Hipótesis

Las comunidades rurales orientan sus decisiones sobre la base de su singular concepción de desarrollo. Así, sus expectativas, sus fuentes de felicidad, su concepción de mejora serán parte de su propio bagaje y no coincidirán necesariamente con aquellas que propone el mundo técnico urbano. Comprender estas concepciones resulta importante, no solamente para la solución de conflictos existentes, también para su prevención y para el diseño de políticas de desarrollo que sintonicen con su propia cultura y sean, por tanto, auto-sostenibles.

En este sentido, en muchos sectores de la población amazónica rural sigue estando presentes las concepciones amigables con la naturaleza, los conocimientos y técnicas de manejo de los RRNN y ecosistemas; lo que ocurre es que las prácticas y valores socio-culturales que los sustentan y enmarcan sus prácticas han sido desvalorizados por las enseñanzas de la educación formal y alternativa. Sin embargo también es de anotar que en algunos casos estos conocimientos se han perdido y es necesario rescatarlos.

Si identificamos estos conocimientos y técnicas y revaloramos las prácticas y valores sociales y culturales de las poblaciones, liberándolas del “oprobio” del “atrasado y sub-desarrollado” (la marginación y el racismo), liberamos energías creativas para la ampliación del conocimiento y la comprensión local y para el desarrollo de sus técnicas de manejo y producción.

Con ello podemos generar condiciones adecuadas para el diálogo de saberes entre los conocimientos de la conservación de la población urbana y las poblaciones locales amazónicas construyéndose conjuntamente un verdadero desarrollo sostenible.

Las causas subyacentes

La historia de la Amazonía se caracteriza por una lógica extractiva y una economía de ciclos alrededor de productos con una fuerte demanda internacional hasta que se agoten o sufran la competencia de otros: quinina, caucho, ciertas especies maderables, petróleo, oro, ciertas especies no maderables. Esos ciclos explican en gran medida las relaciones sociales vigentes hasta hoy: inmigración, creación de ciudades, “habilitación” de la mano de obra (generalmente en especies) por detentores de capital (prestamistas) y la no reinversión en el desarrollo local integral. Implica también política, cultural y socialmente una imposición del Estado sobre el control de los recursos y sobre el desarrollo de la amazonía. Globalmente la Amazonía es un territorio con dispersión de la población, que vive en condiciones de pobreza, con comunicaciones lentas e inseguras y con baja presencia de organismos estatales (policía, salud, educación,…).

Los procesos globales vinculados a la gestión comunal de bosque en la Amazonía peruana

Las políticas de desarrollo orientadas hacia las comunidades de la Amazonía que vive en y del bosque (sea “mestizo” o indígena”) – buscan los siguientes objetivos:

1) La Conservación de los RRNN y ecosistemas

2) El Manejo sostenible de los RRNN y ecosistemas

3) El Aumento y diversificación de la producción

4) La Mayor integración en la economía monetaria (mercado)

5) El Aumento de los ingresos monetarios (mayor consumo en el mercado)

Los objetivos 1) y 2) son el resultado de la preocupación global por el deterioro de la naturaleza que demandan los movimientos ecologistas.

Los objetivos 3), 4) y 5) son el resultado del modelo económico liberal que busca que el mayor bienestar humano basado en un mayor consumo en el mercado (considerado como la fuente exclusiva de la satisfacción de las necesidades humanas).

Los agentes y la red de actores del capitalismo y del mercado requieren de mano de obra barata de comunidades, que viven en el bosque con conocimientos de los RRNN y de las técnicas de extracción. Estos incentivan, con “adelantos” (la habilitación) y propuestas pocas veces cumplidas, a las comunidades a trabajar madera, cazar animales y, en un futuro cercano, a desmontar el bosque para sembrar biocombustibles.

En esta expansión de la extracción de los recursos naturales, estimulada por el régimen económico liberal, las comunidades escogen las oportunidades de ganar dinero que más le convienen para gozar de un consumo abundante de bienes del mercado. Al escoger las oportunidades de ganar dinero y responder a las demandas del mercado, las comunidades abandonan el rol de “custodio del bosque”; Sin embargo su impacto ecológico aun así, es liviano que no se puede comparar con los impactos pesados de la actividad petrolera, los extractores de oro, los cultivadores de coca (actores no ancestrales) y los madereros mecanizados.

