A las reformas que se han gestado por la vía constitucional en Venezuela, Bolivia y Ecuador, se las comienza a denominar “el nuevo constitucionalismo de América Latina”. Las coincidencias entre estos países se dan no solo por las reformas constitucionales, sino por sus gobiernos declarados de izquierda, así como por la creciente polarización social, por los discursos oficiales post neoliberales y la aparente construcción de un nuevo modelo de sociedad (socialismo del siglo XXI).

Muchas pueden ser las aristas para el análisis de este fenómeno significativo para el continente. En este artículo nos interesa abordar las relaciones entre los movimientos sociales y el proceso constituyente en Ecuador, como un caso de incidencia para buscar cambios en el sistema político y en el modo de desarrollo, en procura de una diferente gobernanza¹.

Para facilitar el abordaje ubicaremos el contexto, principalmente en relación con la vigencia del neoliberalismo y las resistencias sociales que generó; luego haremos una reflexión sobre el carácter de los movimientos sociales y su relación con la política; en tercer lugar describiremos el comportamiento de algunos de los principales movimientos sociales frente al proceso constituyente en Ecuador; finalmente intentaremos un balance sobre el rol jugado por estos actores en la disputa constitucional.

El contexto histórico

Ecuador regresó a la democracia en 1979, luego de aprobar una nueva Constitución elaborada para la transición desde la dictadura militar que se había “hecho cargo” de administrar los inmensos recursos del boom petrolero. El nuevo gobierno civil (Jaime Roldós) llegó con la palabra “cambio” como eje de su campaña.² Con una orientación social demócrata y rasgos populistas, ese gobierno se interrumpió repentinamente por la muerte de Jaime Roldós que dio paso a la asunción de Osvaldo Hurtado al poder (Democracia Cristiana).

Desde el gobierno demócrata cristiano de Osvaldo Hurtado se comenzó a aplicar los ajustes estructurales que serían la base para la introducción de las políticas neoliberales, sobre todo luego de la caída del Muro de Berlín y de la promulgación del Consenso de Washington (1989). Los gobiernos social cristiano (León Febres Cordero 84-88), social demócrata (Rodrigo Borja 88-92), conservador (Sixto Durán Ballén 92-96) y los fugaces gobiernos de Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Gutiérrez y Palacio, dieron continuidad a esas políticas neoliberales.

La agenda neoliberal implicó la pérdida de soberanía en la conducción del Estado, bajo la imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) dirigida a la profundización de la apertura comercial y al desvanecimiento del Estado. Entre otras, las principales medidas neoliberales fueron las privatizaciones, la desburocratización del Estado, la desgravación arancelaria, las flexibilidades financiera y laboral, la profundización del extractivismo de los recursos naturales y la reprimarización de la economía.

En 1998 se promulgó una Constitución que buscó institucionalizar el modelo neoliberal en el país. Bajo la supremacía de los partidos de la derecha (Partido Social Cristiano y Democracia Popular), la Asamblea Constituyente de entonces elaboró una Carta Política que, en su parte dogmática, incorpora avances en derechos, y en su parte orgánica adopta el modelo mercantilista neoliberal. Se impuso la economía social de mercado, las privatizaciones, el aperturismo, se retiró el Estado de la planificación y se debilitaron sus capacidades de control a los agentes del mercado.

Luego de más de dos décadas de neoliberalismo, los impactos han sido muy significativos: la concentración mayor de la riqueza y el incremento notable de la pobreza³. Cerca del 10% de la población salió del país en este periodo hacia Estados Unidos, España, Italia y otros países, buscando trabajo. De otro lado, se profundizó el deterioro ambiental y Ecuador llegó a estar a la cabeza de la deforestación en América Latina.

La mercantilización neoliberal no sólo anduvo por la economía sino que la política fue atravesada por el mismo carácter mercantil. Los partidos políticos, casi sin excepciones, perdieron su identidad ideológica y programática, se convirtieron en tiendas de campaña electoral lideradas por caudillos locales y/o nacionales. La corrupción se generalizó, salpicando a las tres funciones del Estado; a espaldas de la ciudadanía la “clase política” se apropió de lo público a favor de sus intereses particulares.

