Nombre de la entrevistada: Miguel (a petición del excombatiente el nombre original fue cambiado).

Nota biográfica del entrevistado: Excombatiente del ELN, quien militó en dicha organización durante nueve años de su vida, ingresó al programa de desmovilización en el 2002 y es un líder dentro de la población desmovilizada miembro fundador de la Asociación Nacional de Desmovilizados (ANDES).

Introducción

En el 2002, al posesionarse Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia, se inicio un proceso de desarme, desmovilización y reincorporación (DDR) de combatientes de grupos armados ilegales guerrilleros y paramilitares en el país. Dicho proceso esta a cargo de entidades gubernamentales que brindan beneficios económicos, sociales y jurídicos a los excombatientes. Este documento presenta una entrevista realizada por la autora a un excombatiente del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien se acogió en el 2002 al programa de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes del gobierno nacional. La entrevista indaga por la percepción que tiene el excombatiente sobre la relación entre los excombatientes y el programa estatal de DDR, por el rol de organizaciones y terceros actores en el proceso de reintegración y por el retorno de los excombatientes a la civilidad. Esto con el fin de aportar a la comprensión de las relaciones entre estado y excombatientes en Colombia y con ello al debate sobre gobernanza en el país.

Colombia es un país que por más de cuarenta años ha vivido inmerso en un conflicto armado en el cual han participado múltiples actores. Grupos guerrilleros, paramilitares y estatales han hecho parte de la historia reciente de este país. Desde los años ochenta se han intentado y desarrollado procesos de desarme y desmovilización de grupos insurgentes entre los que se destacan las desmovilizaciones masivas de grupos guerrilleros en los años noventa que dieron pie a una Asamblea Nacional Constituyente que modificó la Constitución Nacional en 1991.

En el 2002, al posesionarse Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia, se inicia un nuevo proceso de desarme, desmovilización y reincorporación (DDR) de combatientes de grupos armados ilegales en el país. Dicho proceso, que esta reglamentado por el decreto 128 de enero de 2003 y la ley 782 de 2002, esta enmarcado en los lineamientos de la Política de Seguridad Democrática promulgada por el presidente Uribe en su plan de gobierno. La política de desmovilización y reincorporación, que otorga beneficios económicos y jurídicos a los desmovilizados, es aplicable a los combatientes de grupos paramilitares que se desmovilizaron de manera colectiva tras haber firmado un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Así mismo esa política es aplicable a combatientes de grupos guerrilleros que se desmovilicen de manera individual y voluntaria (los desmovilizados individuales provienen en su mayoría de los grupos insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo, FARC-EP, y del Ejército de Liberación Nacional, ELN).

En el periodo comprendido entre los años 2003 y 2006 las instituciones gubernamentales de orden nacional encargadas de la aplicación del proceso de DDR fueron el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y de Justicia, y el Alto Comisionado para la Paz; a finales de 2006 el Ministerio del Interior y de Justicia dejo de hacer parte del proceso y para ello se creo la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados en armas entidad que actualmente esta encargada del proceso de reintegración de combatientes a la vida civil. A la fecha este proceso deja un saldo de 31.671 personas desmovilizadas colectivamente y más de 9.000 desmovilizados individuales.

Particularmente este proceso de desmovilización y reintegración de combatientes se desarrolla en un contexto donde persiste el conflicto armado, es por eso que puede ser entendido como una herramienta estratégica en la lucha militar que libra el actual gobierno contra los grupos al margen de la ley; “la desmovilización y reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley constituye un elemento esencial en la lucha contra estas organizaciones, a la vez que facilita al Estado recuperar el control en zonas antes dominadas por ellas.” (Departamento Nacional de Planeación, 2006: 5).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este documento es exponer las percepciones que tiene un excombatiente del ELN en torno a la relación de los excombatientes con el estado en el marco de la actual política de desarme, desmovilización y reincorporación de combatientes de grupos armados ilegales, guerrillas y paramilitares. Así mismo se indaga por las percepciones del excombatiente frente al transito de los excombatientes a la civilidad, las formas de participación política de ellos durante el proceso de reintegración y la manera como el gobierno nacional concibe el proceso de reintegración. A continuación se presenta una entrevista realizada a Miguel un excombatiente del ELN, quien militó en dicha organización durante nueve años de su vida, ingresó al programa de desmovilización en el 2002 y es un líder dentro de la población desmovilizada miembro fundador de la Asociación Nacional de Desmovilizados (ANDES).