En este contexto es necesario ubicar y visualizar las responsabilidades principales y complementarias, en su respectiva dimensión (no de manera unilateral) en la depredación de la biodiversidad y los bosques amazónicos, parece contradictorio sólo enfocar a las comunidades (responsable complementario) e invisibilizar la responsabilidad del actor económico urbano, internacional, nacional y regional (responsable principal) que más daño genera; priorizándose así proyectos que le enseñen y le induzcan a manejar el bosque, la conservación de la biodiversidad o la promoción de productos alternativos del bosque, a las comunidades, para el mercado, esta situación ultima, es poco coherente, porque, por un lado los países del norte financian la promoción de productos alternativos y por otro lado generan barreras para que estos productos forestales (alimentos y medicinales) no ingresen a sus mercados, barreras como novel food y patentes de productos.

Esta contradicción de objetivos y de estrategia se materializa en los organismos mundiales que ejercen incidencia en los gobiernos nacionales, el FMI y el BM quienes con un enfoque de economía de mercado inciden en los gobiernos a reducir los órganos del Estado y el personal. Más aún cuando tienen conocimiento que estos Estados no han invertido suficientemente en una adecuada política sobre recursos naturales, en los órganos de control y sanción que deben garantizar el cumplimiento de las normas que protegen el medio ambiente y los RRNN.

Pero cuando las políticas en el más alto nivel coinciden con los intereses económicos privados a nivel mundial, protegen y favorecen a las empresas depredadoras y los agentes del mercado ¿no es contradictorio responsabilizar solo a las comunidades por la degradación de la naturaleza y, como señal concreta de esa su responsabilidad, financian proyectos de manejo y conservación del bosque en comunidades, sin poner énfasis ni el debido peso en los responsables principales invisibilizados?.

En vez de abordar las causas y de solucionarlas en toda la dimensión integral – por un lado en el responsable principal el liberalismo económico y el desmontaje del Estado social y económicamente solidario –, se distrae la atención del ciudadano hacia los responsables complementarios (las comunidades), quienes no son los principales responsables de los daños irreversibles que se viene sufriendo al medio natural. La acción, a favor de las comunidades, a favor de su manejo y conservación, aparece entonces como un ardid para evitar una acción política enfocada sobre los responsables principales del desastre ecológico actual.

Usar este ardid tiene consecuencias perjudiciales para las comunidades de la amazonía, dado que se la atribuye a priori con un valor negativo: las comunidades acaban con los RRNN, depredan el bosque, no saben manejar ni conservar sus recursos, son ignorantes. Este valor negativo atribuido a las comunidades, justifica la intervención exterior con el pretexto de “hay que enseñarle”, haciendo “tabla raza” del conocimiento que tienen estos del bosque.

Visualizados los responsables principales y complementarios de la depredación o destrucción del bosque tanto históricamente como actual, podemos afirmar que términos influencia e impacto, no son las comunidades, sino el actor económico urbano, internacional, nacional y regional que más daño genera. Es aquí donde se requiere una estrategia integral no unilateral, para ambas responsabilidades con los pesos ponderados en función de los impactos livianos y pesados al ambiente.

Los procesos híbridos que ocurren en el espacio Amazónico.

Cosmovisiones

Existen diferentes visiones con respecto al desarrollo que coexisten simultáneamente en el espacio amazónico, en las comunidades y en las otras poblaciones que viven; por lo tanto no se puede hablar de una sola visión, sino de las visiones de las comunidades y de las otras poblaciones.

Estas pueden ser de una filosofía de vida basada en lo básico (búsqueda de la tranquilidad y la cercanía con la familia), hasta otras que gradualmente se mueven hacia lo complejo (búsqueda de incrementos económicos constantemente), es decir, se encuentran diferentes visiones de desarrollo al interior de la zona, siendo esta última la preponderante. Al mismo tiempo debemos señalar que estas visiones adquieren diferentes niveles en cada uno de los sectores.