Frente a esta realidad, las organizaciones sociales se movilizaron para resistir y proponer caminos de una nueva gobernanza. En la década de los 80, fueron las organizaciones sindicales y estudiantiles quienes principalmente lideraron esas luchas. En los años 90 emergió el movimiento indígena particularmente el liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); pero también otros movimientos sociales como el de las mujeres, campesinos/campesinas, ecologistas, GLBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), pobladores urbanos, jóvenes, que con momentos de mayor y menor capacidad de articulación, enfrentaron a los gobiernos de turno y sus agendas neoliberales.

La inestabilidad económica, el empobrecimiento de las mayorías, la falta de empleo como la descomposición del sistema político provocaron movilizaciones ciudadanas que terminaron con la revocatoria del mandato de tres gobiernos: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Todo esto llevó a que se ampliara la voluntad de cambio que, no obstante, buscaba un referente electoral. Vista la falta de credibilidad de los partidos (incluyendo los de izquierda) y la ausencia de un referente electoral desde los movimientos sociales, ese creciente descontento fue a parar en una avalancha de votos a favor de un proyecto político emergente encabezado por el actual presidente Rafael Correa.

Rafael Correa llegó al poder utilizando en su campaña consignas que fueron planteadas por las organizaciones sociales, como el NO al Tratado de Libre Comercio (TLC), el cierre de la Base de Manta (en manos de Estados Unidos), la recuperación de la soberanía nacional… Incluso la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente fue, en su origen, parte de la agenda política de las organizaciones sociales.

El actual gobierno es un resultado de la extensa crisis soportada por la sociedad ecuatoriana, de la búsqueda de nuevos referentes políticos ajenos al sistema partidista, de la demanda generalizada por un cambio profundo y de la acumulación de la lucha social que se había desplegado durante dos décadas desde diversos actores sociales.

Si bien desde la campaña electoral 2006, Rafael Correa recogió varias de las principales tesis de los movimientos sociales, ha sido evidente la ausencia de acuerdos políticos entre estos actores y su gobierno. Desde la lógica política del gobierno, la “intermediación” de los movimientos sociales es -al parecer- no valorada. Más aún, en el discurso oficial es frecuente la calificación de corporativismo, enfatizando con ello una de las posibles debilidades de las organizaciones sociales, sin reconocer sus fortalezas y potencialidades para favorecer una gobernabilidad democrática⁴.

Detrás de estas percepciones de las relaciones entre el presidente Correa y los movimientos sociales están abiertos los debates acerca de la validez o invalidez de su participación en la política electoral; de los roles que pueden o deben asumir en escenarios de gobiernos de izquierda o “hacia la izquierda”. Veamos entonces algunos elementos de análisis sobre estos temas.

Movimientos sociales y política⁵

Cuando hablamos de movimientos sociales nos referimos a identidades colectivas; a la construcción y puesta en escena de actores que intervienen en campos de fuerzas, en escenarios sociales, culturales y políticos determinados por los momentos históricos. En forma sintética podemos definir a los movimientos sociales como un “conjunto complejo de acciones, organizaciones, conductas, creencias…” que se despliegan, con permanencia en el tiempo, para enfrentar situaciones de opresión, explotación, alineación o exclusión a las que puede ser sometido un actor colectivo. En otras palabras, “los movimientos sociales pueden ser definidos como una acción colectiva con estabilidad en el tiempo y alto grado de organización, orientada hacia el cambio o la transformación de la sociedad o de alguna de sus esferas; pueden responder a tensiones o contradicciones específicas en la sociedad o constituirse como portadores del sentido de la historia y principales agentes del cambio social”⁶.

Los movimientos sociales no deben confundirse con una organización social específica, pues más bien son el resultado de la articulación de varias organizaciones sociales y de personas. Tampoco deben confundirse los movimientos sociales con movilizaciones aisladas. El movimiento social requiere de una permanencia en el tiempo, de una capacidad de integrar / sostener intereses y dotarles de sentido, de una perspectiva de futuro.

Aunque podemos hablar de movimientos sociales a lo largo de la historia y geografía humana, propiamente los “nuevos movimientos sociales” surgen en las últimas décadas, en un escenario mundial marcado por la caída del Muro de Berlín y el opacamiento del Marxismo que se había afirmado en el discurso de la lucha de clases. El feminismo, el ecologismo, el pacifismo, el etnicismo, los derechos humanos… cobran fuerza y dan sustento a la conformación de movimientos sociales que subrayan sus demandas particulares.

