El análisis del conflicto armado actual en Colombia es un elemento que se puede abordar desde diferentes perspectivas; aunque, desde cualquiera de ellas el énfasis en el factor social es determinante para la comprensión de dimensiones variadas respecto a las problemáticas del conflicto como tal. Acercar la mirada a esa sociedad que es espectadora, víctima y en el caso particular de la presente ficha mediadora en dichos fenómenos, es acercarse tal vez de una manera más receptiva hacia los alcances de los procesos de la participación social.

La mediación en épocas y espacios diferentes de conflicto armado en el país es un esfuerzo con una historia bastante compleja y es por esto mismo que para poder contribuir a ella, se presenta indispensable abordar un tema no tan comúnmente analizado y es la mediación realizada por las Asambleas Constituyentes – fenómeno de las últimas décadas en nuestra historia -. Siendo un fenómeno bastante particular en la materialización de la participación social organizada históricamente, la intervención de dichas Asambleas en la resolución de conflictos armados es apenas una de las variables de las representaciones, manifestaciones y organizaciones sociales, por lo cual de la rigurosidad de este acercamiento depende el espacio que se le quiera otorgar a este nueva voz social organizada.

Para lograrlo es necesario mencionar algunos de los factores fundamentales que complejizan este análisis tanto analítica como pragmáticamente: el debate sobre el sustento legal y la gran controversia acerca de la legitimidad de dichas asambleas implica preguntarse por sus acciones, la legitimidad de las mismas y sus fuentes de poder. Por otro lado está la problemática de la mediación con grupos armados donde las justificaciones evidenciarían el verdadero papel del Estado - ¿ausencia? – y a partir de esto ver si se trata de un mejoramiento de realidades. Con esto se trataría fundamentalmente de encontrar los diferentes vínculos que podrían relacionar un contexto histórico claro con el progresivo desarrollo de una conciencia y necesidad de cambio. Una visión que tenga en cuenta los resultados, los actores, las circunstancias y los métodos de diálogo para un análisis de las soluciones alternativas a la construcción de la paz.

Teniendo esto claro, es posible visualizar diferentes ejes de análisis para abordar esta temática, dentro de la lógica de la violencia o, mejor, de la violencia crónica¹ que propone Jeanny Pearce haciendo referencia a la realidad colombiana. La presentación de un caso particular de mediación de una Asamblea Constituyente, el de Micoahumado² en el año de 2002 constituye el primero de ellos, siendo el modo más ilustrativo sobre los alcances de dichas organizaciones sociales, y a partir de esto poder comprender los mismos alcances de la teoría de conciliación y la paz en una realidad perturbada.

Posteriormente, la herramienta histórica del contexto en Micoahumado brindará la posibilidad de ver hasta qué punto la legitimidad de la acción mediadora de esta y de otras Asambleas está determinada por una serie de hechos coyunturales que las rodean y que terminan presentando posibles explicaciones a lo hecho, constituyendo así el segundo eje analítico. Es tratar de ver de qué manera se puede desarrollar la teoría del accionar y la práctica como convergencia en la participación social y en los diferentes tipos de mediación que han venido surgiendo en la historia social del país desde las últimas décadas del siglo XX. Y finalmente, el tercer eje de análisis está enfocado hacia la reflexión más profunda de los mecanismos de paz dentro de la lógica misma del conflicto, para acercarse de una manera más directa a los alcances ya pensados, desde la teoría y la práctica, de dichas acciones de mediación. Aunque, como apunte final a manera introductoria a la problemática de la mediación de las Asambleas Constituyentes en el conflicto armado, se debe mencionar que la de Micoahumado no es el único caso. También se pueden nombrar aquellas de Mogotes en Santander (hacia el centro del país), la de Sonsón en Antioquia (al oeste) y la de Aguachica en el Cesar (al nor – este del país).

1. Micoahumado: realidades y perspectivas de una mediación

“Un compromiso que abre posibilidades para construir cambios que permitan la paz y que se pueda avanzar en un proceso de construir comunidades” (El Tiempo, 2005) es una de las afirmaciones del guerrillero Pablo del frente José Solano Sepúlveda del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en una entrevista hecha por el diario el Tiempo luego del proceso de desminación realizado por este grupo armado en el pueblo de Micoahumado, al sur de Bolívar. La pregunta desprevenida que seguiría en términos lógicos a esta afirmación es el por qué de este proceso y de qué manera la inseguridad que implica vivir en un territorio minado puede llegar a generar reflexiones sociales de alcance pacificador.

Al sur de Bolívar, en un espacio donde históricamente convergieron pobladores y, por ende, tradiciones de diferentes regiones del país como Boyacá, Santander y algunas zonas costeras, se encuentra este pequeño pueblo de 7000 habitantes donde las escasas condiciones de vida solían mezclarse en la cotidianidad con encuentros armados entre el frente ya mencionado del ELN, el frente 37 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y grupos paramilitares. Un lugar que algunos incluyen dentro de “una de muchas regiones de Colombia a la que el gobierno nunca le ha prestado atención” (La Prensa, 2005) y que, por ende tiene una historicidad marcada por la pobreza, la escasez de servicios públicos garantizados y, sumado a esto una ausencia de seguridad “legítima” por parte del gobierno desde mediados de los años 80.

