Introducción

Las asambleas constituyentes –AC– surgen como una necesidad de organizarse para interlocutar con los gobiernos departamentales y municipales sobre diversos problemas sociales, en territorios en donde la presencia del Estado es menos fuerte; la primera expresión constituyente fue la de Mogotes, Santander (nororiente colombiano) en 1997, creada por sectores civiles a raíz del secuestro del alcalde del municipio, para exigir la liberación del mandatario y demandar que se mantenga informada a la población sobre el uso que se le estaba dando a los recursos municipales. A partir de esta experiencia pionera se siguieron dando nuevas expresiones constituyentes, que evidenciaron un claro avance en cultura política ciudadana, donde se integraron sectores populares que convergen para influir en diversos aspectos de la vida política de sus territorios. Las asambleas han venido marcando un cambio dentro de la gobernabilidad democrática, afianzándose como instancias alternativas que buscan asegurar el bienestar social de las comunidades que representan; ellas han asegurado que mediante la participación social y ciudadana de naturaleza política y cultural de las comunidades, se logre incidir en las decisiones administrativas.

Las Constituyentes han promovido procesos de interlocución entre diversos actores políticos y organizaciones sociales para el planteamiento de retos y expectativas a desarrollar por medio de la creación de espacios que brinden a la población la posibilidad de entablar relaciones políticas con las instituciones departamentales, principalmente. La orientación que han brindado las Asambleas a las comunidades ha estado enfocada a fortalecer el diálogo y la resultados exitosos tales como la presencia y participación dentro de la construcción de nuevas políticas públicas, además de la presencia ciudadana a la hora de discutir el presupuesto departamental y municipal.

Es en este punto donde surge el interés del presente texto, buscando entender cuál ha sido la relación política entre los Gobiernos Regionales y las Asambleas Constituyentes. Si bien se han venido evidenciando casos en los cuales las Constituyentes han ejercido una fuerte influencia dentro de los procesos políticos, sería pretencioso creer que éste fenómeno es un fenómeno nacional con resultados claros. Por el contrario las AC tienen más dificultades que apoyos institucionales y sociales, hay toda una serie de factores que tienen que enfrentar las Constituyentes: diferencias políticas con el Gobierno de turno en su región; dificultades internas por luchas de intereses particulares; represión por parte de algún actor armado del conflicto colombiano, etc. Pensar las maneras en que se relacionan las Constituyentes con la Institución Pública, sería una reflexión que nos guiaría a entender el fenómeno constituyente visto como un actor popular dentro de la construcción política de la sociedad, vislumbrando además su capacidad por sumergirse dentro de la construcción de políticas públicas, de trabajar conjuntamente con sus Gobiernos en los planes de desarrollo y de enmarcarse como un escenario legítimo y necesario para la comunidad.

A continuación se realizará un análisis comparativo entre la Constituyente Departamental del Valle del Cauca y de Antioquia, aclarando el surgimiento de éstas, de los procesos que han vivido y de su actualidad, buscando extraer de estas experiencias elementos que contribuyan al entendimiento de las relaciones con sus gobiernos, principalmente a nivel regional. Partiendo de la particularidad del caso vallecaucano y el antioqueño, el ensayo se enfocará en hacer una aproximación conceptual frente a las relaciones de poder entre los actores nombrados, analizando los choques y los trabajos conjuntos dentro de los procesos políticos, buscando llegar a un balance que arroje respuestas a la pregunta central de este ensayo. Finalmente el texto busca concluir arrojando los datos que ha dejado el análisis de ambos casos, partiendo de sus cualidades y sus deficiencias para describir y explicar su situación actual en materia de relaciones políticas.

Antioquia y Valle del Cauca

Ciclos de Relaciones entre AC y Gobierno Departamental

Remitirnos a los caminos recorridos hasta hoy por las Constituyentes nos abre a una panorámica particular y a la vez global, donde las experiencias, con sus avances y tropiezos, nos brindan las herramientas para acercarnos a entender cuál es la importancia de estos escenarios. Las Asambleas son una expresión suscitada por la necesidad de las comunidades para tener posibilidad de incidir dentro de la política, velando por el cumplimiento de sus derechos, por medio de la participación. Sin embargo en la mayoría de los casos la necesidad de conformar una Constituyente no es suscitada directamente por la sociedad sino por agentes externos, interesados en promover iniciativas democráticas, donde la vinculación de la sociedad a la política pueda garantizar que los Gobiernos puedan desempeñar una función óptima de sus deberes.

