Introducción

Es un hecho reconocido que la creación, a comienzos del siglo XIX, de los “ Estados-nacionales” en América Latina vino a fragmentar la territorialidad de los pueblos indígenas que allí habitaban desde tiempos inmemoriales. La conformación de Chile y Argentina en el cono sur del continente no fue la excepción. En la parte centro sur de ambos Estados, estos se establecieron sobre el territorio ancestral del pueblo mapuche, cuya población actual es estimada en aproximadamente un millón. Por el lado chileno, gulu mapu para los mapuche, este pueblo habita mayoritariamente en la región de la Araucanía, donde su población alcanza a 204 mil, representando el 29. 5 % del total regional, y un tercio de la población total mapuche del país. Por el lado argentino, puel mapu para los mapuche, la provincia de Neuquen concentra una población mapuche estimada en 70 mil de un total provincial de 470 mil. Dicha población representa un poco menos de un cuarto de la población mapuche total existente en Argentina, la que se calcula hoy en 300 mil (Hernández, 2003).

Las nacientes repúblicas negaron la diferencias étnicas y culturales características de los pueblos originarios, intentando igualar, o mejor dicho asimilar, a los indígenas al resto de la población desde 1813 en el caso de Argentina, y desde 1819 en el caso de Chile. Los esfuerzos de ambos Estados en la segunda mitad del Siglo XIX tuvieron por objeto la incorporación material del territorio mapuche, hasta entonces autónomo, a sus respectivas jurisdicciones. Para ello ambos Estados desarrollaron estrategias militares, eufemísticamente denominada “pacificación de la Araucanía” en el caso de Chile, y con mayor realismo, la “guerra del desierto” en el caso de Argentina.

Como consecuencia de ello, así como de la legislación dictada para estos efectos, los mapuche en Chile fueron confinados a cerca de 3.000 reducciones con un total aproximado de 500 mil has. de un territorio original estimado en 10 millones de has. (González, 1986). La radicación sedentarizó a los mapuche en tierras reducidas (6.18 has. por persona) forzándolos a cambiar su economía – de ganadera a agrícola - y su cultura, a través de la escuela y la evangelización. Las tierras restantes fueron entregadas a colonos europeos y rematadas en públicas subastas, dando lugar al latifundio en el área. En el caso de Argentina, la acción militar significó el exterminio físico de parte importante de la población mapuche. Las políticas de colonización impulsadas por el gobierno argentino incidieron en el desplazamiento de los mapuche sobrevivientes hacia la cordillera (Los Andes), donde fueron obligados a vivir en tierras consideradas como “fiscales”. A ambos lados de los Andes, los mapuche fueron despojados también de sus formas tradicionales de autogobierno, siendo su jurisdicción reemplazada por la de las provincias, gobernaciones y municipios allí creados. Así les fueron negados sus sistemas normativos o de justicia propios, siéndoles impuestos aquellos creados por los respectivos Estados.

A lo largo del siglo XX los mapuche en Chile se vieron afectados por la división forzada de sus comunidades, las que dieron origen a una pequeña propiedad que progresivamente fue incorporada al latifundio. En el caso de Argentina, las tierras cordilleranas de los mapuche fueron declaradas como áreas protegidas (Parque Nacional Del Sur en 1922, más tarde denominado Nahuel Huapi, y Parque Nacional Lanín en 1937), donde las comunidades mapuche allí residentes quedan en calidad de meros ocupantes.

Fue en este período que la frontera, coincidente con las cumbres andinas, se estableció como un hito geográfico, simbólico, y cultural que impidió el libre tránsito y la relación histórica de los mapuche de gulu mapu y puel mapu. Tal frontera -burlada de diversas maneras por las comunidades fronterizas por décadas las que mantuvieron clandestinamente sus vínculos culturales y económicos del pasado - se tornó infranqueable para fines del siglo XX. Ello en particular en el contexto de la amenaza de guerra entre ambos Estados verificada en el contexto de las dictaduras militares de los setenta (1978), época en el que se instalan minas antipersonales en tierras de comunidades mapuche pehuenche del lado de Chile (comuna de Lonquimay).

Los Estados buscan, y en muchos casos consiguen, la lealtad de los mapuche, generando adhesiones en segmentos de su población, la que deja de auto percibirse como parte del pueblo-nación mapuche, para pasar a identificarse como parte de sociedades dominantes que les otorgan identidades culturales diferenciadas, e incluso status correspondiente a su ubicación geográfica (no es lo mismo ser mapuche argentino que ser mapuche chileno).

