Las políticas de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) están sustentadas en un discurso y una lógica de transición de un estado en conflicto a un estado pacifico. Idealmente un proceso de transición implica el fin del conflicto armado y la violencia política; en teoría, implica cambios en la macro-estructura de una sociedad. A su vez requiere satisfacer las demandas de las víctimas y establecer unas políticas relacionadas con el futuro y la reinserción de excombatientes. Desde esa lógica, el deber ser del estado, al fomentar un proceso de DDR, es abrir los espacios laborales, educativos y psicosociales que permitan a los desmovilizados reintegrarse a la vida civil. El fin ultimo de la transición es construir una sociedad pacífica, libre de violencia, y prevenir el resurgimiento de conflictos armados (Rettberg, 2002. Rettberg, 2005. Pauwels, 2000. Koth, 2005. Kingma, 2001). Un aspecto esencial para la construcción de paz y la transición es la desmovilización y reinserción de miembros de grupos armados al margen de la ley, del éxito de esos procesos depende la sostenibilidad de sociedades post-bélicas.

Colombia es un país que por más de cuarenta años ha vivido inmerso en un conflicto armado en el cual han participado múltiples actores. Grupos guerrilleros, paramilitares y estatales han hecho parte de la historia reciente de este país. Desde los años ochenta se han intentado y desarrollado procesos de desarme y desmovilización de grupos insurgentes entre los que se destacan las desmovilizaciones masivas de grupos guerrilleros en los años noventa. Sin embargo la persistencia del conflicto armado llevó a que en el 2002 el estado colombiano promulgará una política en pro del desarme, la desmovilización y la reinserción de miembros de grupos armados al margen de la ley guerrilleros y paramilitares.

En Colombia, a diferencia de otros países como Guatemala, El Salvador y Sur África, la política de DDR se esta promoviendo en un contexto donde perdura el conflicto armado (Orozco, 2005. Amnistía Internacional, 2005. Pécaut, 2003. Koth, 2005). La persistencia del conflicto armado determina el actual proceso de reinserción: las personas reinsertadas están propensas a ser “recicladas” por los actores armados, a ser revinculadas a las dinámicas del conflicto o a crear nuevas formas de violencia (Koth, 2005. Kingma, 2001). Así mismo el actual proceso de DDR plantea unas relaciones particulares entre excombatientes y el estado; a diferencia de otros procesos de desarme y desmovilización, el actual proceso esta enmarcado en una lógica individualista y constituye un elemento esencial del gobierno nacional en la lucha contra las organizaciones armadas ilegales (Departamento Nacional de Planeación, 2006).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este documento es aportar a la comprensión de la relación entre excombatientes y estado en el marco del proceso de DDR que se lleva a cabo en Colombia. Para llevar a cabo ese objetivo primero se realizará una breve descripción del programa estatal de DDR. Posteriormente se caracterizará la relación entre excombatientes y estado haciendo énfasis en la adquisición de ciudadanía, participación política y la relación entre beneficios y derechos.

Las fuentes que nutren este análisis son dos entrevistas realizadas una a un excombatiente del grupo guerrillero Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y otra a una funcionaria de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados en armas (ACR), entidad del orden nacional que actualmente esta encargada de la política de reintegración de combatientes en Colombia (las entrevistas son presentadas en otras dos fichas que contiene este cuaderno). Así mismo este análisis se nutre de mi experiencia de dos años como funcionaria del Programa de atención complementaria a la población reincorporada, de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

 

El programa estatal de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes.

 

En el 2002, al posesionarse Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia, se inicia un proceso de desarme, desmovilización y reincorporación (DDR) de combatientes de grupos armados ilegales en el país. Dicho proceso esta enmarcado en los lineamientos de la Política de Seguridad Democrática promulgada por el presidente Uribe en su plan de gobierno. La política de desmovilización y reincorporación, que otorga beneficios económicos, sociales y jurídicos a los excombatientes, es aplicable a combatientes de grupos paramilitares que se desmovilizaron de manera colectiva tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Así mismo es aplicable a combatientes de grupos insurgentes que de manera individual y voluntaria decidan desmovilizarse.

El proceso de DDR colombiano se caracteriza por una alta complejidad institucional. Las diferentes fases del proceso, desarme, desmovilización y reintegración, son atendidas por múltiples instituciones entre las que se encuentran la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa Nacional a través del Programa de Ayuda Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), el Ministerio del Interior y de Justicia, y recientemente la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados en armas (ACR). La multiplicidad de instituciones inmersas en el proceso y con ello los múltiples enfoques que lo acompañan, hacen que el objetivo del proceso se debata entre lo militar y lo social.