Entrevista

Me podría contar cómo fue su relación con las instituciones del Estado durante su proceso de desmovilización y reinserción.

Bueno, con la única institución que tuvimos relación fue con el programa, no hubo relación llámese con el ministerio de educación, con ninguna otra institución del Estado. Fue una relación como de sindicalista - patrón; eso fue como luchando, reivindicando. No fue una relación en aras de concertación alguna porque el gobierno nacional no permite que uno le aporte, le aporte ideas para mejorar el programa, eso esta totalmente prohibido. De nosotros no hay aporte político al programa.

Yo no diría que hay una relación, lo que hay es como el cumplimiento de una semi-obligación que tienen ellos con nosotros y eso por que lo dice el decreto 128. Ahí no hay relación, solo están cumpliendo algo que esta escrito y eso lo cumplen a medias. Para mi no hay relación; relación es cuando yo me siento con usted y hablamos, llegamos a un punto común. Con el programa no hubo eso, “a ti te corresponde esto y no es más y si no te sirve te vas”. Ahí no hay relación no hay un espacio donde usted pueda debatir el tema de la política de desmovilización, no hay esos espacios. Para mi no hay relación.

¿Qué opina usted sobre los beneficios que otorga el programa de desmovilización y reincorporación a los desmovilizados?

Yo no veo que esos sean beneficios porque eso que esta dando el programa de reincorporación es un derecho que tiene todo ciudadano colombiano. El derecho a la comida, a la educación, a divertirse. Yo no llamo eso beneficios, esos son derechos que tienen todos los ciudadanos. Beneficios sería algo extra, pero dentro de la carta política dice que el Estado esta en la obligación de dar salud, educación, vivienda, trabajo, entonces esa vaina no son beneficios. De ahí parte el primer engaño que se le hace a las personas que se desmovilizan, que incautamente se desmovilizan… por eso yo me llamo el tristemente celebre desmovilizado… por accidente me desmovilice.

¿Cómo es la relación con las instituciones en el tema de la adquisición de lo que se denomina beneficios, por ejemplo el proyecto productivo? Cuénteme su experiencia en ese tema.

En el caso mió es muy particular por que desde que yo me presente al programa me di cuenta que el programa era un mundo loco, que no tenía ni cabeza ni cola. Ahí fue cuando surgió la idea de crear una asociación (hace referencia a la Asociación Nacional de Desmovilizados (ANDES) de la cual él es fundador) para, en principio, comenzar a reivindicar nuestros derechos consagrados en el decreto 128. Eso me dio la posibilidad de entrar a interactuar con el director del programa, me di a conocer como una persona protestante, luchadora. Cuando llegó el momento de sacar mi proyecto no tuve mayor complicación, 160 bultos de arroz ese es mi proyecto, en tres días me lo aprobaron pero eso porque uno les discutía y uno se dio a conocer, entonces ellos hacía uno tenían cierto privilegio. Pero para el común de los muchachos si es complicado porque tienen que radicar el proyecto, porque tienen que esperar a que yo no se quien de un firma y en ese trance se pasan, tranquilamente, tres o cuatro meses.

Ahora que ha nombrado la asociación, ¿cree usted que ANDES es una herramienta de los desmovilizados para interactuar con el Estado? ¿Qué papel juega ANDES en la relación desmovilizado- Estado?

Estar organizados nos ha permitido interactuar con el Estado pero me gustaría que fuera más en la parte política que en la parte asistencialista. Nos ha servido para llegarle al encargado del programa y decirle tal compañero tiene tal problema; pero hasta ahí llega nuestra influencia. Como asociación no hemos sido capaces de tener una participación política.

ANDES ha servido para que los compañeros no se dejen engañar. Es que yo me atrevo a decir que el 80 o el 85 % de los compañeros que llegan al programa el nivel académico es bajo; para hablar con los funcionarios les da miedo, se enredan, no saben expresar sus necesidades, entonces ahí entramos a actuar nosotros como organización. Uno tiene un poquito más de experiencia en eso, no nos da miedo ante un personaje que esta detrás de un escritorio.