A finales del Siglo XX y comienzos del siglo XXI los mapuche son objeto de nuevos procesos de desposeimiento. Esta vez ellos responden a los esfuerzos desarrollados por los Estados por expandir la economía global hacia sus territorios ancestrales, ricos en recursos naturales. En efecto, respondiendo a las directrices del Banco Mundial que promueven en países en desarrollo una gobernanza neoliberal basada en reformas institucionales con miras a reducir el tamaño del Estado y a la privatización de las empresas y servicios (Graña, 2005), el Estado chileno primero, y el argentino después incentivan la inversión extractiva privada en los territorios ancestrales mapuche. Así en el caso de Chile, las comunidades mapuche se ven afectadas por la expansión forestal hacia su territorio, la construcción de centrales hidroeléctricas (Pangue y Ralco en los 90 en zona fronteriza), la construcción de carreteras (By Pass Temuco y carretera costera), y la instalación por privados de cultivos de salmón en los lagos y costas marinas aledaños a sus comunidades.

Las plantaciones forestales, de capitales nacionales asociados a consorcios extranjeros, ocupan hoy más de 2 millones de hectáreas, la mayor parte de ellas en tierras ancestrales de los mapuche, o en tierras que les han sido reconocidas por el Estado, y por lo mismo son actualmente reclamadas por sus comunidades. Gran parte de estas tierras han sido forestadas con especies exóticas de crecimiento rápido (pino radiata y eucalyptus) con subsidio estatal. Dichas plantaciones han impactando fuertemente el hábitat mapuche, afectando la flora y fauna, la calidad de las tierras, y los cursos del agua, la mayoría de los cuales se han secado. Las mismas han generado desplazamiento poblacional y pobreza mapuche.

En el caso de A∫rgentina, los mapuche han sido impactados por la expansión de la industria de hidrocarburos, antes de propiedad fiscal (Yacimientos Petroliferos Fiscales) y hoy en manos de capitales trasnacionales, así como por la proliferación de la industria turística, la que ha crecido a gran velocidad en los últimos años en la zona fronteriza, la que coincide con el área boscosa lacustre de la provincia de Neuquén.

En el primer caso, varias trasnacionales, incluyendo Pioneer Natural Resources de Estados Unidos, British Petroleum, Repsol de España y Perez Companc de Argentina, actualmente operan en el territorio tradicional mapuche de Neuquén. El caso más dramático es el del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil allí asentadas presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de metales pesados en sus tejidos. Aunque desde hace años el caso se debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los mapuche han demandado a Repsol por 445 millones de dólares en la justicia ordinaria, la extracción de hidrocarburos en el área sigue adelante.

En el segundo caso, prolifera la especulación comercial en tierras ancestrales de los mapuche, dado el alto valor turístico que éstas han adquirido en zonas aledañas a lagos y montañas andinos colindantes. Igualmente, el Estado argentino ha mantenido la política de concesiones sobre tierras consideradas “fiscales”, impidiendo la regularización de tierras ancestrales mapuche. Es el caso, por ejemplo de la Corporación Interestadual Pulmarí, estancia de más de 100 mil has. entregada en concesión por el Estado argentino federal y la provincia de Neuquén a particulares en la década de los ochenta, y cuya propiedad es reivindicada por los mapuche.

Resistencia y reconstrucción mapuche más allá de las fronteras

Procesos organizativos de resistencia, reconstrucción cultural y control territorial mapuche se vienen verificando a ambos lados de la cordillera con particular intensidad en las últimas dos décadas. Del lado de gulu mapu, los mapuche que se enfrentaron a los esfuerzos del régimen militar (1973-1990) por terminar con la propiedad comunal de sus tierras, hoy se movilizan para controlar sus territorios e impedir la expansión hacia ellos de los proyectos extractivos característicos de la economía globalizada.

Producto de sus luchas colectivas lograron en 1993 la aprobación de la llamada “ley indígena”, la que reconoció sus comunidades, etnias y culturas, dio protección jurídica a sus tierras -no así a sus recursos naturales-, estableció un fondo de tierras para su ampliación (vía mercado y traspaso de tierras “fiscales”), y creó una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) como entidad coordinadora de política pública en materia indígena. A través de CONADI, los mapuche lograron hasta 2005 200 mil has., 80 mil de las cuales corresponden a nuevas tierras adquiridas por el Estado vía compra, en tanto las restantes corresponden a traspaso de tierras fiscales, la mayoría de ellas correspondientes de posesión ancestral indígena.