Si bien los movimientos sociales acceden a múltiples ámbitos de acción, debido a sus propias dinámicas de autoafirmación, contestación y proposición, en general han tenido una tendencia a concentrarse en sus demandas particulares, con escasa preocupación y capacidad de desplegar acciones en relación con la totalidad del Estado, o peor aun a la globalidad del modo de desarrollo vigente a escala mundial.

En gran medida –entonces- un notable particularismo identifica a los movimientos sociales y a los roles que han asumido. Aunque cada uno de ellos no esté enfrentado exclusivamente a un conflicto particular (étnico, de género, generacional, religioso, etc.); sino que todos estén sometidos a situaciones que afectan transversalmente al conjunto de la sociedad (exclusión, explotación del sistema capitalista, etc.); se ha evidenciado la dificultad de articular las diversidades presentes en los movimientos sociales y converger en un proyecto colectivo.

Los movimientos sociales presionan al sistema político dominante para que incorpore los cambios que consideran necesarios en la sociedad (políticas públicas) y pueden al mismo tiempo asumir un conflicto abierto con el poder político en la medida que le plantean cambios profundos en su estructura. Este proceso contradictorio se evidencia cuando los movimientos sociales, movilizados en función de sus reivindicaciones particulares, presionan a las autoridades políticas en el orden nacional, regional o local, buscando o exigiendo el reconocimiento político / simbólico de su movilización y, además, que desde la institucionalidad del Estado se responda a sus planteamientos con acciones públicas concretas, con bienes, obras, recursos, servicios, o con el reconocimiento de derechos de ciudadanía: política, jurídica, económica, social y cultural⁷.

Esto hace que los movimientos sociales establezcan diversas y simultáneas maneras de intervención en el sistema político. Así podemos reconocer estrategias en las cuales se presenta una combinación entre una disputa por espacios en la institucionalidad de la democracia y simultáneamente una lucha extra institucional que confronta desde “afuera” al sistema vigente.

También el sistema político a través de la acción del Estado ha generado mecanismos de incorporación, incluso de cooptación de las “demandas y demandantes”. Muchas de las grandes luchas extra-institucionales han terminado en “negociaciones” de pequeñas acciones públicas favorables al actor social movilizado o, incluso, en acuerdos bajo la mesa a favor de alguno o alguna de los líderes / liderezas de esas movilizaciones. Asimismo, muchas conquistas de espacios institucionales han terminado por integrar a los demandantes en la lógica del Estado controlado por las élites, debilitándose así, vía cooptación o división, a los movimientos sociales.

Bajo el argumento de la “gobernabilidad”, el sistema democrático ha tendido mecanismos -unos más eficientes que otros- a fin de ceder cierto reconocimiento e interlocución a los grupos sociales con más poder de movilización y, por lo tanto, de mayor conflictividad para el orden “democrático” a fin de neutralizar su acción transformadora y provocar su desmovilización y neutralización bajo las estrategias de consensos supuestos.

En suma, los posibles roles políticos de los movimientos sociales nos colocan ante interrogantes y desafíos que tienen que ver con la posibilidad de ejercer incidencia en las políticas públicas desde fuera y desde dentro de la institucionalidad; de lograr capacidades simultáneas de resistencia y de proposición; de establecer vías electorales propias o en alianza con partidos o movimientos políticos existentes; de los riesgos de la cooptación, de la pérdida de su autonomía e independencia.

Estos argumentos se vuelven aún más necesarios frente a escenarios en los que los gobiernos se auto identifican como de izquierda; y por ende, cuando sus agendas se muestran cercanas a las de los movimientos sociales. ¿Cuál es el rol en estos casos de estos actores? El abanico de posibilidades se abre desde la coparticipación directa en los gobiernos, pasando por una relación de cooperación con independencia, hasta la total autonomía, incluso con la posibilidad de actuar en oposición a esos gobiernos.

Movimientos sociales y Asamblea Constituyente

Durante la elaboración de la Constitución de 1998, en el contexto neoliberal que ha sido largamente analizado, algunos movimientos sociales de Ecuador que habían logrado consolidarse en los años anteriores ejercieron una notable presión para que en el espacio constituyente se tomen en cuenta sus planteamientos. La estrategia fue doble: disputar por la inclusión de asambleístas en representación de los movimientos y desplegar acciones colectivas en los espacios públicos en procura de incidir en el conjunto de la Asamblea.

