Mario Patrón es un joven abogado comprometido desde hace varios años con la defensa de los derechos humanos de los luchadores sociales. Estudió en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y trabajó durante varios años en el prestigiado Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Desde hace 5 años se encuentra colaborando con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, y vive en la ciudad de Tlapa de Comonfort, en el estado mexicano de Guerrero. Desde ese centro ha llevado la defensa de varios casos de violación a los derechos humanos entre los que destacan el de los opositores a la construcción de la presa La Parota y el que se aborda en esta ficha: La defensa de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán. Su correo electrónico es mep_s@yahoo.com.mx.

Desde hace ya varias décadas, la sierra de Petatlán, ubicada en la región de la Costa Grande del estado mexicano de Guerrero, ha sido testigo de una importante movilización campesina caracterizada por su perfil ecologista. Llevar a cabo una lucha de esa índole en este lugar no es nada fácil: la guerrilla, las guardias blancas (nombre que se le da a los grupos de seguridad que son contratados de manera privada por los grandes terratenientes), el ejército y el narcotráfico proliferan. Además, durante mucho tiempo ese territorio ha estado bajo el control de un cacique regional que fue gobernador del estado. Sin embargo no fue sino hasta la década de los noventa del siglo pasado que esta lucha llamó la atención del mundo pues Rodolfo Montiel Y Teodoro Cabrera, dos ecologistas presos en el penal de Iguala, Guerrero, ganaron el premio Chico Mendes por su compromiso con el medio ambiente. La opinión pública internacional se preguntaba las razones por las cuales dos campesinos que defendían sus bosques se encontraban en la cárcel.

Estos ecologistas campesinos de Guerrero forman parte de una larga tradición de luchadores campesinos que defienden su bosque. La primera generación combatió a las compañías que desde los cuarenta saqueaban la madera y el trabajo de las comunidades. La segunda se enfrentó con una empresa paraestatal silvícola que impedía a los pueblos serranos el aprovechamiento de la madera. La tercera, de la cual forman parte los citados, surgió en los noventa y lucha por detener la degradación ecológica para preservar el bosque, la biodiversidad y el medio ambiente.

A mediados de los noventa el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, hijo del tristemente ilustre cacique histórico de la región, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), le otorgó a la empresa estadounidense Boise Cascade la concesión y derecho exclusivo para la compra y explotación de madera de los ejidos de la Costa Grande. Esta compañía, una de las empresas forestales más grandes de Estados Unidos, a través de su subsidiaria Costa Grande Forest Products, contrató con 24 comunidades agrarias la extracción de pino y abeto, que sería procesado en sus aserraderos de Papanoa. En tan sólo unos cuantos años las sierras de Petatlán y Coyuca de Catalán perdieron cerca de 90 mil hectáreas de bosque, un cuarenta por ciento del total. Y si bien desde 1998 la transnacional salió del país argumentando condiciones de negocio difíciles, en los últimos años los cacicazgos continúan con el desmonte irracional, para el que emplean con frecuencia aserraderos clandestinos.

La pérdida de bosques acumulada durante la segunda mitad del siglo XX y la intensificación del saqueo en la última década evidenciaron la degradación del ecosistema serrano: daño ambiental manifiesto en la reducción de la superficie arbolada, en la pérdida de suelos, en el agotamiento de manantiales, en el empobrecimiento de la fauna y en general de la biodiversidad, así como azolve de los ríos, inundaciones catastróficas y cambios de clima. La constante observación de esta destrucción no pudo menos que propiciar el surgimiento de una nueva generación de luchadores de la costa: los ecologistas campesinos.

Estos campesinos empezaron movilizando pequeños grupos y en 1998 constituyeron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). Trataron de impulsar su lucha por los cauces legales: enviaban escritos a la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales); hacían denuncias formales a la Profepa (Procuraduría federal del medio ambiente); incluso, hasta hacían peticiones al ejército federal para que resguardaran los bosques. Sin embargo, ante la falta de respuestas decidieron actuar de manera más directa y empezaron a bloquear la salida de los camiones cargados de madera. Pero, a diferencia de otros países donde los gobiernos negocian con los que levantan estas demandas, en el estado de Guerrero los encarcelan, los torturan, los desaparecen o los matan. Está documentado que por esta defensa de la tierra, murieron los campesinos Aniceto Martínez, Elena Barajas, Romualdo Gómez García y Salomé Sánchez Ortiz; fue torturado por el ejército Jesús Cervantes Luviano y desaparecido Maximino Marcial Jaimes.

