Introducción.

En este trabajo se decidió analizar el trabajo de cuatro organizaciones nacionales que mantienen un importante vínculo con la ciudadanía, para desarrollar sus labores. No se está argumentado que estas sean las únicas organizaciones en México que mantengan un estrecho vínculo con la ciudadanía, lo que se desea establecer, es que estas organizaciones están en constante coordinación y vinculación con los ciudadanos que no necesariamente se agrupan en alguna forma organización, como las que aquí se abordaran. Es importante mencionar que estas organizaciones realizan un trabajo de evaluación de acciones gubernamentales fundamentalmente en el campo de los derechos humanos. El incluirlas es el resultado de largas e intensas discusiones, y de la revisión bibliográfica y hemerografica en la cual pudo establecerse el protagonismo que desarrollan, así como la importante participación de algunos de sus miembros en los debates nacionales.

Por otro lado, se consideró que estas OCS son un claro ejemplo de las diferentes transformaciones que este tipo de organizaciones han sufrido a lo largo de los últimos años en México, en un intento por participar en la elaboración de una democracia amplia y participativa, mucho más cercana a los diferentes procesos que la gobernanza requiere para poder encontrar un nicho de crecimiento y desarrollo.

Alianza Cívica.

Esta organización nació formalmente en 1994 para observar y calificar el proceso electoral que en ese año se avecinaba; es importante mencionar que si bien Alianza Cívica (AC) conoció la luz pública ese año, las tareas de observación electoral en los diferentes procesos de elección ya se realizaban con anterioridad, y con conocimiento de los resultados esperados, desde una década anterior, por lo que sus diferentes actividades no eran del todo nuevas para sus miembros, estas características y el acuerdo con organizaciones que se caracterizaban por ser un poco más conservadoras que AC allanaron un poco el largo camino que emprenderían en la búsqueda de un sistema democrático confiable:

• {“(…) los ochenta, estos organismos incorporaron a sus prioridades las elecciones limpias y confiables y eso les permitió llegar a acuerdos con organismos civiles conservadores lo que dio origen, en la década de los noventa, a una poderosa movilización que modificó las reglas para la competencia electoral lo que hizo posible la alternancia en la presidencia y aceleró el primer cambio pacífico de régimen.

En esa historia se enmarca la historia de Alianza Cívica, una coalición de organismos civiles que hizo aportes fundamentales a la construcción de la democracia a partir de su creación en 1994 y que ha tenido etapas de letargo provocadas, en parte, por una identidad mal asumida.” (Aguayo: 2006; 2)}

Como bien Sergio Aguayo explica, el proceso de conformación y avance de AC no ha sido lineal, sino que este ha atravesado por diferentes etapas, en ocasiones podría pensarse que estas son, un letargo por una identidad mal asumida, aunque también puede establecerse que AC es un reflejo de la sociedad mexicana, la cual no está en proceso de cambio in crescendo. La transformación de la sociedad mexicana ha atravesado por diferentes vaivenes, mismos a los que AC no puede ni debe escapar, la gobernanza también es un proceso, y como todo proceso su construcción pasa por diferentes etapas.

Los cambios en el sistema político impulsados desde los espacios ciudadanos y algunos sectores gubernamentales que propugnaron por la instauración de los diferentes procesos de liberalización, iban a desencadenar para el año 1996 el primer Consejo Ciudadano en la historia del Instituto Federal Electoral (IFE), órgano encargado de conducir, observar y arbitrar los diferentes procesos electorales en México, el trabajo que AC realizó en años previos resultó fundamental para la creación de este Instituto. La realización de elecciones libres y democráticas eran un profundo reclamo de la sociedad mexicana, sin la realización este procedimiento elemental en un régimen que se ostente como democrático, el proceso de gobernanza es no solo difícil, sino casi imposible de poder instaurarse, ahí quedó demostrada la importante tarea realizada por las OCS que formaron AC.

1994 resulta un año especialmente relevante en la historia contemporánea de México, ya que el 1 de enero el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tomó por asalto la cabecera del municipio chiapaneco de San Cristóbal de las Casas, y así mismo por asalto, entraba en el escenario político nacional. Este movimiento social de izquierda armado y en la clandestinidad (Méndez, 1997: 191), fue capaz de poner en primer plano en el escenario internacional las carencias y condiciones en las que vivían los más pobres, obligando al gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a tomar medidas urgentes para primero frenar la revuelta rebelde y segundo, dar al mundo una explicación de lo que ocurría en los llamados Altos de Chiapas, ya que en el discurso gubernamental, la situación en México para los indígenas y grupos vulnerables había mejorado considerablemente, situación que el EZLN se encargó de desmentir a nivel internacional, poniendo en tela de juicio las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para frenar y abatir la pobreza de los grupos sociales que más han tardado en poder incorporarse al llamado tren de la modernidad, los indígenas.

