Resumen: Este documento intenta plasmar de la manera más objetiva posible los acontecimientos de los que fueron testigos los autores durante el mes de julio de 2007. La experiencia se desarrolló en varias etapas. La primera observó la realidad en la capital del país, La Paz. Resumen: Las movilizaciones sociales de defensa de los recursos naturales (agua y gas) funcionaron como catalizadores de la rabia e indignación acumuladas por tantos años de saqueo, abusos y explotación en Bolivia. De la guerra del agua y la guerra del gas nace la Asamblea Constituyente como un espacio de discusión entre diferentes actores sociales para refundar la nación y con el objetivo de crear instituciones de un Estado intercultural que apunten hacia la construcción de una democracia libertaria.¹ Esta etapa representa una experiencia única en América Latina y en el mundo. Por primera vez, pareciera que los marginados, los excluidos, tienen en sus manos el poder de reconstruir una nación.

 

 

Posteriormente se tomó nota del clima político en Cochabamba y en Santa Cruz para intentar abarcar lo más posible, la diversidad de posturas políticas frente a los trabajos de la Asamblea constituyente. Se presenciaron varias reuniones de discusión de las mesas de trabajo, principalmente las que discutían las cuestiones de autonomía y gestión de los recursos naturales.

Ante nuestros ojos se descubrió una Bolivia con una población de más de 9 millones de habitantes y al menos el 60% de los bolivianos por debajo de la línea de pobreza², la cual es muy evidente en las calles y en los barrios. La población boliviana ha tenido una composición mayoritariamente indígena (actualmente representa aproximadamente el 60%), y pese a ser mayoría se han enfrentado sistemáticamente a la discriminación y miseria como herencia del colonialismo. Actualmente se expresa un rechazo tajante en la mayoría de la sociedad a continuar con la larga historia de negación a la matriz multicultural. Además, el territorio boliviano alberga la segunda mayor reserva de gas natural en el continente americano y hasta el 2005 –cuando irrumpió la protesta social con su mayor fuerza– estaban en curso múltiples mecanismos de privatización del gas y del agua generando la emergencia de conflictos económicos y políticos.

Aquí se respira y se vive día a día la efervescencia política, la mayoría de la población se mantiene permanentemente informada por radio o televisión de los avances de los trabajos de la Asamblea Constituyente. Se puede decir que existe un nivel de interés, politización y participación entre la sociedad boliviana muy por encima del ciudadano promedio en otros países de América Latina. El origen de esta participación e interés nace en el contexto de los conflictos políticos que se desataron después de 1999 y que recibieron el nombre de la “guerra del gas” y la “guerra del agua”. Estas tuvieron importancia fundamental para que más tarde el país fuera conducido por los movimientos sociales hacia un largo y complejo proceso llamado la Asamblea Constituyente.

La guerra del agua nació con la determinación irrenunciable de la población de Cochabamba (una provincia situada en el centro del país) de oponerse a la privatización del sistema de distribución del agua. En ese año, el gobierno de Bolivia (la administración de Hugo Banzer Suárez) cedió la concesión a la empresa trasnacional Bechtel (que recibió la misma bajo el nombre de Aguas del Tunari), para gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad y sus áreas cercanas. Dicho contrato fue firmado ilegalmente a espaldas de la población y de algunas autoridades. Cuando se hizo efectiva la concesión, la empresa expropió pozos e incrementó las tarifas en un 300% aproximadamente. Con ello se violaron los usos y costumbres locales de sobre la gestión del vital líquido. La comunidad se indignó y se organizó paulatinamente en la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida junto con otros movimientos. Iniciaron los bloqueos carreteros que paralizaron completamente la ciudad y sus accesos y realizaron una consulta pública que arrojó como resultado la exigencia ciudadana, casi unánime, de la expulsión de la empresa trasnacional de Cochabamba. La respuesta violenta del Estado dejó muertos, encarcelados y desaparecidos. Pero la Coordinadora venció y alcanzó niveles de organización social tan poderosos que logró replegar al ejército y a la policía, controlando de facto la ciudad por un cierto tiempo, lo cual sirvió como plataforma política para los procesos que se dibujaran en el futuro.

