Me permitiré comenzar este artículo con una experiencia personal. Entre los meses de abril y julio de 2007 viajé desde el norte de Argentina hasta Bogotá, Colombia, atravesando Bolivia, Perú y Ecuador, visitando un gran variedad de ciudades y pueblos, sitios arqueológicos, lugares turísticos, y otros no tan turísticos. Entre ellos, la comunidad Matziguenga de Shipiteari asentada en el Río Madre de Dios, en el Parque Nacional Manu, donde fui recibido como visitante durante diez días. Si bien se trataba de un viaje de ocio, tratando de tener un año sabático, creo que mi condición de profesional de las ciencias sociales de alguna manera condicionó mi percepción. Es inevitable controlar un ojo crítico, pese al intento de llevar a cabo un viaje despreocupado. Tal vez haya sido el contacto con las comunidades nativas de Manu y con la población en general lo que motivó mi interés en los derechos de la población nativa de Sudamérica.

Durante este viaje, mi acercamiento a ONG Comunidad Tawantinsuyu (institución peruana dedicada a la recuperación de la memoria y tradiciones de los pueblos originarios como forma de lograr un desarrollo sustentable) fue por casualidad, a través de Aymara Falcón, a quien conocí en Lima por compartir un hospedaje. Aymara es Directora de Arte del proyecto Nyi, Escuela de Arte en comunidades originarias, uno de los emprendimientos más notorios de esta ONG. Rápidamente reconocimos nuestra afinidad al hablar sobre la realidad del continente que habitamos. En una de nuestra primeras conversaciones, Aymara dibujó esquemáticamente en un papel un mapa de América del Sur con sus actuales fronteras y sobre el mismo marcó la ubicación de los grupos poblacionales nativos más numerosos. Obviamente estos trazos no coincidían. Más allá de una comparación de mapas que me recordaba a un ejercicio de la escuela secundaria, ese esquema tiene como contrapartida una realidad pasada y actual: migraciones forzadas, impedimento de transitar territorios ancestrales, con la consecuente pérdida de costumbres, tradiciones y lengua; problemas alimenticios y sanitarios que acarrean el empobrecimiento de la población, inmigración ilegal y trabajo en condiciones de esclavitud. Un encadenamiento de múltiples situaciones concretas a lo largo de toda América Latina que tiene como denominador común la conformación de Estados nacionales modernos cuyas fronteras atraviesan territorios de pueblos originarios como si nada hubiese existido con anterioridad.

Vayamos ahora a un caso concreto. La antropóloga Ana María Spadafora (CONICET, UBA, FLACSO) presentó en una ponencia en el Congreso de la Nación Argentina el caso de Ogwa, un nativo de la etnia Chamacoco o Ishir que hasta las doce años de edad vivió como nómada, según su tradición ancestral, surcando la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Bolivia en la cuenca del Río Paraguay en migraciones estacionales en busca de alimentos, encuentros festivos, guerreros o por comercio. Históricamente, los recorridos del pueblo Ishir “nunca fueron definidos en términos de fronteras nacionales sino de fronteras étnicas” (SPADAFORA, 2003). Según continúa explicando Spadafora, estas costumbres tuvieron un fin en la vida de Ogwa cuando debió migrar a la ciudad de Asunción en busca de sustento, a raíz de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935) y de la explotación de las empresas tanineras y madereras. Al igual que muchos otros de su etnia, este traslado “forzado” significó el empobrecimiento de Ogwa, hasta que descubrió en la pintura un medio de sustento que le permitió viajar a Buenos Aires para exponer sus obras, y conocer a Spadafora, por medio de quien conocemos su historia.

Es evidente que hay diferencias entre aquellas migraciones estacionales que los Ishir realizaban según su tradición ancestral -congruentes a las migraciones de los pueblos amazónicos, entre otros originarios de Latinoamérica- y las más recientes producidas por lo que denominamos factores externos, como a la que se vio obligado a realizar Ogwa. En este sentido Álvaro Bello M., en un artículo publicado en la Revista del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, explica que “si bien la movilidad puede llegar a ser una característica propia de los indígenas se deben distinguir las condiciones en que esta se ha dado. Sobre todo cabe situar el lugar que la migración tiene para los pueblos indígenas en la actualidad donde la migración económica, como efecto del deterioro de las economías locales y comunitarias, la disminución de las tierras y la condición política, social y cultural subordinada de los pueblos indígenas marca una diferencia fundamental con las condiciones de mayor autonomía de épocas pasadas” (BELLO M., 2007, pág. 7).