El 2 de mayo de 1999 entraron a la cárcel Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel quienes fueron detenidos y torturados por el ejército, acusados de posesión ilegal de armas y narcotráfico y procesados y condenados por la justicia mexicana. Su defensora, Digna Ochoa, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro murió en condiciones aún no aclaradas unos días después de visitarlos en su celda. Ambos fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Estos dos luchadores encarcelados se han convertido, junto con sus compañeros entre los que destaca Felipe Arriaga, en emblema del ecologismo más primario. Son símbolos de la persecución, tortura y cárcel que acosan a los campesinos guerrerenses que luchan por preservar el medio ambiente y detener el saqueo del bosque.

Hoy en día, aun cuando se consiguió su excarcelación, no han podido regresar a su comunidad por las frecuentes amenazas que penden sobre sus cabezas. Así, en este contexto, decidimos hablar con Mario Patrón, abogado de los ecologistas desde que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se hizo cargo del caso, para que nos relate el estado actual de la situación en la sierra de Petatlán y de las posibilidades reales que tienen los campesinos para ejercer su derecho a defender el medio ambiente, entre otras cosas de interés para este cuaderno.

1. En primer lugar te agradecería que nos dijeras las razones por las cuales Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y Felipe Arriaga iniciaron su lucha por la defensa de los bosques y terminaron en la cárcel.

En Guerrero, desde los años setenta y particularmente en esa región de la Costa Grande, que abarca toda la serranía de la región de la Costa que colinda con la Tierra Caliente, se empezó a dar una explotación forestal muy fuerte que particularmente estaba a cargo de una empresa paraestatal del gobierno del estado de Guerrero, la empresa forestal “Vicente Guerrero”. Era un negocio, prácticamente, del gobierno del Estado. Explotó los recursos durante toda la década de los setenta y parte de los ochenta; a partir más o menos del año 1985 empezó a haber un control gubernamental mucho más fuerte en términos de regulaciones de medio ambiente. La razón fue que empezó a tener un protagonismo muy fuerte la que ahora es la Semarnat, que cambió toda la asignación de los permisos de aprovechamiento forestal. Años después, lo que hizo el gobernador Rubén Figueroa Alcocer fue ayudar para que se pudiera dar la concesión y el permiso para el aprovechamiento forestal a una empresa transnacional para que se continuara, además de la explotación forestal, también la explotación laboral. Esta empresa transnacional que era Boise Cascade trabajaba con la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, que era la empresa local, y era justamente con ellos con los que compartía todas las ganancias. Realmente, de acuerdo a las cifras de la propia Comisión Nacional de Biodiversidad, CONABIO, del gobierno federal, en diez años desaparecieron más de 160 mil hectáreas de bosque. Entonces había un problema muy fuerte: las comunidades empiezan también a organizarse, sobre todo en torno al recurso del agua. Al talar los bosques también los mantos acuíferos sufren muchos daños y es así como empiezan en realidad a reivindicar su derecho, se autonombran como campesinos ecologistas y empiezan a tener asambleas comunitarias y se empieza a gestar propiamente un movimiento comunitario de campesinos ecologistas.

2. ¿Ellos fueron los primeros en reivindicar este tipo de demandas en el país?

Bueno, en Guerrero y a nivel nacional es el primer movimiento, en términos ambientales, de campesinos que se reivindican a sí mismos como ecologistas. A nivel nacional no había un precedente. Desde luego había esfuerzos comunitarios de campesinos que desde la lógica de la tierra y del cuidado de su territorio hacían trabajo medioambiental, pero nunca [existió] la gestación de un movimiento social, de corte campesino y estrictamente ambiental.

3. ¿Ellos delimitaron así su movimiento o fueron las circunstancias?

Ellos lo delimitaron así, así se autonombraron y fue un inicio muy complicado porque justamente en el contexto del año 1997, 1998, en esta parte del estado de Guerrero, en la Costa Grande de Guerrero, había un movimiento guerrillero, un movimiento armado, que era el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que tenía presencia en toda esta región y por lo tanto fue muy difícil al inicio que no se les intentara vincular con ellos, sobre todo como parte de una estrategia de golpeteo y represiva del gobierno del estado [cuando estaba como gobernador el hijo de Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer, quien pidió licencia de su cargo tras las investigaciones que lo señalaban como el asesino intelectual de decenas de campesinos en el vado de Aguas Blancas]. De hecho cuando Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos, hubo un intento por vincularlos con el EPR. No pudieron porque no tenían las pruebas ni los elementos y tampoco porque el movimiento armado nunca los reivindicó, porque no formaban parte de él. Entonces, fue como complicada esta primera parte pero el movimiento, a lo largo del tiempo, fue adquiriendo su propia dimensión. Hoy, por ejemplo, el movimiento en la región está más empujado por las mujeres, ya no por los hombres, que al inicio fueron los perseguidos. Felipe Arriaga Sánchez [quien fue aprehendido el 3 de noviembre del 2004 acusado de asesinato] tuvo que salir de su comunidad, de su casa, más de 10 meses y esconderse en cuevas y en el monte justamente por esta persecución que hubo. Pero hoy en día las mujeres tienen ya no solamente programas de reforestación, ya no solamente campañas de limpia, o de limpieza del río en las comunidades sino que ya tienen proyectos productivos en torno a soberanía alimentaria, o sea, producen lo que comen o comen lo que producen, como se quiera ver. Estamos hablando de que siembran hortalizas de todo tipo; calabaza, pepino, rábano, lechuga, tomate, jitomate, etcétera. También tienen ya proyectos de apicultura, de la producción de la miel. Ellos ya venden también semilla de cedro, se la venden a la Comisión Nacional Forestal. Entonces de alguna manera han ido consolidando esta parte ambiental pero la han ido haciendo más integral.

