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Entrevista

Incide Social: la evaluación de los Derechos Humanos en México, un largo y complejo camino por andar.

Entrevista a la Dra. Clara Jusidman Ropoport, Presidenta honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C.

Clara Jusidman Ropoport

Por Ulises Felipe Escamilla Haro

6 de agosto de 2008

Contenido

Clara Jusidman Ropoport

Es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en desarrollo y política social, derechos económicos, sociales y culturales, empleo y mercados de trabajo, equidad de género y sociedad civil.  Presidenta Honoraria y fundadora de INCIDE Social A. C. una organización civil que trabaja proyectos de democracia, diálogo social, desarrollo social y derechos humanos. Actualmente participa como asesora de un proyecto sobre Macroeconomía y Derechos Humanos y como miembro del Jurado del Premio Nacional de Periodismo. 

Fue investigadora de El Colegio de México. Trabajó cerca de 20 años en el Gobierno Federal donde ocupó las direcciones generales del Empleo, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural, del Instituto Nacional de Consumidor y la Subsecretaría de Pesca. Desde 1991 ha sido miembro activo de organizaciones en lucha por la democracia: fue Presidenta de ACUDE, miembro de la coordinación nacional de Alianza Cívica, Presidenta de Causa Ciudadana APN y de la coordinación de los Comités Conciudadanos de Seguimiento del Proceso Electoral (2005/06) y de Reforma Electoral (2007). 

En 1994 coordinó los trabajos técnicos preparatorios de la delegación de México a la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing de 1995. En 1996-1997 fue directora del Registro Federal Electoral y de  1997 a 2000  fue  Secretaria de Desarrollo Social del Primer  Gobierno Democrático del Distrito Federal (DF), ya que antes de 1997 el Regente de la ciudad era designado por el Presidente de la República.

En 2003, fue una de los cuatro expertos responsables de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la materia (OACDH). Es consejera de la Comisión de Derechos Humanos del D.F., miembro del Consejo Asesor de la UNICEF en México, relatora del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos  y del Observatorio de la Reforma del Estado.

Clara Jusidman: CJ

Joana Felix: JF

Ulises Escamilla: UE

UE. ¿Podría hablarnos acerca de su participación en la evaluación del estado que guardan los derechos humanos en México en el año 2000, la que se realizó en coordinación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos?

CJ La elaboración del diagnostico se da en una coyuntura muy especial con la presencia de dos personas comprometidas con el tema de Derechos Humanos en el gobierno mexicano, que eran Mari Claire Acosta como subsecretaria de Relaciones Exteriores y Jorge Castañeda como Secretario de la misma dependencia. Mari Claire acepta entrar al gobierno de Fox porque el presidente Fox había planteado los Derechos Humanos como un tema central de su quehacer y porque se pensaba que iba a hacer realmente un cambio democrático y que iba a hacer cambios en las instituciones. Aprovechando que ya existía un convenio con la OACDH, ocupada en ese momento por la señora Marie Robinsón. Este convenio 1997 se había hecho en la etapa de Zedillo era un convenio para la capacitación de gente en materia de derechos indígenas, por lo que Jorge Castañeda y Mari Claire profundizan el convenio y solicitan la creación de una oficina del Alto Comisionado en México, esto no se pudo llevar a cabo porque en ese momento las violaciones en materia de Derechos Humanos no habían alcanzado los niveles que están alcanzando ahora.

Generalmente las oficinas del OACDH se ubican en países en donde hay situaciones muy dramáticas de violación de los derechos humanos, México no era el caso, lo que se trataba era de empezar a trabajar lo que ahora se llama el enfoque sistémico de los derechos humanos, que era tratar de ver los obstáculos estructurales que impiden la realización de los derechos humanos y generar planes y programas de una política en donde la parte preventiva juega un rol importante, el diagnóstico se hace en ese contexto con un gran impulso de las organizaciones de derechos humanos.

Hay un colectivo de organizaciones civiles, de derechos humanos, que vigila todo el proceso y estaban muy pendientes del acuerdo, del convenio de su integración técnica y en todo el proceso de elaboración del diagnóstico. Así es como se decide que tiene que ser hecho por cuatro especialistas, se hace una convocatoria, de la cual escogen a cuatro especialistas, la interlocución con las Organizaciones Sociales y Civiles se realiza de forma sistemática por parte de los cuatro especialistas. Las organizaciones debaten cuál será la metodología que se iba a utilizar, propician reuniones con organizaciones y con personas en otros estados, se hace una consulta de la situación en por lo menos cuatro sedes y están muy pendientes, inclusive en el momento en que se redactan las recomendaciones estaban presentes las organizaciones.

