La innovación en la gestión local como espacio de concertación pública

Ciertamente el fenómeno de la innovación en la gestión pública local, y particularmente aquellas iniciativas que logran consolidarse en el tiempo de forma autosostenible, debe ser analizado en su nivel más básico como un proceso de carácter endógeno, puesto que sólo puede desarrollarse ampliamente si se conjugan eficientemente en el espacio local elementos de gobierno y actores sociales activos y se construyen esquemas perdurables de gobernabilidad y gobernanza democráticas, entendiendo ésta última como el “conjunto de procesos de interacciones y actores diversos (…) Se trata de un concepto del orden político como proceso integral, en el que el Gobierno se entiende de manera “relacional”, o de redes, donde el gobierno, como pura administración estatal, encuentra legitimidad y eficiencia en sus interacciones y dinámicas con los demás actores no estatales, denominados genéricamente como sociedad civil”. (Institut de Recherche et de Débat sur la Gouverance (IRG) www.institut-gouvernance.org)

Ambos conceptos, gobernabilidad y gobernanza, siempre acompañados del adjetivo “democrática”, suponen la concertación entre gobierno y sociedad como elemento indispensable sobre el cual se establece la construcción participativa de lo público, incorporando de esta manera la noción de “lo público no estatal”. En este sentido, la concertación implica el reconocimiento de la diversidad de actores que interactúan en el espacio local, cada uno con su propia legitimidad, también contribuyentes a la construcción del espacio público (Delamaza, 2008).

Como parte de este proceso de reconocimiento se van creando espacios para la participación de estos actores en la toma de decisiones, se establecen sinergias entre ellos, se generan reglas pro-cooperación, se avanza en la institucionalización de estas redes y de los mecanismos de participación de manera que su acción sea eficaz e inclusiva. Y si el espacio de concertación es eficiente y democrático, éste se encaminará a lograr una articulación fuerte y amplia de los mecanismos participativos con proyectos políticos democratizadores, la coherencia general de esta participación en el ciclo de las políticas (definición de agenda, planificación, ejecución y control), y un adecuado balance entre espacios institucionales de participación y fortalecimiento de los actores. (Delamaza, 2008: 72)

De esta manera, la práctica de la concertación pública se muestra como una herramienta eficaz que contribuye a modificar, poco a poco, las formas anteriores de relación entre gobierno y grupos sociales, situándolas en un marco de democracia participativa que favorece que los sectores sociales se constituyan en actores activos en la construcción del espacio público y la responsabilidad social se posicione como elemento estratégico de la gobernabilidad. Es decir, la concertación publica implica una capacidad real de la sociedad de incidir y controlar los procesos de gobierno más allá de las elecciones, lo cual comprende, a su vez, que la sociedad comience a adquirir una responsabilidad sobre sus formas de actuar y participar en esa construcción de lo público. Constatamos así que, a través de mecanismos eficientes de concertación, los papeles de todos los actores involucrados tienden a cambiar y sus capacidades se potencian, al tiempo que se definen, por su interacción con el resto de los actores.

Ahora bien, es necesario precisar que cuando hablamos de la construcción de un modelo de gobierno democrático es especialmente importante asegurar una verdadera inclusión social al incorporar, a través de la generación, implementación y control de las políticas públicas, la expresión de intereses y demandas de sectores usualmente no representados y en muchas ocasiones históricamente excluidos de los circuitos económicos, políticos y sociales; sectores que en el caso de América Latina suelen ser muy amplios. En este sentido, la concertación pública (que debe aspirar a convocar a una diversidad amplia de sectores sociales en torno al desarrollo de políticas de inclusión social de los grupos marginados) marcará un avance sustancial en el proceso de democratización de una sociedad si los proyectos que surgen de estos espacios van dirigidos a generar una redistribución real del poder, la riqueza y los beneficios producidos en el sistema socio-económico y político.