Desde mediados de los noventa, sin embargo, los mapuche se reagruparon en las denominadas identidades territoriales, organizaciones conformadas en base a las antiguas parcialidades características de este pueblo (nagche, huenteche, huilliche, lafkenche, pehuenche, etc.), intentando ejercer a través de ellas control y gobernanza local, así como hacer frente a las amenazas que los proyectos extractivos significan para sus territorios y culturas. Tales entidades territoriales conformaron la Coordinación de Identidades Territoriales y Organizaciones Mapuche (la Coordinación) en el 2002 como instancia autónoma basada en la cultura propia para la construcción de estrategias comunes en un contexto adverso.

Tales organizaciones desarrollan distintas estrategias, las que van desde el ámbito local -incluyendo entre ellas la participación, con escaso éxito, en procesos eleccionarios municipales (los mapuche cuentan hoy con 5 jefes comunales del total de 32 existentes en la Araucanía), las manifestaciones pacíficas, y las acciones de fuerza, como la ocupación de caminos o de predios en conflicto- hasta el ámbito nacional (acciones legales, movilizaciones a la capital) e internacional (denuncias ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para hacer valer sus derechos en un contexto de globalización.

Frente a dichas acciones el Estado ha desarrollado una política represiva en contra de los mapuche, la que ha incluído el procesamiento de sus líderes en base a legislación antiterrorista (10 de ellos son condenados a contar del 2000 a penas de entre 5 y 10 años de carcel, varios de ellos siguen en prisión) y la violencia policial en contra de comunidades en conflicto. Dada la gravedad de estos hechos, ellos han sido denunciados no sólo por los propios afectados sino también por entidades del sistema de Naciones Unidas (Relator Especial de Pueblos Indígenas, 2003; Comité de Derechos Humanos, 2007). Ello, junto al impulso desde el 2000 de un programa (Programa Orígenes), programa coordinado por el Ministerio de Planificación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo orientado al apoyo al desarrollo productivo, cultural y organizacional de los pueblos indígenas, logra en momentos desmovilizar a las organizaciones mapuche. Por ello la política pública hacia los mapuche ha sido caracterizada como una de “zanahoria y garrote.” (Aylwin, 2007)

En el caso de puel mapu, los mapuche en Neuquén se agrupan desde los setenta a nivel provincial a objeto de obtener el reconocimiento de sus derechos y de su existencia como pueblo. En 1971 se creó la Confederación Indígena Neuquina, entidad que agrupa a las comunidades indígenas reconocidas de la provincia. La presión indígena, con el activo involucramiento mapuche llevó en 1985 a la aprobación de la ley de « Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes » (Nº 23.302 de 1985). Dicha ley creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dispuso la adjudicación de tierras en propiedad a las comunidades indígenas, además de la creación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Propuso, además, planes de planes de educación bilingüe, cultura, vivienda y desarrollo social para los indígenas y sus comunidades. Siendo Argentina un país federal, en 1989 Neuquen adhirió a la ley nacional de 1985. A través de estas leyes se viene a reconocer la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, las que hasta entonces tenían la calidad de reservas y otorgaban a los adjudicatarios solo un derecho de usufructo permanente.

En 1992 se promulgó la ley 24.071 mediante la cual Argentina adopta el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En 1994 Argentina reforma se Constitución, para “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”; “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”; “reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”; (artículo 75, inc 17).

Luego de la reforma constitucional del 94 y como producto de la movilización mapuche, el gobierno provincial se ve obligado a seguir adelante -no sin demora- el proceso de mensura y escrituración de sus tierras. Para el 2004 el total de agrupaciones mapuche en Neuquen alcanzaba a 46 con una población aproximada de 9.332 habitantes y ocupaban un total aproximado de 466.890 has. Sólo 20 de dichas agrupaciones, con 234.885 has. tenía sus tierras escrituradas. La casi totalidad de ellas tenía conflictos de tierras.

Otras estrategias de los mapuche han posibilitado avances notables en el reconocimiento y ejercicio de derechos indígenas. Una de ellas ha sido la experiencia del co-manejo entre Parques Nacionales y la Confederación Mapuche de Neuquén del Parque Nacional Lanin, el que con 379 mil has., ocupa parte importante del área fronteriza con Chile, y constituye el espacio de habitación de seis comunidades mapuche. (Perez, 2003)

Otra de las apuestas de los mapuche neuquinos ha sido la construcción de una sociedad intercultural. De acuerdo a este enfoque que reconoce que los mapuche son parte de una sociedad culturalmente diferenciada, pero con derecho a la identidad y a la libre determinación, el movimiento mapuche ha avanzado en la última década en la oficialización de la educación intercultural bilingüe (EIB) a nivel provincial, en la apertura de un registro de nombres propios mapuche, en la apertura de una radio intercultural (Wajdungun) entre otros aspectos. (Confederación Mapuche de Neuquén, 2006)