El diagnóstico tiene una oposición dramática de parte de Soberanes como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos crea muchísimos problemas, impide que los supuestos órganos autónomos en los estados contribuyan con información al diagnóstico. Soberanes se opone a la oficina del Alto Comisionado, Soberanes tiene un lío terrible con Mari Claire Acosta y con Castañeda, el sostenía (Soberanes) que a él le tocaba hacer la política en la materia, lo cual era falso porque el es un Ombudsman, es un protector de los derechos humanos, quien tiene la obligación de proteger los derechos es el gobierno, es el Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a quien le competería ver el programa y el plan es al Estado no a Soberanes, pero él sostenía que el era al que le tocaba.

Posteriormente sale el diagnóstico con 32 recomendaciones, algunas de ellas van teniendo lugar actualmente como las modificaciones al sistema de justicia, pero cuando entra Calderón la impresión que uno tiene es que no entienden nada de nada en materia de derechos humanos, que no les interesan los derechos humanos, pero que además tienen temor de hablar de derechos. A mí me queda muy claro en el área social, cualquier cosa que signifique derechos, ellos sienten que los obliga a destinarles presupuesto y que entonces no tienen que hablar de derechos, ellos en sus programas sociales hablan de beneficiarios de los programas sociales, es un enfoque de caridad cristiana, de yo te doy por pobrecito.

UE ¿El enfoque de estos programas es asistencialista?

CJ Si, te doy que lo yo te pueda dar, no es porque me siento contigo y vemos como señalan los marcos internacionales de tener satisfactores básicos mínimos, y de ahí ir subiendo, sino simplemente no quieren hablar del tema de derechos humanos, la situación más dramática reciente fue la solicitud del gobierno mexicano de que se retirara el representante de la OACDH aquí, que era Amérigo Incalcaterra, mucho por promoción del propio Soberanes y con apoyo del gobierno mexicano, esto es realmente un fiasco internacional, porque Amérigo lo que estaba haciendo era cumplir su tarea, tenía las encomiendas en el convenio de colaboración, inclusive había venido la Alta Comisionada el año pasado, se había realizado este convenio y de pronto el gobierno mexicano posiblemente por algunas declaraciones que Amérigo sobre militarización y los militares en la calle, deciden pedir su retiro, esto genera una reacción fuerte de la sociedad civil, se mandan cartas a Patricia Espinosa y la contestación es una tomadura de pelo, diciendo que estos funcionarios (refiriéndose al funcionario de la ONU) continuamente cambian de oficina y que era una decisión de la Oficina del Alto Comisionado cambiarlo a otro lugar para que tuviera otras tareas. La verdad es que no sabían ni que hacer con Amérigo, finalmente le ofrecen dos o tres cosas y él se va a Guatemala, no era: “me llevo a Amérigo porque necesito crear una oficina en Guayana y el es muy bueno”. Lo sacaron por petición del gobierno mexicano y el gobierno mexicano no lo reconoce.

UE. ¿Conoce alguna otra experiencia en donde los gobiernos hayan pedido la salida del representante de la ONU?

CJ No, conozco gobiernos muy reticentes al cumplimiento de los derechos humanos y posiblemente estos gobiernos cada vez tienen una presencia mayor en el Consejo de Derechos Humanos, entonces están tratando de destruir estos mecanismos autónomos como son los relatores que van de un país a otro, los países árabes y China son países muy reticentes a rendición de cuentas en materia de derechos humanos.

JF ¿Qué opina de países como Birmania, en esta materia?

CJ Si, Birmania es un ejemplo, pero con presencia en el Consejo esta China y algunos más.

UE. Resulta interesante pensar que Irak, también país del Medio Oriente, sea el país más peligros para ejercer el periodismo, estadísticamente y luego nosotros, cuando el derecho a difundir la información es algo fundamental.

