La televisión, y los medios de comunicación en general, han jugado un papel fundamental en la integración de las sociedades nacionales latinoamericanas. Como lo ha señalado en repetidas ocasiones Jesús Martín-Barbero (1998), la modernidad política en esta región del mundo, a diferencia de la experiencia europea, no se ha introducido a través los medios impresos, sino, principalmente, de la televisión.

En consecuencia, ésta ha estado involucrada en procesos sociales de gran relevancia, logrando la comunicación y vínculo de las personas a través de la recepción común de imágenes e ideas, convirtiendo, lentamente, al pueblo masificado en una nación, y a los individuos en sujetos nacionales.

Si bien la televisión en Colombia estuvo relegada a un segundo lugar en sus primeras décadas de existencia durante los años cincuenta y sesenta, su uso se fue incrementando paulatinamente y fue tomando el lugar que antes le correspondía a la radio. Es innegable que, actualmente, se constituye como un medio privilegiado de comunicación que se extiende por el territorio, ingresando a los hogares colombianos. Como lo resalta el Informe Sectorial de Televisión de 2006, en Colombia el 91.81% de la población ve televisión.

Reconociendo el peso e influencia que ha adquirido en la sociedad actual, la Constitución de 1991 introdujo cambios de relevancia en el funcionamiento y reglamentación de la Televisión en Colombia. Se buscó, entonces, una liberalización y democratización del sistema, así como una protección del ciudadano frente a los contenidos y la programación presentada, y una delimitación del papel del Estado. En este contexto, se transformó la relación entre el orden estatal, la prestación del servicio, y la ciudadanía.

En medio de esta nueva normatividad, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), órgano estatal encargado del servicio desde 1995, se propuso la creación y transmisión de mensajes institucionales con el objetivo de hacer llegar a la ciudadanía información de interés público, proveniente del Estado y sus instituciones. Estos se han constituido como uno de los canales de transmisión de información entre el Estado y los ciudadanos, incidiendo en la construcción del orden social. En consecuencia, este documento indaga sobre las formas de regulación política en relación con el tema de televisión y toma como ejemplo de la comunicación entre el Estado y la ciudadanía, el caso de los mensajes publicitarios emitidos por la CNTV.

Para esto, se plantea en primer lugar una breve aproximación a las formas en que la televisión ha pasado a ocupar un lugar central en la vida de los colombianos, razón por la cual se constituye en un espacio de importancia para pensar en las formas que adquiere la gobernanza. A continuación, se presenta un acercamiento a las lógicas que guiaban el sistema antes de 1991 y a los cambios introducidos por la constitución y la ley 182 de 1995, haciendo énfasis en las características que adquirió la participación del Estado dentro de la nueva normatividad. Se toma, entonces, el caso de los mensajes institucionales como ejemplo de la comunicación entre las instituciones estatales y los ciudadanos, considerando algunas de las problemáticas y representaciones de la sociedad que allí se proponen. A continuación, se propone un acercamiento a los mecanismos de participación existentes y a las formas que ha tomado la relación entre el Estado y el ciudadano bajo el nuevo esquema. Finalmente, se plantea una reflexión sobre las narrativas televisivas y sus impactos para la gobernanza.

1. La Televisión en Colombia: más que simple entretenimiento

La importancia de la televisión en la sociedad colombiana trasciende las lógicas del simple entretenimiento, o más precisamente, modifica las dimensiones mismas de lo que el entretenimiento significa. Ver televisión se ha convertido, para la mayoría de los colombianos, casi en una forma de escapismo, en un mecanismo para habitar mundos diferentes al propio, que les permite salir de la cotidianidad. De igual manera, ha pasado a ser una alternativa ante los paisajes turbulentos y conflictivos de la vida diaria del país (Rincón 2006).

En medio de un contexto que los ciudadanos perciben como de alta inseguridad, la confianza entre los colombianos adquiere niveles considerablemente bajos. Entonces, se hace más difícil establecer relaciones con los otros, y se produce un cierto encerramiento en el ámbito de lo privado en el cual, la televisión, con sus lógicas flexibles, es la mejor compañía. La televisión, en consecuencia, se ha convertido también en un mecanismo de creación de comunidad, y en una forma de establecer relaciones entre los sujetos, a través de la existencia de referentes compartidos.