La situación nacional compleja en ese momento, iba a tomar un cáliz turbulento ya que el 23 de marzo de 1994 en un municipio del norte del país llamado “Lomas Taurinas” ubicado en el estado de Baja California muy cerca de Tijuana, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luís Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado. Colosio Murrieta fue sucedido por quien hasta ese momento se desempeñaba como su jefe de campaña Ernesto Zedillo Ponce de León, quien a la postre sería el último presidente emanado de las filas del PRI en el México contemporáneo.

Otro homicidio que iba a sacudir los cimientos del ya golpeado sistema político mexicano el 28 de septiembre de ese mismo año fue el de José Francisco Ruiz Massieu, Secretario General de PRI (el segundo hombre más importante dentro de ese partido político) ese día era igualmente ultimado. El asesinato de este importante personaje de la política mexicana al igual que el de Colosio Murrieta, iba a estar a lo largo del tiempo cubierto de un halo de suspicacia y muchas interrogantes. Parecía que el poder político, incapaz de llegar a acuerdos por la vía del diálogo y la negociación, utilizaba el lenguaje de la violencia para poder establecer sus canales de comunicación.

En este complejo año para el escenario político nacional, esta organización comienza sus trabajos. Desde el principio, la labor de Alianza Cívica no resultó sencilla ya que la observación electoral en México era relativamente nueva y durante años, esta actividad registraba un avance limitado, el gobierno emanado de las filas del PRI era también el encargado de la realización de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación (órgano encargado de atender la política interior), por lo que se convertía en juez y parte, dificultando las tareas y labores que desde tiempo atrás diferentes organizaciones realizaban.

El trabajo de estas organizaciones se venía desarrollando desde:

• “(…) 1991 algunas ocpds [organizaciones civiles de promoción del desarrollo] iniciaron un movimiento a favor de elecciones libres y confiables para lo cual iniciaron la observación de elecciones en diversos estados. A este esfuerzo se incorporaron académicos bien formados en las ciencias sociales que elaboraron metodologías para verificar la imparcialidad de los medios de comunicación, la compra y coacción del voto, las encuestas de salida y los conteos rápidos, etcétera. Desde un primer momento también participaron ciudadanos comunes y corrientes interesados en incorporarse a las transformaciones que iban modificando la vida pública.” (Aguayo: 2006; 4)

Alianza Cívica procede del acuerdo de diferentes OCS, fundamentalmente provenientes de la izquierda que veían en las elecciones libres y democráticas una enorme posibilidad de mejorar las condiciones económicas y materiales de la mayoría de los mexicanos, consideraban que este era un eslabón fundamental de la larga cadena que la democracia debe formar para poder alcanzar sus objetivos. Desde sus inicios esta organización estuvo vinculada a un amplio sector de la sociedad mexicana, también se incorporaron a sus trabajos profesores universitarios de renombre, (Sergio Aguayo Quezada y Clara Jusidman Rapoport por mencionar algunos) elemento que otorgo a AC un amplio grado de profesionalización y reconocimiento desde el inicio de sus trabajos.

El trabajo que Alianza Cívica realizó a lo largo de su historia ha resultado significativo para la construcción del actual escenario político nacional: primero impulsaron el proceso “ciudadanización” de los órganos encargados de realizar los diferentes procesos electorales, lo que desencadenó el proceso de creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1996, órgano que gozó durante casi diez años de un reconocimiento por su labor no sólo nacional; el éxito del IFE fue tal, que dos de sus ex consejeros (Jacqueline Peschard y Alonso Lujambio) fueron asesores en Irak en la comisión electoral.

La observación electoral iba a ser uno de sus principales objetivos; en el año 2007 (Escamilla, 2008: Ficha 8) decidieron dar un giro importante a sus actividades incorporando de manera sistemática la transparencia y el acceso a la información. Los temas desarrollados por esta organización resultan fundamentales en la construcción de la gobernanza, ya que esta no puede concebirse sin procesos electorales justos y competitivos, además de acompañarse en todo momento del acceso a la información y la transparencia como elementos coadyuvantes a la rendición de cuentas desde las esferas gubernamentales.

Si bien el año 2007 representó para esta organización un giro importante en sus objetivos ya que la transparencia y el acceso a la información se volvieron ejes fundamentales de sus actividades, es importante mencionar que ya con anterioridad contaban con algunas experiencias en esta materia, estos trabajos previos permitieron que AC contara con referentes en cuanto a transparencia y acceso a la información, mismos que garantizarían experiencia y conocimiento previo del terreno, elementos fundamentales para poder ejercer un trabajo de calidad y profesionalismo.