Adentrándonos en el caso antioqueño, nos encontramos con un caso caracterizado por el apoyo gubernamental para la creación de la Constituyente antioqueña. Al ser proclamado Guillermo Gaviria como gobernador (Mayor cargo a nivel regional) del departamento en 2001, se comienzan por establecer herramientas para la integración de los sectores sociales a la política; se promovió extensamente la conformación de Asambleas Constituyentes a lo largo de todo el territorio antioqueño, estableciendo en cada municipio la posibilidad de un espacio que asegurara la vinculación de las comunidades dentro de los procesos políticos tanto locales como regionales.

En ese Gobierno, se generaron procesos de articulación entre lo municipal y lo departamental, lo que ayudó a mantener una comunicación clara entre los sectores civiles para trabajar de manera conjunta proyectos a nivel departamental; a pesar de una serie de dificultades, se lograron valiosos resultados, movilizando y estimulando la participación de la ciudadanía. Quizás un caso para ejemplificar lo afirmado, sea el del caso del municipio de Sonsón, Antioquia, donde se trabajó de manera conjunta con el gobierno municipal y departamental para entablar procesos políticos a incentivar la participación e incidencia política de la ciudadanía; en esta medida se estimuló el abrimiento de espacios para adquirir conocimientos basados en las experiencias de otras regiones del país, por medio del Encuentro Nacional de Constituyentes, fuertemente apoyado por la Gobernación y la Alcaldía.

No obstante, a nivel municipal es en donde se establecían las mayores dificultades para abrir a procesos democráticos participativos a las comunidades de los diferentes rincones del departamento. La idea de brindar a la comunidad espacios y alternativas para que pudieran incidir dentro de la política implicaba una transformación dentro de las relaciones entre sociedad y Estado, debido a que el papel gubernamental deja de ser concebido cómo el núcleo de decisiones en temas de políticas públicas y administración de presupuesto.

El 13 de noviembre de 2003 en el encuentro departamental de Asambleas Constituyentes en Medellín se estableció el Gran pacto social por la convivencia y el desarrollo para una paz incluyente y participativa, la Asamblea Departamental instauró el marco de funciones y pretensiones para su proceso democrático donde se introdujeron los énfasis que asumiría el programa de la Constituyente. En este marco se propusieron diversos programas para llevar a cabo, dentro de los cuales se encontraban propuestas para el fortalecimiento de la gobernabilidad por medio de la participación democrática, la contribución a la búsqueda de un camino de solución política del conflicto armado, la promoción de una educación y una cultura de paz en Antioquia, el emprendimiento de la construcción e implementación de un modelo de desarrollo a escala humana y el mantenimiento del proceso constituyente dentro del Departamento.

Dentro de este gran pacto social quedaron evidenciadas las falencias del Estado en determinados sectores para subsanar las dificultades que tenían que atravesar las comunidades. Dentro de sus planteamientos a subsanar se propusieron soluciones tales como Diseñar e implementar políticas sociales y económicas conducentes a mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, aumentar su capacidad productiva; y disminuir la inequidad y la pobreza¹, donde se evidencian algunas de las más urgentes deficiencias a superar. En sus propuestas se vislumbra las situaciones que estaban atravesando las comunidades, y las propuestas para subsanarlas, donde se remarcaban falencias en diversos aspectos como en transporte para las regiones rurales, cosa que imposibilitaba explotar el potencial de la región para poder comerciar con sus productos a nivel nacional; la falta de garantías para que el campesinado tuviera las condiciones necesarias para vender sus productos a nivel departamental; la carencia de entes que garantizaran una inversión social más tangible principalmente en el campo laboral; los problemas en el sistema de salud y pensión; los problemas ambientales; las dificultades frente al desplazamiento forzado; la necesidad de reconocer, avalar y adoptar las políticas de niñez y juventud; además de las de mujeres; entre otras dificultades.

