A los 10 años de la anterior Asamblea Constituyente (1998) y luego de un período accidentado de la vida política de Ecuador, en abril de 2007, se convocó mediante referéndum a una Asamblea en la ciudad de Montecristi, cuna del más importante reformador de nuestra vida republicana, Eloy Alfaro Delgado.

¿Cuál es el contexto de la convocatoria a la Asamblea Constituyente? ¿Qué factores políticos e institucionales rodean esa convocatoria? ¿Qué problemas tuvo la Constitución aprobada hace una década para que sea necesaria otra al poco tiempo? ¿Cuáles fueron las estrategias de los actores políticos relevantes ante esta iniciativa? ¿Qué relaciones de fuerza se expresan en esta Constituyente?

Varias de estas preguntas quieren ser respondidas en este artículo. No se trata de examinar los debates sobre los contenidos del texto constitucional, sino comprender el contexto abordando comparativamente lo que sucedió en la anterior Constituyente reunida en 1998. Este artículo examinará con cierto detalle la crisis política que es el telón de fondo de ambas convocatorias. Además abordará el lugar que ocupa esta iniciativa en las estrategias de las fuerzas políticas.

Algunas semejanzas y diferencias

Se puede decir que la Constituyente de 1998 y la de Montecristi constituyen dos escenarios para el mismo drama, en que los actores buscan dar una salida a la crisis del régimen político y una modificación del tipo de Estado que tiene el Ecuador.

La Asamblea del 1998 no logró, sin embargo, el anhelado pacto nacional para resolver la crisis política desatada en el país desde mediados de la década de los 90, o quizás arrastrada desde el retorno a la constitucionalidad en 1978. En 1998 solamente se alcanzaron acuerdos momentáneos entre las élites, una tregua pasajera en medio de las tormentas que se habían desatado en el país en los años anteriores.

Con la Constituyente de 2008 se trata -en cambio- de cerrar este capítulo de inestabilidad y establecer un nuevo régimen político sustentado en un pacto social cuyas características no están claramente delineadas, pero donde varían significativamente los actores protagónicos y los proyectos de sociedad que los inspiran.

Las tensiones y vacíos de la Constitución del 98

La Constitución del 98 paradójicamente fue en su momento una de las más avanzadas de América Latina en relación con el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, pero al mismo tiempo introdujo una serie de elementos propios del modelo de libre mercado, sin asegurar para nada la equidad social, ni modelar un Estado capaz de garantizarla. Esta es la principal contradicción de la Constitución aprobada una década atrás.

La carta política de 1998 reconoció en primer lugar a los sujetos sociales que habían emergido en la década de los 90 -indígenas, mujeres, niños, jóvenes, afroecuatorianos- ampliando sus derechos específicos y reconociéndoles su capacidad de intervenir en la democracia y el Estado. Empero, al mismo tiempo legitimó los principios neoliberales de la economía, abriendo el espacio para que se produzcan reformas privatizadoras del sector estatal de la economía. Mientras tanto dejó intocados problemas claves de la democracia y el Estado, por ejemplo, no modificó el régimen presidencialista tradicional, ni el sistema de representación política, tampoco el rol tutelar de las fuerzas armadas, no fortaleció el sistema de justicia y de control público, no cubrió el vacío del gobierno intermedio, ni planteó un sistema nacional de funciones y competencias que aseguren una presencia coherente del Estado en el territorio.

En realidad, la Constitución del 1998 respondió a la correlación de fuerzas vigente entonces, que manifestaba una hegemonía de las fuerzas sociales y económicas expresadas en los partidos de derecha y centro, que respiraban una atmósfera neoliberal bajo las banderas del libre mercado. Vale recordar que dichas élites se habían formado en los años 80 bajo los principios del ajuste estructural y la obsesión por los equilibrios macroeconómicos, como paradigmas de la modernización del Estado¹. Sin embargo, esas élites no pudieron ignorar el avance de los movimientos sociales y la identidad que había surgido en medio de la movilización ciudadana que produjo el derrocamiento del gobierno del Presidente Abdalá Bucaram (febrero de 1997), reconociendo por tanto sus demandas como derechos.