Es así que uno de los más grandes desafíos de la concertación, entendiendo ésta como un camino de transformación de largo plazo y no como una resolución integral de los problemas, consiste en generar una dinámica continua de democratización que estimule la construcción permanente y amplificada de políticas de proximidad (entendidas como prácticas cotidianas de interacción entre gobierno y ciudadanos, entre políticos y electores -Cabrero, 2008-); y de acciones públicas de alta intensidad (generación de acuerdos entre diversos grupos de la sociedad civil y entre grupos al interior del gobierno local, y entre ambas configuraciones de grupos y actores, en torno a un proyecto de desarrollo y bienestar local. -Cabrero, 2008: 26-) orientadas a promover de manera creciente la incidencia relativa de los sectores excluidos, logrando así una mayor integración social; proceso que a su vez, deberá ir aparejado por la construcción de instancias de transparencia y control públicos para los mecanismos de asignación de bienes y servicios públicos. (Delamaza, 2008: 75)

Considerar las prácticas de innovación en la gestión local como iniciativas de concertación, implica un gran reto para los espacios públicos y sus actores, pero al mismo tiempo es el motor que potenciará su desarrollo a largo plazo, abriendo consigo un sinfín de oportunidades para avanzar en el proceso de construcción de una democracia verdadera.

Programa de Agricultura Urbana en el municipio de Rosario, Argentina

De la crisis a la construcción de modelos de desarrollo alternativo

Desde los años 80 la ciudad de Rosario, caracterizada por ser un importante centro económico atrayente de flujos migratorios provenientes de las zonas rurales, comenzó a reestructurarse bajo la aplicación de políticas de corte neoliberal. La quiebra de las pequeñas y medianas empresas o su absorción por grandes corporaciones transnacionales, la privatización del sector público y la consecuente descapitalización de la economía del municipio, la transformación del mercado laboral en demanda de una mano de obra más calificada, y la migración creciente proveniente de un campo empobrecido por la aplicación de políticas agrarias erróneas, fueron elementos que terminaron por generar, en el largo plazo, una tendencia a la concentración creciente de población pobre y desocupada en la ciudad y su zona periférica (con más de un millón de habitantes, la ciudad de Rosario concentra aproximadamente un tercio de la población total de la Provincia de Santa Fe, Argentina, -IPES, 2009-. Esta situación llegó a su climax en diciembre de 2001 cuando, tras estallar la crisis económica-financiera y política en Argentina, los índices de pobreza alcanzaron al 68% de la población local. (ONU-Hábitat, 2004)

Pero este índice sería sólo un reflejo de la profundidad de la crisis que vivía Argentina. La ciudad de Rosario, como todo el país, se vio inmersa en una crisis histórica de representación de las instituciones políticas (hay que recordar que en tan solo un mes se sucedieron en el cargo de Ejecutivo cinco mandatarios). Todos los niveles de gobierno se enfrentaron a la necesidad inmediata de recuperar la legitimidad y el control político frente a una población empobrecida que bajo el lema “que se vallan todos los políticos del país”, rápidamente comenzó a organizarse en torno a la necesidad de abastecerse de comida y defender sus escasos recursos financieros. De un día a otro las manifestaciones de los cacerolazos, el saqueo masivo de los supermercados y el bloqueo de las carreteras se reprodujeron a lo largo del país cada vez con mayor intensidad.

Este papel protagónico que desempeñó la sociedad argentina sacudió profundamente las estructuras sociales y políticas del país. La población adquirió una importante fuerza organizativa que fue dimensionando a través de sus éxitos en la calle y su paulatina apropiación de los espacios públicos (ni siquiera el decreto de estado de sitio menguó las manifestaciones callejeras), y que después derivó en una fuerza constructiva que conllevó la creación de cientos de redes solidarias para proveerse de alimentos, productos y servicios, las cuales se salían de las estructuras de la economía formal y reivindicaban el aspecto social de la producción y el consumo. Ahora los gobiernos estaban frente a una sociedad que había redescubierto su fuerza organizativa y su papel protagónico en el diseño de modelos de gobierno. El gran reto para ellos consistiría en poder responder, desde las estructuras de gobierno, a las nuevas dinámicas de la sociedad que con fuerza traían al centro del escenario político viejas demandas incumplidas, recuperando así la legitimidad de las instituciones políticas.