Posteriormente, en octubre de 2003 se inicia la llamada guerra del gas en la ciudad capital de La Paz con intensas movilizaciones motivadas por la defensa de la soberanía nacional sobre las reservas de gas. Esto sucede frente a la concretización de un decreto inconstitucional emitido en 1997 por el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que permitía tanto la explotación como la propiedad de los yacimientos de gas por parte de las empresas privadas, incluso extranjeras. En 2003, un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos prevía ceder por completo el control del gas a las empresas participantes, centralmente al consorcio Pacific LNG (constituido por las transnacionales British Gas, British Petroleum y Repsol/YPF). Para evitarlo la población formó la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas. Se reiniciaron las movilizaciones en varios puntos del país. La demanda popular exigía la anulación del proyecto de exportación del gas y la instalación de un sistema industrial nacional que lo procesara para sumarle valor y con su venta incrementar el gasto social para atender las necesidades básicas del pueblo sumido en la pobreza. Los bloqueos, las huelgas de hambre y las marchas se intensificaron al ver la falta de voluntad política para dialogar por parte del gobierno. Entonces, el movimiento social radicalizó sus demandas y exigió la renuncia inmediata del Presidente. El gobierno instaló de facto e ilegalmente un estado de sitio y militarizó La Paz. Después de duros enfrentamientos, Sánchez de Lozada huyó hacia Estados Unidos. Entonces, el Congreso nombró al vice-presidente Carlos Mesa como nuevo presidente. Obligado por las condiciones de efervescencia política Mesa propuso la realización de un referéndum para decidir el futuro del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la « revisión » de las « capitalizaciones » (privatizaciones parciales) de las empresas energéticas estatales; y apenas planteó la realización de nuevas elecciones y de la Asamblea Constituyente.

En 2005, la mayoría de los movimientos que participaron en las protestas apoyaron al candidato del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales, Evo Morales un líder social de origen indígena. Este hecho marcó un parte-aguas en la historia, pues por primera vez un indígena ganó la Presidencia (lo cual hubiera sido impensable en otro escenario político). Morales recibió el apoyo popular gracias a su compromiso ineludible de nacionalizar los hidrocarburos e impulsar la Asamblea Constituyente. Así la Asamblea Constituyente se fue construyendo gradualmente como un espacio de discusión de ideas, posturas, necesidades económicas y políticas con el fin de llegar a acuerdos mínimos para refundar la nación democráticamente.

Hasta antes de la Asamblea podía distinguirse dentro de lo que se ha llamado la “izquierda boliviana” dos grandes corrientes políticas. La primera es de corte institucionalista y cree firmemente que la democracia se limita a los problemas de construcción del sistema político, la cultura política y la ingeniería social (mecanismos electorales, mecanismos constitucionales, sistemas formales de representación, etc.). Y la otra ha insistido más en los temas de la gobernabilidad, la lógica de acuerdos, el rendimiento de cuentas, el desempeño institucional, y el análisis de percepción y opinión ciudadana. Pero después del estallido de las guerras surgió y sigue construyéndose otro gran grupo que se expresa en las organizaciones sociales que formaron y fortalecieron en medio del conflicto. Pese a sus limitaciones orgánicas y vacíos estratégicos, conforman hoy la expresión de los ímpetus organizativos de las clases subalternas que ya no encuentran en la “forma-sindicato” ni en la “forma-partido” los canales para dar respuesta a sus demandas materiales inmediatas y de proyectos de transformación social. De ahí que la actual debacle de los partidos políticos, la crisis de legitimidad y de representación del sistema político, y la crisis institucional general que sacudió al país han sido el telón de fondo para el surgimiento de los movimientos sociales. Pero la diferencia fundamental con el pasado es que la actual emergencia insurreccional del mundo indígena-campesino se levanta como el eje vertebral de esos movimientos. Estos muestran la vertiginosa irrupción de la sociedad frente al Estado, la rebelión y la desobediencia al sistema político se convirtieron en la constante común a la diversidad de organizaciones.