Igualmente hubo una búsqueda por establecer propuestas para subsanar el conflicto armado, buscando políticas de No Violencia, donde el ente central para la resolución de conflictos fuera el diálogo. Esta idea era apoyada por el gobernador, Guillermo Gaviria, quien emprendió varias acciones para promover un acuerdo humanitario y un cese al fuego en todo el departamento¸ dentro de varios de sus discursos y debates. Dentro de varios de sus actos, convocaba a marchas, conversatorios, entre otras actividades, donde buscaba incentivar a la sociedad civil a ser partícipe política. Sin embargo en un acto de protesta frente a los actores armados, convocó a la marcha de la no violencia por la reconciliación y la solidaridad con el municipio de Caicedo (una población al occidente de Antioquia asediada por guerrilleros y paramilitares desde 1995) donde fue secuestrado el 21 de Abril de 2003 en la vereda de Anacozca y posteriormente asesinado por el grupo insurgente Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Sin embargo su propuesta política no pudo ser frenada, en el 2004, su hermano Aníbal Gaviria fue elegido como Gobernador del Departamento y encaminó su programa para continuar los proyectos establecidos en la administración previa.

El proceso que vivieron las Asambleas entre el 2004 y finales del 2008, siguió contando con el apoyo del Gobierno Departamental, conservando las condiciones necesarias para el funcionamiento de los procesos constituyentes, tanto el departamental como los municipales; igualmente además del apoyo gubernamental las AC se encontraban con el apoyo de otras instituciones como CONCIUDADANIA (Corporación para la participación ciudadana) que brindaban elementos de construcción política sobre diversos sectores de las comunidades involucradas con el proceso constituyente, donde se logró generar una organización a nivel departamental estructurada y con un planteamiento político sólido.

No obstante con la entrada en el 2008 de la nueva administración, todo el proceso en búsqueda de una política de No violencia se remplazó por la política de Seguridad democrática (política incentivada por el Gobierno Nacional, para priorizar el tema de seguridad por encima de cualquier otro factor). Luis Alfredo Ramos, actual Gobernador electo para ejercer el cargo entre el 2008 y 2011, estableció un programa político centrado en el emprendimiento de la lucha institucional por resolver los problemas de seguridad y pobreza en el Departamento. A pesar de que se complicaran las labores de la Constituyente departamental por falta de apoyo institucional, varios procesos continuaron y gracias al cuerpo que logró formar en las dos gobernaciones anteriores se pudo mantener como un movimiento que a pesar de trabajar de manera independiente, sigue teniendo determinada incidencia dentro de varios procesos políticos, principalmente a nivel municipal.

Dando un salto al caso vallecaucano, nos encontramos con ciertas similitudes frente al proceso antioqueño. La idea de la constituyente surge de la Gobernación de Angelino Garzón en el 2005, donde el Gobernador sugiere la idea de que se cohesionen determinados sectores civiles para presionar a los Gobiernos a cumplir con las necesidades más urgentes a enmendar. El proceso constituyente surge desde el nivel departamental como una estrategia de participación social, mediante la cual las Organizaciones Sociales y Gremiales discuten y planifican con los gobiernos departamentales y municipales, en el marco del Plan de Desarrollo, la inversión que se proyectaría para cada vigencia fiscal.²

La Constituyente Departamental comenzó siendo integrada principalmente por habitantes de Cali, no obstante, con el pasar de los meses se comenzaron a vincular personas de diversas regiones del departamento. La idea de varios de los que conformaban la AC era poder contar con la voz de la mayor parte de los municipios del departamento, para tener claridad sobre las situaciones que estaban enfrentando, y las necesidades que debían ser remediadas. En esa instancia, gran parte de los que conformaban la Constituyente Departamental, decidieron viajar por algunos municipios, ayudados por la Gobernación, para escuchar los problemas de las comunidades y para incentivar la creación de Asambleas a nivel municipal, donde pudiera nombrarse uno o varios voceros por municipio para asegurar la vinculación dentro de la Constituyente Departamental, llevando a la discusión regional las propuestas y percepciones de sus municipios

