La Iglesia católica ha sido protagonista en la construcción del orden social y político de Colombia. Abrigando una importante vocería, y gozando de un eco significativo en la sociedad aún hoy, la Iglesia es también un coactor de la gobernanza. De esta forma, su participación ha sido activa en la redacción de constituciones, en la aprobación de leyes, la realización de negociaciones o acuerdos de paz con los grupos armados, y la regulación de instituciones como la educación o en la familia. La ficha recoge un par de textos que estudian la participación de la Iglesia en Colombia y dan cuenta de sus transformaciones en los últimos 150 años de historia. Desde la sección 1 a la sección respeto los planteamientos de los autores de los textos reseñados, citándolos o parafraseándolos. El la última sección presento mi punto de vista sobre algunos de los planteamientos clave.

Introducción

En la vida republicana de Colombia, la Iglesia católica ha tenido un rol protagónico en la construcción y regulación del orden social y político. Por tan solo citar unos ejemplos, su intervención ha sido significativa en la redacción de las distintas Constituciones, en el desarrollo de las elecciones, en la mediación por la paz y en los actuales debates morales. Durante la mayor parte de dichos 150 años de historia, la Iglesia ha mantenido una posición antisecularizante y antimodernizante, exigiendo del Estado la disposición de sus instituciones con el fin de imponer un modelo de sociedad acorde al “plan de Dios”. Si bien esto se ha mantenido en el ámbito de lo moral, en las últimas décadas la Iglesia ha demostrado cierta apertura en su discurso político dándole cabida al conflicto y la negociación. Con esto, las instituciones eclesiales mantienen hoy un discurso dual y contradictorio, que mina su credibilidad y cohesión interna.

Los autores Fernán González y Ricardo Arias, estudiosos de temas religiosos en Colombia, abanderan la tesis mencionada anteriormente en el libro Poderes Enfrentados –de González- y en el artículo Búsqueda de la paz y defensa del “orden cristiano”: el episcopado ante los grandes debates de Colombia (1998-2005) –de ambos autores-. Entre los dos textos se forma una radiografía de la Iglesia en Colombia desde el siglo XIX hasta el 2005, cuyos puntos clave serán retomados a continuación.

El activismo de la Iglesia a favor del partido Conservador

Durante el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX la Iglesia se alineó con el Partido Conservador para enfrentarse y resistir a las intenciones modernizantes del partido liberal. A mediados del XIX, desde el púlpito los clérigos hicieron política en contra del partido liberal al poder y de los cambios que quería implementar en torno a la laicización del Estado, la reducción de los derechos de la Iglesia, la reforma educativa y la implementación del matrimonio civil y el divorcio. Así, desde inicios de la república “el problema religioso se convirtió en la frontera política entre liberales y conservadores” y la educación y la familia se establecieron como ámbitos de la vida social monopolizados por la Iglesia.

Con el ascenso al poder de los conservadores en la Regeneración, la Iglesia participó activamente en la redacción de la Constitución de 1886. En ella quedaron claros los vínculos entre la Iglesia y el Estado, que serían reforzados con la firma del Concordato entre Colombia y el Vaticano en 1887. Durante este periodo la Iglesia se erigió como el elemento de cohesión nacional, con el Dios católico como “fuente de toda autoridad” –tal como dice el preámbulo de la Constitución-. La Constitución y el Concordato eliminaron el matrimonio civil y el divorcio, devolvieron el control de la educación a la Iglesia y, en conclusión, reversaron “todas las medidas anticlericales y las leyes consideradas contrarias con la moral católica”.

