El objetivo de esta ficha es promover una discusión sobre los desafíos que distintos tipos de legitimidad plantean al concepto de gobernanza. Para ello la ficha analiza y describe algunas de las formas de acción política y, por esa vía, de legitimidad que caracteriza el operar de los actores armados colombianos. La ficha está dividida en 3 secciones. La primera identifica las condiciones del contexto y las principales ideas en discusión. La segunda, caracteriza algunas de las relaciones entre los actores armados ilegales colombianos más importantes y sus cambiantes relaciones con las sociedades regionales. La tercera recoge estos puntos y hace una discusión explícita sobre los retos que tal situación plantea para la construcción de un concepto de gobernanza con poder explicativo y no tanto con pretensiones normativas.

1. Contexto: ¿Legitimidad y acción armada?

La discusión sobre gobernanza y en términos más amplios sobre las transformaciones recientes de la regulación política en el mundo contemporáneo ha puesto sobre el tapete la necesidad de revisar los criterios de legitimidad que sostienen una u otra forma de acción política. Con frecuencia, se asume que la caída de los socialismos reales y con ello la extensión del capitalismo y de algunos de los fines y procedimientos democráticos a diversos espacios de relación social (los servicios públicos por ejemplo) implican por sí mismos, la consagración de la democracia y del consenso como pilares fundamentales de la legitimidad política. De hecho se han extendido y popularizado las críticas a las formas de acción política que no se desprenden, o por lo menos no directamente, del consentimiento a unas razones formuladas como ideologías o como principios.

Este nuevo contexto profundiza una vieja tendencia, denunciada ya por varios autores, según la cual la “legitimidad” política por excelencia debería desprenderse de la legalidad o de los procedimientos racionales acordados por individuos libres y no de motivaciones emocionales o tradicionales. En efecto, varios autores han llamado la atención sobre el hecho de que el sentido común sobre los criterios de legitimidad política entre funcionarios públicos, analistas y ciudadanos está lleno de imágenes e ideas propias de la tradición política liberal. Tales ideas dan por supuesta una dicotomía insalvable entre “violencia” y “no violencia”, tienden a considerar todo uso de la fuerza física como algo “malo y retrógrado”, consideran que una “verdadera” relación política es la que se desprende del consentimiento ideológico y no de la coerción y que la legitimidad política es un asunto de diálogo racional que favorece los cambios graduales. Desde nuestra perspectiva, todas estas extendidas ideas impiden comprender las formas de legitimidad que asume la acción armada y la forma como en torno a ella construyen relaciones políticas los actores armados ilegales y las sociedades regionales. Antes de entrar a describir algunas de esas relaciones conviene caracterizar con mayor detalle la actitud racionalista que sostiene el hábito de pensamiento según el cual la “verdadera” legitimidad política es el resultado de un consenso racional. En esa dirección se orienta el filósofo político ingles Michael Oakeshott quien ha mostrado que la tendencia racionalista se caracteriza por el menosprecio de la tradición y por la confianza en que la razón es la mejor guía en el ejercicio político, entendida la “razón humana” como un atributo de la especie. El racionalista no puede concebir un problema político para el que no haya una solución racional, y supone que tal solución es la salida perfecta. El autor señala:

“la profundidad con que la disposición mental racionalista ha invadido nuestro pensamiento y nuestra práctica políticos se ilustra por la medida en que las tradiciones del comportamiento han cedido su lugar a las ideologías, la medida en que la política de la destrucción y creación ha sustituido a la política de la reparación, en que lo conscientemente planeado y deliberadamente ejecutado se considera (por esa razón) mejor que lo que ha crecido y se ha establecido de manera inconsciente durante algún tiempo” (Oakeshoot, 1995, 40).

Este planteamiento nos ayuda a precisar qué desafíos plantean la acción política armada y más concretamente la historia de las relaciones entre organizaciones armadas y poblaciones locales a las ideas de legitimidad y a la construcción de un concepto de gobernanza. En efecto y como veremos enseguida, la legitimidad, esto es la motivación para la obediencia a un poder puede desprenderse de la existencia misma de un orden, de lo ya establecido y no necesariamente de lo creado racionalmente o de los postulados ideológicos. Veamos cómo opera esto en el caso concreto de los actores armados y las sociedades regionales colombianas.