En este contexto, en febrero de 2002, el gobierno municipal de Rosario retoma como política pública el Proyecto de Agricultura Urbana propuesto por la CEPAR (Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas), una ONG originaria de la ciudad que desde los años noventa ha desarrollado Huertas Grupales Productivas Orgánicas bajo el precepto de promover nuevas formas de producción y consumo solidario, modelo que justo en el contexto de la crisis alcanzó una gran representatividad al interior de la sociedad de Rosario.

Redes solidarias de producción, circulación y consumo: hacia una nueva integración social

El Proyecto de Agricultura Urbana (PAU) surge con el objetivo inmediato de promover y resguardar la seguridad alimentaria de las familias más pobres por medio del establecimiento de huertas urbanas familiares y comunitarias donde se produzcan alimentos sanos para el autoconsumo. A pesar de que el proyecto es eficiente como una respuesta de emergencia ante un contexto de crisis, es muy importante destacar que es su sólido fundamento político y social el que se constituye en su fuerza motora y le permite consolidarse, con el paso del tiempo, como un modelo de desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable para la ciudad.

En este sentido, vale la pena destacar que el eje central del PAU será impulsar “la construcción de « modelos vivos » de una economía cuyo objetivo principal no es el lucro sino producir alimentos para que sean muchos más los que puedan vivir mejor… que los campesinos puedan tener tierra, puedan trabajarla, puedan producir, consumir, que haya otra forma de intercambio y de producción, más cercana a lo que se necesita. Queremos apuntar a redes donde puedan circular los alimentos de otra manera y donde los precios sean justos. El objetivo no es la competencia sino una economía más solidaria, donde podamos estar mejor todos. » (CEPAR, 2003)

Bajo estos preceptos, el PAU fue evolucionando hacia la proyección de objetivos de carácter estructural, como son:

• la reintegración de los sectores excluidos al mercado laboral;

• la generación de redes solidarias de producción, circulación y consumo sustentadas en una filosofía de la producción y el comercio donde los conceptos justo, solidario, ético y responsable se constituyen en la base sobre la cual estos grupos se reintegran socialmente a la comunidad;

• la potencialización del espacio local como espacio estratégico de gobierno desde donde se proyectan y ponen en marcha, a través de nuevas alianzas sociales, modelos de desarrollo autosustentables; y

• la revalorización de las estructuras de gobierno como herramientas eficaces en la construcción de una gobernabilidad y una gobernanza democrática y, por ende, incluyente.

Actualmente, después de más de 8 años de trabajo, el PAU comprende:

• 640 huertas para el consumo familiar y comunitario;

• 140 huertas que producen para la comercialización;

• 5 ferias de venta semanal bajo el precepto “comercio solidario” que tienen lugar en -importantes plazas públicas de la ciudad;

• una agroindustria social de transformación de productos; y

• 4 parques huertas que capitalizan como espacio comunitario terrenos urbanos “vacíos” (bandas de naturaleza).

En conjunto, el proyecto vincula de forma directa a la producción de hortalizas orgánicas a 10 mil familias desocupadas, lo cual supone, al menos, el auto abastecimiento con verduras de 40 mil personas. Por su parte, el circuito de economía solidaria incluye a más de 350 grupos productivos, los cuales adquieren ingresos en un promedio de 40 a 150 dólares mensuales (la línea de indigencia es de 90 dólares). (Municipalidad de Rosario, 2009; y Hábitat-ONU, 2004).

Como podemos observar estamos hablando ya de un modelo económico y social, radicalmente diferente de las tendencias neoliberales, el cual reestructura, en diversos órdenes, las relaciones entre gobierno, sociedad y espacio local. En un primer ámbito, podemos reconocer el papel activo del gobierno local en los siguientes aspectos:

• su apuesta por la institucionalización de la agricultura urbana como política pública, lo cual contribuye a asegurar la continuidad y expansión del programa a pesar de los cambios en el gobierno;

• el financiamiento, en promedio, del 60% del presupuesto del proyecto;

• el desarrollo de una nueva planificación urbana con el objetivo de disponer de los espacios urbanos “vacíos” y otros espacios públicos y privados (éstos últimos bajo concesión) para la creación de las huertas, los parques, la industria, los talleres de capacitación y las ferias de venta;

• el otorgamiento a los trabajadores de la tenencia segura de tierras; y

• la institucionalización de redes de cooperación multiactores entre gobierno, ciudadanía y agencias de cooperación internacional.

