A través de los años, los medios de comunicación impresos se han establecido como un espacio de interlocución entre diversos actores de la vida social del país, en donde las organizaciones civiles y sociales –al igual que otros actores políticos- han encontrado un lugar para hacer visibles su propuestas y acciones. En este sentido, los medios de comunicación son un dispositivo esencial en el proceso de construcción de la gobernanza en tanto comunican los principios y acciones que llevan a cabo los poderes públicos y la sociedad civil en torno a la construcción de la gobernanza en México, funcionando, a su vez, como una plataforma para el diálogo (PNUD, 2005). Tomando en cuenta lo anterior, la investigación se ha abocado a realizar un análisis de la presencia en medios impresos de las Organizaciones Civiles y Sociales (OCS) que buscan una participación más amplia en la toma de decisiones para el desarrollo social, político y económico incluyente del país, realizan evaluaciones que contribuyen a la gobernanza y buscan impactar en este proceso en México, resaltando que éste es un indicador para analizar el estado que guarda esta nueva forma de gobernación democrática en el país y cuáles son los temas que son puestos a debate para incidir en la agenda pública.

En el largo e inacabado proceso de democratización en México, los medios de comunicación, en tanto que también comparten este proceso de apertura por parte del control político, se tornan cada vez más importantes ya que brindan información a la sociedad necesaria para la construcción de opiniones y toma de decisiones en torno a temas particulares y a la situación del país en general. El acceso a la información que generan las OCS permite al grueso de la sociedad reflexionar sobre cuáles son las opciones y las propuestas para desarrollarlas. En este sentido, es información que contribuye a la consolidación de la democracia y del ciudadano reflexivo.

Como ha expresado Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “mientras la sociedad civil no tenga acceso a los medios de comunicación de manera sistemática y permanente (como actores sociales), sus demandas y propuestas no serán debidamente atendidas” (Icaza, 2000). De ahí surge la pregunta, ¿hasta qué punto son cubiertos los resultados de las evaluaciones realizadas por OCS en torno a la gobernanza? ¿En qué grado son efectivamente espacios que convocan al debate público? Esto es difícil determinar. Sin embargo, los medios de comunicación abren la posibilidad de poner de manifiesto los esfuerzos que se realizan desde la base (bottom-up) en la búsqueda por incidir de una forma progresiva en el proceso de toma de decisiones.

El objetivo de la presente ficha es el de realizar un diagnóstico de: a) cuáles son las organizaciones civiles y sociales que buscan impactar en el proceso de evaluación de gobernanza y su presencia en los medios de comunicación impresos -en particular en el diario de circulación nacional La Jornada; b) en qué campos de acción buscan incidir; c) qué tipo de acción llevan a cabo (evaluación o apertura de espacios de interlocución) y d) elaborar una clasificación de las organizaciones por el tipo de evaluación que llevan a cabo.

Para la realización de estos objetivos se recurrió, en un inicio, a la búsqueda hemerográfica de tres de los principales periódicos nacionales: La Jornada, El Universal y Reforma.

En primer lugar, partimos de la premisa que en México los tiempos electorales tienen gran peso en la movilización de la sociedad civil. Sin embargo, no son las únicas coyunturas en que se percibe su emergencia. Por ejemplo, 1968 (movimiento estudiantil y su represión), 1985 (terremoto de la Ciudad de México) y 1988 (aparente fraude electoral) se manifiestan como años clave en la historia de las OCS; lo mismo que 1981-1982 (crisis económica, contracción del Estado benefactor y la consecuente reducción de recursos públicos para la atención social) y 1994-1995 (crisis económica y elecciones federales). Es decir, obedecen a la combinación de coyunturas políticas y contextos de crisis que motivan a la sociedad civil a llevar a cabo una serie de acciones que pretenden buscar soluciones a viejos y nuevos problemas, mismos que el Estado, por sí solo, se ha mostrado incapaz de resolver. Tomando esto en cuenta se definió el marco temporal para hacer el análisis hemerográfico del contexto reciente.