En una correlación de fuerzas favorable al neoliberalismo, el resultado de esa incidencia fue una carta política que en unos capítulos plasmó esa visión mercantil y neoliberal del mundo; aunque en otras partes del texto, por la presión de los movimientos sociales, incorpore avances en los derechos de los Niños y Niñas, Jóvenes, Mujeres, Pueblos Indígenas… justamente los actores que tuvieron mayor capacidad de incidencia en esa coyuntura.

En la Constitución de 1998 el sistema político se ajustó a los requerimientos del discurso de la gobernabilidad liberal, es decir, reforzó el presidencialismo, debilitó las capacidades del Congreso, favoreció la desinstitucionalización de lo público. Si bien se incorporó el derecho a la revocatoria del mandato, no se incluyó en él al Presidente de la República. La participación ciudadana fue apenas mencionada sin darle un verdadero peso para la redefinición democrática de la gobernabilidad.

El balance de resultados logrados por los movimientos sociales en la Asamblea de 1998 se puede resumir –entonces- en que se lograron algunas conquistas específicas. Pero se perdió terreno en la definición de los marcos principales para la convivencia social, como son la caracterización del modelo de desarrollo, de la economía, de la garantía de cumplimiento de los derechos sociales, culturales, “terrenos” en los que el neoliberalismo ganó de palmo a palmo.

Con esa experiencia, en la coyuntura de 2008 los movimientos sociales se enfrentaron nuevamente con el reto de colocar sus tesis en la nueva Constitución. Empero, esta vez en un escenario favorable a sus fuerzas, pues la convocatoria a la Asamblea Constituyente se la había hecho desde el gobierno, justamente para dejar atrás el neoliberalismo y la “partidocracia”. Otro factor favorable era el anuncio de que sería una Asamblea abierta a la participación social y ciudadana.

En ese contexto, podemos hacer algunas constataciones generales. En primer lugar, a la Asamblea Constituyente de Montecristi,⁸ llegaron más de mil delegaciones de organizaciones sociales, de todo tipo de institución. Asimismo, por diversos mecanismos (foros, talleres, mesas itinerantes, recepción de propuestas, Internet) se abrieron canales de interlocución entre la Asamblea Constituyente y más de cien mil personas. Es decir, fue un proceso con amplia participación social.

¿Qué hicieron en Montecristi los movimientos sociales? A diferencia de 1998 cuando los movimientos sociales que ejercieron presión en la Constituyente fueron pocos pero fuertes; en 2008 las organizaciones sociales se multiplicaron y multiplicaron sus demandas específicas, pero su dispersión fue enorme. Hubo desde agrupaciones que exigían que se cumpla con una obra de riego parroquial, hasta federaciones campesinas que presentaban un articulado completo para la Soberanía Alimentaria. Gran diversidad de actores y gran heterogeneidad de propuestas: esa fue la característica general de la presencia social en Montecristi.

No obstante, destacaron algunos actores que sumariamente señalamos a continuación. Uno de los grupos que actuó de modo permanente en el proceso constituyente fue el de los actores interesados en el tema del Agua. El Foro de los Recursos Hídricos (que reúne a más de 100 organizaciones e instituciones) elaboró propuestas constitucionales aún antes de que se inicie la Asamblea, y luego promovió foros, talleres, desayunos de trabajo con asambleístas, visitas a las mesas de la Asamblea, para colocar sus propuestas. Junto con otros actores, como el Observatorio de Servicios Básicos de Guayaquil, el Foro de los Recursos Hídricos estableció conexiones con asambleístas y asesores para asegurarse el acceso a los textos que se iban elaborando, e incidir en ellos en las diferentes fases.

En buena parte, los textos finales se deben a la influencia de esta amplia red de organizaciones de la sociedad civil. Si no compárese las propuestas previas que ellos presentaron y los textos constitucionales finales, ambos tienen evidentes similitudes. Así lo confirman la incorporación del Derecho al Agua (no el “acceso al agua” solamente), así como la prescripción de que ese recurso es patrimonio nacional estratégico, de uso público, inalienable e imprescriptible y que, por lo tanto, no podrá ser privatizado.⁹

Junto y/o como parte de quienes presionaron por el agua, estuvieron diversas organizaciones ecologistas, nacionales y locales. Su lucha enfatizaba en poner freno al modelo extractivista e incorporar una visión de armonía con la naturaleza en toda la Constitución. La minería era parte de esa agenda, tema sensible en tanto el presidente Rafael Correa y miembros de su bloque en Montecristi privilegiaban el modelo desarrollista redistributivo antes que el enfoque ecologista, por lo tanto, estaban de acuerdo con la minería pero realizada con el menor impacto en el ambiente.