• “En 1995 también dio inicio el programa “Adopte un Funcionario” para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, derechos establecidos en la Constitución pero que entonces carecían de leyes reglamentarias. En marzo de aquel año se solicitó al presidente Ernesto Zedillo que informara sobre sus ingresos y sobre la forma en que gastaba la “partida secreta”, un monto variable del presupuesto que autoriza la Constitución y sobre el cual no tenía que rendir cuentas. Peticiones similares se hicieron a Roberto Madrazo (gobernador de Tabasco) y a los presidentes municipales de Celaya, Guanajuato, Mérida, Yucatán y Saltillo, Coahuila. Un año después el presidente no había respondido y se presentó una demanda ante un juez que le ordenó responder lo que provocó una profunda sacudida mediática. En un país presidencialista, era inaudito que un organismo cívico ¡demandara al presidente… y ganara!” (Aguayo: 2006; 11)

Esta acción de AC resultó oportuna e innovadora ya que en México el Poder Judicial había estado sujeto por mucho tiempo a los designios del Poder Ejecutivo. Al entablar una demanda contra el Presidente de la República esta organización no sólo demostró audacia y valentía, sino también dejó claro que era posible buscar mediante el imperio de la ley, la posibilidad de hacer cumplir los derechos de la ciudadanía. Ejemplos como este han ayudado a que otras OCS, actúen de forma diferente y que analicen las posibilidades de enfrentar las decisiones de los gobernantes utilizando formas que antes descartaban. Si bien en México el Poder Judicial ha mostrado en diversas ocasiones no ser imparcial, en esta ocasión beneficio a quien detentaba la razón, no ha quien detentaba el poder.

Con ejemplos como los que se han mencionado, resulta claro que el trabajo realizado en esta organización fue capaz de sentar precedentes para la realización de elecciones limpias y competitivas, por un lado, y por otro, rendición de cuentas y acceso a la información, elementos indispensables en la conformación del proceso de gobernanza en México, actualmente ha creado un índice de transparencia propio,1 lo cual resulta no solo creativo, sino innovador ya que normalmente en las diferentes investigaciones se utilizan instrumentos creados y diseñados en otros países desatendiendo a la realidad nacional.

Con este índice los integrantes de AC han dado un salto no solo cuantitativo sino cualitativo en la medición de transparencia para el caso mexicano, por otro lado han impulsado este debate en otras OCS. Como en el caso del Centro Nacional de Comunicación (CENCOS) y el del Centro Miguel Agustín Pro Juárez (desarrollado más adelante en esta ficha), estas organizaciones en años recientes incorporaron a sus tareas verticales el análisis de la transparencia.

La labor con la que esta organización nació deriva de los movimientos sociales posteriores a los supuestos fraudes electorales cometidos durante el régimen príista, siendo el más representativo el acontecido en 1988, pero no debe olvidarse que a lo largo de 70 años en el los que el PRI se ocupó de la administración pública central mexicana, muchos fueron los cuestionamientos a los diferentes procesos electorales.

La historia de Alianza Cívica resulta ejemplificante del acontecer de la sociedad mexicana, ya que durante la década de los 80 y 90 del siglo pasado, la principal demanda de la ciudadanía era la realización de elecciones democráticas. La primera década del siglo XXI ha dejado claro que este elemento no es el único que un sistema político deba tener para poder calificarse como democrático, por ello, el viraje de esta organización y de un sector importante de la sociedad a elementos acompañantes de la democracia: la transparencia y el acceso a la información.

Sin estos elementos acompañados de otros muy importantes, la democracia con la que México cuenta actualmente es sólo electoral, por lo que es incapaz de solucionar un sin fin de problemas que la sociedad mexicana contemporánea reclama. La labor emprendida por AC a resultado como un importante generador no solo de certidumbre democrática, al mismo tiempo ha sentado las bases para que la gobernanza pueda encontrar un nicho de crecimiento en México, después de cumplir con otros requisitos aún pendientes.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Fundado el 23 de noviembre de 1988 por la Compañía de Jesús en México. La Compañía, además de este Centro, cuenta con el Centro de Derechos Humanos de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco y el Centro de Derechos Indígenas A.C. en Chillón, Chiapas. Es importante mencionar que este mismo año se celebraron elecciones para la designación del Presidente de la República, en las que Carlos Salinas de Gortari resultó electo presidente, cabe resaltar que estas fueron las primeras elecciones competitivas de la historia del México contemporáneo, en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vería la posibilidad por vez primera en muchos años de perder la elección, ante el Frente Democrático Nacional (antecedente del Partido de la Revolución Democrática) encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al final del proceso electoral hubo cuestionamientos sólidos y un sector importante de la sociedad argumentaría por mucho tiempo que el verdadero ganador de ese proceso había sido Cuauhtémoc Cárdenas.

Es en este contexto que el Centro inicia sus labores. Desde sus inicios se ha caracterizado por ser uno de los principales actores en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. De hecho, los integrantes de este Centro han sido objeto de amenazas y sometidos a un clima de hostigamiento constante, emprendido desde diferentes sectores de la sociedad, se cree que el clima de hostigamiento, viene la mayoría de las veces de los actores que denuncian desde esta organización. En octubre de 2001 se registró un acontecimiento que cimbraría a este Centro de Derechos Humanos y a la sociedad mexicana en su conjunto, Digna Ochoa y Plácido, abogada del Centro y activista de 37 años de edad fue asesinada al recibir dos impactos de arma de fuego. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó que se trató de suicidio, aun cuando la evidencia apuntaba hacia su actividad profesional como fuente posible del crimen. Cuatro años después de la muerte de esta defensora de los derechos humanos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la PGJDF reabrir la investigación por considerar que había elementos suficientes para presumir que la abogada había sido asesinada.