Estas concepciones de desarrollo interactúan con el proceso de modernización, satisfechos o no con su vida tradicional. Asimismo, guardan una mirada atenta, más conciente o menos conciente, hacia la modernidad. Este proceso no se da solamente en estos dos extremos, sino que encontramos diferentes puntos intermedios. En cada uno de estos puntos podemos encontrar contradicciones internas, entre lo básico y lo complejo, y entre lo tradicional y lo moderno, que explican un comportamiento ambivalente y contradictorio, que no es tan propio de la población de ese lugar, sino, más bien, del ser humano.

La concepción de desarrollo (financieras, agentes de cooperación, ONGs y organizaciones del estado), de los agentes de desarrollo oscilan entre los enfoques economicista (en una lógica de mercado); conservacionista que no incorpora el elemento social económico y el enfoque formalista-legalista.

Político - Institucional

Desde la perspectiva de las poblaciones rurales, la propiedad y el uso de los recursos naturales son libres y les corresponde, por tener ellos la posesión de hecho de esas zonas. Esta situación es más clara en la población de las zonas rurales y de colonos asentados varias generaciones en lugares donde no ha habido presencia significativa del Estado y los derechos que perciben estos es por la costumbre; en palabra de los pobladores rurales, “los RRNN son de la naturaleza o son de Dios”; por tanto cualquiera puede apropiarse de los mismos, sin autorización del Estado. Esto es una percepción que difiere con los enfoques político-legales-económicos sobre RRNN, que maneja el Estado Peruano, para quien todo aprovechamiento de RRNN tiene que hacerse con permiso o autorización de éste (excepto, la extracción de autoconsumo o para subsistencia). En algunos casos, donde la población ha llegado a entender que para aprovechar los recursos, es necesario un permiso, les resultan incomprensibles los trámites y requisitos; el enorme tiempo y costos que implica ser formal. Para agravar la situación, perciben que el Estado hace poco o no hace nada para sancionar a los que siguen al margen de la formalidad.

Por otro lado, la institucionalidad de la administración pública, y a veces algunos agentes del desarrollo; aún tienen un enfoque del siglo XVI, no tienen enfoques: de servidor publico (su visón y ejercicio de función hacia el ciudadano, es como si fuera ejercer un favor o una gracia concedida hacia al ciudadano), de atención al usuario y ciudadano, es decir ponerse al servicio del ciudadano.

Las comunidades en búsqueda de la satisfacción de necesidades básicas, subsistencia y otras necesidades, extraen los RRNN no sólo para la auto subsistencia, sino para el comercio y satisfacción de necesidades con bienes “de la modernidad” (dichos bienes se han convertido en bienes básicos y necesarios para las comunidades, porque satisfacen necesidades de subsistencia o son instrumentos necesarios para realizar sus actividades; es decir, ya son parte de su vida¹)

Esto les ha permitido definir sus estrategias de consumo y de comercio o cambio, permitiéndoles agenciarse de otros bienes no producidos por ellos. Sin embargo, esta práctica a su vez atenta contra la satisfacción de las necesidades básicas (porque extrae más de lo que la naturaleza repone).

La institucionalidad que afectan a la gestión comunal de bosque en la Amazonía peruana

La pasividad de los organismos estatales resta sostenibilidad al manejo forestal comunitario; se requiere una política voluntarista y de largo aliento para enfrentar y revertir las tendencias actuales de degradación de los RRNN.

Hay una ausencia de modelos de gestión comunal sostenible del bosque y de modelos de gestión del cambio (incorporados) en la política forestal. Ello no contribuye a la concretización de una gestión de manejo forestal comunitaria.

Las políticas sectoriales adolecen de una serie de restricciones que no contribuyen a realizar una gestión de manejo de bosques comunales eficiente y eficaz que incorpore a toda la institucionalidad, generando un conjunto de barreras de orden económico, social, institucional que dificulta la gestión del bosque. Entre ellas se destacan las siguientes:

La sectorialización y compartimentalización de la gestión del manejo de RRNN conlleva a que cada institución actúe en base a sus propios intereses, objetivos y prioridades, con escasa interacción con otras instituciones, inclusive aquellas pertenecientes a un mismo Ministerio.