Se retomaron los años 2000 y 2006 para analizar la dinámica de las OCS en los años de elecciones federales. Estos años además son importantes por dos cuestiones: i) en el 2000, después de 70 años de régimen unipartidista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se logró la alternancia política a nivel del Poder Ejecutivo en México; ii) las controvertidas elecciones del 2006 fueron cuestionadas ampliamente, impactando sobre las cuotas de legitimidad de los supuestos triunfadores. Además de estos años, se retomaron el 2003 y el primer trimestre del 2001 y 2007. Hay que señalar que en 2003 se realizaron las elecciones intermedias de las cámaras de diputados y senadores, además se hicieron públicas las evaluaciones realizadas a la mitad del periodo del gobierno en turno. Asimismo, se rescató el primer trimestre de 2001 y 2007 ya que en México el impacto mediático de los “primeros 100 días” del gobierno electo cobra gran relevancia. Por otra parte, es en este periodo en el cual diversos actores sociales -como lo son las OCS- que buscan incidir en el proceso de toma de decisiones, debaten en la arena política para establecer las prioridades del nuevo gobierno, la asignación de recursos y el diseño de la agenda pública que cristaliza las políticas del Estado.

Los criterios metodológicos para la captura de noticias de OCS relacionadas con la evaluación de gobernanza fueron los siguientes: 1) que las OCS analizadas tuvieran perfil de acción social participativa más que de filantropía asistencial (Charry y Calvillo, 2000); 2) que realizaran evaluación de políticas públicas o de campos específicos de la acción social vinculados a la construcción de la gobernanza (ej. derechos humanos, medio ambiente, situación del campo, etc.), y; 3) OCS que buscaran abrir espacios de interlocución y establecer canales de comunicación -formales o informales- entre sociedad civil y gobierno. Tomando todo esto en cuenta se procedió a realizar un primer acercamiento para analizar el estado en cuestión. El año piloto fue 2000.

Al comenzar con la revisión hemerográfica de los tres periódicos antes mencionados resaltaron las siguientes cuestiones. Por una parte, el periódico El Universal en el año 2000 no tenía una cobertura amplia sobre OCS y las acciones que llevaban a cabo (ver tabla 1). En el caso de Reforma la información era casi nula y de haberla se centraba en organizaciones con perfil filantrópico y/o asistencialista, más que de evaluación y de construcción de espacios incluyentes para la participación política.

Noticias OCS La Jornada y El Universal, 2000

La Jornada	El Universal
38	19
66,7%	33,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de los periódicos La Jornada y El Universal, año 2000.

En el caso del periódico El Universal no se retomaron noticias de mayo y diciembre, puesto que en estos meses no se encuentran notas que cumplan con los criterios metodológicos.

De tal forma se decidió, para efectos de la investigación, retomar solamente el periódico La Jornada que se ha establecido como un espacio de comunicación para las OCS con cobertura en diversas secciones del diario como “Política”, “Estados”, “Capital” y “Sociedad y Justicia”. Hay que señalar que La Jornada da cobertura a las acciones que igualmente retoma El Universal, pero da espacio a otras organizaciones más radicalizadas en sus demandas. El Universal no publicó ninguna nota que cumpliera con los criterios metodológicos de selección de esta investigación durante los meses de mayo y diciembre, dejando así grandes lagunas en el seguimiento de las noticias relacionadas con este tópico.

Antecedentes de La Jornada

El periódico La Jornada, basado en la Ciudad de. México, se ha conformado como un espacio de comunicación, donde diferentes actores sociales han podido expresar sus puntos de vista, acciones y propuestas frente a las diversas problemáticas del país.

Este Diario surge a partir de la iniciativa de un grupo de periodistas provenientes del periódico Uno más uno –que a su vez había abandonado el periódico Excélsior tras el golpe de censura que el gobierno de Luis Echeverría perpetró contra este diario- de responder a la convocatoria, publicada el 29 de febrero de 1984, para la conformación de un nuevo diario. El 19 de septiembre de 1984 se publicó el primer número de La Jornada bajo la dirección de Carlos Payán (www.jornada.unam.info).