En la década de 1930, el poder pasó a manos de los liberales nuevamente y con ello vinieron nuevos intentos por modernizar el Estado y la sociedad. En ese contexto se realizó la reforma constitucional de 1936 que encontró la férrea oposición de la Iglesia, porque según ella “no interpretaba <<los sentimientos y el alma religiosa de nuestro pueblo, al suprimir en nombre de Dios del encabezamiento de la Constitución y la mención de la religión católica como la de la nación>>”. Entre los cambios principales se contemplaba la vuelta del divorcio, se obligaba a recibir en los colegios privados a los hijos ilegítimos sin distinción de raza ni de religión y se suprimían los derechos de la iglesia. Según González, “lo único que la reforma pretendía era una normal secularización de la vida política y de la legislación de Colombia, pero que chocaba normalmente con la mentalidad sacralizada y antimoderna de la jerarquía y el clero del país”. La reforma también chocaba con la costumbre de la Iglesia de operar a través de las instituciones estatales, exigiéndoles medidas coercitivas que respaldaran su opción moral.

El repliegue de la Iglesia en el Frente Nacional

La reacción de la Iglesia frente a las medidas del gobierno liberal y su favoritismo por el partido Conservador -convirtiendo el púlpito en otro escenario para el proselitismo político-, condujeron –entre otras razones- a un clima de polarización política y social. En los años siguientes el conflicto interpartidista se agudizó dando origen a La Violencia, una cruenta etapa que se prolongó hasta los años 50 cobrando alrededor de 200000 vidas. En aras a poner fin al conflicto, en 1958 se firmó el Frente Nacional: un acuerdo entre los partidos que estipulaba que liberales y conservadores se turnarían por 16 años en el poder. En el plebiscito que consagró dicho pacto, se reconocía a Dios como fuente suprema de toda autoridad y se establecía que los dos partidos “reconocían en la religión católica una de las bases de la unidad nacional”. Durante los años del Frente Nacional las transformaciones políticas y estructurales condujeron a un retroceso en la intervención de la iglesia en los asuntos sociales y políticos.

Por un lado, este nuevo periodo de la vida política de la nación vino acompañado por un retiro parcial de la Iglesia del terreno de lo político. Los autores retoman las tesis de Alexander Wilde quien señala que al hacer a la Iglesia parte integrante del régimen bipartidista desapareció la actividad electoral a favor del conservatismo y la institución se replegó para dedicarse a su modernización interna. Pero por otro lado, los años del Frente Nacional también significaron una “crisis del modelo de presencia de la Iglesia católica en la sociedad colombiana” por la pérdida del control de instituciones como la familia y la educación¬. Esta crisis se desencadenó por las profundas transformaciones estructurales de la segunda mitad del siglo XX: la rápida urbanización del país, la explosión demográfica, la profundización de las desigualdades socioeconómicas, la apertura a corrientes e ideologías internacionales, la profesionalización de las clases medias, los cambios en el rol de la mujer y la flexibilización del núcleo familiar, la creciente acogida a nuevas religiones y la separación Iglesia - Estado fueron las más sobresalientes. Dichos cambios condujeron a una rápida secularización de la población, que, como era de esperar, superó la capacidad de adaptación de la Iglesia. De hecho, las instituciones y estructuras eclesiales estaban pensadas para un mundo rural, donde la iglesia católica contaba el monopolio de lo religioso, y para unas familias al estilo tradicional. Esto significó un cambio fundamental en los problemas que los curas debían afrontar en las parroquias urbanas, perdiendo así gran parte de su influencia de otrora sobre todo en las clases medias y altas.

La década de los 90 y el siglo XXI: dos discursos contradictorios

Esta tendencia continuó hasta finales de los ochenta cuando dos situaciones determinaron el regreso del protagonismo de la Iglesia: primero, la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución de 1991, y segundo, la agudización del conflicto armado y las negociaciones de paz con algunas guerrillas. En ambos escenarios las instituciones eclesiales participaron activamente pero manejando dos discursos diferentes, siendo el primero absolutamente tradicional y antisecular, y el otro más abierto al diálogo y la negociación. Dicha distinción entre la participación de la iglesia en los debates morales y la participación de la iglesia en lo político se conserva aún hoy.

