(…)En la mayoría de las sociedades, la adopción de valores y reglas comunes es tan importante que se siente la necesidad de referirse a una trascendencia o a mitos para que esos valores y reglas de alguna manera queden exentos de las críticas de los contemporáneos. En el presente caso, la comunidad mundial se construye reuniendo a sociedades que tienen, cada una, su propia visión de la trascendencia o sus propios mitos fundadores. Ahora bien, al mismo tiempo, como resultado de su poder y su dominio de la naturaleza, la humanidad se encuentra al mando de su propio destino. Los grupos no tienen en la práctica otra opción que no sea integrarse, definiendo aquí y ahora reglas y valores comunes, sin poder aferrarse a una justificación trascendente o a mitos fundadores. Esto disminuye en lo absoluto la importancia que cada uno de nosotros podamos conceder a la trascendencia. Por el contrario, nos protege del vértigo del poder absoluto y nos enseña la humildad, llevándonos a reconocer que el destino colectivo de la humanidad es más importante que nuestras pequeñas personas. De ese modo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no menciona explícitamente una trascendencia, se refiere a derechos imprescriptibles e iguales de los seres humanos y por ende a la singularidad radical de los seres humanos con respecto a las máquinas o a las plantas.

La necesidad de construir una comunidad social y política mundial nos lleva a elaborar conscientemente reglas generales y, en consecuencia, a construir la sociedad sobre una base contractual. La convicción de que ninguna sociedad puede garantizar su propio futuro sin que las demás sociedades tengan la misma posibilidad queda implícita en dicho contrato fundador.

He señalado en la introducción que la ética y la gobernanza están asociadas como dos caras de una misma moneda. En primer lugar porque en ambos casos se trata de reafirmar que los fines deben prevalecer sobre los medios. Luego porque no hay gobernanza pacífica y menos aún democrática sin un fundamento ético.

(…)La ética dista de ser un elemento decorativo de la gobernanza. Por el contrario, es indisociable de esta última. En primer lugar porque la gobernanza exige que los gobernantes se sometan a las leyes vigentes y ejerzan sus funciones con probidad. Si no lo hacen, las reglamentaciones que imponen en nombre del interés común pierden legitimidad. En segundo lugar porque, para ser democrática, la gobernanza exige un acuerdo sobre principios comunes y esos principios son necesariamente éticos. En vista de que, en el actual estado de la humanidad, toda gobernanza proviene en última instancia de una gobernanza mundial y de que la misma sólo puede tener una base contractual basada a su vez en principios éticos, la adopción de esos principios éticos comunes para nuestra época se vuelve decisiva. La ética condiciona el surgimiento de la comunidad social y de la comunidad política a escala mundial.

Es por esta razón que, dentro del marco de la Alianza por un mundo responsable, plural y solidario, se ha hecho un esfuerzo considerable para elaborar de manera intercultural una base ética común de esas características. En 2001, ese esfuerzo culminó en un proyecto de Carta de las Responsabilidades Humanas (www.alliance21.org/charte). La responsabilidad se ubica en el centro del acuerdo que pueden lograr actualmente las diferentes sociedades humanas para construir esa base ética. (…)

Un tramo esencial de la Carta de las Responsabilidades Humanas trata de definir este concepto ampliado de responsabilidad. Estos son los criterios esenciales que pone en primer plano:

• Tenemos una responsabilidad porque nuestras acciones tienen un impacto sobre los demás seres humanos; (…)

• Las responsabilidades de los seres humanos (y este principio se extiende inmediatamente a los actores sociales, a los actores económicos y a los públicos) son proporcionales a las posibilidades de las que disponen. (…).

• Hay que concebir el poder, y por ende la responsabilidad, de manera activa y no sólo pasiva. (…)

Las responsabilidades no sólo se aplican a las acciones presentes y futuras, sino también a las acciones pasadas. (…).

Este enfoque de la responsabilidad debería modificar muy profundamente el ejercicio de la gobernanza y su marco jurídico (…).

La reflexión sobre la responsabilidad también será el punto central y unificador del contrato social entre los distintos medios sociales y profesionales y el conjunto de la comunidad. (…)

La institución de la comunidad y el ejercicio de la ciudadanía

(…)Una de las dimensiones de la gobernanza, más allá de los plazos electorales, es crear procesos mediante los cuales, de tanto en tanto, la comunidad se refunda a sí misma. Una comunidad se instituye concretamente inventando sus propias reglas, su carta constitutiva, el contrato social que la funda y la vincula con las demás. Dentro de esa dinámica, una comunidad no debe temer el hecho de que se instituyan dentro suyo comunidades más pequeñas, puesto que toda comunidad contiene en sí misma la diversidad. La relación entre unidad y diversidad comienza a nivel local. Fundar la comunidad sobre una identidad monolítica sólo puede llevar a un callejón sin salida.