Hablar de la “ausencia” del Estado, es acercarse vagamente al ciclo de explicaciones que se deben buscar para entender el surgimiento de asociaciones colectivas como es el caso de Mogotes, Santander (Primera Asamblea Constituyente del país) en el año de 1997 por un enfrentamiento del ELN hacia los poderes políticos como la muestra más evidente de una larga temporada de inseguridad y corrupción o, el caso específico de análisis en Micoahumado y más específicamente de la Asamblea Constituyente que se formó en el 2002 en dicho lugar para responder a la necesidad de asegurar las condiciones de vida a partir de una ausencia de Fuerzas Armadas o instituciones nacionales que garantizaran una seguridad, después del ataque paramilitar en diciembre del 2002 como parte de una serie de ataques y sus consiguientes efectos de respuesta violenta por parte del ELN.

La Asamblea Constituyente de Micoahumado, posteriormente llamada “comunidad constructora de paz” (La Esquina Regional, s.f) comenzó siendo una simple voluntad colectiva por encontrar una postura frente al conflicto o, mejor, una solución que no se limitara a “unirse a un bando” o sumarse a la lista de desplazados por la violencia, sino que, por el contrario se encaminara hacia alternativas para llegar a un acuerdo de tranquilidad generalizada. Valdría la pena cuestionarse desde este momento cómo esos sistemas de colectividad que parten de una realidad violentada tienden en algunos casos a la obediencia de lo impuesto o, como en el caso presente oponen resistencia desde la democracia y el diálogo con la lógica implícita de la no – violencia expuesta por Chantal del Sol (del Sol en Cante, 2007, Pp. 68-69); se refiere específicamente a este término como la generación de crisis moral en quien detenta la violencia para conseguir el fin último de quitarle el sentido a la violencia misma.

Pero, tratando de profundizar un poco se podría llegar a cuestionar el verdadero sentido de la participación de los micoahumadeños en términos de la resistencia social ya que, ¿cuál es la verdadera relación entre la resistencia como proceso democrático y la no – violencia como resistencia a los procesos tradicionales de seguridad nacional? Se podría decir que es una relación de reciprocidad política ya que las condiciones sociales de una población determinada (condiciones de vida, seguridad, soberanía,..) deben estar satisfechas de alguna manera; y en el momento en que el ente tradicional que debe asegurarlas no se hace presente, en este caso la no – violencia de las Asambleas Constituyentes se presenta no sólo como una solución pragmática para dicha comunidad, sino más bien como una alternativa de vida social donde las funciones que se cumplen van desde la satisfacción de las necesidades básicas hasta una reconceptualización política del poder del pueblo organizado.

Es finalmente ahondar en los verdaderos significados no sólo de la no-violencia sino también de la resistencia misma, donde se expanda la mirada un poco más allá de la explicación teórica de lo que debería pasar y del teórico y casi intangible principio donde el poder reside en el pueblo. El punto estaría más bien en preguntarse, claramente según las condiciones específicas que circundan una situación específica a quiénes se hace referencia con ese término de pueblo y de qué manera lo que ha sido estereotípicamente relacionado entre resistencia y caos puede transgiversarse cuando se piensa que resistir puede partir de lo pacífico, de la lucha verbal contra la armada y de la mediación dialogada como un camino hacia la construcción de la paz; y es precisamente en este método de resistencia social en un nivel de organización bastante complejo en el que se debe pensar cuando la mente se dirige hacia Micoahumado como el ex centro de enfrentamientos entre ELN, FARC y paramilitares.

La violencia, además, estaba materializada en pequeños artefactos explosivos incrustados debajo de la tierra que hacían de la tranquilidad una utopía y de las comunicaciones un riesgo permanente: las minas antipersonales fueron el motor y el objetivo último de la Asamblea Constituyente de la población de Micoahumado. Como hay que partir de realidades, se debe aclarar que dicha asociación comunal logró, con la ayuda de instancias religiosas, convocar a representantes de las fuerzas violentas a una reflexión sobre el miedo y la inutilidad de los ataques incesantes hacia la población inocente; caso similar al de Mogotes antes mencionado donde este impulso por parte de la iglesia logró motivar la sociedad hacia la conformación de una Asamblea que también encontró en el diálogo no sólo el cese al fuego en ese momento coyuntural, sino incluso hasta hoy en día, más de diez años después, se evidencia un ambiente de tranquilidad entre los habitantes del municipio y algunos pasos hacia la conformación de una política pública de honestidad. En Micoahumado, fue en marzo del 2003 donde el proceso de desminación marcó esta gran incidencia social en términos de beneficio de la comunidad, luego de dos años de haber sido instalados dichos artefactos, según las declaraciones del guerrillero Pablo (El Tiempo, 2005), en la carretera que comunicaba Micoahumado con la Guásima, otro pueblo con el que se continuaba la comunicación con la gobernación. El pacto de no enfrentamientos con civiles, ni la exigencia de someterse a un grupo determinado eran ahora una nueva realidad para los habitantes.