Finalmente el 2006 Neuquén reformó su Constitución provincial, la que como consecuencia de la estrategia desarrollada por los mapuche, en alianza con otros sectores excluidos de la provincia, reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos”; “garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”; reconoce “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”; y asegura “su participación en la gestión de sus recursos naturales…” (artículo 53). Esta reforma es considerada como una gran victoria mapuche, ya que para su concreción debió enfrentarse no sólo a los prejuicios de una sociedad provincial conservadora, sino a la maquinaria del partido que por décadas ha gobernado allí, el Partido Popular Neuquino, claramente contrario a sus intereses.

La coordinación trasfronteriza

Los esfuerzos de reconstrucción mapuche no sólo se han dado en el plano de lo estatal, sino en el plano trasfronterizo. Los mapuche no utilizan la denominación binacional para referirse a los procesos de reconstrucción cultural y político en curso a ambos lados de los Andes. Para ellos se trata de una sola nación, la mapuche, separada por dos Estados (el chileno y el argentino). Por más de una década sus organizaciones han venido desarrollando una estrategia que apunta a la reconstrucción de la nación mapuche trascendiendo las fronteras estatales. Los primeros acercamientos en este proceso se desarrollaron en los noventa bajo el liderazgo de la organización Consejo de Todas las Tierras (Aukin Wallmapu Ngulam) o CTT, la que promovió la creación de un movimiento político cultural mapuche basado en su propia institucionalidad y en el derecho de libre determinación. Fue el CTT el que elaboró una bandera mapuche, hoy asumida como propia por las comunidades tanto en gulu como en puel mapu. Tambien el CTT generó instancias de coordinación con las comunidades mapuche neuquinas, en particular en zonas fronterizas como Lonquimay y Curarrewe, contribuyendo a derribar las barreras impuestas por los Estados (Aukin Wallmapu Ngulam, 1997).

Años más tarde, en la década del 2000, dichos esfuerzos fueron retomados por la CITEM, entidad de coordinación mapuche que logró involucrar en sus reuniones periódicas (trawun) a representantes de la Coordinadora de Organizaciones Mapuche de Neuquén (COM), entidad vinculada estrechamente a la Confederación Neuquina. A través de la CITEM se construyeron alianzas, discursos y estrategias comunes entre los mapuche de la Araucanía y los de Neuquén. Uno de los ejes de estas alianzas ha sido el intercambio de experiencias y elaboración de estrategias para hacer frente al fenómeno común de la expansión de la economía global en sus territorios ancestrales, así como aquella relacionada con los procesos de criminalización de la protesta social. A pesar de que la CITEM se desarticuló en los últimos años producto de diversos factores, a través de ella se generaron instancias de formación en la que participan líderes y jóvenes mapuche de ambos lados de los Andes que perduran a la fecha.

Otra esfera de articulación del movimiento mapuche más allá de las fronteras estatales ha sido el de la comunicación. Es así como durante la última década han proliferado los medios de comunicación mapuche o los medios interculturales preocupados de su realidad que han impulsado un trabajo que apunta a su fortalecimiento y visibilidad más allá de las fronteras estatales. Uno de estos medios ha sido el Períodico Mapuche Azkintuwe, surgido a inicios de la presente década, períodico pensado, elaborado, publicado y difundido en gulu mapu y puel mapu, que ha contribuido de manera sustancial a un enfoque trasfronterizo de la realidad de este pueblo. En la misma perspectiva apuntan portales de Internet como Mapuexpress, el que con un enfoque similar también potencia un abordaje de la realidad mapuche más allá de la mirada estrecha de los Estados. Lo mismo puede señalarse de la radio Intercultural Waj Dungun creada en San Martin de los Andes, Neuquén el 2006. Muchas de estas iniciativas han convergido en los encuentros de comunicadores mapuche celebrados en los últimos años, los que se han trasformado en espacios de generación de redes entre dirigentes mapuche y de la sociedad civil que simpatiza con su causa y derechos. Se trata de iniciativas que han dado fruto en el plano informativo y comunicacional, contribuyendo de manera importante a informar a la sociedad mapuche y no mapuche de su realidad con una perspectiva diferente, y a situar los conflictos étnicos, culturales y territoriales verificados en ambos contextos desde una perspectiva intercultural.

