La participación de la ciudadanía en la defensa del medio ambiente se ha vuelto un común denominador en los pueblos latinoamericanos. Pero más allá de una romántica lucha por la conservación del aire limpio, las aguas prístinas y el cielo azul, la férrea pelea por la preservación de los recursos naturales no renovables como el petróleo y el gas, del agua, de los árboles, de la tierra fértil y de sus frutos, el activismo se presenta ahora en nuestra región como un imperativo no sólo para tener una mejor calidad de vida en el presente sino, ni más ni menos, para garantizar la supervivencia de los pueblos en el planeta. El dilema es sencillo: O los recursos de la tierra se utilizan racionalmente y en beneficio de los pueblos o éstos desaparecerán en pocos años.

Quizá en otro momento de la historia humana, la acelerada degradación del medio ambiente no habría sido objeto de la consideración de los gobiernos ni de fricciones entre éstos y sus gobernados, pero en nuestra actual circunstancia lo es, y en gran medida. Cuando los gobiernos latinoamericanos de todos los niveles, desde el local pasando por el regional hasta el nacional sobre quienes recae la responsabilidad de administrar los recursos del medio, toman decisiones que afectan a las poblaciones, los conflictos no tardan en aparecer y en poner en entredicho la funcionalidad de un sistema capitalista depredador, la calidad moral de las empresas que viven de la explotación de los recursos pero, sobre todo, la propia legitimidad de quienes detentan el poder y su capacidad para negociar con actores no acostumbrados a figurar en el espectro político. Así, en los últimos años, las reivindicaciones políticas lindantes con las ecológicas se han presentado como un enorme desafío tanto para la gobernabilidad de la región en la medida en que han desestabilizado los sistemas políticos, como para la gobernanza, en tanto que han evidenciado las contradicciones entre los proyectos de desarrollo de los gobiernos y las empresas, por un lado, y el de los pueblos, por el otro.

En torno a este tema, a través de las siete fichas (notas de lectura, análisis, experiencia, etc.) que conforman este cuaderno un conjunto de investigadores de distintas formaciones y con diferentes inquietudes nos exponen casos interesantes donde el activismo ciudadano para la defensa del medio ambiente salta a la vista. Desde distintos campos –algunos desde la narración de una experiencia; otros desde el análisis de un caso o de bibliografía especializada-, estos jóvenes dan fe de la organización social y del activismo surgidos a partir de una ruptura del siempre frágil equilibrio entre el gobierno y sus gobernados así como de las distintas posibilidades de conciliar sus intereses.

La relación de los hechos donde los movimientos ciudadanos defensores del medio ambiente revirtieron decisiones tomadas desde el gobierno, nos permite entender la importancia de la participación de los gobernados en la construcción de su futuro pero también nos hace conscientes de las limitaciones del actuar ciudadano.

Así, en la primera ficha, Carol Hernández nos habla de la experiencia de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE) en Centroamérica, concretamente en Panamá. La CCCE es un movimiento esencialmente campesino en cuyo origen está el rechazo a un modelo de gestión ecológica y social no sustentable que amenaza la existencia tanto del ecosistema como de la propia vida de los campesinos. Tras la recuperación del Canal, el gobierno nacional intentó implantar dicho modelo al proponer un proyecto de ampliación que implicaba la construcción de embalses y mega hidroeléctricas necesarias, según los cálculos de los encargados del Canal, para asegurar el abastecimiento de agua y energía en este estratégico paso comercial.

La trascendencia de este caso, de acuerdo con la autora, radica en que este movimiento puso en la agenda nacional panameña dos temas básicos para debatir: la reconfiguración de las formas de gobierno y de participación ciudadana en torno a las perspectivas de desarrollo potenciadas por el Canal y la necesidad de construir un modelo para el uso sustentable de los recursos naturales en todos los procesos de gestión de esa importante vía interoceánica.