Hay que tomar en cuenta que a lo largo de su carrera, Digna Ochoa, fue la defensora de casos emblemáticos en los que existía flagrante violación a los derechos humanos. Dentro de los más connotados es importante mencionar el de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional encarcelados en Cerro Hueco; el de los llamados “campesinos ecologistas”, en la sierra de Petatlán en Guerrero, y; el de los “Hermanos Cerezo”, jóvenes universitarios acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y hacer detonar explosivos en una sucursal bancaria en la Ciudad de México. Como se puede observar la labor de este Centro ha sido destacada y han tenido que enfrentar situaciones complejas para desarrollar su trabajo en la denuncia de abusos y atropellos a los derechos humanos en casos particulares, así como su defensa y promoción en términos generales. Para información más detallada sobre el caso de Digna Ochoa se recomienda el documental realizado por el cineasta mexicano Felipe Cazals titulado: “Digna…hasta el último aliento” (2003).

La defensa y promoción de los derechos humanos en México puede ser una actividad de alto riesgo ya que el trabajo de estos defensores muchas veces muestra a la luz pública los abusos perpetrados desde las más altas esferas de la sociedad mexicana, muchas veces en comparsa con el gobierno. “(…) con 41 nuevos casos documentados, México quedó inscrito en 2006 como el tercer país con mayor número de reportes por agresión contra defensores de los derechos humanos en América Latina, después de Colombia y Guatemala, donde la ‘represión y uso de la fuerza fueron desproporcionadas’.” (La Jornada; 15 de marzo de 2007).

Como señalan sus principios constitutivos el objetivo fundamental del Centro es “defender, promover e incidir en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México y enmarcamos nuestra labor en la opción preferencial por los más pobres y grupos vulnerables del país: indígenas, migrantes, trabajadores y víctimas de represión social.” (centroprodh.org.mx/). En este sentido, argumentan que durante los últimos años de la década de los 80 y los 90 del siglo XX existió un acoso por parte del Estado hacia las actividades de los defensores de los derechos humanos. No obstante, desde el año 2002 ampliaron su acción al promover también la defensa y promoción de los llamados DESCA (Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales).

En términos generales se puede establecer que sus principales actividades se desarrollan en los siguientes campos:

• a) Monitoreo, registro y análisis de la situación de derechos humanos en México.

• b) Gestión, canalización y documentación de casos de violaciones de derechos humanos a víctimas de represión social, mujeres, migrantes e indígenas.

• c) Litigio nacional e internacional ante diversas instancias gubernamentales e intergubernamentales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• d) Educación y formación a grupos y organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos.

• e) Promoción de los derechos humanos mediante la difusión de casos o situaciones en diversos medios de comunicación a nivel nacional e internacional, así como a instituciones, colectivos y personas en lo particular preocupadas por la situación de los derechos humanos en México.” (centroprodh.org.mx/)

Como parte del monitoreo que realiza el Centro está la presentación periódica de informes de evaluación sobre el estado que guardan los derechos humanos en el país. Es frecuente que a partir de la documentación de casos específicos de violaciones a los derechos humanos el Centro se vincule estrechamente con la sociedad civil. La organización sostiene litigios nacionales o internacionales (según sea el caso) como parte de la defensa de las personas que entran en contacto con ellos, dando prioridad a los de ciudadanos de escasos recursos y con marcados grados de marginación, por lo que son incapaces de defenderse por sí mismos o no cuentan con los recursos económicos suficientes para contratar un abogado. Su principal enlace a nivel internacional lo mantienen con la Organización Human Rigth Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Coalición de los Derechos Humanos en América, Consejo Social y Económico de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) y a nivel nacional con las comisiones de los derechos humanos estatales y la nacional.

El medio más utilizado por este Centro para difundir su labor es la prensa escrita y la Internet, aunque también ofrecen conferencias por radio y en algunas ocasiones para la televisión, el periódico La Jornada a lo largo del tiempo se ha caracterizado por proporcionarle a organizaciones de este tipo un espacio de interlocución.

En materia de construcción de la gobernanza el Centro Miguel Agustín Pro Juárez cuenta con un proyecto de acceso a la información por considerarlo un derecho fundamental, en la construcción de espacios de interacción y escrutinio de las diferentes actividades gubernamentales por parte de los OCS y de la sociedad en su conjunto, como ya se mencionó evalúa constantemente el desempeño del gobierno mexicano en la promoción y respeto de los derechos ciudadanos en su sentido más amplio.

La labor de las OCS como este Centro resulta fundamental para la construcción de la gobernanza, entendiendo ésta como “(…) los modos de organización y regulación de la convivencia dentro de una de una sociedad determinada, desde el nivel local hasta el nivel mundial y según una ética definida en común”, (Gobernanza y Gobernabilidad, IRG).