CJ Sí, esta es la vertiente de derechos humanos y nos queda muy claro que no es una prioridad para el gobierno actual de Calderón. Después del diagnóstico se hizo un Programa de Derechos Humanos en el gobierno de Fox, bastante “medianito” y ahora la Secretaría de Gobernación intenta formular otro programa, ya que desconocen lo que se hizo con Fox.

Este programa esta ahí, en la charola de los pendientes, no ha salido, algunas organizaciones decidimos participar en la formulación en la lógica de bueno, nuestro interés es incidir y poder dialogar, nosotros hemos sido siempre una organización dialogante, no cerramos las puertas porque cuando se hizo el programa anterior varias organizaciones decidieron retirarse y volver a la oposición. Nosotros somos observadoras y lo que hacemos es reclamar, lo que hacemos es denunciar y nuestra postura es de denuncia, ahora hay organizaciones que han decidido ya no participar en el proceso, pues hubo algún tipo de molestia y estas organizaciones se retiraron. Existen otras seis dentro de las que nos encontramos nosotros y decidimos seguir incidiendo sistémicamente en la construcción, nos quedamos en lo que era el comité técnico de la evaluación del programa, no hubo tanta participación en la manufactura como en la evaluación y después se produjo un documento, acerca de qué pasó con este plan, un documento producto de estas organizaciones que si seguimos en el espacio dialogante. En esa ocasión, los participantes decidimos darle oportunidad al gobierno de Calderón de que pudiera haber diálogo, parecería ser que si se tomaron en cuanta los puntos nodales que las organizaciones consideraban no podían estar fuera del programa, pero el programa no sale a luz todavía.

La sensación en general es que hay un retroceso, un grave retroceso en materia de derechos humanos, con los militares en las calles, con los militares siendo juzgados por militares y no por la justicia civil, cuando cometen daños a la sociedad, el establecer como prioridad la política de seguridad es de un alto riesgo para los derechos humanos de la población, el problema es que además se han cerrado los espacios de diálogo. Desde la época de Zedillo y ya con Fox se habían abierto espacios de diálogo en política pública, por ejemplo el diálogo en materia de política ambiental con Julia Carabias, alcanzó un nivel excepcional, pero con la gente de Calderón no hay dialogo.

Los grupos ecologistas argumentan que todo se ha echado hacia atrás. Todos estos consejos y comités que son de diálogo en política pública no están caminando o están caminado con organizaciones que le son funcionales al gobierno actual, en general son organizaciones asistenciales y filantrópicas, nosotros como organización hicimos un reclamo a principios del primer año del gobierno de Calderón, diciéndoles que:

Que deberían hacer un Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a la ley y que la ley imponía que se debe hacer una consulta para la elaboración de los planes y programas, yo considero que los señores ni siquiera sabían lo que la ley establecía. Fue a partir de una iniciativa nuestra con otras organizaciones que entonces armaron unas consultas sobre las rodillas del Plan (Nacional de Desarrollo), ésta se hizo a través de Internet, cuando creo que es el 17% de la población de este país que accede al Internet.

La secretaría que más actividades en este sentido realizó fue la Secretaría de Salud, haciendo foros, muy mal organizados, realmente despertaron a partir de un reclamo y la forma en como hicieron los programas fue una forma rígida, sistemática, sin riqueza. Algunas secretarías respondieron mejor que otras, pero verdaderamente fue algo ridículo. Ese el otro tema, no tienen ningún interés en participación y no tienen ningún interés en el diálogo, además creo que no saben como hacerlo, esto claramente tiene que ver con cultura del actual grupo en el poder, pero también con la conflictividad que se dio en la elección del 2006, por lo que cualquier organización que no pase por los filtros de ellos, es una organización enemiga, organización perredista, organizaciones radicales, tienen mucho miedo y rechazo, muchas de las organizaciones que son organizaciones de desarrollo u organizaciones que defienden derechos estamos en esa situación.

Durante el gobierno de Fox el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), fue un organismo que hacía muy buena interacción con la organizaciones, potenció al sector, apoyó mucho la creación de la Ley de Factibilidad de las Organizaciones Civiles, que se emite en 2004, cuando llevaban las organizaciones más de diez años luchando porque esta Ley se aprobara. Los Fondos de Coinversión, que surgen desde la época de Zedillo, pero estos fondos se asignan de acuerdo a proyectos y frente a comités de evaluación, en donde participan organizaciones y académicos, hay un buen momento de apoyo al crecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, cosa que ya no ocurre actualmente, el (INDESOL) está manejado por una persona de enorme incapacidad y sistemáticamente han estado sacando a las organizaciones que venían participando.