En la ficha, la autora hace hincapié en el crecimiento y el apoyo que la CCCE fue sumando con el paso del tiempo. De estar integrado al inicio sólo por campesinos cuya principal demanda era la anulación total de los proyectos de embalsar los ríos y de construcción de hidroeléctricas, al poco tiempo logró la simpatía de las poblaciones urbana y rural y hasta de la Iglesia católica. La presión hacia el gobierno nacional fue tan contundente que éste se vio obligado a utilizar una figura de consulta popular, el referéndum, para decidir sobre los proyectos planteados. Sin embargo, la fuerza del movimiento no fue suficiente y los resultados de la consulta fueron favorables al gobierno central, que, se asienta en la ficha, apoyó el sí al proyecto en una agresiva campaña mediática y en la desmovilización de actores importantes como la propia Iglesia.

Finalmente, la ficha destaca la experiencia de la CCCE en Panamá como un movimiento que se planteó la posibilidad de convertir a la sociedad civil en un actor central en la definición de las formas de gobierno, en la vigilancia y control de las políticas públicas y en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico sustentable.

En el mismo tenor de relato de experiencias, Claudia Rivera y Javier Muñoz nos explican la forma en la que la Asamblea Constituyente en Bolivia, forma de gobierno instituida paralelamente al gobierno central cuya vocación primigenia es redefinir el pacto social que apuntala a la nación andina, tuvo su origen en dos movimientos de la sociedad civil boliviana, mayoritariamente indígena: el de la población de Cochabamba, caracterizado por su férrea oposición a la privatización del sistema de distribución del agua; y el de la defensa del gas, movimiento centralizado en La Paz, capital del país.

De acuerdo a la información manejada por los autores en la ficha, la respuesta brutal y violenta del gobierno boliviano hacia la movilización popular que defendía la permanencia de estos recursos naturales estratégicos en manos de los bolivianos, no fue suficiente para desalentar a un movimiento que llegó a alcanzar niveles de organización social tan efectivos que les permitieron tomar el control de la ciudad capital. En este punto, los autores destacan las particularidades en la organización de grupos civiles tan dispares como mineros, campesinos, estudiantes o amas de casa: la movilización no ocurrió en torno a las tradicionales formas de organización colectiva como los sindicatos o los partidos políticos, donde existe una estructura de poder vertical, sino alrededor de formas más bien comunitarias donde, prevalecen los principios éticos de igualdad, libertad y justicia y las formas democráticas más puras, que han dado lugar al nacimiento de la actual Asamblea Constituyente donde se discute una reforma del Estado.

En resumen, para los autores de esta ficha hay una relación directa entre la defensa popular para evitar la privatización de los recursos naturales estratégicos y, por un lado, las nuevas formas de gobierno caracterizadas por su atención a las demandas sociales; y, por el otro, la universalización del pensamiento entre los bolivianos de que la administración y el aprovechamiento de los recursos corresponde sólo a ellos. Sin la movilización popular de los últimos años sería imposible entender los procesos políticos que se viven actualmente en ese país.

Pero no sólo el recuento de experiencias colectivas da luz sobre el fenómeno de la defensa civil del medio ambiente. La experiencia de una sola persona nos ayuda a entender y a profundizar sobre el sentido y las motivaciones de estas luchas.

Así, Marcos Almada nos presenta una entrevista con Flora Guerrero, reconocida activista del estado mexicano de Morelos, cuyas palabras nos llaman la atención de manera muy categórica sobre la necesidad de proteger el medio donde se desarrolla nuestra propia vida, puesto que los gobiernos, quienes deberían administrarlo y cuidarlo en aras del bien común como representantes populares que son, no lo están haciendo. Es más, admite, las agresiones contra las selvas y los bosques de la demarcación desde la cual habla, han aumentado considerablemente en los últimos años. El irresponsable actuar del gobierno ha acrecentado la propia actividad de las ONGs de índole ambientalista y las ha convertido en un importante grupo de presión al mismo tiempo que las apuntala como un importante foro donde se generan alternativas de proyectos sustentables.