La reconstrucción trasfronteriza mapuche y la gobernanza

Hemos visto acá los esfuerzos desarrollados por el pueblo mapuche en la provincia de Neuquén, Argentina, y en la región de la Araucanía, Chile, por rearticularse luego de su fragmentación por los “ Estados nacionales” y por asumir grados crecientes de autonomía y de control territorial más allá de las fronteras que les fueron impuestas por los mismos Estados.

Tales esfuerzos, si coincidimos con Le Galès (1998) en entender la gobernanza como las ideas de dirección de gobierno sin otorgar primacía al Estado, deben ser entendidos como unos que apuntan en la dirección una gobernanza indígena.

Las formas de gobernanza trasfronteriza mapuche de que se ha dado cuenta aquí están estrechamente relacionadas al fenómeno de la globalización acelerada que se verifica hoy tanto en el Estado chileno como en el Estado argentino. Ello si entendemos por globalización aquí mucho más que los procesos de trasnacionalización de la economía perceptibles en sus territorios tradicionales, sino también los procesos de interrelación sociales, jurídicos, culturales y comunicacionales que hoy se dan en el mundo a los cuales los pueblos indígenas, incluyendo el mapuche, no están ajenos.

Como hemos visto, la globalización hegemónica ha generado en el territorio mapuche procesos de expansión de la economía global tanto en gulu mapu y en puel mapu. Al amenazar la existencia material y cultural de sus comunidades, ha gatillado procesos de resistencia que han sido determinantes en su rearticulación como un actor social y político relevante en las sociedades regionales y estatales en que se insertan. La misma globalización hegemónica ha incidido en procesos de descentralización política impulsados tanto en Chile como en Argentina que ha abierto espacios, como el municipal, que los mapuche han aprovechado para ejercer mayores grados de autonomia interna y control de sus propios asuntos.

También la globalización, esta vez de los derechos humanos, ha contribuido a la generación de conciencia, tanto en los propios mapuche como en la sociedad chilena y argentina, respecto a los derechos que corresponden a los pueblos diferenciados al interior de los Estados. Ello ha sido fundamental en los procesos de reconocimiento jurídico-político de derechos que se han dado con mayor intensidad en el caso de Argentina, pero también en el caso de Chile, permitiendo a los mapuche ejercer derechos políticos y territoriales que en el pasado les fueran desconocidos. La misma globalización ha permitido la denuncia por parte de la comunidad internacional de la criminalización de la protesta social mapuche ocurrida principalmente en Chile en la última década, así como la defensa frente a situaciones de violación de sus derechos humanos.

Coincidiendo con Salvador Martí i Puig, la emergencia de lo mapuche en el contexto de Chile y Argentina y de las sociedades regionales analizadas, se debe a factores que vienen desde arriba, desde abajo y desde fuera, y en alguna medida, constituyen un efecto no deseado de la gobernanza hegemónica neoliberal que es postulada desde el Banco Mundial y las instancias multilaterales.

Bibliografía y enlaces en Internet

Aukin Wallmapu Ngulam Consejo de Todas las Tierras, El pueblo mapuche su territorio y sus derechos, Temuco, Impresos Kolping, 1997

Aylwin, José, “Introducción”, en Yañez, Nancy y José Aylwin Eds., El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”: Las paradojas de la democracia chilena. Lom Editores, Santiago, 2007.

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Confederación Mapuche de Neuquén, XVIII Parlamento Mapuche de Neuquén GVBAMTUWVN, 19.20 y 21 de mayo de 2006. Nvwken- Puel Mapu (inédito).

González, Héctor. « Propiedad Comunitaria o Individual. Las Leyes Indígenas y el Pueblo Mapuche » 2 Nutram 1, 1986.

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Hernandez, Isabel, Autonomía o Ciudadanía Incompleta. El Pueblo Mapuche en Chile y Argentina, CEPAL-Pehuen, Santiago, 2003.

Le Galès, P. : “Régulation, gouvernance et territoire”, en Commaille, J. y Jobert, B. (dirs.): La régulation politique à paraître, Paris, Presses de Sciences Po. 1998.

Martí i Puig, Salvador, “Emergencia de lo indígena en la arena política:¿ Un efecto no deseado de la gobernanza?” en Martí i Puig, Salvador (Ed.) Pueblos indígenas y política en América Latina, Fundació CIDOB sf.

Perez, Alicia, Una nueva relación en el Parque Nacional Lanín: El Comité de Gestión del Co- Manejo con “determinación” Mapuche, Informe de Investigación, Claspo, 2003, en www.utexas.edu/cola/llilas/centers/claspo/index.html