La línea editorial del periódico La Jornada se ha caracterizado por dar cobertura a sucesos emblemáticos como fueron las elecciones presidenciales de 1988, las cuales han sido altamente cuestionadas y calificadas, por muchos actores sociales, en términos de fraude. Asimismo, han otorgado muchas de sus páginas a movimientos sociales como aquellos a favor de la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el movimiento magisterial, las marchas de conmemoración del 2 de octubre de 1968, en contra de la violencia de las mujeres, en contra de una política en la cual buscan incidir (como las reformas a la Ley del ISSTE), a favor de la despenalización del aborto; a movimientos reivindicativos como el levantamiento indígena en Chiapas y el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); a la defensa de los derechos humanos haciendo visibles las deficiencias del sistema en esta materia, como es el caso de los 45 indígenas –pertenecientes a la organización Las Abejas- asesinados el 22 de diciembre de 1997 en Acteal Chiapas, y en defensa de la libertad de expresión mediante notas que refieren a la inseguridad del oficio de periodista en México.

Recientemente destacan dos sucesos importantes: el conflicto en San Salvador Atenco, Estado de México, y el Movimiento de la Asamblea de Pueblos Populares de Oaxaca (APPO). En mayo del 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se manifestó en contra de la ocupación policiaca en San Salvador Atenco, que tenía como objetivo la reubicación de un mercado de floristas. El 3 de mayo de 2006, en contra del desalojo y a favor del diálogo público, los integrantes del FPDT bloquearon la carretera México-Texcoco. La Policía Federal Preventiva (PFP) intentó desalojarlos, lo cual desencadenó un conflicto altamente mediatizado en donde la imagen de un policía brutalmente apaleado por integrantes del movimiento dio pauta para la justificación del derecho de réplica de las autoridades. En el enfrentamiento murió un menor de edad y 6 policías fueron retenidos por activistas de San Salvador Atenco. Al día siguiente se llevó a cabo la Operación Rescate comandada por el Vicealmirante Wilfrido Robledo –ex director de Protección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y amigo íntimo del ex presidente Carlos Salinas-, quien fuera Jefe de Seguridad del Estado de México hasta que tuvo que dimitir por presión de diversos medios de comunicación –encabezados por La Jornada y el semanario Proceso- y diversas OCS. En el enfrentamiento participaron 3,500 efectivos de distintas agrupaciones policíacas en contra de 300 civiles. Entre los 106 detenidos había 47 mujeres, 16 menores, 2 observadores de derechos humanos, 5 extranjeros y 2 periodistas. Se han documentado una serie de faltas a los derechos humanos, así como faltas sexuales a mujeres (según reporta Amnistía Internacional, 26 mujeres detenidas el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron agredidas sexualmente), allanamiento de domicilios privados y violencia a civiles ajenos al movimiento. Sin embargo, muchos de los acontecimientos siguen sin esclarecerse (Canal Seis de Julio, 2006).

En este sentido, La Jornada también ha surgido como un espacio en el cual OCS, de diversa índole y temáticas, han podido hacer visibles sus labores y propuestas en torno a la defensa de los derechos humanos en casos y situaciones en las cuales la información que generan difiere de aquella que proporcionan las instancias gubernamentales y los medios convencionales, como en los casos anteriormente referidos.

Este Diario también se ha caracterizado por su posición crítica ante los gobiernos dirigidos por el PRI y el PAN, (que representan, desde su perspectiva, al corporativismo tradicional y la derecha neoliberal, respectivamente) así como una clara tendencia de la línea editorial en contra de las políticas de apertura económica y control de la inflación implementadas por representantes de ambos partidos. Su anterior director, Carlos Payán, fue senador por el PRD, tercer partido mayoritario en México y que, dentro del espectro político en México, representa a la izquierda institucional, conocido por sus frecuentes fracturas al interior. Es así que a pesar de la inclusión de una diversidad de causas sociales, su imparcialidad es cuestionable en términos de preferencia política. No muestra amplia cobertura con movimientos en contra del aborto, eclesiásticos, empresariales y de posiciones con las cuales no concuerda. Sin embargo, es de mencionar que el periódico y sus reporteros han recibido frecuentes distinciones como el Premio Nacional de Periodismo, lo cual demuestra, a su vez, un reconocimiento a la objetividad y calidad periodística del mismo.

Análisis de las OCS en México y su presencia en La Jornada

A partir de lo anterior, se realizó una búsqueda hemerográfica de La Jornada de los años 2000, 2003 y 2006 y el primer trimestre de 2001 y 2007. Con los criterios metodológicos antes mencionados se rescataron notas sobre OCS implicadas en la evaluación de la gobernanza –con especial atención al desempeño de las políticas públicas- o que abrieran espacios de interlocución para poder incidir en su diseño. Las notas rescatadas fueron clasificadas como sigue.