Con esto último se hace referencia a que, a través de esta mediación, los grupos al margen de la ley se comprometieron a detener cualquier tipo de ataque hacia la población civil, ya sea de tipo directo con enfrentamientos armados o, de manera más indirecta, eliminando la necesidad por parte de los habitantes del municipio de tener que apoyar alguno de los bandos enfrentados (aquellos grupos o las fuerzas armadas legítimas del gobierno) para poder garantizar su seguridad sin tener mayor opción. Incluso dentro de las mismas resoluciones acordadas por la Asamblea de Micoahumado luego del proceso de pacificación que se inició con los grupos armados están especificadas las diferentes cláusulas - ¿leyes propias? –, las cuales tanto los habitantes como aquellos combatientes - ¿rebeldes? – debían seguir; por mencionar unos ejemplos: “Se prohíben los informantes, para uno u otro bando, que desestabilicen la tranquilidad de la población. La primera vez que se le compruebe será retenido en un calabozo comunitario y si reincide será expulsado de la región. Se prohíbe a cualquier grupo armado utilizar civiles para cobrar tributos. Se prohíbe a los grupos armados asistir a las reuniones de la comunidad. Toda persona que utilice a un grupo armado para solucionar sus problemas personales, será considerado como miembro de la organización a la cual utilizó.” (El Tiempo, 2005) Se trata de la presentación de estas conclusiones a las cuales llegaron los diferentes líderes comunales agrupados en la Asamblea Constituyente como representantes de las necesidades de las diferentes veredas adyacentes al corregimiento de Micoahumado – es aquí donde se empieza a esbozar la complejidad de la organización social alcanzada en dicha Asamblea en términos de representación - .

Partiendo de esto se puede llegar a percibir cierta “madurez” en cuanto a las reflexiones de los integrantes de la Asamblea ya que, una vez adelantada una conciencia sobre la autonomía, el derecho a la tranquilidad y la lealtad misma a unos principios, los logros alcanzados a partir de la desminación no se quedaron en ese objetivo cumplido, sino que siguieron profundizándose en la multiplicación de espacios de participación, el reconocimiento de ayudas externas³ y, sobre todo la recuperación de su calidad de vida paulatinamente con la facilidad de las comunicaciones y la apropiación de los bienes comunes como era el caso del acueducto continuamente entorpecido dentro de las realidades del conflicto. Aclarando finalmente que, aparte del diálogo como herramienta fundamental de mediación en este caso particular, las diferentes marchas y huelgas llevadas a cabo por los habitantes del pueblo se constituyeron en ese lenguaje de protesta y pacificación dentro de la cual las minas, la seguridad y la necesidad fueron los motores que impulsaron las pasiones.

Para terminar la reflexión sobre estos datos puntuales sobre un caso específico de mediación, vale la pena preguntarse si los alcances de esta experiencia van a poder tener un eco directo sobre las estrategias de participación social en aquellos territorios donde el Estado no ha mostrado un claro mantenimiento de la ciudadanía (incluyendo la seguridad) ya que, según Velazco la capacidad contestataria se fomenta desde la violencia, la influencia de poderes sobre las instituciones, la democracia delegativa y la debilidad de la sociedad civil (entre otras muchas razones) (Velazco, Pp. 74). Es decir que este autor al plantear la problemática puntual de la organización social como respuesta a una asociación directa – y claramente no específicamente beneficiosa para la sociedad- entre el poder y las instituciones, dejaría abierta la posibilidad de preguntarse ¿bajo qué parámetros legales se deben entender las nuevas formas de participación social que confían en tener una legitimidad desde su propia cotidianidad? Será posible entonces a partir de las consideraciones del segundo eje temático ahondar en las consideraciones de la legitimidad en un plano que, aun partiendo de las acciones, brinde los elementos para mirar de una forma más objetiva la participación específica de las Asambleas Constituyentes.

Es decir, ¿Cómo se debe entender un caso como el de Micoahumado que se racionaliza luego de la práctica en términos generales? O, incluso en el caso particular de Micoahumado ¿cuáles serían los alcances reales de una intervención de las fuerzas armadas del Estado cuando hay ya todo un recorrido histórico de intervenciones de otra naturaleza? Es tal vez la finalidad del presente trabajo: pensar en una realidad ya existente y partir de ahí no para hablar de un futuro, pero por lo menos para comprender el contexto en el que se enmarca, ahondar en las reflexiones pertinentes. Aunque, un poco al margen pero no menos importante, valdría la pena también pensar en el rol de los medios de comunicación ya que las informaciones que se tienen de dichos hechos son acercamientos muy vagos y de carácter informativo – divulgativo, más que indagaciones profundas y directas hacia el corazón de los problemas-. Se trata así de poner en evidencia una necesidad científica pero aún más importante, crítica acerca del desarrollo de nuevas formas de organización y participación social.