Lo más triste y doloroso es que los compañeros se dejan manipular, se dejan engañar y de ahí parte la fuerte participación de ellos en los operativos. Ellos se sientan frente a un funcionario que les dice que si participan les van a dar tal y entonces se dejan engañar y embaucar. Nosotros les explicamos a los compañeros que no vallan a los operativos, que nosotros estamos acá es para reclamar nuestros derechos; si tenemos que llevar la Biblia del desmovilizado que es el 128 la llevamos, hacemos todo lo que tengamos que hacer, eso si enmarcados en la constitución política porque nosotros supuestamente estamos en la vía política legal y nos amparamos en la constitución y en el 128.

Ojala nacieran más organizaciones porque nosotros no alcanzamos ha abarcar toda la población desmovilizada y las organizaciones sirven para no dejarnos joder.

A pesar de que ANDES, como dice usted, ha interactuado con el gobierno mediante el uso de decretos y vías formales, tengo conocimiento de que la organización ha incentivado varias protestas ¿podría hablarme de esos hechos?

La primera protesta que hicimos fue una toma de las oficinas del programa de reincorporación. La hicimos porque no nos cumplían con la ayuda económica. Llegaba el día del pago y pasaban tranquilamente ocho, cinco o diez días y no pagaban. Entonces que hicimos nosotros, nos reunimos treinta, cuarenta, y nos tomamos el edificio, las oficinas, hasta que el director del programa, que en ese entonces era Juan David Ángel, nos solucionó el problema no nos fuimos.

La segunda la hicimos por la misma razón y la marcha ya tuvo como otros objetivos. Era casi invitar al gobierno nacional a que hiciéramos una mesa de trabajo. Nos queríamos sentar frente al gobierno a discutir la política pública de desmovilización; nosotros no vimos otro método, otra vía, sino hacer la marcha, ya habíamos intentado otros métodos y nunca encontramos respuesta, nunca hubo respuesta a nuestras peticiones y entonces ahí fue cuando en ANDES decidimos convocar a la marcha. Yo creo que la marcha fue exitosa porque si no estoy mal es la primera vez que en Colombia se hace una marcha de desmovilizados individuales, fueron cerca de 400 personas. No logramos nuestro objetivo porque hasta ahorita no nos hemos sentado con el señor presidente, pero sentamos un precedente.

Pero seguimos invisibilizados. Las propuestas que se nos han hecho son “si ustedes se desmovilizaron solos luchen ustedes solos y nosotros les garantizamos un futuro mejor del que tenían”, pero yo les dije que no porque es que yo no soy toda la población desmovilizada, y los mismos derechos que tengo yo los tienen todos los compañeros desmovilizados. La idea del gobierno era aplastar, no visibilizar a la organización.

Este no es un programa que pretende buscar caminos de paz, que el futuro del desmovilizado sea mejor, que el muchacho cambie, que se capacite. No, este es un programa diseñado para acabar con la insurgencia colombiana, es un arma de guerra, por eso es que no permiten la participación política. Ellos no van a permitir que los desmovilizados se organicen, eso no lo permiten. Y si lo permiten lo hacen del ministerio hacia fuera pero hacia adentro no y nosotros lo que necesitamos es sentarnos con las personas que orientan el programa incluyendo el presidente y proponer cambios en el programa, participar. Tener asiento en la mesa de trabajo, en un comité; de hecho existe un comité disciplinario pero no hay ningún representante de los desmovilizados ahí. Toman determinaciones, meten y sacan gente del programa, pero no hay participación nuestra ahí. Estamos excluidos política, económica y socialmente.

Usted ha hecho referencia a la constante convocatoria y vinculación de desmovilizados a operativos militares y al carácter guerrerista del actual programa de desmovilización ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo ha vivido usted ese elemento del actual proceso de desmovilización?

El día que me toco ir a la 304 (oficina de atención al desmovilizado del Ministerio de Defensa) allá me ofrecieron a mi plata para que yo hiciera un operativo militar y claro, obvio, mi posición política e ideológica a mi no me permite eso, yo rechace tajantemente esa propuesta; pero uno sí sigue viendo los compañeros como son inducidos a que hagan y vallan a hacer operativos. El programa es un arma de guerra de Uribe contra el pueblo. El programa no esta buscando un camino hacia la paz sino cumplir un viejo sueño que tiene el establecimiento de acabar con la guerrilla por la vía militar, cosa que nunca van a lograr. Es más hay un decreto que casi obliga al muchacho a entregar lo que se llama positivo, se dice que si no entrega positivo no dan el CODA (certificación que comprueba la pertenencia de los excombatientes a organizaciones insurgentes y su voluntad de reincorporarse a la vida civil) y sin esto no te dan beneficios y el muchacho queda en la inopia. No se ve un componente social en él programa de desmovilización, hay más plata para los operativos militares que para el estudio, las empresas, micro empresas o capacitación de los muchachos, la plata está para los operativos militares.