No es sorprendente, entonces, que la televisión, no solo haya adquirido una centralidad tan notoria, sino que también se haya constituido como la principal oferta cultural y educativa para los colombianos. Según resalta Rincón (2006), la televisión es, para la mayoría de los actores sociales, la única forma de enriquecer sus conocimientos y de acceder a un saber más socializado. Esto encuentra estrecha relación con los altos costos las ofertas de entretenimiento, que contrastan con uno índices de pobreza que, para el año 2005, incluían al 49,2% de la población (www.dnp.gov.co).

Como lo resalta el Informe Sectorial de Televisión de 2006 elaborado por la CNTV, la televisión es la industria cultural con mayor audiencia en el país; los colombianos ven en promedio 2.6 horas de televisión al día. Es particularmente relevante considerar, en relación con lo anterior, que mientras el 91,81% de los colombianos ve televisión, solamente el 4,6% va a cine.

Es por esto que, pensar en los contenidos, en los programas, en la oferta audiovisual y las formas que existen para su control, no es sólo una cuestión de mercado y de competencia: es un asunto fundamental en la construcción de las relaciones sociales y en la forma en que los sujetos mismos viven su cotidianidad.

Cabe pensar, en consecuencia, en la fuerte responsabilidad que recae sobre aquellos que regulan o producen lo que allí se emite. Los contenidos televisivos participan en las ideas que los ciudadanos se hacen de la sociedad, de aquello que se considera importante y deseable, incluso de aquello que se cree que existe, todo esto fortalecido por la debilidad o incluso inexistencia, de otras alternativas culturales y de otras narrativas que propongan significados de la realidad.

Es en este marco que tiene sentido pensar en las formas particulares que adquiere la gobernanza en este contexto. La regulación política pasa, así, por entender los mecanismos de regulación de la televisión, las formas narrativas y comunicativas que le son propias, los mensajes particulares que el Estado transmite a los televidentes y los mecanismos de los cuales se vale para interactuar con los ciudadanos.

2. La televisión antes de 1991

Desde su introducción en el contexto colombiano en 1954, la televisión estuvo caracterizada por la ausencia de una normatividad clara que regulara su uso. Hasta 1991 el funcionamiento del medio se basó en el llamado “sistema mixto”, de acuerdo con el cual, el Estado aportaba la infraestructura técnica, la producción y la transmisión, y se encargaba a particulares de la producción y comercialización de los programas. Este esquema no solo implicaba una fuerte participación e injerencia del Estado, sino que se prestaba, también, para que se condicionara la adjudicación de licencias al apoyo de los empresarios al gobierno.

Sólo hasta el gobierno de Belisario Betancur, se inició en 1986 un proceso enfocado a lograr una mayor apertura del sistema y una mayor participación de la sociedad civil. A partir de esto, diversos actores relacionados con el medio empezaron a abogar por una mayor liberalización. La rígida restricción que se había impuesto desde su fundación, que concordaba con el modelo general de crecimiento y participación del Estado en los diversos ámbitos de la sociedad, propio de la segunda mitad del siglo XX, no concordaba con los nuevos intereses y visiones del Estado, con los crecientes procesos de apertura y de regulación por el mercado, que empezaban a delinearse como predominantes en las últimas décadas. El Estado empezó a ser visto como un obstáculo para los intereses de los empresarios, que buscaban, no solo producir para el mercado y los espectadores del país, sino volverse competitivos en el mercado internacional, y poder llevar sus programas a otros países.

En este contexto, la normatividad introducida en la década de los noventa, transformó radicalmente la forma en que venía funcionando el sistema, pasando de un modelo de fuerte estatización, a uno de regulación basada, en gran medida, en las lógicas del mercado.

3. La Constitución de 1991 y la Ley 182 de 1995: la delimitación del papel del Estado

La Constitución de 1991 definió la televisión como un servicio público, al igual que la salud y la educación, de modo que su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio, debe estar asegurada por el Estado mismo. Esto se ve enmarcado en el hecho de que el espectro electromagnético, mediante el cual se presta el servicio, es un bien público, propiedad de la nación, cuya explotación puede ser cedida a terceros con fines comerciales. La responsabilidad y titularidad, sin embargo, sigue estando en manos del Estado.