Luego de tensas disputas de sentidos, la Asamblea Constituyente generó un Mandato Minero para frenar el festín en que se habían convertido las concesiones mineras en los años anteriores. Más tarde se introdujo criterios ambientales en la Constitución¹⁰. De otra parte, en una decisión polémica y seguramente de vanguardia en el mundo, se incorporaron los Derechos de la Naturaleza.¹¹ El “desarrollismo” de éste o de cualquier gobierno futuro deberá enfrentar en adelante restricciones desde una Constitución que privilegia el desarrollo sustentable y la protección de la naturaleza.

La Mesa Agraria fue un espacio de incidencia de tres federaciones nacionales de campesinos: la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras -FENOCIN, la Coordinadora Nacional Campesina –CNC, y la Federación Nacional de Campesinos Libres de Ecuador –FENACLE, organizaciones que lograron que dos de sus máximos representantes sean asambleístas¹². Mediante alianzas con otros y otras asambleístas, y con el despliegue de sus bases, esas organizaciones hicieron posible que en la Constitución se incorporen sus aportes relativos a la Soberanía Alimentaria. Tanto en la parte dogmática: el nuevo Derecho a la Alimentación que recoge el enfoque de la soberanía alimentaria; como en la parte orgánica: las obligaciones del Estado para cumplir con ese derecho, hay textos sintonizados con la propuesta de la Mesa Agraria y las organizaciones campesinas mencionadas.

El movimiento indígena representado por la CONAIE y sus federaciones regionales también hizo notables esfuerzos para disputar la incorporación de sus tesis en la Constitución. Aunque esta organización elaboró un amplio conjunto de propuestas en diversos temas (económicos, políticos, sociales, agrarios…), en realidad su esfuerzo se concentró en la defensa de la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano. Pese a cierta inconformidad de una parte de la CONAIE por el alcance “limitado” de los textos constitucionales finales en ese tema, la Constitución de Montecristi reconoció el carácter plurinacional e intercultural del Estado, abriendo un camino para la efectiva profundización de los derechos colectivos de los pueblos y naciones originarios, y para la democratización de las relaciones entre las diversas identidades que conviven en el Ecuador¹³.

Las mujeres organizadas debieron enfrentar un escenario complejo y hasta retardatario con respecto a la Constitución de 1998. Varios grupos autodenominados Pro-vida, la Iglesia Católica y varias denominaciones evangélicas lograron tener asambleístas aliados a sus tesis, e influir en cierto sector del bloque mayoritario en la Asamblea de Montecristi, para obstaculizar la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos. Esto, sumado a un debilitamiento de la capacidad de incidencia del movimiento de mujeres del Ecuador, dio lugar a que no se logre todos los avances esperados, salvo en temas directamente políticos en donde se logró reforzar el principio de la paridad. También en temas socioeconómicos, donde se reconoció la equidad en el acceso a los medios de producción (crédito, servicios); el trabajo del cuidado humano y familiar, elemento fundamental para la reproducción de la sociedad, así como la incorporación de las amas de casa a la seguridad social.

Un importante y nuevo actor, comparado con el contexto de 1998, fue el conformado por las redes de economía solidaria, que generaron propuestas sobre todo referidas a la democratización de la intermediación financiera y acerca del necesario respaldo con discrimen favorable que debe dar el Estado a ese sector por la función social que cumple. El resultado rebasó las expectativas de este sector, pues no solo que el texto recogió esos planteamientos, sino que la Asamblea Constituyente definió a todo el sistema económico del país como social y solidario, dejando atrás la definición de la “economía social de mercado”.

También jugaron un importante papel las asambleas locales, los comités de desarrollo local y ONG’s que han venido trabajando muchos años en el tema de la participación social (provincias, cantones, parroquias), y que promovieron la inclusión de mecanismos de participación ciudadana (presupuesto participativo, veedurías) en la nueva Constitución. Igualmente, en este caso, los resultados superaron las expectativas pues la Constitución de Montecristi incluyó una nueva función del Estado basada en el poder ciudadano: la función de Transparencia y Control Social y la formación del Consejo Nacional de Participación son evidencias de esos logros.