La persistencia del conflicto armado y la puesta del gobierno nacional de acabar mediante la vía armada a los grupos insurgentes son el contexto en el que se desarrolla el actual proceso de DDR en Colombia. Ese contexto moldea las diferentes fases del proceso en especial la de desmovilización, que esta a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Durante esa fase el gobierno nacional promueve la participación voluntaria de excombatientes guerrilleros en operativos militares y de delación a cambio de beneficios jurídicos y recompensas en dinero. Por lo anterior se puede argumentar que “la desmovilización y reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley constituye un elemento esencial en la lucha contra estas organizaciones, a la vez que facilita al Estado recuperar el control en zonas antes dominadas por ellas.” (Departamento Nacional de Planeación, 2006: 5).

El proceso de DDR también se ha caracterizado por contantes cambios en las políticas gubernamentales de atención a excombatientes, en especial durante la fase de reintegración. La primera institución del gobierno nacional encargada de dicha fase fue el Ministerio del Interior y de Justicia a través del Programa de Reinserción a la Vida Civil (PRVC). Dicho programa otorgaba beneficios sociales y económicos a los desmovilizados entre los cuales se encontraban el acceso al sistema educativo, al sistema de salud, apoyo psicosocial y una ayuda humanitaria de hasta máximo 800.000 pesos (398,82 dólares; 277,19 euros) mensuales para los exguerrilleros y de 358.000 pesos (178,47 dólares; 124,04 euros) para los exparamiliatres. Así mismo el PRVC otorgaba un proyecto productivo de ocho millones de pesos (3.988,19 dólares; 2.771,89 euros) a los desmovilizados individuales y proyectos productivos asociativos a los desmovilizados colectivos. En septiembre de 2006 se creó la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados en armas (ACR), esta institución asumió la política de estado dirigida a la reintegración social y económica de excombatientes guerrilleros y paramilitares, su creación implicó varios cambios en el modelo de reintegración.

La ACR decretó que el proceso de reintegración es individual y que depende del proceso de cada persona. Respondiendo a esa lógica, los excombatientes dejaron de ser denominados por el gobierno nacional como reinsertados o reincorporados y pasaron a ser llamados participantes por la ACR, término que asimila la participación a un mayor compromiso individual con su proceso de reintegración. Así mismo la ayuda humanitaria de 800.000 pesos (398,82 dólares; 277,19 euros) mensuales se cambió por lo que ahora se denomina apoyo económico a la reintegración que consiste en 400.000 pesos (199,41 dólares; 138,59 euros) mensuales sujetos a la asistencia de los excombatientes a talleres psicosociales dictados por una tutora del área psicosocial, educación formal y educación para el trabajo. Con el modelo de la ACR los proyectos productivos no reembolsables pasaron a denominarse planes de negocios que implican créditos financieros. Con los cambios introducidos en esta fase del proceso el gobierno nacional ha promulgado un modelo individualista y psicosocial de la reintegración.

Teniendo en cuenta lo anterior, en los siguientes acápites se analizaran las relaciones entre estado y excombatientes en el marco de la actual política de DDR con el fin de aportar a la conceptualización de la gobernanza en Colombia.

 

DDR en Colombia: entre el individualismo y la participación política.

 

Tal como se expuso en el acápite anterior la actual política gubernamental de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes de grupos armados ilegales esta enmarcada en la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe. De esa manera, como lo sugiere Planeación Nacional, el actual proceso de DDR es una estrategia fundamental en la lucha contra las organizaciones insurgentes y en la búsqueda de la expansión del control y la legitimidad estatal sobre el territorio nacional.

En concordancia con lo anterior, en el proceso de DDR prima una óptica individualista y liberal de la reinserción que asocia el éxito de la reintegración a la voluntad, responsabilidad, actitud, productividad, escogencias y autonomía del individuo excombatiente. La relación que establece la ACR con el excombatiente se centra en la intervención psicosocial sobre el individuo para generar y construir en éste valores propios de la sociedad liberal. El programa estatal de DDR esta orientado a naturalizar el orden y los valores liberales, la normalidad y legalidad de la democracia liberal (Ver: Medina, “Finalmente un proceso de reintegración es un proceso individual, un proceso personal”).

En relación constante con ese modelo individualista están los excombatientes de grupos armados paramilitares y guerrilleros. Si bien existen excombatientes que no encuentran dificultades en la interacción con los programas estatales de DDR, si existen otros que por su formación política y su experiencia de vida cuestionan y problematizan la relación con el modelo estatal. Este tipo de excombatientes argumentan que entre el estado y los excombatientes no existe relación puesto que se impide su participación en la definición de la política pública y en la construcción conjunta de sociedad. Ellos plantean que la política de DDR al centrarse en un modelo individualista niega el carácter de sujetos políticos a los excombatientes (ver: Medina, “aquí no hay relación… el gobierno nacional no permite que uno le aporte”).