La constitución previó, de igual manera, la creación de un ente con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que se ocuparía de la regulación y explotación del servicio. En concordancia, se creó la CNTV, mediante la ley 182 de 1995. La Comisión tiene la labor de otorgar las licencias y concesiones de explotación del servicio, y la función de vigilar que los contenidos transmitidos respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía. Buscando una mayor democratización del medio y con el objetivo de ampliar la oferta televisiva al espectador, la Comisión ha buscado aumentar el número de canales y programas. En 1997, en concordancia con esto, se aprobó, también, la licitación para canales privados gracias a lo cual, entraron en funcionamiento Caracol y RCN.

De este modo, el papel del Estado en torno a la televisión, pasó de la producción e injerencia directa a centrarse, principalmente, en las labores de vigilancia y adjudicación. Esto no quiere decir, sin embargo, que los mecanismos de comunicación entre el Estado y la ciudadanía a través de la televisión hayan desaparecido. Al contrario, lo que se logró bajo esta normatividad, fue reglamentar y delimitar la comunicación institucional con la ciudadanía, a espacios específicos.

Esta nueva forma de participación del Estado adquirió diferentes facetas. En relación con los canales, se estableció en un principio la existencia de un canal operado desde el Estado, Señal Colombia, y dos operados bajo el sistema mixto. Uno de éstos, sin embargo, se convirtió algunos años más tarde en Señal Colombia Institucional: un canal que existe específicamente para establecer un puente entre el Estado y la ciudadanía.

Sumado a lo anterior, la legislación reservó un 5% de la programación de todos los canales, nacionales, locales y regionales, para la transmisión de información de interés público. Este espacio, reglamentado en 1996, se destinó a la difusión de mensajes realizados o encargados por las instituciones estatales, que se transmiten, de acuerdo con la normatividad actual, en los horarios de mayor sintonía. En estos se deben incluir los espacios otorgados a los partidos y movimientos políticos, al Minuto de Dios, al Boletín del Consumidor y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Adicional a éstos, se incluyen en este espacio lo llamados mensajes institucionales: comerciales de diversa índole, sobre temas variados, considerados como de importancia pública. Se estipuló, entonces, que por cada media hora de programación emitida en la franja señalada, se debe transmitir al menos uno de estos comerciales, asegurando así una continua comunicación entre las instituciones y los televidentes.

En el marco del servicio público de televisión, la relación entre el Estado y la ciudadanía se ha ubicado en dos líneas diferentes. La primera, se basa en la protección del ciudadano a través de la labor de vigilancia y control de los contenidos y del cumplimiento de la reglamentación por parte de los operadores. La segunda, se sustenta en la comunicación y transmisión de información desde las instituciones hacia los ciudadanos, utilizando la televisión como intermediaria.

4. La Televisión como intermediaria: los mensajes institucionales

Uno de los más claros ejemplos de comunicación entre el Estado y la ciudadanía, a través de la televisión, es el de los mensajes institucionales. Entre el 2000 y el 2006 la CNTV había transmitido ocho etapas o tandas de comerciales, estableciendo, así, una comunicación continua e ininterrumpida entre las instituciones y los televidentes.

A partir de estos mensajes, el Estado ha tenido la posibilidad de decidir cuáles son los temas que se consideran relevantes para la sociedad, las problemáticas que definen los ejes de la existencia y conformación misma de la colectividad, así como el significado que los actores y situaciones adquieren en la configuración global de la nación. Es, entonces, relevante, profundizar en los contenidos que allí se proponen.

La observación de algunos comerciales, permitió ver la importancia que adquiere el tema del “conflicto armado”. No obstante, es un conflicto que se invisibiliza, se oculta bajo otras denominaciones pero se reitera continuamente. Dos ejes particulares dan cuenta de esto: la visión de los desplazados y la visión del ejército.

Por un lado se muestra a los desplazados como un grupo fuertemente afectado, que ha sido desarraigado de sus tierras, de sus formas de vida. La publicidad pide a la audiencia solidaridad y ayuda, haciendo énfasis en el hecho de que tanto ellos, como los televidentes, son iguales en cuanto son colombianos. Sin embargo, las continuas apelaciones a la necesidad de apoyo, terminan por ocultar una pregunta que parece clave: ¿qué ocasionó el desplazamiento? Aunque casi parece parte del sentido común colombiano asociar la palabra desplazado con el conflicto armado, el Estado, a través de la CNTV, insiste en ocultar esta problemática que subyace al fenómeno en cuestión, para explicarlo, más bien, como un mecanismo de supervivencia.