Al igual que el caso antioqueño a nivel municipal la Constituyente Social se encontró con muchas dificultades para poder propagar sobre las comunidades la idea de la participación política, en la mayoría de los casos por las posturas políticas e ideológicas de algunos alcaldes; cómo fue el caso del municipio de Florida, donde el proceso constituyente tuvo como soporte el apoyo de la Departamental Constituyente, para subsanar las dificultades con el Alcalde del municipio. Pero además de esto, se enfrentaban a una dificultad aún mayor, y era la falta de conocimiento de la mayor parte de los sectores municipales en temas políticos. De una u otra manera las diferencias con los alcaldes tendían a ser subsanadas por medio de la Gobernación, sin embargo este era el menor de los problemas a los que se enfrentaba la Constituyente; la mayor dificultad en los municipios es la falta de conocimientos en materia política por parte de las comunidades, lo que lleva a una participación muy reducida en las Asambleas, una falta de interés por vincularse a estos proyectos, que hacen del proceso político participativo algo de avances reducidos en materia participativa. Quizás la más clara evidencia de estas falencias se denota en el hecho de que de los 42 municipios que conforman el Departamento, alrededor de 27 lograran establecer asambleas a nivel municipal, lo que demostraba la insuficiencia tanto de la Constituyente Departamental como de la Gobernación por incidir dentro de las comunidades municipales de manera efectiva.

Además de estos problemas, la Constituyente se encontró con una fuerte dificultad frente a la administración del presupuesto asignado por el gobernador, ya que REDEPAZ (Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra.) como una de las Organizaciones No Gubernamentales con mayor recorrido en el aspecto de las Constituyentes, arribó con la idea de administrar y encaminar el proceso constituyente en el Valle, así como lo había venido haciendo en varios departamentos a lo largo del país. Los sectores civiles que componían la AC se encontraron en desacuerdo frente a la llegada de esta Organización, debido a que ésta pretendía direccionar el proceso constituyente sin tener conocimiento previo sobre la situación que estaba enfrentando el departamento, tanto a nivel regional como local, sin saber cuáles eran las situaciones que estaba enfrentando el departamento. Después de varias semanas de discusión y de quejas frente al Gobernador, REDEPAZ se retiró del escenario político constituyente del Valle del Cauca, de nuevo la Asamblea quedó en manos de la sociedad civil y de la Gobernación (cabe aclarar que el papel de la Gobernación no estaba enfatizado en administrar o trazar las líneas a seguir la Constituyente, sino a brindar los espacios y las asesorías necesarias para el correcto funcionamiento de la misma).

No obstante las dificultades, el proceso constituyente siguió llevándose a cabo, y para febrero del 2007 se convocaron a los voceros de todas las Constituyentes Municipales, para establecer la Primera Asamblea Departamental Constituyente. De la que se plantearon principalmente las medidas necesarias para subsanar los problemas de participación social, buscando establecer diálogos con fuentes académicas para la capacitación de los integrantes de la Constituyente en el tema de la participación Ciudadana, la Resolución de Conflictos y la Cultura Política, donde se promovió el apoyo conjunto entre la Gobernación y la Universidad del Valle para garantizar esta iniciativa. Igualmente quedaron planteadas diversas propuestas para enfrentar varias dificultades que enfrentaban algunos municipios.

A pesar de que la Constituyente Social buscara vincular la mayor parte de los sectores sociales, se encontraba con diferencias internas, donde varios de los integrantes tenían aspiraciones de beneficiarse a costa de ésta, varios veían en este proceso la posibilidad para velar por intereses ideológicos y/o económicos particulares. Estas medidas implicaron varios aspectos para remediar las falencias que vivía la AC. Frente a la falta de conocimientos en materia política gran parte de los integrantes de las asambleas lograron ser parte de la capacitación por parte de la Universidad del Valle, para llegar a sus comunidades con la labor de multiplicar el conocimiento asignado; frente a los problemas internos varias personas decidieron salir del procesos social constituyente, otros sectores prefirieron seguir el proceso desde otro ángulo buscando tener resultados más tangibles y directos sobre sus comunidades.

De este punto es de donde surge la Constituyente Juvenil del Valle del Cauca, como una expresión constituyente alternativa, enfocada en darle mayor eficiencia al proceso participativo y suscitado como una necesidad del sector juvenil para ser partícipes activos e incidentes dentro de la construcción de políticas públicas y dentro de la discusión para administrar los presupuestos para la juventud. Esta constituyente alternativa, comenzó a trabajar de manera separada de la Departamental Social, y logró establecer importantes mecanismos de articulación con la Gobernación, donde se emprendieron decisiones y garantías para la supervivencia de esta misma.