Descoordinación de iniciativas de las diferentes instituciones con competencias sobre la gestión del bosque, reduce los posibles impactos y genera confusión de los actores que se relacionan con dichas instituciones. También la existencia de conflictos de competencia negativa entre diferentes instituciones, conflictos por duplicidades, por contradicciones y vacíos en el ordenamiento jurídico relacionado con el tema de bosques, con la consiguiente inseguridad jurídica para las comunidades que desean hacerlo.

Insuficientes o deficientes espacios, mecanismos formales y procesos de participación de diferentes actores, en los niveles e instancias que establecen y aplican instrumentos de gestión comunal de bosque y otras medidas, lo que lleva a una muy baja capacidad de integración de nuevos actores al proceso de gestión.

Inexistencia de una definición concertada entre todas las instituciones pertinentes de los instrumentos de gestión de bosques comunales, con vacíos de aplicabilidad y responsabilidades entre todas las instituciones competentes. Adicionalmente, la limitada participación sistema judicial y la escasa capacidad de actuación del Poder Judicial en materia forestal tanto en su rol preventivo del delito y sancionador.

Las áreas de bosque más afectadas en la comercialización, por su baja capacidad de negociación de las comunidades, por la falta de un efectivo control de los órganos competente son las áreas de las comunidades.

Existe una distancia “cultural” y burocrática importante entre el marco jurídico nacional y las comunidades, en cuanto al dominio de los instrumentos legales de gestión: dichos instrumentos exigen intermediación (ingenieros, abogados, gerentes, etc), algo que las comunidades no pueden costear.

La no integración (entendida como la falta de inter-relacion con las leyes que tienen vinculación con el tema o falta de incorporación en las normas sectoriales) ni la operativización (es decir cuando a veces se adoptan en las normas, leyes o en el discurso no se concretizan) del convenio N° 169 - OIT sobre pueblos indigenas (que contiene normas sobre la participación y derechos de los pueblos indigenas que deben cumplir los estados) por la normatividad nacional tanto a nivel sectorial como en los niveles de gobierno Infra nacionales afectan a la gestión del bosque.

En contextos pluriculturales (comunidades nativas, campesinas y población mestiza), las normas, los procesos y paradigmas existentes de estos pueblos no son tomadas en cuenta en las normas estatales sobre el manejo forestal (modelo, objetivos e instrumentos), requisito importante para facilitar el diálogo intercultural en la construcción de propuestas normativas que recojan la pluralidad cultural.

La institucionalidad local (municipalidades, gobernaciones, juez de paz, etc) tiene agendas totalmente ajenas al manejo de bosques comunales (especialmente en los primeros eslabones de la cadena forestal, extracción-acopio-comercialización).

Aún no está incorporada en la agenda pública de las instituciones del sector forestal la regulación económica del mercado sobre los recursos naturales y cómo afectan al manejo forestal las inacciones u omisiones de los organismos competentes sobre la protección sobre: el mercado de las distorsiones generadas por los agentes económicos, a la protección del consumidor o usuario y a la protección de los propios agentes económicos de las prácticas que restringen la competencia.

Las políticas sobre recursos naturales son poco participativas y poco consensuales, intervienen y consensúan pocos actores (ello se debe por un lado a que existen fracturas en la representatividad de las instituciones y del sistema, por otro lado a una tradición de imposición del estado en el tema). En muchos casos estos mecanismos (participación y consenso) son parte del discurso o de la formalidad pero no se operativizan.

Nuevas formas de participación ciudadana y estrategias en la gestión del bosque de las comunidades

Vistos así los hechos, no se trata de un choque entre dos mundos, sino de una transición deseada, pero mal conducida. Ambas partes generalizan sus puntos de vista: la visión amazónica comunal versus la visión occidental moderna, se enfrentan a un espacio híbrido, donde ambos tienen en parte la razón y ambos equivocan su enfoque. En vez de entender esto y buscar modelos híbridos hacia una transición convergente, se polarizan posiciones y el conflicto se agudiza.