Todos sabemos que un cambio normativo como el consagrado en la Constitución del 98 no asegura por si mismo su aplicación, menos aún en un país como Ecuador cuya cultura política se caracteriza por saber eludir las leyes. En consecuencia, la redacción de una nueva Carta Magna no garantiza que cambie la estructura del Estado. Más aún, las élites no se interesaron para nada en generar a posteriori el marco normativo e institucional adecuado para dicha aplicación, y hasta dejaron trampas en el camino para impedir la aplicación de la Constitución del 98, borrando con el codo lo que habían hecho con la mano².

Es justamente alrededor de esos vacíos e incoherencias de la Constitución del 98 que estallarán los conflictos en los años siguientes, prevaleciendo el cuestionamiento al sistema electoral y de partidos, la exigencia de un nuevo sistema judicial, la transparencia y control ciudadano al Estado, y el impulso a las autonomías.

No obstante, el problema no tiene que ver solo con la consistencia del texto constitucional en cuestión, sino además con las relaciones reales de fuerza, la voluntad y la cultura política predominante. En realidad, la Constitución del 98 se movía en medio de pugnas entre élites y poderes fácticos que mantenían sus canonjías sin necesidad de mediar las reformas legales. Las élites políticas y sociales se olvidaron pronto de la Constitución del 98 y demostraron poca voluntad política para concretar los cambios que la carta política mandaba. Ni siquiera se modernizó el Estado, no se lo descentralizó ni se lo redujo, como planteaban las tesis neoliberales en boga. Al contrario, las pugnas entre las élites continuaron y la crisis política se fue agravando.

La crisis del régimen político

Es necesario examinar los problemas del régimen político organizado en el Ecuador luego del periodo dictatorial de los años 70, y que se había mantenido vigente cerca de 20 años. El régimen instaurado alrededor del retorno a la democracia (1978) institucionalizó a los partidos políticos como mediadores exclusivos entre la ciudadanía y el Estado. Los problemas que se presentaron en los 90, tales como la fragmentación de los partidos, la persistencia de lazos clientelares, las pugnas entre las funciones ejecutiva y legislativa, parecían solucionables mediante reformas constitucionales que apuntalen la gobernabilidad.

Al menos esa fue la intención de los autores intelectuales de la Constitución del 98, que consideraban que elevando el perfil del ejecutivo por medio del reforzamiento del presidencialismo, y bajando el perfil del legislativo, se podía centralizar el poder y manejar las demandas y problemas que surgieron con el ajuste estructural, uno de cuyos síntomas era la persistencia de la movilización contestataria de pueblos indígenas y movimientos sociales, o la resistencia de sectores gremiales, inclusive de las fuerzas armadas a los impactos de los cambios neoliberales. Sin embargo, el régimen de partidos políticos mostró sus pies de barro. La población comenzó a alejarse crecientemente de los mismos, a perder credibilidad en el Congreso y a desconfiar de la política en general.

Los partidos políticos demostraron una actitud dubitativa en la Constituyente del 98, y revelaron que no tenían un proyecto claro de reforma institucional, mostrando serias debilidades para formular planteamientos que permitan aplicar la nueva norma constitucional. En realidad, los partidos no estaban interesados en un proyecto consistente de reforma institucional, perdieron su visión, redujeron su radio de acción y se replegaron al ámbito regional o local. El Congreso se convirtió en un escenario de tráfico de influencias particulares y corporativas, sin ejercer debidamente sus funciones de legislación y control del Estado, anulando su capacidad de representar a la sociedad y de generar consensos. Por otro lado, surgieron nuevos movimientos políticos que buscaban compartir el poder, llamados “independientes”, inclusive el movimiento indígena que procuraba expresarse directamente en el escenario político institucional.