La entrevistada deja constancia de que el trabajo de los ambientalistas es muy peligroso, pues las autoridades del estado de Morelos han convertido el activismo en un delito. En lugar de velar por el respeto a las leyes ambientales nacionales e internacionales vigentes y de cancelar y castigar los proyectos corporativos incompatibles con el respeto al medio, el gobierno de ese estado trata como delincuentes a los activistas pues son perseguidos, intimidados, detenidos sin orden judicial, encarcelados y torturados si sus demandas interfieren con algún negocio pactado entre el gobierno y alguna empresa. Afirma, pues, que el gobierno está dejando de oír a la gente.

La ambientalista reconoce que su trabajo está estrechamente vinculado con las comunidades indígenas, quienes actualmente están jugando un papel preponderante en la defensa y conservación de los recursos naturales en el ámbito donde su grupo trabaja. Admite además que el movimiento ecologista de Morelos se ha fortalecido porque se han integrado a él académicos, intelectuales, jóvenes, estudiantes, amas de casa, profesores, etc., dado la escalada de violencia contra el medio ambiente que las últimas administraciones han propiciado.

Este cuaderno presenta también otra entrevista que profundiza el tema de la criminalización del activismo ambiental, pues se conversa con Mario Patrón, un abogado mexicano defensor de activistas campesinos. En esta ficha, para mejor ubicarnos, Yenisey Rodríguez nos presenta primero un panorama de la situación y el lugar donde se realiza la labor del entrevistado. Se habla de la situación socio-política de la sierra de Petatlán, ubicada en la región de la Costa Grande del estado mexicano de Guerrero. Asimismo, se mencionan los detalles del caso de los activistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera encarcelados por su lucha en contra de la tala inmoderada de los bosques de esta región.

Entrando propiamente en materia, Mario Patrón destaca el hecho de que en la sierra de Guerrero se gestó el primer movimiento campesino autoreivindicado como ecologista y narra el contexto histórico y político en el cual se ha desarrollado el movimiento. Este abogado menciona tanto los logros de los ecologistas campesinos como sus bajas y habla de que este movimiento ciudadano ha tenido un costo social alto: si bien en la actualidad la sierra en cuestión es uno de los espacios forestales más vigilados por las autoridades, también lo es la estela de detenciones, torturas, encarcelamientos y muertes que ha implicado la defensa del espacio. El entrevistado habla de la situación de los campesinos mexicanos en su lucha por defender al medio ambiente. Asegura que los defensores no tienen condiciones de seguridad jurídica para realizar su trabajo y reconoce que el gobierno criminaliza las acciones de los campesinos y se alía con poderes económicos nacionales e internacionales y con poderes políticos de facto.

A la luz de las declaraciones del entrevistado, la autora destaca el hecho de que un derecho humano básico como el activismo político, aun en el terreno de lo ambiental, no pueda ejercerse porque puede ser declarado como un hecho criminal. Finalmente, nos advierte que ni gobernabilidad ni gobernanza pueden plantearse cuando los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos más elementales y cuando las políticas públicas orientadas al desarrollo sustentable están subordinadas a los intereses no solamente de los gobiernos en curso y de los caciques regionales sino también a los de empresas transnacionales desinteresadas en la defensa del medio ambiente.

Además de las narraciones de las experiencias y las entrevistas, el cuaderno presenta dos fichas donde se revisan y analizan directamente dos casos relacionados con la defensa del medio ambiente. En la primera, Manuel Llano presenta un proyecto que intenta integrar la diversidad biológica con lo que él denomina “diversidad cultural”. Si bien la ficha se aleja de la perspectiva del activismo ciudadano y de la movilización social, tónica del cuaderno, tiene la ventaja de acercarnos a una visión más idealista de lo que debería ser el cuidado del medio ambiente, pues plantea la participación de las comunidades indígenas en la conservación del Corredor Biológico Mesoamericano, importante reserva biológica de América Latina.