La orientación individualista y psicológica del proceso de DDR, promovida por el gobierno nacional, desconoce el carácter social del sujeto excombatiente. Así mismo, esa óptica niega el problema político y social que constituye al conflicto armado colombiano. Al hacer énfasis en una relación individualista y psicosocial el programa estatal de DDR desdibuja la confrontación política que actualmente existe en Colombia entre comprensiones diferentes de lo que es y debe ser el orden social. El proceso de DDR que actualmente transcurre en Colombia no se orienta a la construcción conjunta e incluyente de un orden social diferente, por el contrario se orienta a legitimar el control estatal y el statu quo.

 

 

Otorgando beneficios, reclamando derechos.

 

Otro rasgo importante de la relación entre estado y excombatientes en el marco de la actual política de DDR es el otorgamiento de beneficios jurídicos, económicos y sociales por parte del estado a los excombatientes. El decreto 128 de 2003 así como la resolución 513 de 2005 establecen los beneficios jurídicos y socioeconómicos a los que acceden los combatientes de grupos armados ilegales al desmovilizarse. El PAHD y la ACR, en concordancia con el decreto y la resolución mencionados, conciben como beneficios el acceso a la educación, a la salud, al trabajo. De esa manera la relación entre el estado y los excombatientes se reduce a la entrega de beneficios (ver: Medina, “Finalmente un proceso de reintegración es un proceso individual, un proceso personal”).

De manera antagónica a la forma como el estado concibe sus funciones, existen excombatientes que reclaman los derechos a los que tienen acceso como ciudadanos colombianos al momento de desmovilizarse. Frente a ese tema dice Miguel, un excombatiente del ELN,

“Yo no veo que esos sean beneficios porque eso que esta dando el programa de reincorporación es un derecho que tiene todo ciudadano colombiano. El derecho a la comida, a la educación, a divertirse. Yo no llamo eso beneficios, esos son derechos que tienen todos los ciudadanos. Beneficios sería algo extra, pero dentro de la carta política dice que el Estado esta en la obligación de dar salud, educación, vivienda, trabajo, entonces esa vaina no son beneficios” (Medina, “aquí no hay relación… el gobierno nacional no permite que uno le aporte”).

 

Si bien los excombatientes reciben beneficios jurídicos, como el indulto y la preclusión, y un apoyo económico durante su proceso de reintegración, se puede plantear que el estado al concebir como beneficios derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia esta desconociendo el carácter de sujetos de derechos de los desmovilizados y reincorporados. Las relaciones entre estado y excombatientes en el marco del actual proceso de DDR están suscritas a una lógica neoliberal donde los derechos fundamentales son concebidos por el estado como beneficios. Las posiciones diversas y antagónicas aquí expuestas sugieren que en Colombia se encuentran en disputa modelos de orden social, hecho que esta ausente en el modelo individualista de DDR que ejecuta el estado.

 

Participación: entre la responsabilidad individual y la organización política.

En el contexto del actual proceso de DDR de combatientes de grupos armados ilegales en Colombia, la relación entre estado y excombatientes en torno al tema de la participación cobra diversas formas.

Dentro del modelo individualista de DDR promulgado por el estado, la participación se entiende en términos de responsabilidad, autonomía y respeto de la norma. Los excombatientes dentro de ese modelo son denominados, en especial por la ACR, participantes. Dicha denominación asocia la participación con la responsabilidad individual que tiene cada uno de los excombatientes con su proceso de reintegración más no con una participación política de ellos en la construcción de la política pública de DDR (ver: Medina, “Finalmente un proceso de reintegración es un proceso individual, un proceso personal”). Frente a este tema, también es de resaltar el hecho de que la ACR no dispone de mecanismos de participación ni concertación en la definición de la política pública de desmovilización y reinserción, desconociendo al excombatiente como sujeto político.