Luego de la breve tregua que dejó como legado la Asamblea del 98 la crisis del sistema político emergió otra vez a la superficie, en medio del torbellino generado por la crisis financiera de 1999 y los actos de corrupción del Presidente Jamil Mahuad. En su derrocamiento (enero de 2000) tuvieron un papel protagónico la oficialidad media del Ejército y el movimiento indígena, que junto a otros sectores levantaron banderas nacionalistas y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, estos actores no incidieron en el desenlace de esa coyuntura, y la sucesión constitucional de Jamil Mahuad corrió a favor de su Vicepresidente, Gustavo Noboa, decisión tomada por el Congreso y el Alto Mando militar a espaldas de quienes habían revocado realmente el mandato.

El coronel Lucio Gutiérrez, líder del levantamiento militar–indígena de enero de 2000 y miembro del efímero triunvirato que accedió al gobierno por una noche, debió esperar tres años para acceder democráticamente a la Presidencia de la República, nuevamente en alianza con el movimiento indígena, en el año 2003, para a su vez ser revocado del mandato en abril de 2005. El gobierno de Lucio Gutiérrez estuvo marcado por la traición a los postulados que le llevaron al poder. El coronel asumió desde el primer día de su gobierno la agenda formulada por los banqueros y se caracterizó por efectuar movimientos contorsionistas de alianzas con los partidos políticos tradicionales. En el evento de revocatoria del mandato de abril de 2005, el protagonismo recayó en la movilización ciudadana, autónoma y descentralizada, concentrada más que todo en Quito.

El clima de desencanto con la democracia, la deslegitimación de los partidos y la necesidad de cambio pasó a expresarse en el heterogéneo movimiento de Los Forajidos. No obstante, el gobierno que le sucedió a Lucio Gutiérrez, de Alfredo Palacio y los partidos que le respaldaron ignoraron la gravedad de la crisis y la necesidad de realizar urgentemente la reforma política e institucional que permita resolver los vacíos y dilemas dejados por la inconclusa reforma del 98. Esto dio lugar al aparecimiento meteórico de una nueva fuerza política, Alianza País, y de un nuevo liderazgo, Rafael Correa, que contra todo pronóstico ganó las elecciones a finales del 2006, haciendo una propuesta de cambio y revolución ciudadana.

Para culminar esta sección es necesario preguntarse cuáles son las razones de esta persistente crisis política. No existe una explicación única a un fenómeno tan complejo, ni este artículo pretende darla. Sin embargo, es importante señalar al menos que la crisis tiene relación directa con las características del modelo económico y de la reforma que imperó en el país en los años precederos. La acentuación de las desigualdades sociales y el estancamiento crónico de la economía en el período neoliberal impidieron crear condiciones que permitan cumplir la oferta hecha por la democracia, de generar mayores niveles de integración social. Es decir, se produjo un desfase, una contradicción entre las expectativas que levantaba la democracia y la brecha social que se generaba con las políticas neoliberales, situación que cavó la tumba del sistema político creado en el 98.

A esto se refiere la falta de rendimientos de la democracia, categoría mencionada por algunos analistas sociales, que explica la ausencia de interés en la política y su falta de credibilidad. La frustración de las expectativas levantadas por la democracia, traducida en la falta de empleo y en el empobrecimiento de la población, no sólo ha provocado la pérdida de confianza en el sistema político y la caída de tres gobiernos en los últimos diez años, sino también el incremento de la emigración, clara expresión de la pérdida de esperanza en el país, en tanto comunidad humana y proyecto nacional.

Otro aspecto que ayuda a explicar la permanencia de la crisis tiene que ver con las lógicas de poder que se esconden detrás del sistema político formal. En Ecuador, un país con creciente desigualdad, los grupos que detentan el poder económico mantuvieron un alto nivel de influencia política, siendo frecuente que prescindan de cualquier formalismo institucional para defender sus intereses y que accedan impúdicamente a los recursos que mantiene el Estado. Esto es lo que se llama “patrimonialismo”, una situación en la que la frontera entre lo público y lo privado se difumina, y en la que opera el poder de las redes familiares y la influencia corporativa.