Una experiencia interesante fue la de las organizaciones de jóvenes. Más allá de los espacios estudiantiles, los jóvenes lograron auto identificarse como sujetos sociales y políticos, y levantar propuestas que fueron parcialmente recogidas en la Constitución. Igualmente, los grupos que han venido resistiendo a la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país (“NO a las bases”), pudieron reconocerse en el texto constitucional que prohíbe ese tipo de presencia militar en el país, que es definido como territorio de paz¹⁴.

Otros actores como los que defienden los derechos a la seguridad social (sobre todo el seguro campesino), o la libertad de orientación sexual (GLBT), la educación pública (UNE), llegaron a Montecristi para colocar y defender sus propuestas. En síntesis, un amplísimo mapa de actores cuyas tesis resultaron parte de la arquitectura del nuevo texto constitucional.

Un balance preliminar del proceso

En primer lugar constatamos que se vive una coyuntura en la que es indudable la politización de la sociedad. El arribo al gobierno de un sujeto ajeno a los desgastados partidos y realización de una Asamblea Constituyente han despertado el interés por lo público desde la ciudadanía, y han reactivado a diversos movimientos sociales que en la coyuntura desplegaron su acción colectiva, sobre todo para incidir en la nueva Constitución.

La lógica particularista que caracteriza a los movimientos sociales, no sólo en Ecuador, se puso en evidencia en el proceso constituyente de Montecristi. Los movimientos sociales llegaron a la Asamblea para disputar sus tesis en forma particular, cada uno con sus temas, revelando no sólo problemas de articulación entre sí, sino conflictos por sus diversos enfoques: plurinacionalidad vs. interculturalidad, desarrollo sustentable vs. ecología radical, por citar solamente dos ejemplos de esos conflictos; pero, sobre todo, por competencias de representación social y de acumulación política.

Pese a esa presencia desarticulada de los movimientos sociales, el proyecto de nueva Constitución recoge en gran medida sus planteamientos. Incluso en ciertos artículos se ha ido más allá de las expectativas de los actores sociales involucrados, aunque han quedado importantes tareas pendientes. La mayoría de asambleístas sintonizó con las demandas sociales e incorporó en la carta política elementos de vanguardia constitucional a partir de las recientes experiencias de Bolivia y Venezuela; y desde sus propias iniciativas, como por ejemplo los derechos a la Naturaleza y el Sumak Kawsay.

Los resultados progresistas de la nueva Constitución, que dejan atrás el neoliberalismo, no se deben entonces únicamente a la incidencia de los movimientos sociales; al menos no solo a su acción en la coyuntura de Montecristi. Se deben a que en la sociedad han avanzado ciertas tesis de cambio a partir de una generalizada inconformidad con el neoliberalismo y los partidos políticos. Seguro que a esa inconformidad y vocación de cambio aportaron los movimientos sociales, pero no solo ellos, sino también la acción política del gobierno de turno y, sobre todo, la retórica del presidente Rafael Correa que ha permitido cambiar la correlación de fuerzas.

Corresponde entonces analizar las fuentes de la toma de decisiones para la transformación social, para concluir en que éstas no surgen solo desde la sociedad civil, sino también de la institucionalidad (la sociedad política). Esto debe llevarnos a superar ciertas miradas reductivas acerca de las divisiones entre sociedad civil y “sociedad política”. No siempre todo lo “bueno” está en el lado civil, ni todo lo “malo” está en la institucionalidad política. Esta mirada es aún más importante tenerla presente cuando emergen gobiernos que tienden hacia la izquierda.

La realidad de dispersión y conflictividad entre los movimientos sociales revelada en Montecristi muestra que hace falta abrir espacios de reflexión y debate que contribuyan a permear posiciones, a generar lecturas compartidas del momento político y de las formas de acción colectiva que corresponden para favorecer el cambio social.

El debate necesario tiene que ver con la mirada programática, con enfoques como los ya mencionados: plurinacionalidad y/o interculturalidad; ecología y/o desarrollo sustentable; pero, obviamente sobre otros ejes centrales como el régimen de desarrollo y el sistema político; es decir, con las posibles formas de gobernanza más coherentes con la historia, la realidad socio cultural y las instituciones para un país multicultural.