¿Usted cree que los funcionarios de las instituciones del estado tienen la imagen del desmovilizado como inhumano, como terrorista? ¿Cómo se refleja eso en el trato que les dan los funcionarios a los desmovilizados?

Hay dos condiciones bien importantes, los funcionarios a parte de tener esa imagen tienen algo peor y es que son uribistas, y más cuando la persona viene de izquierda se siente más el rechazo. Aparte de eso es que las personas que están sentadas en esos despachos no están capacitadas para tratar a los desmovilizados, están ahí por recomendaciones políticas pero no son personas que tengan una profesión acorde con el momento y las personas. Hay ingenieros de coordinadores de áreas de educación, ¿qué tiene que ver un ingeniero con un área de educación? Es que los funcionarios no saben tratar al desmovilizado, yo he escuchado funcionarios decirle a un compañero “quien lo mando de sapo, por qué se desmovilizo, se hubiera quedado allá”. Yo viví eso, yo lo viví con una funcionaria, no recuero el nombre pero es la gorda de jurídica, eso si, toda una doctora le dijo al muchacho eso, a un muchacho que es campesino, que no ha terminado segundo de primaria, que tiene los miedos propios de la desmovilización; la “doctora” va y le dice que para que se desmovilizó, se imagina lo que le produjo eso a ese pobre muchacho. Ese pelado en el momento esta buscando apoyo en el gobierno y el gobierno el trato que le da es ese.

Yo creo que se siente más el rechazo en el mismo gobierno, en el mismo programa, que en las comunidades. Por que el ciudadano de a pie, de sin camisa, que lo ve a uno siente temor, lo mira y se asusta, y ya no más, pero es que allá a usted si se lo dicen “para que se vino, eso se hubiera quedado allá”.

Nosotros en su momento propusimos que ese programa no lo manejara el gobierno nacional sino una ONG internacional. Pues claro que esa era una idea descabellada pero la hicimos, lo importante era hacerla, lo importante es proponer. La hicimos con base en nuestra experiencia del trato que hay allá, ese trato inhumano, ese trato mal intencionado de los funcionarios, como tergiversan el objetivo del programa, esa corrupción nosotros la denunciamos pero como todo en Colombia quedo en denuncia nunca supimos en donde fue a parar eso. Ese trato se seguirá sintiendo hasta que los funcionarios que lleguen ahí no sean personas idóneas, acordes con el tipo de personas que se van a tratar.

Usted acaba de comparar la relación que tiene el desmovilizado con el Estado con la relación que tiene el desmovilizado con la comunidad, ¿cómo ve usted la relación de los desmovilizados con las comunidades receptoras?

El país en general rechaza al desmovilizado, gran responsabilidad es de los medios de comunicación porque han satanizado a la guerrilla, que la guerrilla es terrorista, que es narcotraficante; las personas ven eso en televisión y entonces cuando ya ven frente a frente a un desmovilizado la primera imagen que se hacen es que es terrorista y asesino. Lo único que ha quitado un poco eso es ese proceso pequeñito que se viene haciendo con las comunidades y es aquello de la reconciliación, de la reparación. Eso le ha cambiado un poco la imagen a la gente, yo percibo eso. Ya ciertos desmovilizados han dado la cara, han hecho conversatorios, y entonces la gente se ha dado cuenta que el desmovilizado es una persona normal, como cualquier otra, que tiene sentimientos, piensa, tiene anhelos. Eso ha mejorado mucho las relaciones.

Yo creo que eso es un deber que tenemos los reincorporados de llegarle a la comunidad, porque el que llega somos nosotros, ellos ya están acá. Nosotros lo que tenemos es que demostrar que también somos sensibles y que también estamos dispuestos a aportar a las comunidades, a la organización política si es necesario y si es necesario acompañarlos a una marcha pues lo hacemos, estamos las 24 horas disponibles para eso.

