientras los niños, a la intemperie, en medio de un clima implacable, continúan muriendo de frío. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo y nuevos acontecimientos vayan borrando del recuerdo el drama que viven cientos de miles de peruanos. Así, las ciudades y las viviendas serán construidas de la misma forma y en los mismos lugares: informalmente, sin planificación, sin control; y la gente tendrá que continuar poniendo a prueba su capacidad de resistencia y su dignidad en la tierra mimada de la agro-exportación peruana.

Menos mal que algunos han comprendido que el Perú vive hoy un momento excepcional. Que se requiere la más amplia unidad nacional para afrontar la crisis. Que no caben excepciones. Que todos debemos asumir nuestra responsabilidad. En primer lugar el Estado, que no puede inhibirse de jugar el papel que le compete. No sólo para atender la emergencia, sino para la propia gestión del proceso de reconstrucción y transformar esta tragedia en una oportunidad de desarrollo sustentable con equidad.

En efecto, en una situación de calamidad nacional como la presente, el país debe movilizar todos los recursos internos susceptibles de ser movilizados. No bastan la ayuda solidaria, ni la contribución de buena voluntad que podamos dar los peruanos o los pueblos hermanos que nos acompañan en estos momentos de dolor.

En este contexto no podemos menos que preguntarnos: ¿Qué relación guarda el aporte que han dado las empresas mineras para enfrentar esta emergencia con las sobre ganancias que han obtenido por la extracción minera en los últimos tiempos? ¿Es dable mantener congelado el fondo destinado al pago de los intereses de la deuda externa en un momento como el actual? ¿Cómo evitar con eficacia la especulación de quienes que se enriquecen a costa del sacrificio de los más necesitados? ¿Por qué el gobierno regional de Ica y los gobiernos locales continúan siendo convidados de piedra en el comando de las operaciones en el sur chico? ¿Por qué la población no está participando activamente en la toma de decisiones que afectan directamente su vida? ¿Dónde quedó el discurso oficial de la democracia participativa?

Temas éstos que están todos directamente relacionados con la gobernanza, con el arte de gobernar en democracia con el pueblo y para el pueblo en un contexto de vida social armónica. Que implica tratar los temas económicos, sociales y políticos de una manera distinta. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, algunas medidas inmediatas a tomar en cuenta son: Reorientar, con conocimiento y en coordinación con los países y organismos acreedores, el monto destinado al pago de los intereses de la deuda externa de este y del próximo año hacia las tareas de emergencia y reconstrucción; Crear un impuesto directo de emergencia, proporcional a los ingresos personales e institucionales, orientado a las tareas de la reconstrucción; Constituir instancias participativas en todos los distritos afectados por el sismo con intervención directa de la población organizada; Ratificar al gobierno regional de Ica y a las municipalidades de las localidades afectadas, como las instancias responsables de orientar y poner en práctica las operaciones de emergencia y reconstrucción, con el apoyo activo de las instituciones del gobierno central, en el marco del principio de subsidiariedad activa. Un primer paso en esta perspectiva a la vez alentadora y esperanzadora es la constitución de la Asociación de Municipalidades de las Localidades afectadas por el Sismo del 15 de Agosto, AMUPAT, de la cuál el Instituto de Desarrollo Urbano es miembro del equipo de Apoyo Técnico. En ese marco, se está diseñando hoy día una propuesta de gestión territorial alternativa para el desarrollo democrático, participativo y decentralista sobre la que volveremos en un siguiente artículo.