2. Actores armados y legitimidad política:

En el debate público colombiano es frecuente escuchar formulaciones que recalcan la ilegitimidad de la acción armada por recurrir precisamente a la violencia o por carecer de formulaciones ideológicas o en términos más amplios de ideales que sustenten la lucha. En el primer caso está en juego la idea liberal de que las relaciones políticas deben desprenderse del consentimiento y deben excluir la coerción física. En el segundo caso, está idea es parcialmente matizada con el supuesto de que ciertos ideales —de comunismo, socialismo o reforma política— sustentaron en el pasado el uso de la violencia pero ya no tienen más acogida o pertinencia histórica.

Sin embargo, estas posiciones políticas contrastan con el conocimiento construido por los científicos sociales colombianos y por los propios pobladores acerca de la historia de los actores armados ilegales y sus relaciones con las sociedades locales. En efecto, gran parte de la literatura especializada sobre el conflicto armado colombiano muestra que los principales actores de la confrontación cuentan con grados variables de legitimidad según el tipo de sociedad regional y el momento de inserción del grupo armado.

Así por ejemplo, varios investigadores han mostrado que la guerrilla de las Farc contó y cuenta con importantes grados de legitimidad y aceptación en sociedades locales de reciente poblamiento y en la que el grupo armado como tal, acompaño y defendió los procesos de colonización de territorios que hasta ese momento eran registrados por el estado como baldíos o sin dueños claramente conocidos. En estas sociedades localizadas en el sur de Colombia, la guerrilla favoreció un proceso que se ha llamado de “colonización armada” y que dio origen a la constitución de un “campesinado ilícito”. En estas sociedades, los campesinos conceden legitimidad a la acción guerrillera no porque compartan con ella los postulados de la acción revolucionaria, sino porque la organización armada ha

denunciado la exclusión económica y política de los campesinos y ha asumido funciones de regulación política local. Varios estudios muestran, por ejemplo, que en estas zonas los grupos de guerrilla regulan la explotación de recursos naturales, organizan los asentamientos, distribuyen responsabilidades económicas entre los nuevos pobladores, resuelven disputas territoriales, entre otras funciones. La estrecha vinculación del grupo de guerrilla con estas sociedades locales de reciente poblamiento en los años sesenta y setenta hizo que estas zonas fueran clasificadas como zonas “históricas” de la guerrilla y que en ellas el grupo armado se estableciera como red de poder y definiera o contribuyera con la definición de las jerarquías y preeminencias políticas locales. Para que esto quede claro conviene recordar los procesos expuestos en otras fichas elaboradas por Fernán González y Silvia Otero en donde se caracteriza la presencia diferenciada del estado colombiano y se recuerda que en el territorio de Colombia coexisten regiones en donde el estado hace presencia a través de su agentes con zonas en donde negocia la dominación con redes de poder preestablecidas y con territorios en donde los actores armados disputan precisamente el establecimiento de tales redes de dominación. Es necesario entonces situar las preguntas por la legitimidad de los actores armados y en este caso concreto de las Farc en un mapa que recuerde la desigual incorporación de territorios y de sectores sociales a la dominación estatal. En efecto, la creación de la guerrilla de las Farc está estrechamente conectada con la radicalización política de sectores campesinos que fueron “abandonados” por las dirigencias bipartidistas liberales durante el periodo de la llamada Violencia (1948-1964). Durante esos años, intensos conflictos intra e interpartidistas, entre los partidos tradicionales colombianos, el Liberal y el Conservador expulsaron importantes grupos poblacionales de las zonas de antiguo poblamiento y presionaron la colonización y la ocupación de fronteras agrarias abiertas en distintas regiones del país. La investigación social ha mostrado que precisamente, en las regiones a donde llegaron los campesinos que huían de la confrontación bipartidista de los cincuenta, nacen y se consolidan los grupos de guerrilla que van a acudir al comunismo para denunciar la exclusión política.