En la segunda ficha de análisis, Yenisey Rodríguez analiza la lucha por la interrupción de la construcción de la presa La Parota en Acapulco, Guerrero, que sentó un precedente en la historia de México: la suspensión, por lo menos provisional, desde una instancia jurídica federal de un proyecto de infraestructura por motivos ecológicos. Como esa decisión no puede entenderse si no se atiende a la resistencia del CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota) por salvar su tierra, la autora explica el contexto desde el cual se planeó por parte del gobierno la construcción de esta presa, para entender los intereses en juego; después, enuncia los posibles daños al medio ambiente que una presa de esta envergadura podría causar; y, finalmente, observa la manera en la cual se desarrolló el conflicto entre los campesinos y los gobiernos local y federal.

Dada su característica de ficha de análisis, la autora profundiza sobre tres aspectos. El primero está relacionado con el de que un movimiento se vio favorecido por un fallo judicial y se impuso sobre los intereses del capital privado nacional y mundial. En segundo lugar llama la atención sobre la problemática ambiental como una causa cada vez más socorrida por los movimientos en tanto que éticamente se impone a cualquier argumento de tipo económico. Finalmente, invita a la reflexión sobre la evidente disparidad entre los intereses de los gobiernos y sus gobernados y sobre la necesidad de fortalecer al propio Estado desde la sociedad civil.

En la ficha que cierra el cuaderno, a partir de la lectura del libro Agua, editado por el periódico mexicano La Jornada, Carlos Piñeyro rescata una línea que da sentido a los distintos artículos del documento: La relación entre los gobiernos y empresas para conseguir la privatización del agua y el costo social de los arreglos pactados a espaldas de las poblaciones latinoamericanas. En este sentido, la ficha evidencia que el principal resultado de los procesos de privatización del agua ha sido el incremento exponencial en el precio del líquido, sin que se haya ampliado la cobertura a lugares de difícil acceso y sin mejorar la distribución donde ya existe.

Tras una minuciosa lectura, el autor da cuenta de la pertinencia del texto en la actual discusión sobre los usos y la propiedad del agua, pues el libro hace un diagnóstico de la situación en que se encuentra este recurso y las posibles soluciones ante el desafío que implica el mejor aprovechamiento, la óptima conservación y la buena distribución del estratégico líquido. Asimismo, destaca que la postura editorial del libro en contra de la privatización del agua es obvia y sin embargo, en el propio texto resulta equilibrado tanto el espacio que se da a detractores e impulsores de esta tendencia como el espacio abierto al debate sobre la importancia de considerar al “oro azul” como un bien público y primario. Así, Carlos Piñeyro nos muestra que los especialistas en la materia, los académicos, también pueden ser activistas desde su campo de estudio.

Aun oteando desde distintas perspectivas y escribiendo desde diferentes circunstancias, los trabajos presentados plantean problemáticas comunes y abonan a la reflexión sobre el activismo ciudadano en la defensa por el medio ambiente.

En primer término, sobresale el detonante común a todos los conflictos: el autoritarismo de los gobiernos. A través de las experiencias narradas y analizadas se observa la bifurcación de los intereses de los gobiernos elegidos democráticamente, pues cada vez responden menos a los intereses de sus electores y del bien común. Si, como supone la teoría, las instituciones se crean para organizar la vida social y para garantizar el estado de derecho, los gobiernos latinoamericanos no están cumpliendo cabalmente su deber. Y aquí surge una pregunta esencial: Si no hay un empate entre los intereses de los gobiernos y los de los gobernados ¿estamos obligados a construir nuevas formas de representación más legítimas que las actuales?

Los proyectos estatales de desarrollo encaminados a administrar y distribuir los recursos naturales se están decantando por la explotación y no por el aprovechamiento, lo que irremediablemente crea problemas tanto con las comunidades directamente afectadas como con grupos ecologistas, especialmente sensibles e informados sobre el tema. Se puede observar que en todos los casos la sociedad civil se organiza y, antes de confrontarse con las autoridades, intenta utilizar los medios legales a su alcance para dar un correcto cauce a sus demandas e incluso presenta planes alternativos a los gubernamentales, como en toda sociedad democrática que crea mecanismos para escuchar y atender a los ciudadanos. No obstante, la respuesta de los gobiernos en los distintos niveles no ha estado a la altura de las circunstancias y ha optado ya por el uso de los órganos coercitivos del Estado, ya por la alianza con los medios de comunicación masiva desde donde difunde su razón y acalla la de quienes no pueden acceder a ellos.