En ese marco, condicionados por intereses particulares, los partidos anularon su misión de velar por el bien común. La única manera de mantenerse en el poder es mediante redes clientelares que, más allá del sistema formal, permiten un intercambio de lealtades políticas por favores y obras. Obviamente, hay un serio déficit en los grupos políticos, generalmente bajo control de los “dueños de los partidos”. La falta de horizonte programático, la carencia de propuestas en torno a la economía y la ausencia de una reforma estatal profunda, la débil democracia interna de los partidos y la escasa renovación de sus líderes, así como la afirmación de relaciones autoritarias a su interior, abrieron grietas en los partidos y los redujeron a la condición de grupos de presión local o regional.

El problema de la democracia en Ecuador tiene que ver también con la falta de independencia de las tres funciones del Estado y la ausencia de responsabilidad de las autoridades. En el marco de un comportamiento delegativo, los ciudadanos buscan descargar sus responsabilidades en la autoridad. En consecuencia, no se construye una cultura de rendición de cuentas y control ciudadano, ni por parte de los gobernantes ni de los gobernados.

Bajo estas condiciones, con la presión de los organismos internacionales y la influencia de pocos pero poderosos grupos económicos, fácilmente se va acentuando un poder fáctico cubierto con el velo de la “racionalización burocrática” que se aísla del control democrático de la población, por ejemplo en la Junta Bancaria o Junta Monetaria, o en el propio presidencialismo como su mejor expresión. No hace falta escuchar a los ciudadanos si la estructura de poder otorga al Presidente funciones desmesuradas, facilitando la utilización de los recursos estatales para ofrecer obras, dinero o fondos de reserva que corrompen y compran diputados.

En resumen, el modelo neoliberal se mostró poco viable para desarrollar una reforma institucional como la que la sociedad venía demandado desde mediados de los 90. El Estado mismo estaba a la deriva. Bajo el enfoque neoliberal se mermaron sus funciones y con ello se debilitó la instancia institucional que podría cohesionar al país y asegurar mejores condiciones de vida para la población. A esto hay que añadir una seria desinstitucionalización y una tendencia a la fragmentación regional, que pone en riesgo la estabilidad misma del Ecuador.

La corriente de cambio

Frente a la crisis del modelo neoliberal y la partidocracia se fue creando un arco de resistencia que puso obstáculos al avance del modelo, una alianza de fuerzas que resistió la ofensiva neoliberal mediante luchas populares y ciudadanas, que terminaron con el revocamiento del mandato a tres presidentes como queda dicho. Ese arco estaba constituido por los trabajadores organizados, gremios de las capas medias, sectores de fuerzas armadas, el movimiento indígena y en algunas ocasiones por sectores socialdemócratas y de izquierda. Por diversas razones, estos sectores se unieron y frenaron el avance neoliberal en diversos momentos.

La ofensiva neoliberal no solo debilitaba al Estado sino también al tejido social, buscando anular su capacidad organizativa, movilizadora y contestataria. De hecho, ya en los años 80 logró destruir al movimiento obrero y debilitar a los sindicatos públicos, aunque el movimiento indígena logró mantener una importante presencia política junto con otros actores populares aliados. Pero incluso este sector tuvo su peor momento cuando el gobierno de Lucio Gutiérrez lo dividió y en parte lo cooptó políticamente.

Junto a los sectores organizados se iba formando una corriente espontánea y poco organizada, que estuvo presente en la caída de Bucaram y Mahuad, y que emergió especialmente contra Lucio Gutiérrez en forma de la insurrección de Los Forajidos. Se trataba de grupos populares, núcleos medios urbanos y sectores intelectuales que levantaban banderas por la vigencia real del estado de derecho, la democracia y la soberanía, rechazando a la partidocracia y las políticas neoliberales. Eran sectores convencidos de la pertinencia de la refundación de la república, núcleos antineoliberales, vertientes populares que buscaban modificar el modelo de desarrollo, y en ciertos casos, que se sumaron con la expectativa de solucionar sus necesidades inmediatas. En esas condiciones Alianza País se constituyó en el 2006 como movimiento político cuando todas las demás alternativas -de derecha, centro e izquierda- demostraron ser incapaces dar una salida a la crisis nacional.