La convivencia respetuosa en una sociedad, basada en el respeto mutuo de los derechos de los individuos, resulta fundamental para que las relaciones sociales se desarrollen de forma equitativa y cordial, el respeto de los derechos humanos por parte de las diferentes autoridades desde las del nivel local hasta las él de los organismos internacionales, resulta escencial para poder realizar los acuerdos y negociaciones que caracterizan a la gobernanza. Si un gobierno no respeta los derechos humanos de sus gobernados, no se puede esperar que estos participen con él en las tareas de repartir y desconcentrar las funciones estatales, elementos indispensables en el proceso de creación y desarrollo de la gobernanza

La ética planteada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro es la del respeto y garantía de los derechos humanos, económicos, civiles, culturales, políticos y sociales. Sin el concierto de estos elementos el desarrollo y profundización de la gobernanza para el caso mexicano se encuentra profundamente acotada o reducida a elementos insuficientes para poder incidir en beneficio de la población.

El respeto a los derechos humanos es un fundamento ético de los regímenes democráticos, el cual ha sido defendido en la labor cotidiana que ha realizado la organización a lo largo de veinte años. En el desarrollo de su historia Centro Miguel Agustín Pro ha estado vinculado a diferentes movimientos sociales y OCS de carácter reivindicativo, procurando la apertura de espacios para la participación de la sociedad en la defensa y promoción de los derechos que le son inherentes. El trabajo realizado en este centro resulta fundamental para el desarrollo y evaluación de la gobernanza ya que desde su trinchera este Centro incide en la evaluación constante de las acciones gubernamentales en materia de derechos humanos, elemento indispensable de cualquier régimen que encuentre su sustento en la democracia.

Esta labor es realizada con trabajo de campo y entrevistas en los lugares donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las Comisiones Estatales han realizado algún informe y los denunciantes no han quedado satisfechos, los integrantes del Centro Pro se trasladan personalmente a lugar de los acontecimientos y realizan una investigación paralela a la realizada por la comisión (estatal o nacional, según sea el caso), de ella deriva un informe el cual es presentado ante los medios de comunicación.

Muchas veces esos informes no concuerdan con los elaborados por las comisiones, en ese momento los miembros del Centro Pro inician una campaña para posicionar estos hechos en los diferentes medios de comunicación y poder difundir su versión. Esta es la forma que se utiliza en el Centro Pro para poder denunciar y realizar un seguimiento sobre las violaciones a los derechos humanos en México.

Sin el respeto a los diferentes derechos humanos, se prevé que el establecimiento de la gobernanza encontrara profundas y amplias dificultades para poder desarrollarse en el territorio nacional.

Las actividades emprendidas desde este Centro resultan estratégicas en el ejercicio de espacios relativos al establecimiento y extensión de las garantías y libertades individuales y colectivas, entendidas como derechos humanos, económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Por ello resulta sumamente pertinente el poder analizar sus fuentes de financiamiento, para entender hacia donde dirigen su atención y esfuerzos, estas pueden resumirse en:

• “(..) nosotros nos mantenemos de la cooperación internacional, repartidos por agencias internacionales de cooperación que funcionan en la lógica de proyectos. Las principales fundaciones que se encargan de financiar estas actividades son: La McCarthur Foundation sobre todo en aspectos de derechos humanos, de acceso a la justicia. La fundación Heinrich Boell también es otra de las fundaciones que nos apoya” (Diez y Felix, 2008: Ficha 7).

Este Centro ha mostrado a lo largo de su historia una clara autonomía del gobierno federal y de los diferentes gobiernos estatales y locales, por ello sus fuentes de financiamiento provienen del exterior, para así garantizar su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y al mismo tiempo guardar la distancia pertinente de aquellos a quienes están evaluando. Para poder garantizar su labor, resulta indispensable que mantenga autonomía política y económica del gobierno en turno, llevando a cabo una evaluación permanente del estado que mantienen los derechos humanos (componentes fundamentales de la gobernanza), en el país.

Si bien las labores del Centro no se ha enfocado en específico al análisis y evaluación de la gobernanza, resulta claro que sus actividades están encaminadas a la ponderación de las diferentes políticas públicas dirigidas al establecimiento de los derechos humanos en su más amplio espectro, por ello las tareas desarrolladas por el Centro son relevantes para la construcción del proceso de gobernanza en México.

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, (Incide Social) AC.