En Argentina, las experiencias más comunes entre cientos de miles de paraguayos, bolivianos y peruanos entre otros inmigrantes que llegan a Buenos Aires en busca de un sustento económico tienen un origen similar al de Ogwa, pero un desenlace diferente. La mayoría de ellos termina habitando el Conurbano Bonaerense, con problemas legales por su situación migratoria y trabajando en condiciones de explotación o esclavitud. La actividad textil tal vez sea el paradigma de este proceso, pudiendo llegar a desenlaces fatales (CLARÍN, 2006).

En este marco, y con el fin de establecer un paralelismo entre los derechos de los pueblos originarios propiamente dichos y los de sus descendientes –más allá del reconocimiento de pertenencia a una etnia- creemos interesante rescatar la experiencia de Patricia Duró, enfermera y psicóloga social que trabaja para el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Claypole, perteneciente al Frente de Organizaciones en Lucha, y para el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Guernica, parte del Frente Popular Darío Santillán (ambos movimientos del Conurbano Bonaerense). Su labor consiste en asistir a estas organizaciones en la prestación de atención primaria de salud y en la capacitación de promotores en asentamientos donde no llega la atención médica, habitados en su mayoría por inmigrantes bolivianos y paraguayos. Si bien la salud es un derecho para todos los habitantes en Argentina y la atención en hospitales públicos es gratuita, es evidente que el Estado falla en satisfacer enteramente las demandas en este área. En el año 2007 y parte de 2008, Patricia (con la ayuda de un equipo itinerante) trabajó prestando atención sanitaria, capacitando promotores y realizando un censo sanitario en un asentamiento precario ubicado frente a la Villa de Emergencia 20 del barrio de Villa Lugano, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ocupado por 2500 personas de las cuales una mitad son paraguayos y la otra bolivianos. Como resultado del contacto con estas personas y del censo, Patricia pudo saber que casi en su totalidad se trataba de inmigrantes indocumentados que viajaron a Buenos Aires en busca de un sustento económico que no encontraban en sus lugares de origen. Pero la dificultad de tramitar sus “papeles”, incluidas las tasas legales y los montos extras solicitados por funcionarios de la oficina de Migraciones en algunos casos se convierte en un verdadero escollo que da como resultado situaciones de precariedad laboral y abuso.

Es por esto que entendemos que las fronteras políticas, más allá de las líneas limítrofes en sí mismas, pueden convertirse en quiebres de la identidad y derechos de estos pueblos, tanto en sus orígenes como en sus destinos migratorios. Los gobiernos de los Estados sudamericanos avanzan en las normas de libertad de tránsito de forma mucho más lenta de la que lo hacen en lo económico y comercial, y de lo que avanza la realidad de sus habitantes. En la Cumbre Presidencial realizada en julio de 2008 en San Miguel de Tucumán, Argentina, se firmó el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, por medio del cual los residentes de estos Estados quedan exentos de la necesidad de viajar con pasaporte para ingresar en los demás del grupo, norma que ya estaba vigente para los viajes a países limítrofes. Si bien este paso podría considerarse como un avance, sólo significa una simplificación con fines turísticos, pero no una real integración.

El debate sobre la gobernanza en América Latina no puede eludir estos temas. Sólo con una eliminación de las barreras laborales, a la manera de la Unión Europea, se subsanarán desequilibrios y se respetará tanto a comunidades originarias que habitan de uno y otro lado de las fronteras como a los inmigrantes que permanecen en situación de ilegalidad.

Bibliografía

• BELLO M., Álvaro, “Migración indígena en Chile: tendencias y procesos”, en revista Asuntos Indígenas, Copenhague, Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas, Nº3/2007.

• CLARÍN, Seis muertos por un incendio en un taller textil de Caballito, 31 de marzo de 2006. En www.clarin.com/diario/2006/03/31/laciudad/h-04601.htm

• MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 18/08, Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, XXXV CMC - San Miguel de Tucumán, 30/VI/08.

• SPADAFORA, Ana María, “Tarjeta de trashumante: La deuda pendiente en la agenda del MERCOSUR”, presentado en I Jornada sobre la Cuestión Social en el Proceso de Integración Regional del MERCOSUR, Buenos Aires, 16 y 17 de septiembre del 2003. En www.indigenas.bioetica.org/nota13.htm (consultado marzo de 2008).