Por otra parte, se presenta el ejército; un ejército conformado por soldados que dejan de ser hombres para convertirse en héroes: son colombianos que se sacrifican por la nación y por cada uno de sus compatriotas. Frases como “En Colombia los héroes sí existen” evidencian esto. Y, entonces, los mensajes invitan a todos los televidentes a ser también héroes, a enfrentar a ese enemigo común que los amenaza. Pero, ¿quién es este enemigo? La respuesta nuevamente evade la explicación más evidente para proponer un nuevo sujeto, “el terrorismo”.

Entonces, los colombianos se muestran enfrentados a un enemigo que no tiene cara, que se hace irreconocible, pero que al mismo tiempo otorga un sentido de unidad y de lucha. El Estado llama a los ciudadanos a defender la “patria”, y, tácitamente, a tomar las armas para defender las instituciones públicas, en caso de ser necesario.

Por otro lado, de manera casi contradictoria, aparece también la referencia a los miembros de los grupos armados. En varios comerciales se busca incentivar la desmovilización mediante frases como “Desmovilícese: Colombia y su familia lo esperan”. Lo cual termina implicando que aquellos que se han enfrentado al orden institucional, han sido excluidos de la nación y deben volver a reconocer las instituciones para se nuevamente parte de ella.

La negación de la existencia de un “conflicto armado” ha aparecido reiteradamente en los discursos del actual presidente, Álvaro Uribe Vélez, para quien, los grupos armados pueden ser ubicados bajo la etiqueta de “terroristas”. Entonces, no parece ser una coincidencia el hecho de que los comerciales eviten nombrar el conflicto, y lo definan de otra manera.

Esto, como lo ha resaltado Iván Orozco (2006), tiene fuertes implicaciones. Transmite la idea, algo mítica, de la existencia de un Estado que controla el territorio y que ha monopolizado la violencia, y que, de esta manera, se enfrenta a simples criminales que atentan contra una democracia ya establecida. Los grupos pierden algunos de los ejes que los han caracterizado, su lucha por el control territorial y poblacional, así como su legitimidad en algunas zonas.

Un segundo aspecto que reiteran los comerciales es la necesidad de acabar con la evasión y el contrabando. La cuestión de los impuestos adquiere centralidad, pero se insiste en que la tributación es parte de una responsabilidad que se tiene hacia los otros ciudadanos, y se enmarca en un sentido de solidaridad. Los impuestos, se dice, son la forma de mantener viva a la colectividad, y se insiste en que, favorecer el interés propio por medios ilegales, es nocivo para el país. Y aunque se habla de prestación de servicios, de retribuciones para quienes hacen sus aportes, el Estado se hace difuso en estos mensajes. El orden estatal se esconde y, se muestra en reemplazo, la existencia de una sociedad que pide a los individuos que controlen sus impulsos, sus deseos, para mantener el vínculo, y cuyo castigo, en caso de no hacerlo, no puede ser otro que el reproche de los demás.

Otros comerciales que adquieren centralidad son aquellos relacionados con el CENSO. Entre otras temáticas que se relacionan con este punto, aparece de vital importancia la búsqueda de la definición de “lo que somos”. Aparece retratado en estos mensajes, el lineamiento constitucional bajo el cual Colombia es una nación multicultural y pluriétnica. Se evidencia una intención de presentar la existencia de múltiples grupos que conviven en el territorio colombiano, de respetar la diferencia, y superar las desigualdades. Las comunidades indígenas y afrodescendientes aparecen de forma reiterada, como queriendo resaltar que ellos también forman parte de una sociedad de la cual, tradicionalmente estuvieron excluidos. No obstante, es preciso anotar que la visibilización de estos grupos, y su vinculación como actores políticos, tiende a estar atravesada por imágenes folclorizadas, por exaltaciones y, acaso exageraciones, de los referentes visuales de la diferencia.