Algunos debates morales: de la constitución de 1991 a la despenalización del aborto en 2005

La oportunidad de reconocer la modernización de la sociedad se presentó nuevamente a la hora de hacer la nueva Constitución de los colombianos. Ante las intenciones secularizantes de muchos constituyentes, la Iglesia hizo propuestas y orientó múltiples acciones para evitar que el “relativismo y el permisivismo” tuvieran eco en la Asamblea. La Iglesia pretendía que en el texto final se rechazara el matrimonio civil obligatorio, se condenara el aborto y la eutanasia, se mantuviera el nombre de Dios en el principio del texto, y se creara una legislación de protección a la Iglesia católica. Los obispos insistían en que los constituyentes “debían buscar que la nueva carta haga posible la construcción de una sociedad más acorde con el plan de Dios, <<dentro del íntegro respeto a las exigencias éticas, naturales y cristianas y los valores fundamentales y perennes>> originados en Dios creador y Redentor”. A pesar de estas intenciones antisecularizantes, el texto final resultó más acorde a la actual sociedad colombiana y a su pluralismo en lo étnico, religioso y cultural: se consagró la separación entre Iglesia católica y Estado, la neutralidad del Estado en materia religiosa, se eliminó toda alusión a la protección que el Estado debía a la iglesia, se consagraron la igualdad total de todas las religiones e iglesias frente a la ley, la libertad de conciencia, la no obligatoriedad de la educación religiosa en instituciones educativas públicas y la compatibilidad del ejercicio sacerdotal con el ejercicio de cargos públicos.

A la hora de discutir otros asuntos morales en los años siguientes, como la legalización del aborto, el reconocimiento de derechos a las parejas homosexuales o la eutanasia, la Iglesia también ha enfilado baterías en contra del “relativismo moral”. Según González, en estos debates los argumentos que respaldan la oposición de la Iglesia se erigen en un “orden moral objetivo basado en al naturaleza” que debe regir el mundo de los católicos y de los no católicos. Argumentos como, por ejemplo, que la vida inicia en el momento de la concepción, o que sólo Dios puede disponer de la vida humana, “tienden a invalidar el reconocimiento de la autonomía legítima de los laicos y el pluralismo político de los no católicos, a los que les obligarían los mismos preceptos de la Iglesia católica por estar sujetos a una ética objetiva”, así pues “la moral de los colombianos” tiene que estar determinada por los “valores cristianos”.

Arias y González recuerdan qué ha sucedido con esos otros debates. En cuanto al aborto, la iglesia se opone a todos los casos, incluso cuando ha habido violación o cuando la vida de la madre está en peligro. Para el presidente de la Conferencia Episcopal, “la iniciativa tendiente a despenalizar el aborto en casos especiales no responde a un proceso de modernización sino a un ilícito: los proyectos presentados no consideran al niño por nacer sino sólo a la mujer”. Hablando de la eutanasia y de la sentencia de la Corte Constitucional que “eximió de responsabilidad penal al médico”, la Iglesia ha rechazado su validez y ha llamado a la desobediencia civil. Sobre la manipulación genética, y la anticoncepción las autoridades eclesiales han mantenido una férrea oposición. También se ha mantenido la excomunión de los divorciados que han vuelto a casarse por su condición de bígamos. Por último, en el más reciente debate sobre el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo la Iglesia ha hecho un intensísimo lobby para evitar que dichos proyectos de ley sean aprobados, por considerar que la familia naturalmente se compone por un hombre y una mujer.

De esta forma, en el terreno de lo moral el protagonismo de la Iglesia se basa en su voluntad de imponer “simple y tajantemente al conjunto de la sociedad colombiana lo que considera bueno y rechazar lo que considera malo. Y obligar al Estado a apoyar coactivamente esos juicios morales”. Todo esto basado en un orden “natural, de origen divino o racional” que no admite otras opciones éticas y morales.