2. Procesos de mediación y reflexiones sobre la legitimidad

Para acercarse a las Asambleas Constituyentes desde una perspectiva un poco más académica y reflexiva, se puede partir entonces de la problemática de lo que puede llegar a legitimar la constitución y el consiguiente desarrollo de dichas Asambleas. Para esto, se presentan pertinentes las reflexiones propuestas por León Olivé donde se reúne la conjunción de los postulados de Habermas (Habermas, 1973, 1984) entorno al poder y la influencia que tiene la interacción entre una sociedad que siente sus necesidades satisfechas y que se siente identificada con un grupo de individuos representantes. Se trata de una concepción independiente del proceso de reconocimiento de la participación social dentro de unas dinámicas de relaciones entre individuos que comparten fines comunes que parten desde la cotidianidad y desde la simple opinión colectiva: “La legitimación se daría en el interior de una misma comunidad epistémica. Esto es, puede haber una disputa conducida racionalmente entre los miembros de la misma comunidad. Una vez agotados todos sus recursos culturales, sin ejercicios de fuerza no racionales, puede llegarse a un acuerdo acerca de la estructura de poder, la toma de decisiones, la capacidad de influencia y la posibilidad de mando, así como sobre la estructura de la distribución de recompensas morales y materiales en su sociedad. De este modo el sistema quedaría legitimado para sus propios miembros.” (Olivé, 1987, Pp. 142)

Se trata entonces de comprender con esta afirmación que lo que se construye comunalmente como una necesidad, una cotidianidad compartida y un reconocimiento colectivo de lo que se conoce por realidad es lo que convierte a una sociedad representada en una comunidad epistémica que, según este autor es la que, partiendo de esta experiencia pensada, tiene la capacidad de legitimar las Asambleas como materialización de la organización, la representación y la nueva constitución de un orden. Se logra entender así a la parte de la sociedad que va a conformar la Asamblea Constituyente como una comunidad que tuvo la capacidad de reunir las diferentes experiencias individuales en una realidad colectiva, que tuvo que ser pensada desde sus mismos orígenes para poder establecer ciertos campos de acción; una comunidad que se convierte en epistémica desde el momento en el que tanto los orígenes de su realidad como los mecanismos de transformación de las mismas, entran en una esfera de reflexión profunda para convertirse en proyectos de acción guiados por el razonamiento y en proyecciones de una participación social como derecho y deber. A partir de esto, ¿cómo se logra la transposición de la legitimidad desde las acciones de las Asambleas Constituyentes a un espacio más general que lo individual desde una perspectiva de colectividad? Es decir, ¿Qué proporciona el proceso de legitimación? Es tal vez una reflexión profunda sobre la apropiación de unos derechos, el sentimiento de ciudadanía desde la participación y el poder cambiar realidades desde una colectividad lo que podría brindar un acercamiento a las problemáticas de fondo.

Refiriéndose específicamente a los espacios de mediación en el conflicto armado, esta definición del proceso de legitimación puede ser interpretado como el medio racional inconsciente al cual están adscritos quienes están llevando a cabo determinadas acciones; con esto se hace referencia a que, en una realidad de conflicto se generan ciertas dinámicas de comportamiento que se interiorizan en la cotidianidad, convirtiendo la seguridad en una búsqueda ya inconsciente que tuvo que ser pensada racionalmente en términos de garantías desde los choques sociales; entendiendo además que la lógica misma de un enfrentamiento armado trae consigo una continua dialéctica entre quienes atacan – por las razones que los motivan a mantener una lucha –, quienes son atacados y, finalmente quienes se sienten atacados sin estar vinculados directamente con el conflicto – hablando ya por ejemplo de una población como la de Micoahumado o la de Mogotes donde su intención nunca fue la de ser un combatiente más, sino de hacerse escuchar pacíficamente-.

Es precisamente desde ahí que se debe comprender que la legitimidad que se le otorga a la resolución del conflicto es, en una primera instancia a un nivel interno – ajeno y en segundo lugar a uno externo – activo. La primera de estas categorías se puede referir al primer nivel de esa comunidad epistémica de una realidad social pensada por aquella comunidad receptora planteada por Olivé y ya mencionada anteriormente que, en el caso particular de las Asambleas, es un círculo social específico, circunscrito a la territorialidad del conflicto, que rodea las iniciativas de diálogo con los diferentes grupos armados; pero que logra tal punto de organización, que la representación de unas aspiraciones colectivas se convierte en la herramienta de funcionamiento de la acción misma. Es así como lo ajeno de esta comunidad está determinado por la no participación directa de todos los integrantes pero que, finalmente, constituyen lo epistémico en cuanto a que tanto el problema como la solución son pensados como mecanismos de reacción frente a una situación específica. La puesta en práctica de un diálogo se constituye así en el eje racional de la recapacitación. El elemento interno de esta primera categoría estaría comprendiendo así a esta comunidad generadora de una reflexión sobre una realidad específica que, al mismo tiempo que se constituye como este “motor” interno de una reflexión y una acción, es a la vez, ajena ya no a la realidad, sino a los mecanismos de acción que así estén orientados hacia toda la comunidad receptora, es apenas por algunos de ellos que se llevan a cabo. Y así, el diálogo se puede comprender ampliamente como esa pauta de acción directa que se convierte en racional desde que la realidad es pensada desde una necesidad de cambio y la mediación como el vehículo de transformación.