Alianza PAIS y su estrategia

La corriente antes descrita se identificó con la candidatura de Rafael Correa a la Presidencia. Súbitamente salto al escenario un personaje que reunía de manera curiosa una serie de rasgos que le hacían atractivo para el electorado. Nacido en la Costa pero asentado en la Sierra, hijo de madre migrante, joven, profesional que triunfa fuera de los círculos plutocráticos, intelectual de academia, misionero católico comprometido con los pobres, que habla Inglés, Castellano, Francés y Kichwa.

Se ha dicho que la corriente que elevó a figura política a Rafael Correa surge con el agotamiento del ciclo de movimientos sociales que comenzó en los 90 en torno al movimiento indígena3. Sea o no así, Alianza País es un movimiento político cuya virtud y defecto es su capacidad de licuar las diferencias entre los actores sociales y sectores democráticos, unificando electoralmente a grupos antes desunidos por el sectarismo y las banderas corporativistas. El buró de la campaña de Rafael Correa no “quemó tiempo” en hacer alianzas con las organizaciones sociales, ni en construir una estructura de partido. Su energía la concentró en ganar las elecciones con una campaña creativa y enarbolando algunas banderas democráticas y nacionales que desde antes cobijaban a una diversidad de fuerzas.

Su candidatura tuvo un crecimiento espectacular de la primera a la segunda vuelta del 2006, pasando del 23% al 57% del electorado, y recibiendo luego un apoyo masivo en la consulta popular de abril donde puso en juego la tesis de la Asamblea Constituyente, alcanzando más del 80% de votos favorables, para más adelante ganar las elecciones a la Constituyente y alcanzar 80 de los 130 escaños en disputa.

La estrategia de Alianza País se articula en torno a varios elementos: en primer lugar, al contrario de los movimientos sociales que practican la lucha directa, Alianza País busca fortalecer un proceso institucional planteando sucesivos eventos electorales, lo que le permite actuar y disputar el electorado periódica y permanentemente. En segundo lugar, polariza con las fuerzas del antiguo régimen, especialmente con los partidos políticos a los que el pueblo les identifica como los causantes de los peores males del país. El gobierno no ceja de atacar a la “partidocracia corrupta” a fin de tener contra las cuerdas a sus adversarios.

La estrategia de Rafael Correa no solo confronta a los partidos sino también a otros actores que son “tigres de papel”, poderosos con flancos débiles ante la población. En ello hay que tomar muy en cuenta a los bancos, responsables de la crisis financiera y política de finales de los 90, y a los medios de comunicación que socaparon varios de los negociados y que, en algunos casos, son de propiedad de los cuestionados banqueros. A todos ellos el gobierno les enfrenta de modo persistente, sin darles tregua, de manera que no logran reaccionar a un golpe cuando se les viene otro. Esta estrategia de polarización y permanente ataque no permite que los otros actores puedan asumir una tercera posición. En este escenario, o se está con Correa o se está con la vieja clase política, los bancos, sus triquiñuelas y negociados.

La estrategia electoralista y confrontativa no tendría mayor éxito sino fuera por la novedosa estrategia comunicativa que gana la opinión pública a su favor. Alianza País ha demostrado gran capacidad para manejar los recursos mediáticos de la política virtual –imagen, mensajes, show, encuestas- y posicionar la figura del Presidente a modo de icono atractivo para la población. Paradójicamente, una corriente de “izquierda” ha sabido utilizar eficientemente los sofisticados recursos desarrollados por el mercado y las empresas de marketing político.

En el poder, Rafael Correa constituyó un equipo de gobierno que a diferencia del de Lucio Gutiérrez está formado por jóvenes profesionales formados en universidades nacionales y extranjeras, “Chicagoboys” de izquierda, a tono con los requerimientos de la administración pública, eficientes y solventes para la gestión del Estado. Hay que señalar que ellos han obtenido resultados inmediatos tales como la ampliación del bono solidario, los útiles escolares, el bono de vivienda, los créditos con bajos intereses, la atención primaria a la salud, etc. Si bien los problemas de fondo del país y del Estado siguen pendientes, el impacto de esos programas sociales le ha permitido al gobierno ganar el favor de la gente y acumular un importante capital político.