Aún son muchos los retos con los que tienen que lidiar las asambleas, no sólo en el nivel vallecaucano y antioqueño, sino a nivel nacional; los procesos siempre van a estar en riesgo a raíz de la entrada de nuevos mandatarios, y la implantación de nuevas políticas, lo que hace necesario la búsqueda de nuevos mecanismos para garantizar la prevalencia de las Constituyentes como actores incidentes y determinantes dentro de las decisiones políticas. El caso antioqueño y vallecaucano están caracterizados por haber comenzado gracias al impulso de sus respectivas gobernaciones y por una coyuntura favorable para el desarrollo de estas iniciativas. Se lograron construir diversos espacios, se dieron grandes avances, se generaron procesos de inmersión de diferentes regiones, sectores y culturas dentro de los departamentos a las Asambleas Constituyentes, pero no lograron ser determinantes a la hora de construcciones de nuevas políticas y transformaciones estructurales de sus regiones (exceptuando el caso de la juvenil) y quizás esto logre ser explicado por las deficiencias internas a la hora de organizarse, además de la dificultad de asimilar por parte de la mayoría de los actores de este escenario, el papel y las condiciones que implicaba ser parte del proceso constituyente.

La actualidad en el Valle del Cauca está enmarcada por una favorabilidad en algunos casos a nivel municipal, donde han seguido permaneciendo las constituyentes como iniciativas políticas válidas, donde los alcaldes de estos municipios les han abierto los espacios para los diálogos internos, y los diálogos con los gobiernos municipales; no obstante a nivel departamental, tras no haber logrado trazar un programa a desarrollar para la posteridad, después del gobierno de Angelino Garzón, su permanencia se ha visto suspendida. El caso antioqueño sufrió un caso más o menos parecido, donde al no dejar planteado el programa constituyente dentro del presupuesto de la Gobernación siguiente a la de Aníbal Gaviria, dejó de contar con el apoyo económico gubernamental, sin embargo se siguió el trabajo que se venía llevando, en menor medida, por la falta de un soporte económico y logístico, donde el trabajo participativo de las comunidades en la política se centró en el nivel municipal.

Asambleas Constituyentes Departamentales

Incidencia dentro de los procesos políticos

Se ha evidenciado una iniciativa por parte de las Asambleas para incidir dentro de las decisiones tomadas por el Gobierno, con el objetivo de asegurar una solución a las necesidades y prioridades de las sociedades, buscando vincularse y construir desde procesos políticos la articulación a las políticas públicas, como actores respaldados por sectores sociales.3 Sin embargo las AC no surgen en todos los casos como iniciativas populares que buscan resucitar la necesidad de los sectores marginados por ser participes de los procesos democráticos, en gran medida están ligadas principalmente a intereses políticos de determinados Gobiernos, de Organizaciones No Gubernamentales, o Agentes Internacionales (cómo fue el caso previamente descrito del Valle y de Antioquia). En esa medida sus procesos están enraizados con diversos agentes, que brindan garantías para la existencia de las asambleas, bien sea con ayudas económicas o logísticas para que desarrollen sus programas políticos a cabalidad.

Las relaciones entre las Constituyentes y estos agentes están llenas de matices; mirando específicamente el caso entre las constituyentes y los poderes institucionales nos encontramos con características diversas en casos determinados, bien pueda ser el caso de Nariño, del Valle del Cauca, de Santander y Antioquia. Principalmente se hace evidente una dependencia económica de las asambleas para su mantenimiento, debido a que estas están conformadas por ciudadanos que no tienen la capacidad de sostener los gastos que acarrea ser parte de una AC. Además de esto se hace necesario en varios casos, contar con un apoyo por parte del Gobierno para asegurar cierta legitimidad frente a las autoridades municipales y los sectores sociales con posibilidad de ser vinculados a las Constituyentes; como fue el caso de El Basurero en el 2005, Valle del Cauca, donde con el apoyo de la Gobernación se logró abrir un espacio para que la Asamblea Constituyente Municipal se abriera a pesar de que el Alcalde no estuviera de acuerdo con la conformación de ésta.

Esta relación puede implicar la mayor dificultad para que las Asambleas perduren, pues puede que tras el cambio de un gobernante, o tras el abandono del programa, todo termine por quedar únicamente dentro de la memoria colectiva de quienes conformaron estos espacios. En muchos casos, esta dificultad se ha visto reflejada en la suspensión de las Asambleas a nivel departamental, para seguir enfocados en casos locales, (Cómo es el caso del Valle en la actualidad) esperando a que en la posteridad aparezca un Gobierno que pueda darles la posibilidad de integrarse en su programa para poder mantener el proceso constituyente de manera completa, con el apoyo económico gubernamental.