Sin embargo, en el terreno de lo político la Iglesia ha acogido en los últimos 15 años un discurso más moderno, proclive al conflicto, y –a diferencia de que sucede con los debates éticos- su intervención se ha orientado a la construcción de un orden social a través de la negociación y el consenso. Esto se ha visto en los puentes que la Iglesia ha tendido para favorecer el diálogo con grupos armados.

La Iglesia en la política: conflicto armado, paz y derechos humanos

Según Arias y González, “la jerarquía católica colombiana se encuentra comprometida con la búsqueda de mecanismos que permitan superar definitivamente el conflicto”. Buena parte del discurso del clero apunta a la construcción de una sociedad más democrática y tolerante “dando la imagen de una iglesia que dialoga con los adversarios”. Así, desde el gobierno de Barco (1986-1990) el clero se ha propuesto para realizar acercamientos con grupos alzados en armas y crear espacios para el diálogo con el Estado, mostrando mayor sensibilidad a los problemas de la violencia y los derechos humanos.

La Iglesia no solamente ha colaborado en la realización de acercamientos a nivel nacional. Durante la década de los noventa, muchos curas y obispos en las regiones han sido facilitadotes de acuerdos locales para la liberación de secuestrados o dejación de armas. Durante los gobiernos de Samper, Pastrana y en el actual gobierno de Uribe, la Iglesia ha tenido negociadores o un facilitadores en todas las negociaciones con las guerrillas de las FARC, el ELN y con los grupos de autodefensa.

Adicionalmente, desde mediados de los 80, el clero ha llamado la atención sobre el deterioro de los derechos humanos a causa de la guerra. Han visibilizado el problema del desplazamiento forzado y han abogado por el respeto al Derecho Internacional Humanitario. De esta forma, la Iglesia no solo ha denunciado los abusos y atropellos de las guerrillas y paramilitares, también los realizados por parte de la fuerza pública. Esta situación los ha vuelto un blanco en medio del conflicto: entre 1984 y comienzos de 2005 –recuerdan los autores- 63 miembros del clero han sido asesinados, incluidos un arzobispo y un obispo.

En algunas oportunidades la Iglesia ha demostrado que no comulga con el régimen o con el gobierno y ha hecho abierta oposición al mismo. Con esto se ha transformado la tendencia de los años del Frente Nacional, cuando la Iglesia era el elemento de cohesión de la sociedad y era protegida así por el bipartidismo. Es el caso de la administración de Samper, cuando el entonces presidente de la Conferencia Episcopal se convirtió en la cabeza más visible de la oposición tras el escándalo de infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña del presidente y otros políticos. La Iglesia tampoco ha dudado en criticar en ciertos momentos la política de paz del gobierno. En el actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el clero ha insistido en la necesidad de hacer un intercambio humanitario cuestionando la rígida posición del mandatario en contra del mismo.

Conclusiones

De esta forma, el discurso de la Iglesia en el terreno de lo político demuestra una mayor secularización y modernidad, puesto que admite el disenso y consiente la existencia de un orden social que se construye gradualmente y colectivamente por acercamientos sucesivos y conflictivos, por medio de acuerdos, conflictos y diálogos. La presencia de la Iglesia en estos temas se diferencia de las posiciones tradicionales en el siglo XIX y la primera mitad del XX, porque, como anotan los autores, “parte de una lógica más pluralista y de una concepción de iglesia como pueblo de Dios que camina en la historia humana, sin soluciones concretas previas para los problemas sociales y políticos, que construye con los católicos y todos los hombres de buena voluntad”.