En este contexto, se ubica la Asamblea Constituyente de Montecristi, que responde por un lado a la estrategia electoral y de polarización analizada, y por otro, al deseo más ideológico de constituir un marco que fundamente la creación de un nuevo régimen político, modificando las relaciones entre el Estado, la sociedad y la economía.

El accidentado periplo constituyente

La organización de la Asamblea Constituyente no fue fácil. Alianza País apostó todo su capital a su convocatoria, mientras la oposición intuyó que con ella se le venían momentos difíciles. Ya en su campaña presidencial, el candidato Correa planteó como tesis principal la convocatoria a una Asamblea. Paralelamente, Alianza País no presentó candidatos a diputados al Congreso del 2007, lo que le permitió atacar sin piedad a ese órgano del Estado, instancia bastante desprestigiada ante la opinión pública. Se trataba con ello de constituir una corriente electoral viable, tal como se demostró exitosamente en la primera vuelta al quedar a pocos puntos del primer finalista, Álvaro Noboa, que obtuvo el 25% de los votos, en tanto Correa alcanzó el 23%.

Apenas posesionado como Presidente, Rafael Correa convocó a la Asamblea Constituyente. Ahí comenzaron los problemas pues el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso, con mayoría de oposición, obstaculizaron la convocatoria y se tiraban la pelotita entre ellos hasta lograr una negociación que les favorezca. Esta actitud obstinada ante una demanda evidente y mayoritaria de la población les resultó a la postre perjudicial, pues el gobierno terminó imponiendo su tesis con el apoyo de más del 80% de votos. De paso, el nuevo Tribunal Supremo Electoral, manejado ya por Rafael Correa, destituyó a 57 diputados, conformándose de ese modo una nueva mayoría en el Congreso, de modo que el Presidente se quedó sin contrapeso en el legislativo, abriendo paso a la convocatoria urgente de la Asamblea Constituyente.

El itinerario de la convocatoria fue bastante accidentado tal como lo describe el cuadro “Hitos de la Asamblea Constituyente”, con tiras y aflojas entre el gobierno y la oposición, entre el ejecutivo y el legislativo, entre el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. Pero más allá de lo procedimental, lo que estaba en debate era la pertinencia de la Asamblea. La oposición argumentaba que se podría procesar las reformas a la Constitución en el Congreso, en un intento tardío e inútil de ganar legitimidad irremediablemente perdida en la sociedad. Otro tema fue el carácter de la Asamblea, o sea, si sus facultades debían limitarse a la formulación de la constitución, o tener plenos poderes. También se discutió con vehemencia si una vez funcionando la Asamblea, el Congreso se mantendría o sería clausurado. En cada uno de estos temas en disputa el gobierno de Rafael Correa logró imponer sus tesis, de modo que se construyó el mejor escenario posible para su proyecto.

Hitos de la Asamblea Constituyente de Montecristi

• 2007, Enero 15: Mediante el Decreto 002 el Presidente Rafael Correa convoca a una consulta ciudadana para que el pueblo decida si quiere o no que se convoque a una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Además, envía el Decreto al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su cumplimiento y al Congreso Nacional para su conocimiento.

• 2007, Marzo 1: Una vez recibida la Resolución del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral convoca a la consulta popular para el domingo 15 de abril de 2007.

• 2007, Marzo 6: El Congreso decide por 57 votos sobre 100 diputados, destituir al Presidente del Tribunal Supremo Electoral.

• 2007, Marzo 7: El TSE destituye a los 57 diputados que votaron por la destitución del Presidente del Tribunal Supremo Electoral.

• 2007, Marzo 9: 50 diputados destituidos por una maniobra orquestada desde el gobierno, interponen un recurso de Amparo ante el Juez 14 de lo Civil de Rocafuerte, Manabí. El juez titular deniega el Amparo.

• 2007, Abril 15: En la Consulta sobre la convocatoria a Asamblea, el SI obtiene el 81,5% de votos favorables, el NO el 12,43%. El Estatuto aprobado establece que la Asamblea dictará la Constitución con la mayoría de votos, tendrá plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado y deberá someter la Constitución a referéndum.