En esta última área, especialmente ha sido importante:

su trabajo en coordinación permanente con la CEPAR, ONG encargada de la capacitación para la planificación y desarrollo de las huertas; la cual, además, se constituye en el vínculo estratégico del proyecto con organismos de cooperación internacional (Programa de Gestión Urbana de la ONU -que desde 2004 forma parte de ONU-Hábitat, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Promoción de Desarrollo Sostenible (IPES) y la Organización Andaluza por la Paz), a través de los cuales se obtiene aproximadamente el 30% del presupuesto total, además de otras aportaciones de carácter técnico.

El respaldo a los agricultores, más allá del establecimiento y regulación de las huertas para autoconsumo, en la realización de las ferias comerciales en espacios públicos, así como el desarrollo de campañas de promoción entre diversos sectores de la sociedad para impulsar un “consumo solidario, ético y responsable”.

La incorporación en el proyecto de la Universidad de Rosario a través de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura.

La vinculación del proyecto con el nivel federal de gobierno, específicamente por medio del programa Pro-huerta (que aporta aproximadamente el 6% del presupuesto total y otros recursos técnicos), y la solicitud del seguro de desempleo federal (52 dólares mensuales) para el 60% de los agricultores del programa.

La proyección internacional del PAU a través de su participación en proyectos internacionales auspiciados por la ONU y otros organismos internacionales de cooperación.

Convergente con este papel rector y articulador del gobierno, la ciudadanía se muestra como el actor precursor del proyecto. Por un lado, observamos a la CEPAR como contraparte del gobierno en el desarrollo del proyecto, lo cual incluye no solo su contribución directa y “tangible”, sino también la transmisión de sus preceptos filosóficos socio-económicos sobre los que se funda su sistema de producción. Es muy interesante destacar aquí que a pesar de la participación de financiamiento internacional que promueve la misma CEPAR a través de la vinculación del proyecto con agencias de cooperación, el PAU ha sustentado su programa en una visión de autosuficiencia a través de la cual se busca capacitar a los agricultores para producir ecológicamente no solo los alimentos, también las herramientas, semillas, abonos y otros insumos para el desarrollo de las huertas, con el objetivo de impulsar un modelo autosostenible que no genere dependencias económicas y tecnológicas, hacia espacios y actores exógenos, que puedan obstaculizar en un futuro el desempeño del proyecto. Podemos observar que se trata de una estrategia eficiente e inteligente para capitaliza los recursos existentes en el ámbito internacional sin generar dependencias que puedan costarle la vida al proyecto en un futuro.

Por su parte, los nuevos agricultores, que son los sectores sociales excluidos, se conforman en el actor estratégico de un proceso que está modificando, desde la base, algunas tendencias productivas y sociales de la ciudad. Por ejemplo, es muy importante señalar que al interior de este sector social las relaciones entre sus miembros se están reestructurando de manera considerable como resultado de que la agricultura urbana se sustenta en la familia como unidad productiva, la cual, a su vez, se inserta en una economía de barrio y comunidad. Sin duda alguna la construcción de comunidades es un cimiento fuerte que apuntala hacia la sustentabilidad a largo plazo del proyecto.

Así mismo, al interior de éstas se ha revelado un empoderamiento de las mujeres como agentes productores y organizativos: en una encuesta realizada en 400 huertas, se diagnosticó que el 92% de las mujeres, que representan el 62% de los/las huerteros/as, consideran la huerta como su fuente de trabajo (…) el 70% cumplen el rol de coordinadoras de grupos productivos, y el 50% lograron por medio de este emprendimiento el acceso a manejo de dinero (El Ágora, 2008: 209).

Otro cambio trascendental es que los agricultores han tenido cabida en las escuelas y universidades como promotores de un nuevo modelo económico sustentado en la ética de la solidaridad y la responsabilidad medioambiental tanto en la producción como en el consumo. Abiertamente podemos plantear que tanto su incursión en las escuelas, como las ferias de venta, donde interactúan directamente con la gente, abren dos importantes foros que otorgan presencia y voz a estos sectores marginados al interior de la sociedad.