Nosotros presentamos dos proyectos, un proyecto de un diplomado en materia de política y desarrollo social que ya veníamos impartiendo desde cuatro años atrás, en el marco del diplomado que el INDESOL daba a gente de las organizaciones civiles. Pasamos las dos primeras etapas y en la tercera etapa nos dicen que el precio que nosotros pusimos es muy alto y que no se cambiaron los contenidos del diplomado de acuerdo a lo que ellos habían establecido en esta ocasión. La verdad era que le habían cambiado el nombre pero el desarrollo que ellos habían puesto era exactamente igual que el anterior. Nos queda claro que lo que ya no querían era apoyarnos, como nosotros hay varias organizaciones, incluso alguna de ellas ya demandó al INDESOL, por falta de transparencia y poca claridad en los criterios.

Existe una propuesta de hacer un análisis del cambio de asignación de los recursos del Programa de Coinversión para corroborar que se trata de cambiar el tipo de organizaciones, ya que ahora están surgiendo muchas organizaciones promovidas por el Partido Acción Nacional (PAN), la lógica que se puede ver, es que quieren tener organizaciones a modo, y que quieren simular, esta idea de las organizaciones sociales y civiles y que han cerrado la interlocución, esta es digamos la trayectoria de lo que ha pasado con este gobierno de Calderón en cuanto a derechos humanos y la intervención de las organizaciones.

 

 

 

UE ¿Qué nos puede decir acerca de la Ley de Acceso a la información y el impacto que ésta ha tenido?

CJ Toda la Ley de Acceso a la Información al final la hizo un grupo de académicos, en el contexto del grupo Oaxaca, yo diría más académicos que organizaciones civiles, luego se convirtieron en una organización civil, con Ernesto Villanueva, Rosana Fuentes Beraín, que hacen esta propuesta de la Ley, luego la asume Fox como si él la hubiera inventado, pero pasa, se expide y se generan los institutos locales y estatales. En la generación de leyes locales y estatales hay participación de organizaciones civiles pero muchas veces con una enorme frustración, porque los poderes estatales acaban viciando los mecanismos y acaban otra vez poniendo comisionados a su modo.

En la sociedad civil hicimos una apuesta muy fuerte a la generación de órganos autónomos de gobierno, órganos que pudieran ser independientes de los gobiernos que estaban a cargo, de estos hay tres típicamente:

1) Los institutos electorales

2) Las comisiones de derechos humanos

3) Los institutos de acceso a la información

Yo creo que fue un camino que pensamos poder andar en tres temas sustanciales, tener comisionados y consejeros autónomos que no estuvieran subordinados a los poderes políticos, el tema ha sido un fracaso en términos de los resultados, de las comisiones de los derechos humanos, creo que debe haber en este momento cinco con presidente o directivos realmente autónomos, el resto sus cabezas son designadas por los gobernadores y en esto tiene un rol muy fuerte Soberanes.

Soberanes ha tenido negociaciones con los gobernadores y el controla veinticinco o veintiséis Comisiones de Derechos Humanos estatales, no hay autoría de la comisión nacional, que no tendría porque ser dependientes y son designadas por los gobernadores, entonces de pronto Ulises Ruiz gobernador de Oaxaca, designa como presidente de la comisión a su anterior secretario de gobierno, estás comisiones se encuentran totalmente pervertidas lamentablemente, aún cuando sean los congresos locales los encargados de su designación, ya que los congresos locales están también dominados por los gobernadores, termina siendo una negociación con el gobernador, quien queda al frente de la comisión.

Por lo que yo diría que son cinco o seis comisiones que son libres, hay casos dramáticos, como el de Jalisco o Querétaro, en donde los comisionados no le caían bien al gobernador y los hacen que renuncien, el caso de Guadalupe Morfín, el caso del de Querétaro y el de Baja California. Podemos decir que si no se acomodan al designio de los gobernadores e intentan hacer su tarea de vigilancia y protección de derechos humanos son removidos. Son aparatos que están costándonos dinero y que no funcionan, igual sucede con los institutos electorales locales, en esa otra vertiente el movimiento democrático civil ha causado un cambio en las legislaciones en materia electoral, particularmente en la década de los noventa, fueron miembros de las organizaciones las que se sentaron a hacer la reforma electoral de 1996, se logró tener un consejo general del IFE más o menos autónomo.