Pero la dualidad de discursos que ha caracterizado la presencia de la Iglesia en la sociedad colombiana en las últimas dos décadas empieza a afectar su credibilidad y legitimidad. Arias y González se preguntan hasta qué punto el compromiso de la Iglesia católica con la búsqueda de una sociedad más justa se ve afectado por su defensa a ultranza de unas normas abiertamente cuestionadas. Sobre todo si se tiene en cuenta que sus posiciones éticas resultan “cada vez menos compatibles con los procesos de secularización que últimamente han debilitado el poder de influencia moral y social de la iglesia en la sociedad”. Con todo esto los autores quieren llamar la atención sobre el desafío que posee hoy la iglesia: ¿cómo hacer presencia y cómo hacerse sentir en una sociedad moderna? ¿Cómo dialogar con un mundo secular sin recurrir a un lenguaje totalizante y absoluto? En su opinión, de la forma de enfrentar dicho reto depende la revitalización de su presencia en la sociedad y la recuperación del terreno perdido por la secularización creciente de la población. Esto conlleva a un último interrogante: ¿hasta cuándo será viable la coexistencia de dos lógicas contrapuestas, de dos discursos que demuestran la concepción de dos modelos contradictorios de construir el orden social?

Planteamientos finales

Si bien es claro que la Iglesia Católica en Colombia insiste en mantener esa ambigüedad de posiciones frente a lo político y lo moral, hace falta en los análisis ubicar esa ambigüedad frente a las tendencias mundiales de la fe católica. Pareciera que la férrea oposición de la Iglesia frente al aborto, la eutanasia, las uniones homosexuales y el divorcio, fuera exclusivo del contexto colombiano; cuando también responden a lineamientos surgidos de Roma que el clero local no puede transgredir. Recién posesionado el papa Benedicto XVI, se realizó un sínodo¹ que produjo la primera Exhortación Apostólica² , la cual hace énfasis en que dichos aspectos polémicos (aborto, eutanasia, celibato opcional, divorcio, unión homosexual) no serán aceptados de ninguna manera porque van en contra de los valores “no negociables” de la fe católica, e incluso vuelve a tradiciones consideradas muy conservadoras como la misa en latín.

En este orden de ideas habría que reconsiderar la tesis de los autores que dice que la ambigüedad de discursos de la Iglesia afectaría su legitimidad y credibilidad. Aunque los autores sólo contemplan una forma –deseable- de eliminar la ambigüedad, en la que los debates morales también generan una posición abierta a las diferencias, la realidad es que esta opción es poco viable en vista de las circunstancias actuales de la fe católica. Pero otra forma de eliminar la ambigüedad es cerrando las puertas al diálogo en lo político y negando el conflicto. Este escenario es, por supuesto, menos deseable pero desafortunadamente más probable, dada la polarización creada con respecto a las guerrillas y el rechazo generalizado a reconocerles el estatus de actor político. Habría que reconsiderar pues, si es dicha ambigüedad la que mina la credibilidad de la Iglesia, porque en mi opinión, mantener la ambigüedad hace que ésta siga siendo un actor fundamental y relevante en tema de la vida pública más vital del país, y permite que conserve su legitimidad para intervenir en la vida pública.

Esto último adquiere más validez si recordamos que la Iglesia es la institución en Colombia que más genera confianza entre los ciudadanos. Según la encuesta de legitimidad institucional de 2007 realizada por el IEPRI de la Universidad Nacional, la Iglesia genera más confianza que los medios de comunicación, el ejército, el popular presidente y la Fiscalía. Adicionalmente, con respecto a la medición de 2005, este nivel en vez de disminuir ha aumentado, aun cuando en el año de la medición se registraron los peores escándalos de pederastia y corrupción de parte de miembros de la Iglesia³.

Las evidencias anteriores permiten concluir que aun cuando la Iglesia tenga un discurso lleno de ambigüedades y dualidades, es y seguirá siendo un coactor de la gobernanza en Colombia.

 

Por consiguiente, la modernización y la apertura de la Iglesia, que según los autores serían estrategias para recapturar fieles y mantener el rol protagónico de la institución en la sociedad, le vendría bien, también a la Iglesia de todo el mundo.