Esta organización surgió en 2003 en el marco de las llamadas “elecciones intermedias” proceso mediante el cual se renuevan posiciones en el Cámara de Diputados Federal en su totalidad, (uno de los dos componentes del Congreso de la Unión, el otro es el Senado de la República, pero este se renueva en su totalidad cada seis años) sin coincidir con la elección presidencial. Desde su inicio Incide Social fijó su campo de acción en los siguientes rubros :

• “…actividades de asesoría para la formulación de diagnósticos y agendas sociales a redes de organizaciones; impartición de talleres sobre política y desarrollo social para OSC; promoción del debate sobre temas como desigualdad, discriminación y pobreza; investigación y desarrollo de metodologías para profundizar en los factores que inciden en el desarrollo humano, en las relaciones entre trabajo, familia y vida personal.” (http://incidesocial.org/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=43)

La elaboración de diagnósticos y agendas sociales³ , por considerarlos claves para la relación de sus organización con las diferentes esferas gubernamentales; el tomar estos temas como base para sus trabajos, es una prueba del nivel de profesionalización y resultados que los fundadores y colaboradores de Incide han buscado desde sus inicios, sin duda alguna esta OCS será una de las principales avaladoras del proceso de gobernanza en México cuando este se consolide.

Esta organización ha mantenido a lo largo de su corta pero sustanciosa historia una relación de diálogo abierto con el gobierno, su acción no se centra únicamente en la denuncia ya que buscan impactar en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para el beneficio de la sociedad en lo que se refiere a desarrollo social y derechos humanos. Otra vertiente de su estrategia consiste en la capacitación de otras OCS para que encuentren espacios de diálogo, coordinación e interacción con el gobierno y participen desde su espacio y ámbito de validez en el diseño de las políticas públicas en las distintas escalas de gobierno (Escamilla y Felix, 2008: Ficha 8).

El trabajo realizado por esta organización resulta un indicador fiable para valorar el estado en que se encuentra el proceso de construcción de la gobernanza en México, ya que esta organización se encarga de impartir talleres de rendición de cuentas y construcción de políticas públicas a otras OCS, este proceso es de suma importancia para la consolidación de la gobernanza ya que en la medida en que las otras OCS aprendan como solicitar y utilizar la información proporcionada por las diferentes agencias gubernamentales, el escrutinio de los trabajos públicos se realizara con mayor precisión y solidez.

Como ya se menciono la labor de esta organización se ha centrado en la capacitación de otras OCS, en especial en la elaboración de diagnósticos y en la integración de agendas sociales, ambos temas fundamentales en los procesos de evaluación y análisis de las diferentes acciones gubernamentales. Esta estrategia de fomentar la vinculación entre la sociedad civil y sus organizaciones con el poder público es todavía incipiente ya que dio inicio apenas cinco años atrás, por ello resulta aún prematuro valorar el resultado de estas acciones en el mediano y largo plazo.

Otro tema que ha desarrollado Incide Social como parte de su quehacer es el de los derechos humanos en aspectos de “diagnóstico, diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de política pública, sobre todo en lo relativo a derechos económicos, sociales y culturales.” (incidesocial.org/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=43).

La posibilidad de observar de manera sistemática diferentes experiencias, para poder integrarlas en informes y análisis de las diferentes políticas públicas, que pueden ser utilizados por otras organizaciones ya sea de carácter nacional o internacional, es otra de las aportaciones que desde Incide se ha posibilitado a lo largo de estos cinco años de existencia.

Hay que señalar que su presidenta honoraria, Clara Jusidman, es una figura reconocida a nivel nacional e internacional por su experiencia en el estudio de los derechos humanos. Su labor es ampliamente conocida ya que en el año 2003 fue una de los cuatro expertos que realizó el diagnóstico denominado Situación de los Derechos Humanos en México, para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Esta evaluación realizada en colaboración con Sergio Aguayo, Isidro Cisneros y Miguel Sarre resultó en uno de los trabajos más significativos en materia de evaluación de los derechos humanos en México por su contenido, propuestas y metodología ya que a lo largo de la construcción del diagnóstico, muchas de las organizaciones de derechos humanos en México participaron en su elaboración, buscando que no fueran solo los cuatro expertos los encargados de esta labor, sino que las organizaciones que evalúan las políticas gubernamentales en esta materia, pudieran participar directamente en la elaboración del diagnóstico, esto fue posible gracias a que los expertos invitaron a las organizaciones a integrarse a esta labor. (Escamilla y Felix, 2008: Ficha 8).

En este punto hay que señalar que las OCS mexicanas –y se piensa que es un fenómeno común a otros países- han encontrado que la vinculación con actores internacionales otorga mejores resultados, que la realización del trabajo aislado en el marco nacional. De esta forma, es frecuente la utilización de foros internacionales para la denuncia, lo que generalmente provoca que el gobierno mexicano preste mayor atención a sus demandas y en el mejor de los casos se busque una solución. Como resultado del diagnóstico presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se emitieron 31 recomendaciones para mejorar la situación referente a los derechos humanos en México. A continuación se presenta la recomendación número 31 también llamada Recomendación Instrumental:

• { “RECOMENDACIÓN INSTRUMENTAL

Con el objetivo de atender las recomendaciones anteriores, se formula

La siguiente recomendación instrumental:

31. Apoyar y promover la creación de un grupo de expertos de diversos centros de educación superior, organizaciones sociales y civiles y sector privado, que con el apoyo del sistema de Naciones