Procedencia de la organización:

• Nacional: organizaciones con base en el territorio mexicano.

• Internacional: organizaciones internacionales con base en México (ej. Greenpeace México), organizaciones internacionales sin base en el país pero que mediante misiones realizan evaluaciones de la situación en México en relación a la gobernanza (ej. Amnistía Internacional y Human Rights Watch) y organismos internacionales que realizan evaluaciones puntuales sobre el desempeño del gobierno y las políticas públicas en México (ej. ONU, PNUD, UNICEF, entre otras).

Se clasificaron las notas de acuerdo al campo de acción de las organizaciones: 1) derechos humanos, 2) transparencia y rendición de cuentas, 3) género, 4) medio ambiente, 5) políticas públicas y 6) observación electoral. Bien, entendemos por políticas públicas “cualquier política gubernamental” (Aguilar, 1996: 33) o en su carácter disciplinario, el estudio del proceso directivo del gobierno y la manera en que formulan las políticas como instrumentos a través de la administración pública (Aguilar, 2006:38) en la cual, en un contexto de gobernanza, ya no es sólo una capacidad administrativa y opaca del gobierno, sino que involucra –tanto en su diseño, implementación/ejecución y evaluación- a una serie de actores no tradicionales en diferentes niveles (locales, regionales, nacionales e internacionales) como lo son, en este caso, las OCS. Finalmente, se clasificaron por el tipo de evaluación que llevan a cabo: a) evaluación (del campo de acción social al cual hace referencia ej. medio ambiente-evaluación), b) apertura de espacios de interlocución y diálogo, convocados ya sea por el gobierno o las OCS (consultas, foros, mesas de diálogo, asambleas, entre otras formas de apertura al diálogo) en el cual participan OCS como actores sociales, c) observación del gasto público (del campo de acción social al cual hace referencia), d) comportamiento de autoridades electas -y por tanto no incluye a funcionarios designados como los integrantes del gabinete- y e) evaluación de instituciones públicas (como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, etc.).

Las noticias recabadas fueron organizadas en una base de datos. En total se registraron 330 noticias de La Jornada.

Según los datos de esta investigación, del año 2000 al 2006 se han incrementado las notas relacionadas con la evaluación que realizan las OCS sobre políticas públicas, instituciones, gasto público, o sobre las autoridades electas, así como la apertura de espacios de interlocución. Esto puede indicar i) una mayor cobertura del medio impreso a las acciones de las OCS, y ii) un incremento de la participación de las OCS en la evaluación de la gobernanza y/o apertura de espacios de diálogo (ver gráfico 1). En resumen, de 2000 a 2006 se incrementaron en un 336.84% la presencia de notas de OCS en el diario.

En el caso de primer trimestre de 2001 y 2007 la tendencia es la misma, elevándose de tan solo 17 notas en 2001, a 38 en 2007 (ver gráfico 2).

Con los datos con los que cuenta la base de datos, es difícil hacer una valoración sobre el impacto que las elecciones federales tienen en la evaluación de gobernanza que realizan las OCS y que además tengan presencia en los medios impresos de comunicación. Sin embargo, al observar el número de notas que se concentran en el primer trimestre de todos los años, en 2003 hay una clara tendencia a la baja en la cobertura de este tipo de noticias y/o la participación de OCS en este tipo de acciones, lo que puede responder a que hay poca actividad electoral; a diferencia, el año 2006 que muestra un incremento de 71 notas en 2003 a 166 en 2006 (ver gráfico 1 y 2).

Algo claro en la situación particular de México es la prioridad de los derechos humanos en la agenda social. De las 330 notas capturadas el 50% tratan el tema de los derechos humanos (ver gráfica 3). Le sigue “políticas públicas”, “medio ambiente”, “género” y al final “transparencia y rendición de cuentas” y “observación electoral”. En las notas de derechos humanos resalta, a su vez, la ineficiencia y las faltas a la defensa de estos derechos, en particular de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República. Asimismo, de las 166 noticias sobre derechos humanos, 56 son evaluaciones de la situación de los derechos humanos en México y/o análisis de casos particulares de violación a derechos humanos que resaltan las ineficiencias del sistema de impartición de justicia en el país; 53 notas hablan sobre evaluaciones de instituciones públicas violatorias de los derechos humanos o encargadas de garantizar estos derechos y 44 notas buscan la apertura y/o participan en espacios de interlocución con diversos actores de la sociedad y el gobierno (ver tabla 2). Un buen ejemplo de espacio de interlocución son las notas que trataban sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos impulsada por OCS y el gobierno, iniciativa que a la fecha no ha sido aprobada; así como las visitas de relatores especiales en materia de derechos humanos como aquellos de Amnistía Internacional (AI) y/o de organismos internacionales como las Naciones Unidas y sus diversas oficinas.