 

UE ¿Se refiere al consejo en el participó José Woldenberg?

CJ Si, ese que fue compuesto en su mayoría por académicos, la persona más cercana al movimiento civil fue Jesús Cantú. Jesús sí había tenido vínculos con Alianza Cívica, fue el único de los consejeros electorales que mantuvo su relación con las organizaciones civiles y que contribuyó a que en los consejos locales del IFE y en los consejos distritales si hubiera gente de las organizaciones. Ha sido en los espacios de los consejos locales y los consejos distritales donde las organizaciones civiles hemos logrado tener una dos o tres personas, generalmente combativas que defienden la imparcialidad de los árbitros y que se vuelve “una piedra en el zapato” para los consejos locales.

Antes con el consejo de Woldenberg se tenía a este árbitro más o menos confiable, esta estructura de treinta y dos consejos locales y trescientos consejos distritales, esto permite además la formación de gente proveniente de la sociedad civil, que tengan conocimiento de las leyes y los procedimientos electorales.

En el 2003 cuando se hace el cambio de los consejeros del IFE, que fue un cambio verdaderamente terrible, con una venganza del PRI y de un grupo de personas que históricamente eran los dueños de los institutos electorales y que en la actualidad siguen ahí, siguen presentes, se hace esta alianza entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón y meten a los consejeros que les convienen, personas de muy bajo perfil, bastante medianos, algunos sin ninguna experiencia en materia electoral, tres o cuatro de ellos no tenían ninguna experiencia electoral, pero su marido era amigo de Calderón o cosas por el estilo. Esto le da en la cabeza al instituto y nos lleva al conflicto del 2006, donde no tienen la estatura para enfrentar el conflicto.

Actualmente existe una especie de comunidad de activismo ciudadano en torno a la democracia electoral, en el país desde 1988, empezando por el “movimiento navista” en San Luís Potosí, se empieza a tener una gran capacidad de observación electoral por parte de la organizaciones de la sociedad civil que tiene un momento culminante en 1994, cuando creamos Alianza Cívica en todo el país, con organizaciones que estaban metiéndose en cuestiones electorales y se hace una red de observación en todo el país, este fue el momento más interesante.

UE. ¿1994 fue la cúspide de este movimiento?

CJ Fue la cúspide de esto que se venía desarrollando a través de observaciones electorales locales, los grupos se iban a Michoacán a observar, me tocó entrar y aprender yendo a observar las elecciones en Yucatán, venían de San Luís los hijos de los Nava, las mujeres de Yucatán, “las Indignadas”, el Foro Democrático Yucateco y nos íbamos, hacíamos observación y dábamos un resultado, desde 1988 se habían ido afinando nuestras capacidades, estaba el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) muy vinculado a Nava, el MCD era ya una red en esta materia.

En 1994 siete organizaciones decidimos crear Alianza Cívica, la Academia Mexicana de Derechos Humanos con Sergio Aguayo, yo estaba en ACUDE que era el “acuerdo para la democracia”, como presidenta, estaba Martha Pérez Bejarano en Convergencia de Organismos Civiles, la Fundación Rosenblueth con Enrique Calderón. Éramos siete organizaciones, se crea Alianza Cívica para la realizar la observación electoral nacional, en ese momento Carpizo como Secretario de Gobernación se percata de la importancia de esto y le otorga un fondo a Naciones Unidas para apoyar los procesos de observación, el fondo de Naciones Unidas es realmente dinero del gobierno mexicano, pero operado por Naciones Unidas, motivo por el cual el gobierno mexicano deja de tener las manos en ese asunto en particular. El gobierno mexicano nos facilitó un injerencia, las cosas las hicimos con independencia, pero hubo este fondo de apoyo de Naciones Unidas, trajeron a un experto en elecciones, un vietnamita que en la actualidad sigue en México.

Se genera Alianza, y en 1996 como recordarán entran los consejeros ciudadanos, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas, Santiago Creel que entran por un tiempo, ahí se establece por primera vez un comité técnico de auditoría del padrón electoral, que era uno de los instrumentos más controvertidos del sistema y se empieza a entrar a una relación que estaban por parte de las organizaciones democráticas, culmina en 1996 y en 1997 la entrada de este nuevo grupo de consejeros.