4. ¿Entonces de alguna manera han sido un movimiento ecologista exitoso, han logrado hacer algo importante en su territorio, han logrado defender el medio ambiente?

Sí, exitoso aunque con un costo social muy fuerte. El costo social ha sido alto: ha habido fallecidos, ha habido detenidos, torturados, presos de conciencia, pero hoy en día la sierra en Guerrero, la sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán es uno de los espacios forestales más vigilados por las autoridades. Es uno de los espacios donde se logró que todos los permisos de aprovechamiento forestal que habían sido otorgados ilegalmente en la región fueran cancelados. Hoy en día solamente hay un permiso de aprovechamiento forestal que fue otorgado con la anuencia de la organización.

5. ¿Cuál es la situación jurídica actual de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, presos en el año 1999, y de Felipe Arriaga?

Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel están exiliados fuera del país. No pudieron regresar al estado de Guerrero, a su comunidad, una vez que fueron liberados [en el año 2001]. Actualmente su caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos audiencias en este anterior periodo de sesiones, en 2007. Estamos esperando la resolución. Estamos esperando la declaración de su inocencia, la reparación del daño y el procesamiento y sanción de sus torturadores que fueron militares. Tuvieron que salir de su región, tuvieron que desvincularse de su cultura, tuvieron que dejar el movimiento pues no existen condiciones de seguridad para ellos [toda vez que actualmente existen órdenes de aprehensión en su contra]. Felipe Arriaga actualmente es el único caso a nivel nacional de un preso de conciencia que es declarado inocente por el poder judicial nacional. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera salieron libres bajo una amnistía, como el general Gallardo que también salió libre bajo una amnistía [el General Francisco Gallardo es un militar que fue procesado por la justicia castrense y condenado a más de catorce años de prisión por criticar los excesos de los militares de elite y demandar la creación de un ombudsman castrense]. Todos los presos políticos han salido así, por mecanismos alternos que han generado su libertad. Aquí tenemos una resolución judicial en donde el propio juez reconoce la falsedad de los cargos y la fabricación de los cargos también. Entonces es un caso sin precedentes. Pero Felipe Arriaga actualmente sigue vinculado con el movimiento pero con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, que son quienes garantizan su seguridad, de otra manera no podría estar. Y aún así, está con una condición de inseguridad alarmante que constantemente se tiene que evaluar y que constantemente le impide, le genera incluso que tenga que hacer salidas temporales de la región.

6. ¿Por qué ustedes se hicieron cargo de la defensa de los ecologistas?

Lo que pasa es que nosotros tenemos como una línea, óptica prioritaria de trabajo, la defensa de tierra, territorio y recursos naturales. La lucha por la preservación del medio ambiente y los bosques es una lucha por la defensa del territorio. Nos quedaba claro que había una persecución del Estado y que había un movimiento social que había que respaldar. Es por eso que entramos y ya vemos que no nos equivocamos: tanto a Teodoro Cabrera como a Rodolfo Montiel y a Felipe Arriaga, Amnistía Internacional los declaró como presos de conciencia; Sierra Club, la organización ambiental más grande del mundo, la más antigua, le otorgó a los tres el Premio Chico Mendes; y la Fundación Goldman también los reconoció. En ese sentido formamos parte de la defensa de un movimiento que ha tenido grandes reconocimientos internacionales.

7. ¿Y tú dirías que en la actualidad en México es posible defender el medio ambiente sin tener problemas con la ley? ¿Hay condiciones para defender el medio ambiente a nivel local, regional?

No, no, no. Los defensores del medio ambiente campesinos, que están en la línea de batalla día tras día, hoy en día no tienen condiciones de trabajo. Justo en el contexto de la detención y defensa de Felipe Arriaga hubo el atentado en contra de Albertano Peñaloza y su familia, otro defensor del medio ambiente de la región. Justo en ese momento hubo también la detención y encarcelamiento de un ambientalista en Quintana Roo por la defensa de los delfines. No podemos olvidar el último caso en el estado de México, en donde a un campesino que defiende el bosque en su comunidad le ejecutaron a su hijo. Entonces, hoy en día en México no existen las condiciones para que los campesinos defiendan el medio ambiente. El problema es que el Estado los criminaliza cuando en realidad los debería premiar y debería incluso hacer financiable, rentable esa tarea, pero no lo hace.