Unidas en México elabore anualmente un informe independiente

Sobre el estado de la nación. El informe debería contener una evaluación de la situación de los temas incluidos en este Diagnóstico, así como una revisión de las tendencias de largo plazo en cada uno de dichos temas. El grupo será responsable, asimismo, de elaborar el Índice Nacional de Cumplimiento de los Derechos Humanos en México, a niveles federal y estatal.” (Situación de los Derechos Humanos en México, obtenido el 04 de septiembre de 2008, en: www.hchr.org.mx/documentos/libros/31recomendaciones.pdf).}

De tal forma, se puede observar que esta recomendación es una prescripción orientativa del trabajo que se debe desarrollar México en los próximos años en materia de derechos humanos desde el punto de vista tanto de líderes sociales y de opinión, como de las OCS. Esto dentro del establecimiento de un régimen democrático pleno y respetuoso de las garantías individuales que permita la inclusión de amplios grupos y sectores de la ciudadanía en los procesos de evaluación y construcción de los procesos de gobernanza en el país.

Finalmente, hay que señalar que la participación de esta organización en el proceso de evaluación de las políticas públicas dirigidas a la atención y defensa de los derechos humanos ha sido particularmente activa, a pesar de haberse formado hace apenas cinco. Esto se debe a la experiencia acumulada en otras organizaciones por parte de los miembros de su equipo. De esta manera, Incide se presenta como una OCS influyente dentro de su terreno de acción y en lo que respecta al proceso incipiente de la construcción de la gobernanza en México.

Sin Fronteras Institución de Asistencia Privada (IAP).

Sin Fronteras, comenzó sus labores formalmente en 1995. A manera de antecedente, hay que recordar que en los años de 1993 y 1994, los Estados Unidos de América emprendieron una política de menor tolerancia para la migración ilegal, en especial en su frontera con México.

• “El estruendo de los helicópteros sobrevolando a baja altura las márgenes del rió Bravo habría de perturbar algo más que la tranquilidad de una frontera que despertaba a la mañana del 5 de septiembre de 1993. Un contingente jamás visto de oficiales de la Patrulla Fronteriza tomaba posición sobre el borde, distantes uno del otro cien metros, para instalar el primero de los programas tendientes a frenar la inmigración indocumentada, una operación gestada con todo sigilo los meses previos a la que se llamó Hold de Line (“Conteniendo la línea”).” (Jiménez 2008, 421: 40)

Los acontecimientos antes descritos, además de la llamada “Operación Guardián” que culminó con la construcción de una muralla fronteriza agudizaron la problemática de los migrantes centroamericanos principalmente. A éstos les resultaba cada vez más difícil y costoso el acceso a los Estados Unidos de América (EUA). En esta situación de vulnerabilidad, los migrantes indocumentados extranjeros sufrieron una gran cantidad de violaciones a sus derechos –excesos, abusos e incluso violaciones y homicidios por parte de los distintos cuerpos de seguridad y bandas criminales que operan principalmente en la frontera sur y a lo largo de las vías de comunicación que comúnmente trasladan a los migrantes indocumentados hacia EUA, como es el caso de las líneas ferroviarias. A esto hay que agregar que ante el endurecimiento de la vigilancia en la frontera norte, los migrantes no mexicanos se veían obligados a permanecer durante más un tiempo en territorio mexicano.

En medio de una importante crisis económica nacional y en la región (Ortega, 2008: Ficha 4) surgió esta organización con el objetivo de defender los derechos humanos de los emigrantes extranjeros indocumentados en México, así como de refugiados políticos de distintos continentes. En un principio esta organización fijó su grupo de atención en los refugiados y perseguidos provenientes de Centroamérica. No obstante, hoy en día su labor se ha ampliado a otras procedencias como es el caso de los inmigrantes africanos.

Hay que señalar que las condiciones de tránsito o permanencia en el país de forma ilegal conlleva una serie de riesgos posiblemente superiores a los que se encaran al cruzar la frontera norte, especialmente por la falta de garantías al respeto de los derechos humanos en territorio mexicano. Un ejemplo de esto, es el portal de Internet que ha abierto el propio gobierno guatemalteco para advertir a sus ciudadanos sobre los peligros que supone el paso por México (www.unidosporguate.gob.gt/).

Sin Fronteras es una organización que desde sus inicios ha cuestionado el motivo por el cual bajo una doble moral el gobierno mexicano ha solicitado insistentemente el respeto de los derechos humanos para los connacionales en el extranjero, a la vez que se ha mostrado incapaz de garantizar el respeto a los mismos a los inmigrantes indocumentados en México. (Díez y Felix, 2008: Ficha 7).

Esta OCS parece ser muy representativa, pues establece valoraciones sobre la garantía de respeto de los derechos humanos en México a sectores que por no ser legales, suelen ser criminalizados socialmente. Sin Fronteras emite diagnósticos sobre la situación que guarda este tema tan poco presente en las agendas de otras organizaciones abocadas a la defensa de los derechos de los mexicanos en el país y el extranjero. Sus diferentes trabajos, evaluaciones y reportes han estado basados en el trabajo de campo y denuncias judiciales hechas por los migrantes contra el maltrato y la discriminación del gobierno mexicano. El trabajo realizado por esta OCS, resulta sumamente ejemplificante del poco respeto que tienen las autoridades mexicanas para el respeto de los derechos humanos, ya que en sus informen dan cuenta de las vejaciones y abusos a los que son sometidos los inmigrantes indocumentados.