Hace algunos siglos la diversidad del mundo era una abstracción filosófica para la mayoría de la población mundial. Se vivía dentro de comunidades más o menos homogéneas definidas por una identidad fuerte frente al resto del mundo que, se suponía, era diferente u hostil. La mezcla de poblaciones y la circulación de la información y de las personas van haciendo que la diversidad se convierta en la regla general, incluso a escala de las ciudades y los barrios. Y mientras la diversidad cultural y étnica se generaliza, las reacciones de repliegue identitario se multiplican, acarreando su dosis de violencia, incluso en sociedades donde la convivencia más o menos pacífica había prevalecido durante mucho tiempo: en la India, en África, en Cercano Oriente o en los Balcanes por ejemplo.

Que la paz esté basada en la relación entre comunidades homogéneas, que tienen cada una su territorio, es algo que parece resultar directamente del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. ¿Pero qué es un pueblo? ¿Hasta qué nivel hay que descender para encontrar esa comunidad homogénea? Si el pueblo se define por su identidad, ¿cómo no basarse en criterios étnicos?¿Cómo conciliar ese derecho con la lucha contra la discriminación étnica o religiosa? ¿Hasta dónde hay que dividir el territorio en Irlanda, Kosovo, Costa de Marfil y la mayoría de los países africanos, en la India o en las repúblicas de la ex-URSS para llegar a identidades supuestamente claras? En realidad esta búsqueda va tan en contra de la evolución del mundo que sólo puede culminar en la disgregación y la violencia.

La única solución es reconocer que en cada nivel de territorio y de comunidad, cualquiera sea su tamaño, debe reafirmarse y asumirse el derecho a la diversidad. Allí es donde aparece el principio de fractalidad (renvoi au lexique) ;

(…)En cualquier nivel, la institución de la comunidad en las sociedades democráticas pasa por la conciencia de la ciudadanía. Cuanto más contractuales son las bases de una sociedad, más reflejan la voluntad de convivencia y no la simple pertenencia pasiva a una comunidad determinada por la historia, el suelo o la sangre. ¿De qué ciudadanía se trata? Es el corolario de la responsabilidad: ser ciudadano no es tanto gozar de derechos como estar en condiciones de ejercer un papel, una responsabilidad en la gestión de la comunidad. Esto aparece sobre todo como la posibilidad y el deber de participar en la sociedad y de organizarse colectivamente. Es el sentido del término inglés “empowerment”: estar capacitado para ejercer una responsabilidad. La ciudadanía así entendida es por lo tanto indivisible, va de lo local a lo mundial y no puede limitarse al ejercicio de derechos políticos dentro de una democracia representativa.

Desde la época de los griegos y los romanos coexistieron dos concepciones de la ciudadanía: una, que podríamos calificar como “pasiva”, se refiere a la constatación de pertenencia a una comunidad como resultado de la historia; la otra, que podríamos llamar “activa”, refleja el hecho de ser partícipe de los asuntos de la pólis (ciudad-estado) y establecer un vínculo contractual con los demás ciudadanos. Por las mismas razones que ubicamos a la responsabilidad en el centro de la ética de nuestro tiempo, elegimos privilegiar hoy la segunda acepción de ciudadanía. Los mecanismos instituyentes de la comunidad deberían valorizar, más de lo que lo hacemos actualmente, la “entrada a la ciudadanía”. Debería ser como un rito de paso hacia la comunidad contractual de los adultos. (…)

La ciudadanía en el siglo XXI es fundamentalmente plural. Todos seremos inevitablemente ciudadanos de una comunidad reducida, de un Estado y también de una región del mundo y del planeta entero. No puede ser uno o lo otro, ni uno contra otro, sino uno junto a lo otro. Así pues, la relación entre unidad y diversidad, que constituye la columna vertebral de la gobernanza del mañana, se encuentra a nivel de cada individuo que articula por sí mismo su conciencia de ciudadanía a comunidades de distintos niveles. En los hechos, los jóvenes ya están viviendo esta ciudadanía plural por lo que escuchan en la radio, lo que ven en la televisión, lo que leen en los diarios, y también a través de lo que viven en su trabajo, descubren en sus viajes y manifiestan por sus gustos,. El escenario político y los sistemas de gobernanza son sencillamente los que vienen retrasados con respecto a las costumbres y las conciencias.