Se trata fundamentalmente de ver cómo los diferentes tipos de participación social encaminados en la lógica de no – violencia de Chantal del Sol ya mencionados (del Sol en Cante, 2007, Pp. 68) como fueron las marchas, las huelgas y los diálogos principalmente, se constituyeron en las bases del tejido de la construcción hacia una paz inmediata que correspondía a su vez – así no fuera estrictamente pensado así - a un proceso a largo plazo. Termina siendo así una justificación práctica – a partir de realidades concretas - de una legitimidad de la acción de mediación desde dos dinámicas diferentes pero complementarias: por un lado se trata de la construcción de una conciencia de acción hacia la consecución no violenta de la tranquilidad para detener el ciclo sin fin de enfrentamientos de guerra; y, por otro lado, esta misma no – violencia se constituye como un punto más en la complejidad de la realidad tanto temporal como espacial que impone un conflicto armado. Esa misma realidad que termina por alterar el papel del individuo víctima pasivo, para transformarlo en el ciudadano que reconoce sus derechos y deberes, así sea de manera inconsciente, y asume el papel de agente mediático que ve en quien combate un locutor racional y no necesariamente un enemigo al cual hay que destruir.

En cuanto a la segunda categoría – externo /activo -, la influencia de los agentes externos como los ya mencionados, se convierte en directa y activa en el proceso de legitimación en cuanto a que los diálogos con los grupos armados al margen de la ley representan en un nivel mucho más amplio que el de los micoahumadeños, un reconocimiento de procesos para la construcción colectiva de la paz. Se trata de ver que aquellas iniciativas desde el círculo interno son las generadoras activas de experiencias de un alcance mucho más que el local, al convertirse en una injerencia racional en el panorama externo de la cotidianidad de un municipio y de un país en conflicto. Es precisamente el sistema al que hace referencia Olivé en donde se debe pensar que el proceso de legitimación viene constituyéndose desde una perspectiva primero interna (por parte de quienes encuentran un fundamento lógico en lo que hacen) y luego, externa en cuanto a que es ese otro reconocimiento ya es en un nivel casi “identitario” con el grupo social mediador. Se trata finalmente de ver que ese segundo nivel – el externo – que está apoyado en perspectivas desde afuera, tiene unos alcances bastante relevantes en el proceso de la legitimación ya que termina por completar ese vínculo entre lo teórico del reconocimiento y lo práctico en cuanto a que se le otorga desde otro nivel un valor a lo práctico de la mediación.

Como es el caso, por mencionar un ejemplo, del ya referenciado de Mogotes, Santander, en donde este segundo nivel de legitimación desde lo externo se puede decir que se hizo bastante evidente y se puede reconocer fácilmente con el hecho de ver que fueron varias organizaciones externas como Redepaz y otras internacionales que vieron en esta primera experiencia no sólo una experiencia para difundir, sino que fueron éstas las que le dieron ese impulso a dicha Asamblea para que se constituyera como tal (al lado de la iglesia) y se reforzara como espacio de participación social legítimo desde la colaboración asistencial y pedagógica (por medio de capacitaciones sobre la participación, la legitimidad, la violencia, la política,… para los integrantes de la Asamblea). Es también el caso de de la intervención de la iglesia en el proceso de Micoahumado donde fue un eclesiástico quien dirigió el primer encuentro de diálogo entre los civiles y los civiles armados al enterarse del proceso de conciliación que querían llevar a cabo dichos ciudadanos; esto pone en evidencia esa interlocución entre una determinación social y un apoyo de un poder cercano a esa misma colectividad activa, la que se lleva consigo la cooperación de un poder real y simbólico; y es así porque termina por tener una incidencia directa en el proceso de mediación desde esos mismos dos poderes: fueron las diferentes organizaciones (en el caso de Mogotes) y un representante eclesiástico (en ambos casos) quienes logaron concretar el primer encuentro desde los avances ciudadanos y aquellos que simbólicamente implicaban la presencia e intervención de la iglesia que le otorga determinados matices a la mediación en sí.