Una definición diferente de participación plantean excombatientes de grupos armados paramilitares y guerrilleros. Por múltiples razones, ya sean de formación política o por intereses individuales, ha habido procesos organizativos de excombatientes que tienen como objetivo buscar un lugar político dentro de la definición de la política pública de DDR y de la construcción de un modelo de sociedad. Desde el 2003 se han constituido asociaciones, como la Asociación Nacional de Desmovilizados (ANDES), que han hecho uso de herramientas legales como derechos de petición, tutelas y el derecho a la protesta para reclamar sus derechos y buscar un dialogo con los programas estatales (la tutela y los derechos de petición son algunos mecanismos de exigibilidad de derechos que brinda la Constitución Política de Colombia de 1991 a los ciudadanos colombianos). Las protestas realizadas en Bogotá recientemente ejemplifican la manera como los excombatientes conciben la participación. Durante los meses de agosto y noviembre de 2007 la “coordinadora de nacional de desmovilizados Nuevos Ciudadanos”, que representa un intento organizativo de los excombatientes, convocó a los excombatientes que habitan en la ciudad de Bogotá a protestar en contra de las modificaciones que el gobierno nacional a través de la ACR esta implementando en el proceso de reintegración. Cabe anotar que las protestas pacificas convocadas y los procesos organizativos de los excombatientes son frágiles y no han logrado una incidencia política en el proceso de DDR.

La concepción de participación que tienen algunos excombatientes diverge de la noción individualista de participación que plantea el estado a través de la ACR. Mientras que los excombatientes conciben la participación como una herramienta para alcanzar un lugar político el estado plantea la participación desde una óptica individualista y liberal. El tema de la participación nos demuestra nuevamente que en el proceso colombiano de DDR se encuentran en disputa formas antagónicas de concebir el orden social.

 

Ciudadanía: adaptación a la civilidad vs. garantía de derechos.

 

La política estatal de DDR concibe el transito de los excombatientes de grupos armados ilegales a la ciudadanía como un proceso de adaptación al orden urbano y legal. Así mismo lo plantea como un proceso de construcción de un individuo productivo que respeta las normas, los comportamientos de la civilidad y que esta en proceso de tener un manejo correcto de las emociones (Programa Paz y Reconciliación, 2007).

De manera antagónica con la definición estatal, algunos excombatientes asocian la ciudadanía con la garantía de derechos. Miguel, el excombatiente fuente de este análisis, cuestiona el transito a la ciudadanía y a la civilidad puesto que según él el estado no ha garantizado sus derechos. Así mismo asocia el transito a la ciudadanía con el rompimiento de sus redes sociales. Nos dice él,

“habría que definir para el gobierno y los entendidos en la materia ¿qué es civilidad? Si civilidad es estar viviendo en una cuadra rodeado de necesidades y sacrificios o civilidad es estar en el congreso firmando decretos, ¿qué es civilidad? Yo nunca me aleje de la civilidad por eso el retorno a la civilidad yo no lo sentí, yo no sentí la desmovilización […] La desmovilización se siente en otros aspectos se siente en el aspecto de la camaradería y el compañerismo, porque uno allá la familia biológica la pierde y adquiere como otra familia y al uno venirse la pierde, eso si se siente, se siente en el tratar a la gente y en el vivir”.

La población a la que hace referencia este documento es una población que según las concepciones normativas de la política no es ciudadana, no es civil. Según ese discurso, que esta implícito en la política pública que aquí se presenta, los desmovilizados son personas que están en transito a la civilidad dado que vienen de un orden ilegal de vuelta a un orden legal. Por ello la relación que aquí se ejemplifica no es entre ciudadanos civiles y el estado, es entre excombatientes en proceso de ser ciudadanos y las instituciones estatales. Así mismo, la noción estatal de ciudadanía esta asociada con la construcción de un individuo pacificado y del aprendizaje de un “correcto manejo de las emociones”, factores que definen la construcción de ciudadanos en las sociedades modernas.

 

Consideraciones finales.

Los temas analizados en este documento nos muestran las particularidades de la relación entre estado y excombatientes en el marco del actual proceso de DDR en Colombia y aportan al debate sobre gobernanza en este país.

La relación excombatientes y estado en el marco del actual proceso de DDR se caracteriza por una constante disputa entre diferentes concepciones de orden social. Esta disputa de visiones refleja la existencia de percepciones antagónicas sobre el proceso de DDR y sobre la construcción de sociedad. El modelo individualista y neoliberal que orienta el actual proceso de DDR esta en constante disputa con los reclamos de garantía de derechos, ciudadanía y participación política que hacen los excombatientes de grupos armados ilegales. El proceso de DDR se caracteriza por un desequilibrio entre las demandas de los excombatientes y las respuestas estatales.

Así mismo es característico del proceso de DDR colombiano la persistencia del conflicto armado y la puesta del gobierno nacional de acabar mediante la vía armada a los grupos insurgentes. La política de Seguridad Democrática, en la que se enmarca el proceso de DDR, otorga un carácter contrainsurgente al proceso de desmovilización y reintegración de combatientes. Lo anterior sumado a la incompatibilidad entre las demandas de los excombatientes y las respuestas estatales en el marco del proceso de DDR nos lleva a preguntarnos sobre las reales posibilidades de construir una sociedad post bélica en Colombia.