Ahora bien, como complemento de los productores, es especialmente interesante el protagonismo que el PAU otorga a los consumidores a través de la concepción del “consumo como acto político, porque cuando consumimos elegimos una forma de producción específica” (CEPAR, 2003). Actualmente, los consumidores abarcan un amplio espectro de sectores sociales (superando la producción para el autoconsumo), los cuales se diversifican entre las personas que acuden directamente a las ferias de venta, las escuelas que adquieren productos y cursos de capacitación, y, de manera innovadora, los grupos empresariales que se comprometen a consumos fijos y anticipados a “precios justos” de los productos provenientes de las huertas urbanas por medio del “Vale Verde” y “Bono Mano Verde”. En esta dinámica definitivamente el papel del gobierno local ha sido muy importante para estimular estas redes de cooperación entre los sectores empresariales, los consumidores y los agricultores urbanos.

En definitiva, podemos distinguir una nueva sinergia de interacción entre distintos sectores sociales que se sustenta en una percepción radicalmente diferente sobre el papel que desempeñan los sectores excluidos en la construcción de modelos de desarrollo social. Y especialmente importante en este cambio de visión ha sido la fortaleza con la que el gobierno ha respaldado a los agricultores, lo cual, sin duda brinda una legitimidad política al proyecto.

En conjunto, si integramos las redes de interacción entre gobierno y sociedad, y al interior de ésta entre diferentes grupos socioeconómicos, así como entre los distintos elementos que conforman al grupo de población marginada, vemos que de facto existe un nuevo pacto social mucho más solidario e incluyente: los sectores marginados están posicionándose como agentes catalizadores de un modelo de desarrollo alternativo.

Ciertamente este nuevo pacto social tendrá que evolucionar hacia una mayor institucionalización que conlleve cambios estructurales que permitan asegurar a los trabajadores no solamente el autoconsumo proveniente de sus huertas, sino ingresos económicos suficientes para adquirir un nivel de vida más alto que les permita escalar hacia un estrato social superior (hay que recordar que actualmente los ingresos adquiridos de la venta de los productos se encuentran dentro del promedio de los 90 dólares mensuales que, de acuerdo con la ONU, es la línea de indigencia). Así mismo, como parte de estos cambios estructurales, tendrán que implementarse programas de seguridad social a través de los cuales se impulsen servicios como educación, salud e infraestructura que estén encaminados a cubrir las necesidades básicas de estos grupos y homogenizar el nivel de desarrollo al interior de la sociedad rosariana. No podemos olvidar que hay un largo camino que recorrer entre la indigencia y la integración sustentable de estos sectores poblacionales al interior de la sociedad.

El PAU como parte de la agenda regional de Agricultura Urbana

En el contexto mundial de expansión y urbanización de la pobreza, el problema del hambre y la desnutrición sobresale como uno de los temas prioritarios que deben atenderse en la agenda de desarrollo. Este año, de acuerdo con la FAO, se registran mil 200 millones de personas que padecen hambre y desnutrición en el mundo, alcanzando el nivel histórico más alto desde 1970. Tan sólo para ubicarnos en la región latinoamericana, aproximadamente 55 millones de personas, de los cuales 15 millones son niños menores de 5 años, padecen de desnutrición severa por falta de acceso a los alimentos; situación que es paradójica si consideramos que América Latina produce un 30% más de los alimentos que consume (FAO, 2009). Así mismo, debemos considerar que el alza constante de los precios de los alimentos va incorporando a nuevos segmentos de la población pobre a los índices de malnutrición, puesto que justamente son los sectores más pobres quienes gastan el mayor porcentaje de sus ingresos en adquirir alimentos. Frente a esta realidad, la agricultura urbana se constituye como una estrategia en la lucha por la seguridad alimentaria y nutricional otorgando acceso a los alimentos a los sectores más pobres, diversificando su dieta y permitiendo el ahorro en gastos de alimentos.