Pero, partiendo de este doble proceso de legitimación, ¿se podría pensar en la legitimidad de una acción de mediación más como una consecuencia que como un punto de partida? Y si esto es así ¿Cuál es el verdadero sustento del cual parte el proceso de legitimación? Responder a esto sería entender la problemática de la mediación desde un sentido amplio de la paz en términos de resultado complejo; aunque sería también pertinente analizarlo desde la manera como se articula ese contexto social con la mediación en sí que, desde lo pragmático se convierte en el fundamento de una acción colectiva, como podría traerse la constatación de Zuluaga cuando dice que: “esta naturaleza [de negociación] responde a la concepción de que la paz es más que la desactivación de la confrontación armada. Que es sobre todo justicia social, condiciones para la convivencia en la diversidad, respeto activo de la pluralidad étnica, cultural, religiosa y política, posibilidades reales para la confrontación política civilista. En síntesis, es la paz basada en la justicia social con contenidos de libertad e igualdad.” (Zuluaga, 1997, Pp.22)

Se podría entonces concluir esta reflexión sobre el reconocimiento y la legitimidad de la acción colectiva en el conflicto armado con tres puntos fundamentales: Primero, que la legitimidad de las acciones está mediada por el reconocimiento de los resultados tanto a nivel interno como externo; segundo, que la naturaleza de los conflictos es la que conduce al proceso de participación social organizada desde la percepción de una ausencia del Estado: “(…)la contestación aumenta en la medida en que se deterioran las capacidades ciudadanas y las del Estado” (Cante, 2007); tercero, que la reflexión sobre los alcances de dicho reconocimiento pueden llegar a tener una incidencia directa sobre la autodeterminación de las acciones mediadoras en conflicto y también en referencia a la utilidad de las herramientas – que se vuelven legítimas – utilizadas en el proceso racional de resolución.

Finalmente, como última reflexión se podría proponer para el caso expuesto de Micoahumado cómo, en primera instancia la violencia y en segundo lugar la redacción de decretos específicos como síntesis de los acuerdos logrados, se pueden constituir como las bases fundamentales que sustentan el discurso de la Asamblea Constituyente; conocerlo en su historicidad, en su “lugar de producción” (De Certeau, 1993) histórico, en un tiempo y espacio cambiante y en su pragmatismo, sería el primer paso para acercarse al proceso de legitimación. A partir de esto se debería pensar en la transposición de esas bases a un discurso constituido y a una realidad vivida desde el conflicto hacia la tranquilidad colectivamente adquirida.

La lógica de la paz y los argumentos del conflicto

Reflexionar sobre los diferentes procesos de paz pensados y aplicados en la historia colombiana, es evidenciar una cadena compleja de acercamientos en donde los diferentes intereses de las partes directamente implicadas, son los que han terminado por otorgarle la orientación específica a cada uno de estos intentos. Es precisamente así como se debe pensar que en la mediación a un conflicto armado específicamente, los justificantes y necesidades de cada una de las partes en diálogo están históricamente constituidos y se debe encontrar la manera de hacerlos converger en soluciones conjuntamente beneficiosas. Pero, lo importante dentro de la reflexión crítica sobre este proceso de diálogo está precisamente en ver cuáles pueden ser aquellos factores que podrían poner en riesgo ese fin último de consecución de la paz por un lado, y la no interferencia directa en los proyectos sociales, políticos y económicos de las diferentes partes dialogantes. Dentro de estos factores sólo se plantearán algunas reflexiones en torno a dos de ellos por cuestiones de pertinencia: los límites del conflicto armado desde una lógica de paz y los alcances democráticos y legítimos de la participación social.

En el primero de los casos, las reflexiones presentadas por Bejarano pueden brindarnos un primer escenario respecto a las implicaciones políticas, sociales y económicas de los procesos de mediación: “el contexto, por supuesto, alude a todas las circunstancias externas a la negociación misma, ya sean nacionales de carácter político (…), o internacionales, que inciden en el curso de la negociación y que afectan la amplitud y disposición a considerar los temas de la agenda y fundamentalmente que afectan el margen de maniobra de las partes en la perspectiva de construir relaciones de cooperación.” (Bejarano, 1995, Pp. 27) Con esto simplemente se quiere mostrar que el reconocimiento externo antes mencionado, el fuerte peso que tienen los discursos que fundamentan un enfrentamiento armado, la necesidad y búsqueda infinita de un estado de tranquilidad quebrantada y la necesidad compartida de tener que “ceder” en el momento de dialogar son, tal vez, los elementos más importantes que tocaría considerar en el momento de racionalizar un proceso tan puntual como lo es la mediación.