Otra vez hay un fracaso en la transición democrática, Fox fue un engaño realmente, el propósito era continuar con cambios institucionales, nosotros en el 2002 y a raíz de este decreto que tiene “el beso” Martha Fox al subdirector de Televisa, Bernardo Gómez, en donde le devuelve el tiempo de Estado, varias organizaciones nos hicimos el propósito de hacer una propuesta de Ley de Radio y Televisión, en la lógica de que después de la democracia electoral había que hacer cambios institucionales en otros aspectos y uno fundamental era la democratización de los medios de comunicación, acordamos que debería ser una propuesta civil, porque viniendo de cualquier partido los medios son tan poderosos que podían “torcerles el brazo”, se hizo la propuesta en 2002, la aceptan los senadores y la ingresan como iniciativa del Senado, las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y las del PAN la aprueban, los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no lo hacen. En ese momento empieza un “Vía Cruxis” terrible para tratar de promover e impulsar esta iniciativa.

Cuando entra Fox, se generan unas mesas de reforma del Estado y quiebran cuando se hace el decreto de Radio y Televisión porque las organizaciones que estábamos sentadas en las mesas de negociación, nos levantamos de la mesa y decimos esto no sirve para nada, e hicimos un acto muy bonito porque contratamos una mudanza con una mesa, con sillas, la pusimos afuera de la Secretaría de Gobernación y dijimos: la mesa de dialogo en materia de Medios, se traslada al Congreso, nos llevamos la mesa al congreso y la comisión política de gobierno nos recibe y nos abre la puertas del Congreso y metemos la mesa, era como “un performance”.

Un problema que tenemos las organizaciones es que los medios no nos prestan mucha atención, para los poderes fácticos somos un problema por qué, pues porque cuestionamos su poder, yo estoy vetada de Televisa, nuestro propósito era hacer cambios institucionales en materia de Radio y Televisión y nos fue como nos fue, en el 2005 con el apoyo de López Obrador, con el apoyo de Calderón, Televisa impone su Ley, todos los partidos aceptan una ley impulsada desde Televisa.

 

JF. ¿Cuál es su evaluación acerca de los cambios que se realizaron durante el periodo del presidente Vicente Fox en materia electoral?

CJ Esta es otra vertiente de la participación ciudadana en el ámbito electoral, hay una comunidad de activismo ciudadano importante. Nosotros constituimos el Comité Conciudadano para el Seguimiento del Proceso Electoral en 2005, funcionó para el proceso de 2006 y posteriormente se convirtió en el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, hicimos una propuesta escrita de reforma electoral, protegiendo y privilegiando derechos políticos y ciudadanos, se convirtió en parte de los materiales que estaban discutiendo y logramos una interlocución interesante porque realmente logramos conjuntar en el comité a muchos de los intelectuales y a la gente joven que se ha venido formando en los institutos electorales, había realmente una capacidad de interlocución a muy buen nivel. Mi resumen de la última reforma electoral, apunta que todos coincidíamos que había que quitarle a los medios el poder que tenían y el dinero que se iba para sus bolsillos, en eso estamos de acuerdo, nosotros proponíamos una reducción mayor de los recursos económicos a partidos, pero está no se logró profundamente, en una discusión con Jorge Alcocer, que era el que está viendo las fórmulas, el tomo nuestra fórmula pero la reelaboró de una forma tal que no le fuera tan mal a los partidos con el recorte presupuestal.

Lo más importante que nosotros solicitábamos era un reforzamiento y fortalecimiento de las capacidades de decisión de los consejos locales y distritales, porque ellos viven las violaciones electorales en el terreno, entonces en el tiempo que tardan en pedir permiso para sancionar en el Consejo General, el efecto de la violación ya impactó en el proceso, no lo logramos, nos queda muy claro que había este cuerpo siniestro que históricamente ha controlado el instituto y que estaba detrás con Juan Beltrones y estaban manejando la reforma, el PAN no nos escuchaba, no había manera de hablar con el PAN.