Desde mediados de la década de los noventa, la agricultura urbana comenzó a mostrarse en la región como una estrategia eficaz. Así mismo, su conceptualización fue evolucionando hacia un plano más amplio e integral pretendiendo dar respuesta a una mayor diversidad de temas urbanos. En este sentido, la Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) se definiría de manera más compleja “como una actividad multifuncional y multicomponente, que incluye la producción o transformación inocua de productos agrícolas y pecuarios en zonas intra y peri urbanas, para autoconsumo o comercialización, (re) aprovechando eficiente y sostenible recursos e insumos locales, respetando los saberes y conocimientos locales y promoviendo la equidad de género a través del uso y coexistencia de tecnologías apropiadas y procesos participativos para la mejora de la calidad de vida de la población urbana y la gestión urbana social y ambiental sustentable de las ciudades.” (IPES, www.ipes.org)

El primer gran impulso que se da a la Agricultura Urbana como política regional es en el año 2000 cuando la FAO y el IPES co-organizan un encuentro con representantes de 27 ciudades de 10 países de la región y se aprueba la Declaración de Quito (Ecuador), en la que afirman su “compromiso político para promover proyectos, programas y políticas municipales de agricultura urbana que permitan fortalecer la seguridad alimentaria urbana, enfrentar la pobreza urbana, mejorar la gestión del ambiente urbano, la salud y desarrollar una gobernabilidad más participativa y menos excluyente, y proteger la biodiversidad urbana.” (IPES, 2009)

En lo que respecta a la agenda mundial, en el año 2001 el Comité de Agricultura de la FAO establecerá como una de sus prioridades impulsar la agricultura urbana en el mundo como una estrategia integral que permitirá avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente en tres de ellos:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Metas: i) reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día; ii) lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes; y iii) reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

Objetivo 7: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

En este contexto regional-mundial es que la Ciudad de Rosario incursionará en la Agricultura Urbana como política pública. La CEPAR, que viene desarrollando la agricultura urbana desde los años noventa, será uno de los firmantes de la Declaración de Quito y en febrero de 2002 propondrá al gobierno municipal el Programa de Agricultura Urbana. En junio de ese mismo año el PAU se incorpora al proyecto regional de Consulta Urbana para el desarrollo de la Agricultura Urbana dirigido por el Programa de Gestión Urbana de la ONU (PGU; desde 2004 integrado a la agencia ONU-Hábitat) y apoyado por el IPES y el CIID-Canadá (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo). En este proyecto piloto participarán las ciudades de Gobernador Valadares (Brasil), Cienfuegos (Cuba) y Rosario (Argentina).

Vale la pena abrir un pequeño paréntesis para abordar el tema de la metodología de Consulta Urbana promovida por el PGU. Sustentada en una perspectiva de gobernanza urbana, tiende a favorecer la concertación pública en el espacio local por medio de un nuevo enfoque participativo de gestión urbana que apunta a mejorar el ordenamiento territorial de una ciudad implicando a todos los actores urbanos en la definición de las prioridades, la planificación de las acciones y su puesta en marcha.

La consulta urbana es un enfoque con tres ideas claves:

familiarizar el diálogo entre las autoridades locales y todos los actores urbanos implicados;

favorecer asociaciones que impliquen a los sectores público y privado, asociaciones y sociedad civil;

catalizar la elaboración de un plan de acción llevado adelante por el gobierno y la población. (Urbanews, 2004)

Considerando que la consulta urbana se constituye en el soporte del proyecto, los criterios base que permiten al PGU evaluar la viabilidad del desarrollo de las consultas (que suelen durar dos años en promedio) son:

• que exista la voluntad clara de las autoridades locales para desarrollar el proyecto sustentándose en la consulta ciudadana;

• que exista una sociedad civil dinámica y organizada que adquiera el compromiso de dialogar con las autoridades;

• que la sociedad civil participe en redes de asociación que favorezcan una desmultiplicación de las acciones y una participación financiera;

• que la sociedad civil tenga capacidades propias para generar conocimientos desde su ámbito que contribuyan al proyecto; y

• que la sociedad civil sea capaz de operar en sinergias y trabajar directamente con comunidades de base.

Como podemos observar, la consulta urbana apuntala a la formación de las aptitudes tanto de la municipalidad como de la sociedad civil para trabajar en espacios de concertación; y específicamente en el caso de ésta última promueve su organización, fortalecimiento y participación activa en todas las fases del proyecto.