En el caso del campo de acción “políticas públicas”, que representa el 23% del total de noticias, 28 de sus 76 notas son evaluaciones de políticas públicas no relacionadas con los otros campos de la acción social que se retoman en la investigación, por ejemplo, políticas educativas, campesinas, de seguridad pública, económicas, laborales, infantiles, entre otras. En estas categorías se incluyeron noticias como los movimientos a favor de la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, evaluación de políticas del campo, evaluaciones de desempeño de la educación en México por parte de organizaciones nacionales e internacionales, balance de políticas laborales realizada por organizaciones de trabajadores, así como informes sobre migración. Siguiendo esta línea, 25 de las notas sobre políticas públicas se relacionan con los espacios de interlocución y diálogo para el diseño de las mismas. En este campo se clasificaron las noticias sobre foros, marchas, y mesas de diálogo con temas como reforma laboral, educativa, campesina, energética y las políticas en materia de migración (de mexicanos a EU y centroamericanos a México). En 10 de las notas se realizan evaluaciones de las instituciones encargadas de ejecutar las políticas públicas, lo cual representa un escaso 13.2%, y en el caso de la observación del gasto público, esencial en las políticas, se capturaron tan sólo 7 notas (ver tabla 2).

Fuente: Elaboración propia a partir de información de La Jornada. Todos los años.

Es impactante cómo el tema del género es poco tratado por los medios. En los 3 años y 6 meses que se investigaron, tan sólo 28 notas de evaluación realizada por OCS se dedican a problemas y políticas que tienen que ver con este campo de acción social. En este rubro se agruparon las notas relacionadas con políticas de género (de corte laboral, migratorio, derechos humanos y políticos, entre otros), así como evaluaciones realizadas por situaciones de violencia y agresión sexual, como es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se han registrado más de 430 mujeres asesinadas y aproximadamente 30 desaparecidas.(Amnistía Internacional, 2008: 7). La problemática del género ha sido una temática que se ha abordado, primeramente, por países desarrollados y sus respectivas organizaciones. En México, la agenda social vigente aún no ha sido capaz de alinearse con las temáticas que abordan las OCS en la agenda internacional, en tanto no se ha logrado transitar de las problemáticas básicas persistentes en el país –como lo son claramente la violación a los derechos humanos- correspondientes a la realidad social mexicana, razón por la cual puede que no sea abordado ampliamente por los medios ni por las organizaciones mexicanas. Por otra parte, es importante resaltar que en México, la cuestión del género, cuando es tratado, es mayoritariamente en los casos relacionados con el respeto/falta a los derechos humanos y, en este sentido, sigue tratándose más como una cuestión coyuntural y responsiva a casos específicos y no el estudio sistemático que guarda la situación del género en la sociedad mexicana.

Principales Organizaciones con presencia en medios

Las organizaciones con mayor presencia en La Jornada son, en primer lugar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, seguido por Greenpeace y Amnistía Internacional (AI) -que ocupan ambos el segundo lugar- y la Red Nacional Todos los Derechos para Todos (RTLDPT) en tercero. En realidad, el Centro Miguel Agustín Pro tiene contemplada, como una de sus actividades de difusión, el uso del recurso mediático (Felix y Diez, 2008: Ficha 7). El Centro Pro, fundado en 1988 por la Compañía de Jesús en México, realiza tareas de evaluación, defensa y promoción de los derechos humanos en México. Es conocido por el manejo de casos emblemáticos que reflejan las deficiencias estructurales en el respeto a los derechos humanos, como lo es el caso de las mujeres agredidas sexualmente en Atenco, y el caso de un par de ecologistas guerrerenses acusados de delitos contra la salud a través de una declaración obtenida por medio de la tortura. Este caso lo llevaba la abogada del Centro Pro, Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre de 2001 presumiblemente por su vinculación con este asunto (Escamilla, 2008: Ficha 3).