Se trata de ver de qué manera el conflicto armado como realidad con tiempos y espacios específicos, encuentra en el diálogo el límite de su existencia y la frontera entre lo posible de combatir y lo apropiado de no afectar a una población inocente. Siendo así, ¿se podría hablar de una mediación política de voluntades? Porque, una vez comprendidos los procesos de legitimidad que fundamentan desde el conflicto hasta el diálogo, lo que podría entrar a contemplarse ahora es de qué manera la mediación y la conciliación pueden constituirse como los límites teóricos del fin de la guerra y la paz como la reafirmación ahí sí práctica del fin de los enfrentamientos. Es decir que si se piensa en el conflicto armado y en la mediación como procesos independientes, es sólo a través del proceso de legitimación ya abordado que se puede encontrar la manera de relacionarlos porque al dialogar, lo que está finalmente dialogando son dos procesos históricos legítimos cada uno a su manera. Y, desde la legitimidad de la paz… ¿termina siendo la legitimidad la que está a favor de la paz? O, más bien, ¿se toma la paz como argumento para legitimar una serie de acciones específicas que no van necesariamente de la mano de las oficiales? Pensar en esto sería acercarse tal vez desde una perspectiva no muy común a pensar el conflicto armado desde la paz y no sólo como una realidad inquebrantable.

Para abordar el segundo de los factores - los alcances democráticos y legítimos de la participación social – valdría la pena retornar la mirada al caso de Micoahumado donde el proceso de mediación y su consecutiva consecución de la paz fue una iniciativa totalmente ciudadana y el apoyo y reconocimiento, como se ha visto, fueron procesos posteriores pero que, ahora vale la pena detenerse a pensar la manera como dichos acontecimientos fueron comprendidos e incluso expuestos al público. Podríamos pensar en que ese discurso es más reconocido por agentes externos, ya que, como lo afirma Sarmiento: “Este nivel de acción manifiesta un acumulado importante en el país, de sectores sociales que le apuestan a las opciones de paz en medio de las aparentes opciones de guerra. (…) [Y] esta movilización ciudadana por la paz, que hemos observado a través del accionar colectivo, puntual, tiene sustrato en un rico proceso de apuestas a largo plazo en los niveles, local, regional y nacional” (Sarmiento en Cante, 2007, Pp. 110) Pero, ¿cuáles son los alcances de dicha perspectiva?

Pensar en el alcance de la participación social es finalmente percatarse que es en el proceso en el que se centra la mirada pero una vez ya conseguido el objetivo entonces, ¿cómo se puede determinar desde la paz una lógica de ausencia de poder estatal, si ésta por principio implica una ausencia de las fuerzas armadas como ese ente que garantiza la seguridad? Es acercarse de una manera tal vez más social a la problemática no sólo del conflicto sino también a la complejidad de los límites que se le pueden encontrar a la acción del Estado. Si se retoma la opinión de Sarmiento en donde esa apuesta es la que sale victoriosa en casos como el de Micoahumado, lo que se puede percibir es una conciencia progresiva no sólo de los alcances de la participación social organizada sino de la red que se puede ir formando con la multiplicación de estas experiencias. Desde este punto, pensar en la paz es entonces ir más allá de un resultado beneficioso para un círculo cerrado de habitantes y convertirse en una reflexión compleja sobre la utilidad de la guerra y la posibilidad de convertirla en argumentos no sólo dialogantes sino también modificables por un bien común.

Apunte Final

La realidad del conflicto armado en Colombia es compleja desde cualquier punto de vista que se analice y mucho más cuando se hace desde la lógica de los mecanismos pacíficos de participación social. Mecanismos que están ligados directamente a una lógica de “movilidad teórica” entre la legitimidad por principio (de discurso) y aquella otorgada desde las diferentes apropiaciones de la democracia en nuestro país o, más bien como lo plantearía Sarmiento en esa otra Colombia: “nos encontramos con una riqueza insospechada en tantos rincones del país que le han apostado a la paz, y de los cuales podemos aprender tantas lecciones y formas concretas de avanzar en su construcción. Es la otra Colombia no conocida, la que no se escucha en los medios de comunicación en medio de gritos de guerra.” (Sarmiento en Cante, 2007, Pp. 116) Aunque, se podría reinterpretar la última frase de su afirmación en relación con el caso de Micoahumado con una reflexión sobre el papel de la información que está disponible al público en cuanto a esa movilidad propuesta, ya que el reconocimiento externo de las acciones está mediado por el denominador común de la tregua al conflicto crónico ya mencionado desde el momento en el cual dichas acciones son las que ponen en evidencia los actores y la mediación; no es proceso de público conocimiento en ningún momento precedente.

Pensar así en el caso de Micoahumado o en el de Mogotes, es encontrarse con esa otra Colombia de Sarmiento, pero también es encontrarse con esas maneras de participación social mediadas por mecanismos alternos de legitimidad, que responden incluso políticamente a una vía alterna de lo que se ha conocido históricamente en nuestro país como las negociaciones hacia la paz. Este triunfo de los medios pacíficos no sólo es presentado en el presente trabajo para abrir una serie de ilusiones respecto a la paz como posibilidad innegable; se pretendía más bien mostrar la forma como otros tipos de democracia luego de determinados procesos es posible pensarla como legítimos o, mejor legitimados; ver cómo responden a un tercer orden en las dinámicas tradicionales de los poderes convencionales que buscan combatir un solo mal endógeno e inherente a nuestra cultura desde hace más de 50 años. Es decir, estamos lejos de ver en las Asambleas Constituyentes una solución inmediata a los problemas de la violencia en Colombia, pero la utilidad de presentar casos como el de Micoahumado es precisamente ver que los pasos para la consecución de una mediación son un continuo cuestionamiento sobre la presencia del Estado, la validez y la legitimidad de la participación social en todo lo que teóricamente es entendido como un territorio de soberanía. Se pretendía finalmente encontrar una serie de elementos que permitieran relacionar e incluso hacer dialogar las diferentes lógicas y discursos que fundamentan tanto el conflicto armado como la respuesta pacífica materializada en la participación social y su correspondiente objetivo, la consecución de la paz.