Para cerrar el paréntesis, podemos decir que existe una coherencia en el origen del PAU entre la aplicación del proyecto bajo los preceptos de la consulta urbana (tendientes a la construcción de redes multiactores), y la evolución y el fortalecimiento, a través de los años, de sus fundamentos políticos-sociales, dirigidos a promover una sociedad más justa y solidaria.

Ahora bien, dos años más tarde, en septiembre del 2004, el PAU será seleccionado por el Programa Hábitat y la municipalidad de Dubai como una de las 10 mejores prácticas del mundo de lucha contra la pobreza. Y como parte de este reconocimiento, el PAU se proyectará a nivel internacional, co-participando junto con las ciudades de Kampala (Uganda) y Colombo (Sri Lanka), en el proyecto « Integrando la Agricultura en el Desarrollo Urbano, Plan 2004/2006 », financiado por el CIID, la Universidad de McGill de Canadá, el IPES y el PGU-ONU-Hábitat.

Nuevamente, en el año 2007, la FAO y el IPES convocan a los países latinoamericanos ha concertar sus esfuerzos en el desarrollo de la Agricultura Urbana en torno a La Declaración de La Paz (Bolivia), la cual es aprobada por representantes de gobiernos nacionales, municipios y organizaciones de cooperación y de la sociedad civil de 13 países latinoamericanos.

Actualmente, son nueve las ciudades latinoamericanas, en 7 países, que desarrollan proyectos de agricultura urbana como políticas institucionalizadas:

• Perú: Villa María del Triunfo;

• Colombia: Bogotá;

• Cuba: Cienfuegos;

• Ecuador: Quito;

• Argentina: Rosario;

• Uruguay: Montevideo;

• Brasil: Belo Horizonate, Macaé y Governador Valadares.

Mientras tanto, otras 19 ciudades están elaborando estudios para impulsar nuevos proyectos: en Argentina, México, Cuba, Perú, Ecuador y Honduras hay un proyecto en planeación por país; mientras que en Brasil hay 13 ciudades que están en estudio, con lo cual este país se posiciona como el líder regional en el desarrollo de esta práctica.

Como podemos observar, la agricultura urbana es un modelo de gobierno que está tomando auge en América Latina, y desde mi perspectiva considero que su éxito radica en integrar en un solo proyecto elementos estructurales de carácter democrático que atraviesan los campos de la economía, la política y la integración social.

Bibliografía y enlaces de Internet:

• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). UrbaNews. No. 12, diciembre, 2005.

• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). UrbaNews. No. 10, junio, 2004.

• Cabrero, Enrique. La innovación local en América Latina. Los avances y los retos. En - Cabrero, Enrique y Ady P. Carrera (coord..) Innovación Local en América Latina. CIDE, México, 2008.

• CEPAR. El Cepar, por la utopía de producir distinto y vivir mejor. 2003.

• Delamaza, Gonzalo. Participación ciudadana en la prestación de servicios públicos. En - Cabrero, Enrique y Ady P. Carrera (coord..) Innovación Local en América Latina. CIDE, México, 2008.

• El Ágora. Huertas urbanas, municipalidad de Rosario, Argentina. En Cabrero, Enrique y - Ady P. Carrera (coord..) Innovación Local en América Latina. CIDE, México, 2008.

• FAO-ONU. Panorama del hambre en América Latina y el Caribe. 2008

• UN-Habitat. State of the World’s Cities 2008/2009. Harmonious Cities. 2008.

• UN-Hábitat. Ciudades para un futuro más sostenible. Programa de Agricultura Urbana (Rosario, Argentina). Julio, 2004. habitat.aq.upm.es/bpal/onu04/bp1297.html

• United Nations. The Millennium Development Goals Report. 2008.

• Instituto de Promoción de Desarrollo Sostenible www.ipes.org

• Institut de Recherche et de Débat sur la Gouverance (IRG) www.institut-gouvernance.org

• Municipalidad de Rosario www.rosario.gov.ar

• United Nations-Food and Agriculture Organization www.fao.org