El PAN comportándose de una manera muy extraña, ya que una de las razones por las que pudieran llegar al gobierno, fue la lucha de las organizaciones democráticas. El hecho de que hubiera un cambio de partido tiene que ver con todo este activismo ciudadano; el partido que si nos escucha es el PRD, entonces al PRD le argumentamos: otra vez la burocracia electoral va a tomar el control del instituto, estamos en un riesgo de que ese instituto ciudadano se lo vuelva a quedar el grupo de Felipe Solís Acero y Juan Beltrones, ahora casi tenemos a un Beltrones como consejero ciudadano que es Marco Antonio Baños, que es para mí la persona más emblemática del fracaso de la desciudadanización del órgano.

Marco Antonio Baños es un histórico burócrata vinculado al PRI que conoce el servicio electoral que conoce los procedimientos, pero ahora ya no está del lado del aparato profesional, ahora es consejero ciudadano, el PRI se quedó con cuatro posiciones, el PRD se queda con una, porque ni siquiera el presidente realmente es de ahí y el PAN se queda con dos posiciones, realmente está absolutamente partidizado el Consejo General del IFE, y la reforma es una reforma que beneficia a la cúpula de los partidos, esencialmente, no es un reforma ciudadana, es una reforma hecha a modo de las cúpulas partidarias, entonces eso es un retroceso de lo que se había avanzado en materia de democracia electoral, yo creo que es poco confiable el instituto, pero lo más grave es que también el tribunal electoral está tomado por la gente de Beltrones.

JF. ¿Entonces la pregunta que sigue es quién juzga los proceso electorales?

CJ Claro esa es la pregunta, bueno esa es la historia del acontecer electoral. No es mi “expertis” la parte de los Institutos de Acceso a la Información y Transparencia, yo creo que ahí se había avanzado, pero también se están viendo retrocesos como es el caso de Querétaro, en donde suman en una sola institución al Instituto Electoral y al de Acceso a la Información, el caso de Chihuahua donde gente valiosa de la sociedad civil quería ser parte de los comisionados y no los dejaron pasar. La historia de López Obrador con el Instituto del DF, es verdaderamente lamentable, donde él quiere poner a la gente que el quiso, para mi Andrés es el ejemplo más dramático de la izquierda autoritaria porque de demócrata no tiene nada.

Se ha generado una comunidad importante de organizaciones dedicada al tema de transparencia, parte porque les interesa y parte porque hay recursos, ese es uno de los campos en donde hay recursos, el ejemplo de la Hewlett, hay varias instituciones financieras que ofrecen recursos para determinados temas, hay una comunidad de las organizaciones que se ha dedicado a transparencia y a Contraloría Social, un ejemplo emblemático es Fundar, nosotros no hemos querido entrar en ese tema.

UE. ¿Qué opina del caso de la organización Transparencia Mexicana?

CJ Transparencia Mexicana es un negocio, es un negocio de Federico Reyes Heroles, que ha tomado contadores de muy alta categoría, pero nosotros no la sentimos como parte sociedad civil.

UE. ¿Esa organización no es producto de un proceso ciudadano?

CJ No, para mí es un negocio, es un negocio de Federico, él tiene mucha cancha con los empresarios y mucha cancha con algunas organizaciones filantrópicas, pero yo no consideraría que sea un individuo de sociedad civil, pero hay la LIMED, las que están en libertad de expresión, Alianza Cívica es también una de las organizaciones en esta línea, Colectivo de Transparencia, hay un trabajo de transparencia y hay un trabajo de contraloría social, nosotros empezamos a dar a varias instituciones un diplomado de contraloría social que está formando individuos y ahora estamos dando uno en Jalisco, pero no es nuestro tema en específico, nuestro aporte está dirigido a la elaboración de Política Pública, particularmente en el área de derechos humanos y en lo electoral, justo ahora vamos a reactivar una tercera edición del Comité Conciudadano, que vamos a llamar Consejo Ciudadano por la Calidad de la Democracia, uno de los temas de este consejo es observación del Consejo General del IFE y otro es la observación de los procesos electorales.