Es aquí donde se requiere del dialogó de ambos tipos de visiones, y conocimiento tradicional y el moderno, que pueden compartir en el manejo de las comunidades de los recursos naturales y el manejo sostenible del bosque. Ambos están gobernados por los principios de democracia, participación, apropiación, perspectiva género e impacto reducido.

A partir de ello las comunidades pueden materializar sus derechos y exigir la concreción de esos principios a través de la gestión del bosque de manera que la organización comunitaria participe en términos paritarios en: (i) la toma de decisiones sobre el destino del suelo y los recursos forestales, (ii) en el diseño y empleo de las técnicas forestales para el uso y aprovechamiento del recurso forestal; (iii) garantizar la sostenibilidad de la actividad forestal mediante la recuperación del bosque y la reducción del impacto sobre los suelos y ríos; (iv) distribuir adecuadamente los ingresos generados; (v) incrementar el bienestar general de la comunidad.

Pero ello las estrategias serán: 1) la demanda será la devolución de autoridad a las comunidades sobre el bosque, por parte de los demás niveles de gobierno, vale decir, el gobierno local, regional y central. Dicha autoridad se manifiesta bajo diversas formas como la capacidad de regular los distintos aspectos que reviste el uso y aprovechamiento forestal en la comunidad y el ejercicio compartido del poder de policía (potestad que tiene el estado para decomisar, detener e incautar productos forestales), necesario para desalentar y reprimir las prácticas prohibidas. 2) demandar la devolución de recursos económicos y poder fiscal, entendiendo este último término como de traer la riqueza, es decir, la sustracción que se hace de la renta privada para financiar las actividades de la comunidad orientadas al bien común, dentro de las que se cuentan las detalladas en el párrafo anterior. Esta devolución puede darse de múltiples formas, dentro de las que se cuenta la transferencia de programas, los pliegos presupuestarios, cánones e incluso del reconocimiento de la capacidad para fijar y recaudar tasas y tarifas y finalmente un mayor control en la fuerzas del mercado.

Cambios y recomendaciones para manejar este cambio

La Amazonía ha cambiado vertiginosamente en las últimas décadas por los impactos indicados antes y por los siguientes factores: El incremento de la población, el no cambio en el modo de producción, el decrecimiento de RRNN, la presión del mercado, la inadecuada institucionalidad y la inserción de las propias comunidades generan un nuevo escenario. Surge la escasez de los recursos, que no solamente reduce la explotación para el negocio, sino que pone en riesgo la subsistencia de su familia y su comunidad. Así, en este escenario contemporáneo, se ven obligados recobrar el control del su territorio (bosque) una estrategia no nueva, para manejar el bosque, pero que surge del reconocimiento de coincidencias sobre el estado de la amazonía y sus impactos globales y locales para todos los actores y que es necesario un dialogo.

En este escenario una intervención responsable del Estado no es visto como una intromisión en el equilibrio tradicional amazónico, sino una necesidad de regular y ordenar la actividad, a raíz del crecimiento de la población, el no cambio de los modos de producción (extractivita), el decrecimiento de RRNN, la presión del mercado, la inadecuada institucionalidad y la inserción de las propias comunidades en el sistema de sociedad moderna. Impulsando el manejo de bosque de las comunidades como un instrumento que contribuye al control de sus territorios, identidad cultural, a la seguridad alimentaría, a la producción productiva como estrategias para mejorar la calidad de vida.

Pero este manejo fruto de un dialogo y consenso, es un proceso que tiene sus marchas y contra marchas entre las comunidades y demás actores; por tanto este proceso tiene que ser entendido, así como un proceso por los actores y también tiene que haber un cambio de actitud en relación a procesos híbridos.

La devolución política, económica y fiscal a las comunidades, en el manejo comunal, puede darse de múltiples formas, dentro de las que se cuenta la transferencia de programas, pliegos presupuestarios y cánones, incluso del reconocimiento de la capacidad para fijar y recaudar tasas y tarifas, la capacidad de regular los distintos aspectos que reviste el uso y aprovechamiento forestal en la comunidad y el ejercicio compartido del poder de policía, necesario para desalentar y reprimir las prácticas prohibidas.

Mayor descentralización, desconcentración y Simplificación administrativa en la gestión del bosque comunal.