Greenpeace y Amnistía Internacional son los segundos organismos con mayor cobertura en el diario. El medio internacional tiene un impacto importante en que los informes, recomendaciones y demandas en México sean escuchadas por la justicia internacional, por lo que muchas veces las organizaciones nacionales, en un intento de impactar en forma de “boomerang”, envían sus informes a relatores de las Naciones Unidas (ONU), de Amnistía Internacional (AI), o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la intervención de estas organizaciones internacionales ejerza presión sobre las decisiones del gobierno nacional (ver gráfica 5).

La Red Nacional Todos los Derechos para Todos es una red de organismos que se relaciona con movimientos como el FPDT, la APPO, el EZLN, entre otros. Elabora informes de violaciones a los derechos humanos, mayoritariamente en los casos mencionados.

Un resultado interesante es también la poca presencia en medios que tienen organizaciones importantes en la evaluación de la gobernanza en México, como lo son Transparencia Mexicana, Incide Social, y Fundar. Estas tres organizaciones y la Fundación Este País –que no tiene ninguna aparición en el diario- son de las organizaciones que más realizan evaluaciones de políticas públicas y gobernanza que, curiosamente, también trabajan el tema de la observación electoral, transparencia y rendición de cuentas, dos de los campos de acción con menos presencia de notas de OCS (ver gráfico 3 y 5). Una razón para que esto suceda la brinda Nuria Ortega (Ortega, 2008: Ficha 4). Ortega menciona que estas organizaciones son centros de investigación aplicada para la evaluación de políticas públicas en México (think tanks) muchas de las cuales trabajan con financiamiento externo para la realización de proyectos específicos. En este sentido, las evaluaciones que éstas organizaciones realizan se intercambian más a nivel interinstitucional (con poderes públicos y actores internacionales a manera de informar y realizar recomendaciones en temáticas específicas) y no necesariamente pretenden tener un impacto mediático.

1.CMAPRO- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

2.GP- Greenpeace

3.AI- Amnistía Internacional

4.RTLDPT- Red todos los derechos para todos

5.LIMEDDH- Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

6.CMDPDH- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

7.CCIDODH- Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

8.AC- Alianza Cívica

9.AMDH- Academia Mexicana de Derechos Humanos

10.TM- Transparencia Mexicana

11.CIDH- Comisión Interamericana de Derechos Humanos

12.SF-Sin Fronteras I. A. P

13.FrayBar- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

14.HRW- Human Rights Watch

15.CDHFVitoria- Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria

16.CNDH- Comisión Nacional de los Derechos Humanos

17.Fundar

18.GIRE- Grupo de Información y Reproducción Elegida

19.UNORCA- Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas

20.CEMEFI- Centro Mexicano para la Filantropía

21.MCD- Movimiento Ciudadano por la Democracia

22.CC-Causa Ciudadana

23.RMALC- Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio

24.TM- Transparencia Mexicana

25.INCIDE- Incide Social

En cuanto a la procedencia de las organizaciones, se puede ver que la presencia de organizaciones internacionales en medios impresos en México aún es reducida, representando tan sólo 20% de las organizaciones con presencia en medios. Hay que tomar en cuenta, a su vez, que muchas de las evaluaciones que organizaciones internacionales realizan sobre situaciones en México son efectuadas por organismos internacionales como la ONU y sus diversas oficinas, aunque no son las únicas. También hay que considerar a organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional. La primera se caracteriza por hacer reportes anuales y la segunda a tener injerencia en coyunturas específicas. Greenpeace utiliza el recurso mediático como estrategia de impacto y presión a las autoridades responsables de la ejecución de las políticas ambientales (Ficha 12).

Como se ha mostrado, la información hemerográfica ordenada puede servir como un retrato de las OCS en México y su presencia en medios, asimismo se puede dar idea de la manera en que se comportan los diversos campos de la acción social y su importancia de acuerdo con contextos sociohistóricos específicos. Como se puede ver a partir de la gráfica 7 y 8, todos los campos de acción social contemplados para la investigación incrementan el número de notas en 2006. En 2006 se llevaron a cabo las controvertidas elecciones federales donde contendieron Felipe Calderón por el PAN, Andrés Manuel López Obrador por el PRD y Roberto Madrazo por el PRI. Tras una contienda cerrada entre los primeros dos candidatos mencionados y una serie de irregularidades registradas en los comicios y durante la campaña electoral, se proclamó a Felipe Calderón como Presidente electo, lo cual impactó de manera negativa en la legitimidad del nuevo gobierno. Las campañas de organizaciones de observación electoral tuvieron mayor presencia en los medios que años pasados.