Vamos a dar inicio a un diplomado en procedimientos y legislación electoral, con una óptica ciudadana, vamos a hacer la segunda edición de un programa que hicimos que se llama: “Un congreso con rostro”, que tiene que ver con el derecho a la información de los votantes sobre sus candidatos, los partidos no tienen que entregarle al IFE historias de los candidatos, por ello la población no sabe no por quién vota, en el 2005-2006 con ocho organizaciones tratamos de recabar información biográfica de los candidatos a diputados uninominales, es decir los que participan en el proceso electoral, el problema es otra vez cómo difunde uno y cómo le hace llegar a las personas esa información y cómo se logra que los ciudadanos puedan saber más acerca de los candidatos, por ejemplo el Partido Verde Ecologista se ha caracterizado por vender sus posiciones, lo que estamos buscando es un mayor discernimiento de los ciudadanos respecto a los candidatos, ya que además ahora se llevan a cabo unas alianzas espantosas entre PRI y PRD, y entre Alianza Cívica y otros, es algo espantoso de lo que llamamos “tránsfuga”, este es un proyecto que estamos tratando de armar y esperamos que con el fondo que Naciones Unidas otra vez va a tener, podamos hacer uno de estos proyectos próximamente.

Este es el campo en el que estamos y el otro con un Observatorio en Materia de Políticas Sociales y Derechos Humanos, del cual tenemos una página en Internet la dirección es www.observatoriopoliticasocial.org.

JF. Sus comentarios y las prácticas que nos ha descrito son muy importantes e interesantes, ahora nos gustaría saber ¿si tienen alguna metodología de evaluación de políticas públicas?

CJ Lo que tenemos en este observatorio de derechos humanos es la respuesta que tenemos a las autoridades que no quieren sentarse con nosotros en una mesa de negociación, entonces vamos a observar a través de la construcción de un sistema de indicadores y un mecanismo de evaluación. Un sistema de indicadores que toma en cuenta los marcos internacionales en materia de derechos humanos, que analiza por ejemplo en términos de accesibilidad a salud cuáles son los indicadores más claros, en términos de calidad, en términos de adaptación cultural, tenemos todo un sistema de indicadores, esa es una metodología completa de evaluación en materia de políticas sociales y abarca todos los derechos económicos, sociales y culturales.

La idea con ese observatorio es poder estar haciendo emisión de opiniones sobre las políticas que se están generando, tengo la impresión de que hay una tendencia a los observatorios ahora, ante la negativa de las autoridades de sentarse a una mesa de diálogo.

Hay una iniciativa muy interesante de las organizaciones de los derechos de la infancia que es un sistema de indicadores de estos derechos, se llama “La infancia cuenta” y están produciendo anualmente indicadores en todos los campos de los derechos de la infancia, los otros son los “informes sombra” que hay en las organizaciones relacionados con los temas que van a ser examinados en los Comités de Naciones Unidas, en 2006 las organizaciones hicieron un informe sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el gobierno de México presenta un informe y las organizaciones presentan un informe sombra, ese es otro mecanismo para decirle al Comité que está formado por gente de otros países, el gobierno presenta su visión en la cual todo está muy bien y nosotros presentamos nuestra visión de lo que esta pasando, a partir de esos dos informes el Comité emite recomendaciones, hay una muy buena experiencia en México de participación en esto y son análisis periódicos que se hacen en los países, acaba de suceder el de Derechos Económicos Sociales y Culturales y esta en proceso de hacerse el de civiles y políticos, pero igual existe el de mujeres y hay un “informe sombra” de mujeres, los informes a los mecanismos internacionales y la construcción de indicadores de avance.

JF. ¿Ustedes tienen vinculación con organismos internacionales?

CJ Nosotros estamos más volcados a México, no hemos tenido oportunidad de hacer vinculación internacional, Incide todavía no participa en mecanismos como los Foros Sociales Mundiales o de este tipo, estamos más haciendo articulaciones nacionales, por ejemplo varios de nuestros proyectos vienen con ocho, diez o quince organizaciones, hacemos vinculación de manera importante con la academia, el Comité Conciudadano es una innovación ya que es una organización que debe tener entre 40 y 50 personas, en donde están académicos de varios estados, están organizaciones civiles y están activistas civiles en varios estados del país. En este comité se permiten hacer sinergias locales, hay consejeros electorales locales que participan, nos hemos dedicado mucho a articulación, ha generar espacios de encuentro y diálogo y de intercambio entre organizaciones civiles.

JF. Muchas gracias por su tiempo. ¿Quisiera agregar algo más?.

CJ No, gracias a ustedes.

UE. Muchas gracias

 

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