Sin pretender entrar en un discurso de izquierda ni mucho menos, presentar ese tercer orden dentro de la lógica del combate a la guerra en Colombia, es entrar a ver que otras posibilidades políticas son posibles siempre y cuando se reconozcan los vacíos y las necesidades dentro de las cuales están enmarcadas las dinámicas de poder tradicionales. Encontrar un vacío en un pueblo al sur de Bolívar es casi tan sorprendente como escuchar que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decidió desminar un territorio luego de un diálogo con unos ciudadanos comunes y corrientes que compartían como ellos una serie de necesidades vitales que no habían sido satisfechas por los poderes principales. Se trata finalmente de entrar a pensar en los mecanismos mediante los cuales un contexto histórico mueve las suficientes pasiones colectivas como para concretar un espacio de pacifismo, a su manera legítimo, y desde ahí plantearse el siguiente interrogante ¿Está la solución al conflicto colombiano en una política de exclusión y lucha contra los enemigos reconocidos incluso internacionalmente? O, por el contrario ¿es necesario más bien pensar en otros espacios de participación política y en una reapropiación del sentido de democracia? Tal vez desde ahí se podría empezar a tejer por lo menos de manera preliminar una reflexión teórica sobre las tendencias de la realidad social en Colombia.

Bibliografía:

• Bejarano Ávila, Jesús Antonio. Una agenda para la paz. Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1995.

• Cante, Freddy Ed. Poder Social. Algunas posibilidades en Colombia. Bogotá, Facultades de Ciencia Política y de Gobierno y de Relaciones Internacionales. Centro de Estudios Políticos e Internacionales CEPI, Editorial Universidad del Rosario, 2007.

• De Certeau, Michel. La escritura de la historia. México, Universidad Iberoamericana, 1993.

Díaz, Ubaldo Manuel. “Célebre por la guerra. Micoahumado: muchos años después”. Cartagena, El Universal, agosto 24 de 2008.

• Habermas, Jurgen. A theory of Communicative Action, Boston, Beacon Press, 1984.

• Orozco Abad, Iván. Sobre los límites de la conciencia humanitaria dilemas de la paz y la justicia en América Latina. Bogotá, Editorial Temis, Universidad de los Andes, 2005.

• Zuluaga Nieto, Jaime. La solución política negociada del conflicto interno armado de Colombia. [Cartagena? :], 1997

Enlaces en Internet:

• “Acuerdo regional da tranquilidad. Guerrilleros desactivan las minas de Micoahumado”. Panamá, La Prensa, Marzo 18 de 2005. mensual.prensa.com/mensual/contenido/2005/03/18/hoy/mundo/165015.html

Bonilla Pardo, Guido Alberto. “¿Qué guerra?, ¿Cuál paz? Una mirada al conflicto armado colombiano”. Escuela superior de administración pública. 2006. www.monografias.com/trabajos-pdf/conflicto-armado-colombiano/conflicto-armado-colombiano.pdf

• “Desminado, Un Gesto Hacia La Paz.” Bogotá, El Tiempo, Enero 28 de 2005. www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1691447

• Giraldo, Sol Astrid. “Micoahumado, el pueblo que desminó su futuro.” Bogotá, Medio Para la Paz MPP, Julio 22 de 2005. www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2152

• “La Última Esperanza De Micoahumado”. Bogotá, El Tiempo, Abril 19 de 2003. www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-970354

• Olivé, León. “Racionalidad y Legitimación política.” España, DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, 1987. Pp. 131 – 144

www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12837218659036051876657/cuaderno4/Doxa4_09.pdf

• Roncancio Arias, Lizneira . “Micoahumado: más allá de la pesadumbre.” Bogotá, La Esquina Regional, s.f. www.laesquinaregional.com/ediciones/ed15/15_almargen.htm

• “Sistematización y análisis de las asambleas constituyentes en Colombia – Variable 1” . CINEP. www.cinep.org.co/datapaz/sistematizacion/vinculos/4_1participacion.pdf

• Velazco Jaramillo, Marcela. “Cambio institucional y protesta social en Colombia 1964 – 2000: análisis de series de tiempo” en Colombia Internacional No.63 (enero – junio 2006) Pp. 70 – 87. www.scielo.org.co/pdf/rci/n63/n63a04.pdf