Lo interesante en este caso es mostrar que la legitimidad de la acciòn armada no proviene tanto de la ideología utilizada por los grupos guerrilleros, como de la coincidencia histórica y espacial de la conformación de estos grupos entre sectores campesinos que colonizan amplios territorios y que se están quejando de la exclusión política bipartidista. En el caso de estas sociedades de reciente colonización y del lapso histórico que se extiende de la fundación de estos poblados hasta la cristalización de una estructura de dominio político más o menos estable, la legitimidad de la guerrilla depende de la afinidad práctica entre sus estrategias y ofertas (control de la vida local) y los intereses de los campesinos recientemente establecidos. Por supuesto la duración de este proceso cambia en cada caso. Sin embargo, en todos, termina cuando la nueva sociedad de colonizadores empieza a carecer de terrenos que aseguren la movilidad social o cuando el crecimiento y el desarrollo del poblado exigen mayores relaciones con los centros políticos y económicos vecinos. Se inicia en estos momentos otra etapa de las relaciones entre guerrilla y sociedades campesinas de colonización pues los sectores dominantes de estás últimas y que antes estaban estrechamente ligados al ordenamiento guerrillero, ahora comienzan a rechazarlo por cuanto les impide una mayor articulación con las ciudades o los centros políticos regionales hacia donde los llevan los negocios, el desarrollo político o la transformación de expectativas sociales. La evidencia muestra que el grado de desarrollo y de crecimiento económico de las sociedades de reciente colonización las va alejando progresivamente de la influencia y la afinidad con las guerrillas. El investigador Teófilo Vásquez muestra precisamente cómo las condiciones “estructurales” de las sociedades regionales son las que definen qué tipo de agenda política se impone. En sociedades con fronteras agrícolas abiertas y de reciente fundación tiene legitimidad una agenda de contestación social típica de los grupos de guerrilla; mientras que en sociedades en donde se ha sedimentado ya la jerarquía social y el desarrollo económico requiere afianzar las relaciones con las sociedades locales vecinas se cierra el campo político para la agenda de la guerrilla y se empieza a abrir el espacio para la agenda de orden y restauración de otro tipo de grupos armados.

La guerrilla construyó esta legitimidad “práctica” en las sociedades de reciente colonización y asentamiento gracias precisamente a la afinidad entre su agenda y los rasgos estructurales de esas sociedades. En otros casos, la legitimidad de la guerrilla dependió de la capacidad para dotar a sectores rurales específicos de un discurso y unas estrategias políticas concretas (organización, espacios de reunión, asesores) que le dieron forma a la acción política de gremios campesinos, sindicatos y organizaciones de colonos. En este caso no existe un lazo tan estrecho entre guerrilla y sociedades locales, sino más bien una acción conjunta y un intenso intercambio entre organizaciones sociales ligadas al sector rural y grupos de guerrilla. Intercambios de recursos ideológicos, políticos y materiales con efectos ambiguos en la vida política colombiana y en los que una vez más la legitmidad de la acción dependía de criterios prácticos: compartir motivos de lucha. Si en el caso anterior la guerrilla regulaba algunas actividades de los colonizadores, en este caso la guerrilla participaba activamente de la constitución de sindicatos y organizaciones campesinas. En este caso la legitimidad de la acción guerrillera reposa en ambos, criterios ideológicos que reenmarcan la lucha política de los sectores sociales concretos y criterios prácticos de organización y operación política. El balance sobre los resultados de estas relaciones está por hacerse. Por ahora podemos subrayar que en las relación entre sociedades o sectores locales y guerrilla en distintos momentos históricos coexisten criterios de legitimidad que montan la afinidad ideológica sobre un tipo de legitimidad más práctica que reposa en la capacidad del actor armado para gestionar y resolver problemas prácticos: control y regulación de la vida local.

Algo parecido sucede con la legitimidad política de la que son provistos los grupos de autodefensa o paramilitares . La guerrilla construye su legitimidad porque acompaña y favorece los procesos de colonización y de disputa política de sectores agrarios o sociales concretos. Por su parte, los grupos de autodefensa derivan su legitimidad de varias y dísimiles formas de acción. En unos casos, los grupos de autodefensa expresan o recogen el interés de redes políticas recientemente afianzadas por conectarse o articularse con los centros de poder local y regional. Varias investigaciones muestran que la afinidad de la guerrilla con las sociedades de reciente colonización y con incipientes clases políticas, se va resquebrajando cuando estás últimas necesitan, para consolidarse como clases políticas y como sectores dominantes en el nivel local y subregional, proyectarse hacia las capitales y los centros de poder regional. La antigua alianza de la guerrilla con las familias destacadas en los procesos de colonización se rompe y estás últimas convertidas ahora en redes de comerciantes, funcionarios públicos y prestantes actores locales favoren la constitución o la introducción de grupos de autodefensa que limiten el poder guerrillero y favorezcan la articulaciòn entre las sociedades locales de antigua colonización y los centros políticos y económicos vecinos.