A pesar de su importancia, y de su constitución como forma privilegiada de comunicación del Estado con los ciudadanos, los mensajes no han recibido especial atención, y han ocupado un lugar secundario tanto para los televidentes, como para la misma Comisión. Aunque, como lo indicó una funcionaria de esta entidad, el único estudio realizado en torno al tema evidenció que los mensajes tienen una recordación de casi el 90% entre los televidentes, ninguno de los actores se ha preocupado porque esta sutil pero importante forma de comunicación, sea analizada a profundidad y reciba la retroalimentación necesaria. La relación entre Estado y audiencias, se ha desarrollado, principal y casi exclusivamente, en torno a los contenidos y programas que se emiten, y a las funciones de vigilancia y control que le han sido otorgadas al ente regulador.

5. Estado, ciudadanía y medios: una relación compleja

En el marco de la normatividad actual, y bajo la definición de la televisión como un servicio público, la relación entre la ciudadanía y el Estado se ha hecho menos directa, y se ha visto mediada por el accionar de los canales. Se ha establecido, entonces, la existencia de una responsabilidad compartida entre estos tres actores, que deben participar de manera activa en la construcción de una televisión de calidad.

Con la apertura y liberalización del sistema, las funciones directas del ente estatal se han reducido, y, como se dijo más arriba, éste se ha constituido como un órgano de vigilancia y control que no tiene posibilidad de interferencia directa en la decisión sobre los programas y contenidos que se transmiten. Esto se ve enmarcado en las prohibiciones de censura y el derecho a la libre expresión, de acuerdo con las cuales, la CNTV solamente puede establecer sanciones sobre programas que han sido emitidos, pero nunca interferir en estos antes de que hayan salido al aire.

En este contexto, la CNTV se declara impedida para actuar y sancionar sobre aspectos que no están establecidos en la normatividad. La decisión sobre cuáles contenidos son deseables y beneficiosos para la sociedad, por ejemplo, se escapa de las labores desempeñadas por esta entidad.

La regulación del accionar de los medios, en función de los contenidos que se transmiten, ha sido trasladada a la ciudadanía. El Estado, entonces, ha enfocado su participación y su posibilidad de defensa y protección de los televidentes, en lograr una mayor actividad de la sociedad civil, que se encargue de ejercer una presión sobre los canales y que pueda llevar a la creación de una televisión de mayor calidad. En función de esto, se ha preocupado por crear mecanismos para lograr la educación de las audiencias, y hacer que los televidentes tomen decisiones y tengan miradas críticas con respecto a aquello que se está presentando. Sin embargo, más allá de esto, han buscado lograr la movilización de la ciudadanía, y la creación de asociaciones denominadas ligas de televidentes, que realicen análisis sistemáticos y que puedan incidir de manera determinante sobre los programas y contenidos que los canales y programadores presentan (AMADOR OSUNA, María, Educar al televidente). Buscan también, lograr que los diferentes grupos ciudadanos que existen en la sociedad, se den cuenta de que la televisión puede constituirse como un instrumento de acción política, que debe ser aprovechado para diversas causas: desde derechos humanos hasta feminismo. Parecería, entonces, que el Estado ha encontrado en la movilización ciudadana, la posibilidad de regulación de los medios que él no considera pertinente ejercer.

La CNTV, también ha creado otros mecanismos para permitir la expresión de las inquietudes ciudadanas en torno al tema de televisión. Por un lado se han creado líneas y oficinas para la recepción de quejas y reclamos. Por el otro, se ha definido la figura del defensor del televidente, para los canales privados, con el objetivo de escuchar las críticas y opiniones de las audiencias sorbe los programas del canal. Sin embargo, ninguno de estos se constituye como un mecanismo eficiente de participación y protección ciudadana. Como lo reconoce un funcionario de la entidad, la acción individual y las quejas personales reciben poca respuesta, ya que no evidencian la opinión de una porción representativa de la sociedad (AMADOR OSUNA, María, Educar al televidente). Los defensores del televidente, por su parte, al ser empleados del canal y no funcionarios públicos, no tienen la independencia suficiente para realizar una labor satisfactoria de vigilancia y control en pro de la ciudadanía y no de los canales mismos.