Los procesos apoyados por los Gobiernos Departamentales han contado con una ayuda superficial, que no les ha brindado las garantías necesarias para subsanar las deficiencias que enfrentan. La principal necesidad que tienen las Constituyentes Departamentales es lograr vincular a la mayor cantidad posible de municipios a su proceso político, para garantizar por medio de la participación política de todos sus componentes sociales, la cohesión para solucionar las dificultades y deficiencias que enfrenta el Departamento a nivel de políticas públicas. El papel de los poderes institucionales está enfocado principalmente en una formación política sobre reducidos sectores de la ciudadanía en temas políticos y participativos, lo que subsana de manera superficial las deficiencias cognoscitivas de una parte muy reducida de quienes componen las AC; si bien se han logrado generar procesos de multiplicadores (individuos capacitados para multiplicar los conceptos aprendidos en sus diversos talleres de capacitación) no han arrojado los resultados esperados. Se ha evidenciado que la comunidad no se siente representada por los líderes constituyentes, bien sea por los intereses particulares de estos actores, o en otros casos por no contar con un apoyo institucional claro.

Si bien ha habido algunos casos donde las Asambleas han logrado incidir dentro de las políticas públicas (cómo lo hizo la juvenil constituyente del Valle), haciendo seguimientos y sirviendo como entes para garantizar el correcto funcionamiento de las Instituciones, estos casos han sido reducidos; esto se explica porque la mayoría de las Constituyentes no han logrado tener una dinámica que articule sus intereses con los de sus Gobiernos, ni a nivel municipal o departamental. Las diferencias y críticas por parte de varios Gobiernos frente a los procesos constituyentes han contribuido a la descendencia participativa, debido a que sin el apoyo de estos no hay un sentido para emprender un proceso político, pues dentro del marco jurídico del país, los Gobiernos son los que generan los cambios en las políticas públicas, son quienes administran los recursos de la ciudadanía. Al no tener el apoyo institucional las asambleas son vistas por las comunidades como actores idealistas, sin apoyos reales para incidir dentro de los procesos políticos y llevar a cabo lo que promulgan, razón por la cual no se ha logrado que las Asambleas ganen mayor poder de decisión para defender los intereses de la comunidad - razón por la cual- se ha limitado la posibilidad de construir una forma diferente del ejercicio de lo político.⁴

Las constituyentes tienen dificultades para continuar sus programas por ser expresiones políticas alejadas a las tradicionales, por ser estrategias participativas abiertas a la opinión de todos los sectores sociales, donde la democracia es vista en un sentido participativo e integral. La política colombiana, a pesar de que su constitución la nombre como una política incluyente y abierta, ha estado enlazada a la tradicional representatividad (donde la democracia ha sido pensada como un concepto limitado para los sectores civiles, siendo el principal deber político de la ciudadanía el voto). Igualmente hay diversidad de planteamientos políticos implantados y apoyados desde los partidos, alejados del marco político constituyente, debido a la dificultad que implica la constitución para poder llevar a cabo los planteamientos políticos propuestos.

El caso de la Constituyente social departamental del Valle del Cauca nos muestra la dificultad que enfrentan varias AC cuando entra un nuevo Gobierno Departamental, pues los procesos que se venían llevando a cabo, terminan suspendidos, por la falta de apoyo gubernamental. La Gobernación ha dejado de lado el proceso Constituyente, porque no representa para ésta, un agente vital para la construcción política del Departamento, porque implica una propuesta diferente a la institucional.

Las relaciones de poder entre Asambleas y Estado están compuestas por una diversidad de factores, como se ha evidenciado en lo escrito previamente, pero lo que ha enmarcado esta relación ha sido la deficiencia por parte de ambos actores por construir mutuamente caminos articulados para el beneficio de sus sociedades. Las relaciones internas dentro de las Constituyentes, han marcado su capacidad organizativa, han determinado sus planteamientos y sus resultados; en muchos casos las diferencias internas dentro de las Asambleas han entorpecido sus procesos de articulación con los Gobiernos (un ejemplo de esto es el caso de la Social Constitituyente del Valle, que tras falta de organización no logró implantar dentro de la anterior administración un presupuesto para poder continuar desarrollando su programa).