En otras regiones, los grupos de autodefensa derivan su legitimidad de la tarea de restauración del orden político y social previo en contra de lo que perciben como radicalización política o abuso de poder de parte de la guerrilla y de sectores afines a ella. Atrás veíamos como la guerrilla dotó de discurso y estrategias de acción política a sindicatos y sectores sociales concretos. Aquí tenemos que las autodefensas desprenden su legitimidad, precisamente de la afinidad con sectores políticos y económicos dominantes que viven como amenazante y peligrosa la extensión de esos discursos y prácticas “subversivas” entre otros sectores sociales. En este punto se abre un ambiguo campo de contienda. Algunos grupos de Autodefensa reaccionan contra la acción depredatoria y extractiva de las guerrillas (apropiación de recursos, extorsión, robo de ganado ..), otros contra la extensión de un lenguaje de lucha política, derechos y obligaciones del estado entre sectores sociales que antes se acomodaban a las condiciiones de juego impuestas por los grupos dominantes. Si la guerrilla dotó de discurso y formas de acción política a sectores sociales “inexpertos” y “subalternos” en la polìtica colombiana, los grupos de autodefensa han operado como restauradores de los derechos sobre la política y sobre el espacio público por parte de sectores sociales tradicionalmente dominantes en algunas sociedades regionales o de quienes están disputando el derecho de convertirse en notables locales. Ambos, guerrilla y autodefensa, derivan gran parte de su legitimidad del entroque, de la afinidad, que son capaces de establecer y de sostener con las necesidades y las aspiraciones de sectores sociales concretos en períodos determinados. La revisión de las historias de ambos grupos y de sus conexiones con las sociedades regionales muestra que el “consentimiento ideológico” o la legitimidad que se desprende de un proyecto formulado en téminos de principios o ideología tiene un papel muy muy limitado. Las guerrillas tienden a formular sus aspiraciones políticas en términos ideológicos, pero su legitimidad se desprende de la posibilidad de usar esas formulaciones en luchas concretas por reordenar la vida local. En ambos casos, la legitimidad se desprende de la utilidad, de la coincidencia entre las formas de operar de los grupos armados y las necesidades de uno u otro grupo social. Se trata de legitimidades prácticas, operativas, concretas y cambiantes. Legitimidades que se acreditan en la acción efectiva y no en los principios. Legitimidades en ordenes políticos que se transforman de manera vertiginosa.

3. Gobernanza y legimidades “prácticas”

Los hábitos de pensamiento predominantes tienden a convertir la legitimidad en un atributo que se desprende del consenso racional, la legalidad o el “valor moral” de un determinado comportamiento. En una dirección similar se orientan aquellas perspectivas de la gobernanza que la convierten en “buen gobierno” o en el ejercicio de regulaciones polìticas cada vez más democráticas entre estado, sociedad y mercado. En contra de esas perspectivas, lo que muestra un esquemático examen de las relaciones entre actores armados ilegales y sociedades regionales en Colombia, es que la legitimidad se desprende de cuestiones prácticas y muy especialmente de la efectividad o utilidad que una particular forma de acción tenga para resolver preocupaciones o problemas especificos entre actores concretos. Los criterios de legitimidad son precisamente parte de la disputa política entre los distintos actores sociales colombianos. La guerrilla y a veces las autodefensas pueden recurrir a formulaciones ideológicas y abstractas para buscar consentimientos entre las audiencias. Sin embargo, ambos terminan disputandose su derecho a intervenir en política por medio de acciones puntuales que los conectan o los separan de grupos determinados. Observamos entonces que los criterios de legitimidad de los que puede investirse una acción concreta no son “elegibles” por parte de los actores; sino que de alguna manera se imponen como parte del juego político o de lo que cuenta como político en una determinada sociedad. En otras palabras, la pretensión propia del liberalismo de dejar la violencia por fuera de las relaciones sociales y construir un orden a partir del consenso entre voluntades individuales libres, se enfrenta con las restricciones materiales y efectivas de aquellos ordenes en donde son las luchas entre grupos concretos las que definen quien tiene derecho a qué y gracias a qué características. Es importante entonces señalar en qué contextos la discusión sobre legitimidad y gobernanza hereda las preocupaciones normativas del liberalismo y en que contextos resulta más útil trabajar por la construcción de una perspectiva conceptual sobre legitimidad y gobernanza más descriptiva y ceñida a las formas de relación y acción política presentes en distintas sociedades.