A raíz de 2006 y las elecciones, se realizan una serie de evaluaciones del desempeño del anterior gobierno en materia de políticas públicas. Por otra parte, en el campo de los derechos humanos se muestra un incremento acentuado en el número de notas (de 26 en 2003 a 84 en 2006). Según Marie-Josée Mássicotte, el creciente uso de la represión y la crisis económica de 1981 jugaron un papel catalizador en la multiplicación de organizaciones civiles mexicanas (Mássicotte, 2001:5). El 2006 fue un año en que destacaron de forma notable las violaciones a los derechos humanos por parte de cuerpo policiacos. Tuvieron lugar los sucesos en San Salvador Atenco con el FPDT y en Oaxaca con la APPO, ambos movimientos reprimidos violentamente. Pero no fueron estos los únicos casos, también tuvo lugar el caso de la reportera Lydia Cacho en donde no sólo se reporta abuso de autoridad, sino que puso de manifiesto una red de corrupción y pederastia que incluía a altos funcionarios del gobierno, como el actual gobernador del estado de Puebla Mario Marín (PRI), y el empresario de origen libanés Kamel Nacif, además de que ratificó que México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión de periodista (La Jornada, 23/11/06).

Conclusiones

A partir de la recopilación hemerográfica realizada por el grupo de investigación se pueden resumir algunas de las ideas de la ficha aunque, es de mencionarse también, que estas cifras deben leerse cuidadosamente y no tomarse como datos absolutos sino tendencias en tanto que involucran el criterio del investigador tanto en la selección y clasificación de las notas como en su interpretación. Sin embargo, se puede sostener lo siguiente:

• Las noticias relacionadas con evaluación o apertura y/o participación en espacios de interlocución de OCS se han incrementado considerablemente de 2000 a 2007. Esto puede indicar una mayor apertura de los medios de comunicación impresos, en este caso La Jornada y/o una mayor participación de las OCS en este tipo de acciones, dando paso a una generación de organizaciones más propositivas que espectadoras y que cada vez más utilizan el recurso mediático para dar a conocer sus propuestas;

• La defensa de los derechos humanos se muestran como un tema de gran relevancia para la sociedad mexicana, ya que una gran cantidad de las notas hacen alusión a este campo de la acción social. Esto demuestra que aún existen grandes deficiencias en el sistema de impartición de justicia que aun utiliza prácticas violatorias de las garantías individuales y libertades básicas, así como una incapacidad por parte de las instituciones de hacer valer estos derechos;

• Los derechos económicos y sociales son poco abordados por los medios de comunicación impresos, lo cual demuestra la dificultad de consolidar una plataforma de diálogo para hacer estos derechos exigibles y que aún están pendientes otros temas en la agenda social –como lo son los derechos humanos- por lo que no se ha logrado incorporar del todo a la agenda social doméstica, la internacional;

• La transparencia y rendición de cuentas aún no es un campo en el cual se incursione ampliamente por parte de las OCS con presencia en medios y se mantiene aún como un campo de evaluación para organizaciones profesionalizadas, tipo think tanks, en este tipo de acciones acordes con una agenda internacional.

Finalmente, es complejo hacer un balance de las OCS que realizan evaluación de gobernanza en México, puesto que aun la participación de la sociedad civil es un proceso incipiente en el país. La importancia estratégica de los medios de comunicación como mecanismo de incidencia en la opinión pública ya está siendo incorporada en las agendas de trabajo de las OCS, pero aún no tiene uso extendido. Sin embargo, el hecho de que existan OCS que realicen evaluación, busquen espacios de interlocución con el gobierno y distintos actores de la sociedad, y que además estén en aumento es un buen indicador de la capacidad emergente de autogestión de la sociedad participativa en constante negociación para la elaboración de decisiones públicas y demás estructuras que definen a la gobernanza.

Bibliografía y enlaces por internet:

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