Conclusiones

Las asambleas constituyentes son estrategias de participación social, para garantizar la inmersión de la sociedad civil a la política, y por consiguiente a las decisiones que los afectan directa e indirectamente. Este proceso requiere del apoyo de la Sociedad, de los Gobiernos, de la Comunidad Internacional y de las Organizaciones No Gubernamentales inmersas en este tema; el apoyo que se requiere de estos actores no es para asegurar únicamente una fuente de recursos para su continuidad, sino para tener un reconocimiento y un apoyo logístico que garantice la posibilidad de que la sociedad civil sea un actor activo e incidente dentro de las relaciones políticas.

La articulación entre Estado y Sociedad en procesos políticos como el constituyente, es vital para establecer un orden político eficiente al servicio de la comunidad. Para que se logre llevar esto a cabo, aún queda un camino muy largo por construir, no obstante ya se han venido dando grandes avances, principalmente a nivel municipal, donde la incidencia en procesos políticos ha logrado subsanar determinados problemas tales como construcciones de políticas públicas, incidencias dentro de la administración de determinados fondos, y la inclusión en algunos presupuestos de los procesos constituyentes, entre otras. Es vital garantizar la permanencia de las Asambleas vinculándolas como programas de Gobierno, donde logren asegurar la entrada de la mayor parte de la ciudadanía, donde ésta pueda dar testimonio sobre su situación y sobre las dificultades a subsanar, buscando con apoyo de la Institución mecanismos para remediar y generar las condiciones idóneas para garantizar los derechos de las sociedades. Sin el apoyo de los gobiernos es inviable la permanencia de las Constituyentes, ya que este es el único agente que puede garantizarle cierta legitimidad al proceso, además de un apoyo logístico y económico para que sea una alternativa con resultados concretos.

 

Cada caso Constituyente está sumergido bajo diferentes situaciones, en contextos particulares donde su capacidad de incidencia en las relaciones políticas con los gobiernos (municipal y departamental) está atada a los factores internos y externos que esté atravesando cada Asamblea. El ejercicio que se pretendía llevar a cabo exponiendo los casos de Antioquia y el Valle del Cauca, estaban enfatizados en exhibir la particularidad de ambos departamentos, mostrando que si bien tienen ciertas similitudes, los factores internos que atravesaban marcaban su situación, enfatizándose en las relaciones con sus gobiernos. Ambos casos reflejan la mayor dificultad que atraviesan las AC, es la prevalencia de sus programas sin que estos estén ligados a las afinidades políticas de la Administración que esté en determinado momento en el poder. Ha quedado en evidencia, que el principal problema que han enfrentado las Constituyentes han sido los problemas por cumplir las metas establecidas, además de definir los caminos para viabilizar sus propuestas y articularlas con los programas institucionales. En la medida en que las constituyentes sean entendidas por sus integrantes como un espacio para poder garantizar el bienestar de la comunidad, (y no como la posibilidad de garantizar condiciones laborales y económicas en beneficio propio) podrá tener la capacidad de ser parte activa de la política gubernamental; sí logran garantizar una estructura organizativa fuerte, están en la capacidad de entrar a dialogar con los poderes institucionales para su inserción dentro de las decisiones de sus gobiernos.

Bibliografía

• Enrique Serrano Gómez, Legitimación y racionalización, Weber y Habermas: la dimensión normativa de un orden secularizado, Filosofía política, pensamiento crítico, pensamiento utópico, Anthropos Editorial del Hombre, Universidad autónoma Metropolitana

Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia Colombia 1875-1994, Editorial Norma, Bogotá, 2003.

• CINEP, Sistematización y Análisis de las Asambleas Constituyentes, Variable 1 y Variable 2, Bogotá, 2007.

• Asamblea Constituyente de Antioquia : Proclama Pacto Social, Gran pacto social por la convivencia y el desarrollo para una paz incluyente y participativa (www.orientevirtual.org/?2,190,es)

• Gobernación de Antioquia, Discurso de Posesión a la Gobernación de Antioquia: Aníbal Gaviria Correa (www.orientevirtual.org/?2,244,es)

• Cuadernos PNUD, UN-HÁBITAT, Gobernación del Valle del Cauca, Investigaciones sobre desarrollo regional, Presupuesto participativo en el Valle del cauca – Colombia

• Entrevista hecha a Conciudadanía, por parte del Cinep