8. Tengo entendido que ustedes también están interviniendo en el caso de la presa La Parota en Acapulco. ¿Este movimiento tiene el mismo sentido de ecologismo que el de la Sierra de Petatlán? ¿es una organización campesina que desde el ejido defiende su tierra?

Sí, es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota. Es un movimiento campesino, indígena, amplio, muy fuerte, que tiene una mayoría opositora. O sea, el 63% de las tierras que serían afectadas por el proyecto, son comunidades opositoras a la construcción de la presa. Es la misma lógica: ellos defienden su tierra, su territorio y sus recursos naturales. La presa se pretende hacer aquí porque el gobierno quiere hacer uso de la cuenca hídrica más importante que hoy en día tiene el estado de Guerrero, que es la del río Papagayo y la del río Omitlán. Es como la misma secuencia de lucha.

9. Por último: ¿Cuáles serían los poderes que están detrás de la criminalización del movimiento ambientalista en Guerrero?

Son distintos. En el caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán son poderes económicos que tienen detrás a caciques regionales, dedicados al ganado, y que son taladores de montes que por muchos años se han beneficiado de esa aquiescencia, de ese contubernio con las autoridades y que por tanto tienden a reaccionar de una forma muy cruda, muy represiva, y para eso también se prestan los aparatos de gobierno, por eso también detuvieron a los tres campesinos ecologistas. En el caso de La Parota, son intereses transnacionales, producto de la globalización que hoy vivimos, y que están emparejados con el gobierno estatal y federal. Hay de por medio un negocio cuantioso: estamos hablando de una inversión de entre mil a mil doscientos millones de dólares. Frente a la construcción de la obra, lo que le daría a cambio a la empresa contratista el gobierno como pago, sería el beneficio económico de la generación de energía eléctrica durante los primeros cuarenta años de la presa hidroeléctrica. Entonces estamos hablando también de una forma indirecta de privatización de la energía eléctrica.

10. ¿Entonces no podemos decir que la llegada de un gobierno con una orientación política distinta de la de los anteriores cambió la situación?

El actual gobernador, Zeferino Torreblanca, llega al poder en Guerrero cuando Felipe Arriaga estaba preso en el penal de Zihuatanejo. Expresamente se le solicitó que en función de sus facultades legales, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero que está a su cargo, retirara la acusación, que se desistiera de la acusación. Tenían todas las facultades legales para hacerlo. El gobierno del estado se opuso siempre y no solamente se opuso sino que manifestó que los ecologistas eran unos fundamentalistas y que estaban involucrados en actos criminales. Finalmente se tuvo que comer sus palabras con la declaración de inocencia de Felipe Arriaga. Lo mismo sucede en La Parota: el gobierno del estado, lejos de ser un actor neutral que mediara el diálogo entre el movimiento opositor y el gobierno federal, tomó partido evidentemente a favor del proyecto. Ha criminalizado el movimiento, ha habido tres detenidos por el movimiento de La Parota, los opositores han sufrido represión por el uso excesivo de los aparatos de seguridad pública en asambleas fabricadas. No solamente eso: ha utilizado el erario público, el recurso público para hacer obras sociales con el objetivo de manipular la voluntad de los campesinos. Es parecido a lo que hicieron con los ecologistas, aunque su partido tenga otros colores.

Conclusión:

Como se puede observar, las palabras de Mario Patrón no dejan duda sobre dos hechos esenciales que existen en el México actual: primero, que aunque el discurso oficial afirme lo contrario, lo cierto es que un derecho humano básico como el activismo político, aun en el terreno de lo ambiental, no puede ejercerse libremente y sin temor a ser declarado como un hecho criminal. En este sentido, se puede observar que, tal como con otro tipo de demandas, el estado mexicano en contubernio con algunos de sus aparatos judiciales, ha venido sistemáticamente volviendo delincuentes a los luchadores sociales que se atreven a llevar a cabo la defensa de su territorio y que la convierten en una causa social. ¿Cómo, pues, ha de ser garantizada la gobernabilidad cuando los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos más elementales? Las declaraciones de un abogado con años de experiencia en la defensa de luchadores sociales no pueden ser más claras: la defensa del medio ambiente puede ser catalogada como un delito en nuestro país. El segundo hecho importante que evidencian sus palabras gira en torno a que en México las políticas públicas orientadas al desarrollo sustentable están subordinadas a los intereses no solamente de los gobiernos en curso y de los caciques regionales sino también a los intereses de empresas transnacionales poco interesadas en la defensa del medio ambiente.

Bibliografía y enlaces en Internet:

Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ A.C., www.tlachinollan.org

La Jornada, www.jornada.unam.mx