Mayor proactividad en gobiernos locales y regionales, así como los demás sectores involucrados en el ejercicio de la política y la regulación forestal que promueva el manejo de bosque comunal.

Incorporar en la agenda pública de las instituciones del sector forestal la regulación económica del mercado de los recursos naturales y cómo afectan al manejo forestal, las inacciones u omisiones de los organismos competentes sobre la protección de: el mercado de las distorsiones generadas por los agentes económicos (concertación de precios de productos forestales, especialmente madera), a la protección del consumidor o usuario (dar información sobre los productos forestales manejados) y a los propios agentes económicos de las prácticas que restringen la competencia (la competencia prohibida y competencia desleal que se genera en el medio).

Políticas agresivas en la educación para que se incorporen el manejo forestal en la currícula, en educación formal y no formal, tanto a nivel rural como urbano, aunque con mayor énfasis en estos, destacando la importancia del manejo así como el consumo de productos manejados.

Un proceso de múltiples incentivos que actúan sobre los agentes que maneja y los que afectan al bosque comunal a través de múltiples instrumentos: económicos, sociales, institucionales, organización e información. El conjunto de múltiples incentivos motiva un proceso de presión regulatoria, negociación y construcción de consensos entre los agentes involucrados en el manejo de bosques.

El cambio de modo de producción de extracción de bosque a manejo de bosque, es un proceso, que requiere no sólo de leyes y normas, sino que además requieren de otros instrumentos para modular el cambio (modelos de gestión del cambio, modelos de construcción de consenso y concertación); pero principalmente es un proceso político para el cual es necesario una concertación y dialogar con los actores involucrados.

CONCLUSIONES

Es necesario entender que los bosques comunales son recursos naturales de responsabilidad compartida por quienes viven de ella (sus usuarios), los que aprovechan comercialmente sus recursos (intermediarios), los que desarrollan acciones para su conservación y/o aprovechamiento sostenible (Organismos no Gubernamentales y entidades de investigación), y los que regulan su utilización (entidades Gubernamentales y otras proponentes de políticas públicas); por lo que las decisiones sobre ellas conllevan mucha responsabilidad y principalmente la conjugación de diversos, y muchas veces divergentes, intereses sobre su destino.

El manejo comunitario de los bosques necesita de acuerdos (concertación) y políticas concertadas realistas, adaptadas al contexto en base a las cuales, cada uno de esos actores, pueda desarrollar sus actividades sin perjudicar a los otros y sin poner en riesgo el futuro del recurso.

El futuro del recurso es significativo para las comunidades que viven en ella y de ella, como lo es para el Estado, en su institucionalidad local, regional y nacional por los recursos y servicios que a partir de su aprovechamiento se recibe y recauda. Lo es también para la comunidad científica y el mundo global que considera una salvaguarda a las necesarias condiciones ecológicas que hacen posible la vida de la especie humana como la de muchas otras especies que son muestra de la biodiversidad amazónica y sus servicios ambientales que brinda.

Las políticas sobre los recursos naturales no pueden entenderse como una mera dación de leyes que se deben cumplir, se trata más bien de la dación de normas a la medida de la singularidad híbrida del problema y la adecuada educación de la población receptora para que comprenda la lógica y ventajas de esas políticas.

En los procesos amazónicos de los RRNN, es necesario que los agentes de desarrollo visualicen que estamos en una transición deseada por ambas partes, pero mal conducida; pues sólo se utiliza la imposición y las leyes, elementos que no toman en cuenta esta situación intercultural y se regula muy lejos de la realidad.

Los modos de organización para la gestión de los recursos naturales y la regulación de ellos, en el espacio andino amazónico, se caracterizan por ser 1) inadecuados para aplicarla en la realidad y ello se debe a un débil capacidad para contextualizar modelos, recrear o crearlas para nuestra realidad y la falta de articulación de los intereses a diversas escalas (micro, mezo y macro), tomado en cuenta los procesos nacionales insertados con los globales.2) ilegitimo (en el sentido sociológico no en el sentido jurídico del termino) poco participativo y escasamente consensual sobre RRNN y en algunos casos estos son mas una formalidad y simbolismo que una concreción en la realidad.

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