En ese sentido, hoy es relevante el embrionario pero efectivo poder de veto de las organizaciones sociales y su capacidad para desorganizar los mecanismos de reproducción del sistema económico-político. En ocasiones, las organizaciones comienzan con la demanda de satisfacción de necesidades básicas o soluciones a la precariedad material y después abordan la defensa de valores más globales e “inmateriales” como la participación política, la nacionalización de los hidrocarburos, el referéndum, la Asamblea Constituyente, etc. Una gran parte de la sociedad boliviana ha encontrado en las organizaciones sociales y en la Asamblea formas embrionarias para organizarse políticamente “fuera del Estado”.

Así se han ido prefigurando sistemas de organización auto-regulados y descentralizados con base en la voluntad moral y los principios éticos de igualdad, libertad y justicia que se consideran como pilares de la democracia libertaria. Por eso, el espacio preferido es la calle y no los espacios institucionalizados del sistema político, aunque no dejan de impactar en éste. De esta manera, las acciones colectivas constituyen una nueva fuerza social al fundamentarse cada vez más en redes de reciprocidad, cooperación e interdependencia mutua. La solidaridad colectiva demostrada durante los acontecimientos de octubre de 2003 ha generado identidad y patrones de conducta que recuperan las capacidades insurreccionales de la sociedad organizada frente a las estructuras establecidas del poder.

Estas nuevas formas de expresión y representación política de la multitud al margen del sistema político partidario y tradicional, están creando una nueva ciudadanía y sociedad civil. La vinculación de las organizaciones sociales con el sistema político es cambiante. Hasta ahora, se han desarrollado en medio de un escenario de “empate” con el sistema político porque no han logrado reemplazar a los partidos políticos. Por lo tanto, el acceso al control del poder del Estado y sus recursos materiales y simbólicos siguen en manos de viejos grupos de poder que se encuentran vinculados con algunos sectores empresariales, ambos reagrupados en la parte norte de Bolivia donde se encuentran las mayores reservas de gas y riquezas naturales. De hecho, el partido “Podemos” liderado por el expresidente Tuto Quiroga rechaza el ejercicio de la Asamblea Constituyente como un mecanismo viable para transformar el país, y más bien, busca fortalecer el parlamento como el espacio para la toma de decisiones y que empujan hacia el reconocimiento de autonomías departamentales que les permitan controlar la administración de las riquezas naturales de los territorios en los que se asientan.

La columna vertebral de unificación de las organizaciones sociales está empapada de profundos sentimientos de nacionalismo, soberanía y autonomía, que no acaban de integrarse en un proyecto y estrategia claros. Sin embargo, se puede reconocer que con la Asamblea Constituyente se han rebasado aquellas discusiones que centraban el debate sobre las reformas y remiendos constitucionales o modificaciones al sistema de gobierno (presidencialismo o parlamentarismo), o bien, sobre las ventajas e inconvenientes del sistema electoral proporcional o mayoritario.

La reforma política actual impulsada por los movimientos sociales en el seno de la Asamblea apunta a radicalizar el ejercicio democrático en los espacios que han conquistado en los últimos años. Parece ser que su propuesta de reforma apunta a combinar, en el corto plazo, propuestas pragmáticas con un sentido y visión estratégicos dirigidos a instituir cambios radicales para el mediano y largo plazo. En el corto y mediano plazo tiende a combinar aspectos de la actual democracia electoral, reintroduciendo contrapesos propios de la democracia representativa y asignando creciente protagonismo a nuevas formas de democracia directa. En ese sentido, y aunque la moneda está en el aire, hasta ahora los acontecimientos dejan ver que la Asamblea Constituyente es parte de un proyecto de democratización social de largo plazo ya en curso porque estimula la participación ciudadana de forma directa sin negar el ejercicio de la representación.