Aunado al alejamiento entre el gobierno y los gobernados, encontramos otro factor común en los trabajos: la estrecha alianza de los gobiernos nacionales y locales con el capital privado para depredar el medio ambiente. Tanto en la ampliación del Canal de Panamá, pasando por la construcción de la presa La Parota y la invasión de la sierra de Guerrero hasta la privatización del agua en Bolivia y la aniquilación de las barrancas en Morelos, en nombre del progreso, el medio ambiente y sus recursos son convertidos en mercancía susceptible de ser explotada por el mejor postor. En lugar de proteger los derechos de sus gobernados, los gobiernos locales utilizan los propios instrumentos de fuerza del Estado para garantizar los negocios emprendidos por las empresas. De ahí que los dos entrevistados, activistas reconocidos en su lucha por la defensa del medio ambiente, una, y de los derechos humanos, el otro, hablen de la criminalización de la organización ciudadana.

Pero no sólo los gobiernos están en crisis. Como bien apunta la ambientalista entrevistada, parte de la responsabilidad en la degradación del medio ambiente recae en la indiferencia de los ciudadanos, desinformados y desmovilizados la mayor de las veces. A veces se tiende a crear una imagen idílica de la sociedad civil –ciertamente en algún momento algunas de las fichas lo hicieron- porque se asume que sólo por serlo posee un halo de pureza. Sin embargo, lo cierto es que, a excepción del caso boliviano donde la fuerza de la población desbordó a los órganos del gobierno, los movimientos para la defensa del medio ambiente son organizados por la comunidad directamente afectada y su impacto no es directamente proporcional a la fuerza moral de sus demandas. En este sentido, sería importante profundizar en las causas de la indiferencia de los latinoamericanos y las formas de expresión utilizadas por la sociedad civil.

El espíritu que animó la elaboración de este cuaderno fue el de hallar experiencias que dieran cuenta de las formas de organización de la sociedad civil en su defensa contra el medio ambiente. Se pensó en contarlas, analizarlas y criticarlas con el fin de encontrar los mecanismos más efectivos para evitar la degradación de los recursos naturales de nuestro planeta, de nuestra región. Se tenía la certeza de que más allá del enfrentamiento entre actores podríamos encontrar las formas en las cuales se gestaron y cohesionaron los distintos sectores que daban origen a los movimientos y la manera en la cual crearon vínculos o tendieron puentes hacia los poderes ejecutivos. La realidad mostró algo bien distinto: en muy pocas ocasiones los gobiernos fueron sensibles a las peticiones de sus gobernados (como en el caso de La Parota, donde ya hay un fallo a favor, aunque no definitivo); al contrario, los gobiernos emprendieron campañas, ya mediáticas, ya de fuerza, para imponer sus proyectos (como en Panamá, Morelos, y La Parota). Los casos exitosos, el de la Sierra de Petatlán, en Guerrero y el de la guerra del agua y del gas en Bolivia, lo fueron a un costo muy alto: la detención, la tortura, la encarcelación e incluso la muerte de los activistas.

No se trata de alentar, ni mucho menos enaltecer el papel de la violencia para la consecución de los fines. Simplemente se trata de reflexionar sobre la posibilidad de crear mecanismos donde prime más la cooperación entre los actores que el enfrentamiento, como viene sucediendo hasta ahora. Los deseos de construir vínculos entre los gobiernos y los ciudadanos, de empatar dos modelos de desarrollo por definición excluyentes –el del desarrollo sustentable y el de la naturaleza como mercancía- son loables pero la realidad latinoamericana parece hablarnos de la imposibilidad de encontrar el punto medio. Pero si alguna enseñanza nos deja la lectura de este cuaderno es que sólo conjuntando los esfuerzos de los distintos grupos y ejerciendo los derechos ciudadanos desde distintas trincheras podremos evitar la catástrofe ambiental que se avecina. Nuestra América Latina no puede esperar más.