• 2007, Abril 24: El Congreso Nacional destituye al Tribunal Constitucional.

• 2007, Mayo 4: El TSE siguiendo con lo prescrito en el Estatuto convoca elecciones para elegir asambleístas constituyentes el 30 de septiembre de 2007.

• 2007, Septiembre 30: En las elecciones de asambleístas Alianza País alcanza 80 de los 130 escaños.

• 2007, Noviembre 30: Se inaugura la Asamblea Constituyente en Montecristi, que nombra a Alberto Acosta como Presidente.

• Calendario de la Asamblea Constituyente:

  • Aprobación de la Constitución, a seis meses de su inauguración, prorrogables dos meses.

  • Referéndum aprobatorio 45 días más tarde.

  • Elección de nuevo parlamento y elección presidencial.

Comentarios finales

En este artículo se ha examinado algunos factores que incidieron en el contexto de la Asamblea Constituyente de Montecristi: los sesgos, contradicciones y vacíos de la Constitución de 1998, la crisis estructural del régimen político y la estrategia de Alianza País, tomando nota de las debilidades de la oposición.

La Asamblea Constituyente fue un nuevo intento de formular un acuerdo nacional que dé sustento normativo al Estado, la sociedad y el régimen político. Como se anticipó, no es objetivo de este artículo examinar los debates sobre los contenidos de la nueva Constitución, pero sí señalar que más allá de su texto y normativa, lo que está en juego es la posibilidad de dejar atrás el antiguo régimen político, que vivió de tumbo en tumbo durante los últimos años, definiendo los parámetros de una nueva forma de Estado y avanzando sobre un nuevo proyecto de país.

Aunque el Estatuto señala que basta la mitad más uno para aprobar el proyecto de Constitución, el gobierno cuenta con una mayoría de dos tercios de asambleístas, lo que le da votos suficientes para aprobar el proyecto que quiera. El problema, sin embargo, no está en la aritmética de la mayoría, sino en dos factores que vale tomar en cuenta:

Por un lado, Alianza País se forjó como estructura política pocos meses antes de llegar a ser gobierno, de manera que en su seno no logró ponerse acuerdo en un proyecto político consistente, formulando las definiciones programáticas sobre la marcha. Por tanto, en Alianza País no hay acuerdos fundamentados en un pacto social y político sobre temas claves para el país, como la cuestión ambiental, el modelo extractivo o no de la minería, la regionalización del territorio nacional, las reformas a la propiedad o el diseño de un régimen que profundice la democracia.

En segundo lugar, está de por medio el referéndum, al que la oposición apuesta a ganarlo, especulando con un probable aunque menos previsible desgaste gubernamental. Es probable que Alianza País gane el referéndum, pero las elecciones son solamente un indicador de la correlación de fuerzas, no el único. Hay otros factores que deben tomarse en cuenta como el poder económico y político de los grupos monopólicos, el peso de las trasnacionales y del gobierno norteamericano, los medios de comunicación que no comparten los contenidos “jacobinos” que se esbozan en el texto de la nueva Constitución.

En resumen, el capital político y de opinión logrado por el gobierno le permite ganar las batallas electorales, mas no necesariamente las batallas políticas estelares con los poderes fácticos que han gobernado el país. Tampoco está asegurado el sentido que tome la batalla en el seno de las ideas, pues no está claro el proyecto postneoliberal que le permita a Alianza País ganar hegemonía ideológica y cultural a largo plazo. A corto plazo es previsible un desenlace positivo para el gobierno, pero a mediano y largo plazo nada hay que se pueda dar por descontado.

Aunque la crisis política ha sido muy profunda y la estrategia del gobierno certera, no obstante el contexto económico internacional relativamente favorable, aunque el gobierno cuente con una probada mayoría electoral, todavía están pendientes las preguntas sobre si la Asamblea de Montecristi logra renovar el marco constitucional, llevar adelante la reforma institucional pendiente, y sobre todo, construir una mayoría social cohesionada que desplace democráticamente a las élites que usufructuaron el poder político y tuvieron un bienestar sin límites en el periodo anterior, a costa de la mayoría de la población.