Sin duda, hoy se percibe claramente que la mayoría de la sociedad ve en la Asamblea Constituyente la oportunidad para transformar el país, “refundar” la nación, “profundizar la descentralización”, constituir las bases que reconozcan los plenos derechos de las poblaciones indígenas tanto en la Constitución como en la praxis cotidiana y establecer las condiciones para la creación de “autonomías departamentales o regionales”. Algunos intelectuales afirman que la Asamblea Constituyente abre un nuevo espacio de diseño de los términos de referencia del contrato social entre individuos y del pacto de reciprocidad entre comunidades políticas –o sea, entre la Bolivia amerindia y la República–, y por supuesto del “contrato” natural con la biosfera. Éste último punto, nos parece que es discutido como un elemento central en tres amplios sentidos: a) el aprovechamiento de los recursos para impulsar el desarrollo nacional; b) la cosmovisión indígena en la que la naturaleza no es reducida a su “valor” comercial si no que es considerada como otro sujeto merecedor de protección y como fuente de vida; y c) la soberanía nacional sobre los recursos naturales y el territorio.

En esa materia, hasta ahora está proyectado un proceso en al menos tres etapas: la primera que reafirma como propiedad de la nación los recursos que están bajo el subsuelo; la segunda que incluye la nacionalización de la infraestructura de extracción del gas y del petróleo (la cual está iniciando con la nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB); y resta la tercera que implica la nacionalización de las instalaciones de las compañías que participan en la extracción. El planteamiento de la última etapa ha generado un debate muy fuerte entre distintos sectores de la sociedad y en el propio gabinete de gobierno.

Lo que está en juego es el tránsito de una perspectiva monocultural hacia una multicultural en donde se repensarían los valores constitucionales, los derechos y los deberes, pero a partir de un diálogo intercultural. Así, se establecen distintas pertenencias regionales y locales y con ellas diferentes formas de reproducción económica-social. Esto da lugar a nuevas formas de ocupación y apropiación del territorio y los espacios y evidentemente, a la génesis de múltiples formas organizativas y modos nuevos de pensar la transición hacia otra República. El objetivo es dirigir a Bolivia hacia una universalidad materializada en un Estado multicultural. Por ello diferentes organizaciones sociales discuten cómo integrar las localidades y municipios, las diferentes regiones, los territorios rurales y urbanos, los gremios y corporaciones, las múltiples formas de instituir la autoridad y el mandato. En este debate se diferencian dos corrientes unas más de corte colectivo o asambleístico, y otra de corte más “liberal-democrático”.

Álvaro García, actual vicepresidente de Bolivia, ha propuesto que la Asamblea Constituyente diseñe normas en tres campos: el patrimonio colectivo al cual se tiene derecho (recursos naturales, derechos sociales, políticos y la economía); el modo de administración y de gestión de estos bienes comunes (aparato estatal, niveles regionales y locales de gobierno); y los mecanismos de participación y control social sobre estos bienes.

Notes

¹ La democracia libertaria se refiere a un tipo de democracia que no consiste únicamente en una mera serie de instrumentos, mecanismos y procedimientos, sino fundamentalmente un régimen político capaz de transformarse y de hacer posible una sociedad de ciudadanos libres, autónomos y responsables. La democracia libertaria es una forma de organizarse para afrontar los problemas, pero efectuada por ciudadanos conscientes y no por oligarquías políticas o económicas. Más información: www.inisoc.org/demliber.htm

² Fuente: www.ine.gov.bo

Comments

Los retos de la Asamblea Constituyente se centran en el re-diseño estatal del país basado en tres pilares. Primero, una nueva forma de representación política donde coexistan en condiciones de igualdad (en todos niveles de gobierno) las distintas formas de representación, autoridad y organización. Segundo, una nueva forma de gestión totalmente descentralizada de los poderes públicos, desde lo municipal hasta lo nacional pasando por la interfase departamental como espacio donde se articule la participación y la planificación del desarrollo social. Y tercero, una nueva forma de control y administración de los recursos naturales, con soberanía y capacidad de negociación a partir de la renta estratégica. Si bien la Asamblea Constituyente todavía se mueve en el campo de las generalidades, el contenido y el desarrollo de ésta serán definidos por la correlación de fuerzas políticas, especialmente por la intensidad y magnitud que alcancen las acciones de los movimientos sociales. Sólo resta plantear una pregunta para dejar en claro la necesidad y la emergencia de la Asamblea Constituyente: ¿Estarán ellos dispuestos a soportar más tiempo? « … ya no tenemos tiempo para esperar otros quinientos años. » (Gabriel Herbas, miembro de la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida, en entrevista, 2002)

Bibliographyy