Resulta paradójico que un país como México en cual uno de sus principales ingresos son las remesas que los connacionales envían de los EUA, sea indolente en el respeto de los derechos humanos de otros inmigrantes, que buscan en el vecino país del norte mejorar sus ingresos y los de sus familiares. Es claro que el gobierno mexicano ha sido incapaz de diseñar una política de atención a este fenómeno social y contesta a las necesidades de los inmigrantes con acciones encaminadas a violentar los derechos humanos y establecer el miedo en los individuos que se aventuran por territorio nacional, con el único objeto de llegar a los EUA. La falta de atención de este problema desde las esferas gubernamentales, ha provocado que cruzar por México para los inmigrantes indocumentados represente un peligro inminente.

Se recomienda en los años venideros seguir los trabajos realizados por esta organización y las tres mencionadas con anterioridad, ya que en este momento se consideran como cuatro de los más importantes ejemplos para la construcción del proceso de gobernanza, en su vertiente más cercana a los derechos humanos.

Conclusiones

Como una reflexión final, se presentan a continuación los siguientes puntos valorados a partir del estudio de las cuatro organizaciones antes mencionadas:

• El respeto y defensa de los derechos humanos, es uno de los principales temas pendientes en la agenda del gobierno mexicano, ya que sin este principio fundamental en la acción del Estado, es profundamente endeble la construcción del proceso de gobernanza en México. “Algo claro en la situación particular de México es la prioridad de los derechos humanos en la agenda social. De las 330 notas capturadas el 50% tratan el tema de los derechos humanos.” (Felix, 2008: 2).

• La integridad de los defensores de los derechos humanos y de la ciudadanía en general debe estar garantizada por los órganos estatales encargados de la impartición y administración de justicia, así como por los cuerpos de seguridad y no amenazada como ha ocurrido hasta ahora. Hay que considerar que las violaciones a los derechos humanos es el tema que mayor recurrencia tiene en la base de datos de esta investigación (Felix, 2008: 2). El método utilizado por estas organizaciones hasta el momento es únicamente informe y acciones de denuncia de las diferentes violaciones a los derechos humanos, es importante establecer que esto puede deberse al estado de impunidad que en México se vive y a la necesidad de estar en constante denuncia de los abusos desde las diferentes esferas gubernamentales.

• Estas organizaciones no miden el impacto de la gobernanza, ya que actualmente en México no se encuentran indicadores claros de que este proceso este instaurado, su labor se centra en la defensa de los derechos humanos, como uno de los componentes que posiblemente darán vida a la gobernanza con posterioridad.

• Si bien la democracia electoral ha alcanzado un cierto nivel de credibilidad, este no es el único aspecto que se debe contemplar para el ejercicio democrático que permite la edificación de indicadores superiores de gobernanza en México. Es claro que se debe avanzar en el proceso de consolidación de la democracia participativa para que la gobernanza encuentre una mayor proyección y profundidad social.

• Es importante impulsar la discusión de la evaluación de la gobernanza, al interior de las diferentes OCS, para que se transite de una cultura de la simple denuncia, a procesos más complejos de evaluación sistemática y continua sobre el estado que guarde la construcción política y social de la gobernanza en México.

• La evaluación por parte de las OCS de los diferentes procesos gubernamentales resulta fundamental, ya que esta aporta elementos a los evaluadores para saber si las políticas se están cumpliendo sus objetivos o no, y cuáles son los cambios institucionales, que deben realizarse para poder cumplir con las metas establecidas.

• Las OCS deben ser capaces de generar sus propios indicadores y formas de evaluación, ya que si bien existen instrumentos utilizados a nivel internacional, muchas veces estos no son capaces de representar las necesidades de la sociedad mexicana, como se menciono en el caso de Alianza Cívica y la creación del Índice de Transparencia desarrollado por esta OCS.

Bibliografía y enlaces en Internet.

• Aguayo Q. Sergio. (2006). La Alianza Cívica Mexicana: Una Izquierda en busca de identidad, El colegio de México.

• Jiménez A. (2008). Para un muro una escalera, Día Siete, 421.

• Massicotte Marie-Josee. (2001). Las Organizaciones Civiles Mexicanas y las redes transnacionales, en Documentos de discusión sobre el tercer sector, 17.

• Méndez H. Luis. (1997). Poder Ideología y respuesta social en México (1982-1996), Editorial EON.

Internet

www.alianzacivica.org.mx/

centroprodh.org.mx/index1.htm

www.hchr.org.mx

www.incidesocial.org/

www.sinfronteras.org.mx/

www.unidosporguate.gob.gt/