Esta forma de participación estatal ha generado inconformidades dentro de la ciudadanía. La única liga de televidentes que ha trabajado de manera constante y que ha realizado un ejercicio de análisis y presión sobre los medios, ha sido la ONG RedPapaz. Aunque este grupo ha ejercido una presión directa sobre los canales, y ha obtenido grandes logros en su labor de construcción de un entorno más beneficioso para los niños y jóvenes colombianos, su directora considera que el Estado no está cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde en relación con la regulación de la televisión, y reclama su participación más directa y activa (AMADOR OSUNA, María, Una nueva forma de gobernar la televisión). La CNTV, desde esta perspectiva, se ha limitado a cumplir una labor secundaria, y ha dejado de lado su obligación constitucional de propender por el respeto de los derechos de las audiencias. Del mismo modo, declara su descontento frente a las pocas respuestas que reciben los reclamos por medio de las líneas y oficinas de quejas y reclamos, y de los defensores del televidente. La ciudadanía, entonces, reclama un papel más activo del Estado.

Es claro que tanto los ciudadanos como el Estado, son concientes de la necesidad de de crear mecanismos que permitan una mayor participación de los televidentes en la construcción de una televisión de calidad. Frente a unos medios que parecen regirse únicamente por las lógicas del mercado y el rating, es necesario que, tanto el Estado como la ciudadanía, ejerzan una labor activa y responsable que conduzca a una mayor protección de las audiencias. Sin embargo, no existe un acuerdo entre cuáles son las labores y responsabilidades que le corresponden a cada uno de los actores, de modo que se dificulta la coordinación de sus funciones.

 

6. Las lógicas de la televisión y las formas de la gobernanza

La televisión ha sido generalmente entendida como una actividad que se limita al ámbito privado, olvidando su importancia como instrumento de acción política, y como forma de relación política. Sin embargo, en medio de un contexto en el cual su importancia es cada vez mayor, y su constitución como forma de socialización y aprendizaje es innegable, considerar los contenidos que se transmiten, y las relaciones que se crean a su alrededor, es de gran relevancia. Pensar la gobernanza y las formas que adquiere en un contexto como el colombiano, requiere dirigir la mirada hacia aspectos y servicios como la televisión que, comúnmente, no son tenidos en cuenta.

Por esta misma razón, impulsar la acción ciudadana en este contexto es muy difícil. Como lo resaltan actores tanto del Estado como de la ciudadanía, el carácter pasivo con el que es asociado el medio, así como el hecho de que no implica un perjuicio evidente y claramente delimitable sobre la persona, hacen que una insatisfacción con la oferta televisiva no conduzca a los actores a la movilización. Para la mayoría, un descontento con el servicio simplemente implica cambiar de canal, apagar el televisor, o en el peor y más común de los casos, ver los programas ofrecidos aún cuando no satisfacen plenamente al televidente.

La relación entre la ciudadanía y el Estado en este contexto es inmensamente compleja. En relación con los mensajes, es claro que se produce un desdibujamiento del lazo político que une al Estado con los ciudadanos. La relación deja de establecerse por medio de funcionarios públicos o profesionales, para ubicar como intermediaria a la pantalla del televisor. De esta manera, el ciudadano recibe los contenidos, sin tener si quiera tiempo de reflexionar, y sin tener un mecanismo de acción que le permita replicar inmediatamente o establecer una relación directa de doble vía con el orden estatal o con los medios.

La función de vigilancia y control, supone una relación entre ciudadanía y Estado que se encuentra atravesada por los medios. Así, el vínculo se hace más difícil y menos directo. El orden estatal, entonces, parece ubicarse en una posición secundaria frente a los canales, en la cual pierde su capacidad de intervención. Actualmente, la CNTV ha reconocido este vacío, y ha empezado a generar mecanismos para lograr que la ciudadanía se movilice y ejerza la presión sobre los medios, que a ella no le es permitido ejercer bajo el sistema liberalizado que existe en la actualidad.

De cualquier modo, es claro que aún falta mucho para que el Estado y la ciudadanía interactúen y coordinen sus acciones, de modo que logren guiar y delimitar el accionar de los medios, y que puedan llevar a cabo proyectos concretos para la creación de una televisión de calidad. Sin embargo, los diversos actores coinciden sobre un punto fundamental: es preciso que la ciudadanía comprenda que, más que un simple instrumento de entretenimiento, la televisión es una forma fundamental de regulación política.