Ahora que hablamos de comunidades, ¿cómo ha sentido usted aquello que desde el programa se denomina el “retorno a la civilidad”?

Yo creo que las personas que estuvimos en una organización tenemos dos condiciones civiles y en algún momento dado portábamos un uniforme, entonces yo no creo en que nunca me haya apartado de la civilidad. Para mí es una gran mentira “retorno la civilidad”, no, es que yo nunca me aleje de ella. Si en algún momento de mi vida porté un uniforme camuflado o verde oliva fue algo temporal pero sin perder mi naturaleza del civil. Ahora, habría que definir para el gobierno y los entendidos en la materia ¿qué es civilidad? Si civilidad es estar viviendo en una cuadra rodeado de necesidades y sacrificios o civilidad es estar en el congreso firmando decretos, ¿qué es civilidad? Yo nunca me aleje de la civilidad por eso el retorno a la civilidad yo no lo sentí, yo no sentí la desmovilización. Yo sé que soy desmovilizado porque por ahí me encuentro el CODA y leo Miguel. La desmovilización se siente en otros aspectos se siente en el aspecto de la camaradería y el compañerismo, porque uno allá la familia biológica la pierde y adquiere como otra familia y al uno venirse la pierde, eso si se siente, se siente en el tratar a la gente y en el vivir.

Conclusiones

En primer lugar es importante aclarar que la percepción de Miguel esta marcada por su formación política la cual contrasta con la de otros excombatientes que hacen parte del mismo proceso. Por esa razón la percepción y experiencia que aquí se presenta no puede ser generalizada a toda la población desmovilizada.

Frente al tema de la relación desmovilizado y estado, el entrevistado es enfático en la inexistencia de dicha relación, puesto que, él argumenta, el estado a través del programa de reinserción les niega el carácter de sujetos de derechos y sujetos políticos e impide su participación en la definición de la política pública.

La entrevista evidencia la importancia de terceros actores en la relación desmovilizados estado en Colombia. En este caso ANDES aparece como una tercera instancia que influye en la interacción de los desmovilizados con el estado. Miguel resalta la necesidad que tienen los excombatientes de crear organizaciones para ser escuchados y alcanzar un lugar político dentro del proceso de reintegración. También es relevante la referencia que hace Miguel al uso de herramientas legales, como la constitución y los decretos para llevar acabo dicha interacción.

Miguel plantea que la relación de los excombatientes con el estado y la comunidad se caracteriza por el rechazo. Según él los excombatientes son rechazados porque el estado, a través de los medios de comunicación, ha caracterizado a los grupos armados ilegales como terroristas y a sus miembros como inhumanos lo cual influye en la percepción que tiene la comunidad y los funcionarios estatales sobre los excombatientes. Sin embargo el entrevistado resalta que las comunidades al acercarse, interactuar y conocer a los excombatientes cambian su percepción puesto que encuentran en ellos, como dice Miguel, personas con sentimientos, iguales a cualquier otro ser humano, que pueden aportar a la sociedad. Según Miguel, los funcionarios estatales, a diferencia de las comunidades, mantienen una relación de rechazo, caracterizada por el maltrato y la falta de apoyo, con los desmovilizados.

En relación con el tema de la civilidad, Miguel cuestiona qué es ser civil, se pregunta si estar en la civilidad es habitar en condiciones de marginalidad y de desigualdad, si eso es así, entonces, según él, nunca ha estado por fuera de ella. De esta manera, Miguel asocia la civilidad con la inclusión social y garantía de derechos. Así mismo él plantea que su transito a la civilidad ha estado asociado a el rompimiento de sus redes sociales cotidianas y no a la adquisición de derechos.

La entrevista aporta varios temas para la comprensión de la relación excombatientes y estado en el marco de la actual política de DDR, y con ello al debate sobre gobernanza en Colombia. Uno de los puntos relevantes esta relacionado con la ciudadanía; la relación que aquí se ejemplifica no es entre ciudadanos civiles y el estado, es entre excombatientes en proceso de ser ciudadanos y las instituciones estatales. Así mismo la entrevista pone de relieve la importancia de los procesos organizativos a los que tienen que recurrir los excombatientes para interactuar con el estado y conformar una comunidad política que les permita adquirir una ciudadanía con garantía plena de derechos.