La falta de debate sobre estos temas relevantes conduce a contraposiciones entre movimientos sociales, no siempre sustentadas en argumentaciones, sino por el contrario, en calificaciones que suelen vincularse a presunciones de mayor o menor radicalidad, como una suerte de herencia de la vieja disputa entre reformistas y revolucionarios.

¿Cuál es la agenda para una transformación del país (cambio gobernable / gobernanza) que pueda ser sostenida por la movilización social, más allá de la convergencia o divergencia de los gobiernos de turno con esa sociedad movilizada?

Así como hace falta profundizar el debate sobre la agenda programática, se extraña el debate sobre la configuración de los sujetos sociales y políticos; hace falta el debate sobre la relación entre movimientos sociales y partidos políticos, la relación de movimientos sociales con los gobiernos, sobre todo si son gobiernos auto definidos de “izquierda”.

Negri señala al respecto: “… tanto los “nuevos gobiernos” como los movimientos latinoamericanos enfrentan el desafío de construir una política (un “nuevo pacto”) que, reconociendo la potencia productiva de la multiplicidad, logre mantener reunidas las singularidades que lo componen. El desafío consiste entonces en la construcción de un común que permita a las singularidades obrar concertadamente para producir, como un efecto espiral, un nuevo común”. ¹⁵

¿Cómo construir ese nuevo común que fortalezca la lucha articulada y evite que un “multiculturalismo”, manipulado desde los intereses del capital (Zizek), promueva la dispersión y hasta el separatismo? Por esto, un desafío urgente es la redefinición de las relaciones entre movimientos sociales y Estado, entre movimientos sociales y los gobiernos de tendencias de izquierda.

Francois Houtart sostuvo en el Foro Social Continental realizado en Quito en octubre de 2004:

“Podemos decir que existen realmente contradicciones entre movimientos sociales y partidos o movimientos políticos. Los partidos políticos tienen como fin ejercer el poder político, necesario para transformar la institucionalidad de las sociedades. Pero tienden a sacrificar la otra organización que no sea electoral y a instrumentalizar los movimientos sociales en función de metas electorales. Tienden también a absorber nuestras vidas de los movimientos sociales para la organización del campo político.

En las circunstancias actuales de la mayoría de los países donde existe una pluralidad de partidos, y aun de partidos de izquierda, la necesidad es establecer acuerdos sobre metas globales. No a la privatización de todo lo que es el patrimonio de la humanidad, por ejemplo. Acuerdos sobre metas particulares que sean la negación del ALCA, u otras metas, es solamente con una convergencia también de movimientos políticos, que vamos a lograr estas metas”.

Conclusión final

De una fase de resistencia al neoliberalismo y a los gobiernos neoliberales de turno hemos pasado al menos en países como Ecuador, Bolivia, Venezuela y otros, hacia una etapa en la que los gobiernos de “izquierdas” pueden ser considerados aliados en las estrategias de cambio, lo que obliga a que los movimientos sociales, más allá de la resistencia, vayan a la proposición e incluso a la cogestión de políticas públicas.

El desafío es respaldar los avances que están haciendo esos gobiernos y presionar por una mayor coherencia de sus agendas, de modo que, conforme a la capacidad de movilización de la sociedad, se puedan concretar las aspiraciones de transformación que han estado represadas por más de dos décadas, desde el regreso a las democracias en nuestros países.

Corresponde entonces promover la multiplicación de voluntades pluralistas, convergentes en una plataforma de lucha contra el neoliberalismo y a favor de una nueva gobernanza basada en la sustentabilidad y la democracia participativa. Es indispensable una agenda mínima de acuerdos desde la diversidad, incluyendo a los actores de la política institucional, para articular y fortalecer la capacidad de disputa política, para viabilizar las transformaciones que requieren nuestros países. Sobre todo en los casos de avances constitucionales, es necesaria la configuración de plataformas de resistencia y proposición desde los movimientos sociales, para no regresar al pasado y garantizar la profundización democrática.

Bibliografia

• Constitución de Ecuador de 2008.

• Mandato Minero, Asamblea Nacional Constituyente, 2008.

• Garretón, Manuel Antonio, “Movimientos sociales y procesos de democratización” en: Pablo Ospina, Movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial: análisis de dos casos ecuatorianos, Proyecto IEE, Quito, 2005.

• Negri Antonio y Coco Giuseppe, Global, biopoder y luchas en una América Latina globalizada, Paidos, Buenos Aires, 2006. p. 27.