Este artículo propende por el análisis de un actor marginal e ilegal en la construcción local del Estado y de la gobernanza. Intenta dar cuenta de la contribución del papel de los campesinos cocaleros en la configuración de las burocracias estatales y en la regulación política de una región de la amazonia colombiana. En un primer momento, el texto presenta y discute algunos supuestos que subyacen en algunos estudios clásicos sobre las sociedades campesinas a propósito de su relación con el Estado. El breve recorrido por los planteamientos de dos teóricos clásicos sobre sociedades campesinas permite luego evidenciar la particularidad de los campesinos cocaleros. En un tercer momento, el documento describe la manera como estos campesinos considerados “ilícitos” han desplegado prácticas tendientes a la construcción del Estado local. Termina con una discusión sobre las implicaciones que este fenómeno supone para la comprensión de la gobernanza.

La relación campesinos y Estado

Resulta particularmente interesante advertir la forma como la teoría social ha conceptualizado la relación entre campesinos y Estado, en la medida en que pone en evidencia la particularidad de los colonos cocaleros como un tipo específico de campesinado. Se utiliza aquí como fuente principal a Eric Wolf y a Teodor Shanin, cuyas investigaciones realizadas en los años setentas se han constituido en clásicos sobre los estudios sobre las sociedades campesinas. Ambos autores ven al Estado y a los campesinos como elementos antagónicos. Wolf escribió a propósito lo siguiente:

“La utopía del campesino es la aldea libre, no molestada por recaudadores de impuestos, reclutadores de mano de obra, grandes terratenientes y funcionarios. Gobernados pero nunca gobernantes, los campesinos carecen también de toda familiaridad con la operación del Estado como una maquinaria compleja; sólo ven en ella un “frío monstruo”. Para el campesino el Estado es una cantidad negativa, un mal, algo que debe ser sustituido tras breve penitencia por su propio orden social “casero”. Cree que tal orden puede funcionar sin el Estado; por lo tanto, los campesinos en rebelión son anarquistas naturales.” ¹

Así desde la perspectiva de Wolf, el Estado y sus funcionarios son percibidos por la población campesina como agentes “externos” a la comunidad. En una dirección similar, Shanin (1983) identifica cuatro personajes “extraños” en la comuna campesina rusa de principios del siglo XX, a saber, los empleados de la administración del Estado, los miembros del Partido Bolchevique, los ex soldados y los extraños plenipotenciarios. ² Y esto porque en los albores del Siglo XX en Rusia los funcionarios estatales son “exportados” desde los centros políticos y administrativos del país hacia las lejanas provincias rurales. El complejo orden estatal que pretenden imponer en la aldea campesina los hace aún más “foráneos”.

Desde la óptica de Wolf (1979a), los campesinos no aspiran a ocupar cargos públicos y mucho menos a convertirse en fuente de poder local en tanto resultan, según el autor, completamente ajenos al mundo burocrático. Así, Wolf descarta de tajo a los campesinos como constructores estatales.

Para Shanin (1979), los campesinos son unos eternos subordinados. Este autor sostiene que:

“por regla general los campesinos han estado alejados de las fuentes sociales del poder. Su sujeción política se conecta con la subordinación cultural y con su explotación económica a través del impuesto, la faena, la renta, el interés y los términos de intercambio desfavorables para el campesino ³”.

Incluso, la participación sostenida de los campesinos pobres y ricos en una rebelión es descartada por Wolf (1979a). Según él, el campesinado pobre o el jornalero sin tierra no tienen recursos suficientes para utilizarlos en la lucha por el poder. Es igualmente improbable que el campesino rico siga el camino de la rebelión, pues su poder local depende de sus nexos políticos y de sus buenas relaciones fuera de la comunidad. Wolf identifica entonces dos categorías de campesinos más proclives a participar en levantamientos populares. La primera de ellas es el campesinado medio que cuenta con acceso seguro a tierra propia. La segunda es el campesinado pobre y libre localizado en un área periférica fuera de los dominios del control terrateniente (Wolf, 1979a: 241).

Este último sector se aproxima a las características del campesinado cocalero que aquí nos ocupa, ubicado en áreas marginales de la amazonia colombiana, pero que contrario a esta tesis, no se constituye necesariamente en un elemento proclive a la revolución sino que, como veremos en la segunda parte de esta ficha, construye estatalidad y busca insertar su comunidad en el conjunto más amplio de la sociedad.

Desde la perspectiva de Wolf y de Shanin, la sociedad campesina y el Estado constituyen dos entidades completamente separadas la una de la otra. El Estado es un actor o un aparato claramente delimitado y situado fuera de la “comunidad”, que irrumpe en ésta rompiendo el orden social campesino. Al punto que los campesinos huyen de aquel elemento indeseado y ajeno llamado “el Estado”.

La mirada de estos académicos sobre la relación entre los campesinos y el Estado contrasta notablemente con la evidencia empírica recogida en una región de la amazonia colombiana donde los campesinos sí se vuelven constructores estatales.

La especificidad de los campesinos cocaleros

A nuestro modo de ver, el contraste en la relación con el Estado de los campesinos descritos por Wolf y Shanin y aquella que establecen los campesinos cocaleros radica en los distintos tipos de estructura social en la que unos y otros se insertan. Como bien lo reconoce Teodor Shanin, “la diversidad ilimitada de los campesinos en diversas aldeas, regiones, países y continentes hace espuria y engañosa toda generalización”. ⁴ En la misma dirección, Wolf subraya que “una tipología de campesinos debe incluir una tipología de las clases de comunidades en las que ellos viven” (Wolf, 1977: 25).

En su tipología Wolf distingue dos tipos de campesinos. El primero corresponde a los campesinos latinoamericanos de la alta montaña, especialmente de Perú y de México. Este tipo de campesino destina parte de la producción a la subsistencia y explota la tierra por medio de una tecnología tradicional, grandes esfuerzos físicos y trabajo manual. Se trata de una comunidad pobre.

El segundo tipo descrito por Wolf se refiere al campesino latinoamericano que se distribuye en las tierras húmedas de la baja montaña y las tierras bajas tropicales, especialmente del Brasil y de Puerto Rico. Este campesino surge en respuesta a la creciente demanda de cosechas para el mercado que acompañó el desarrollo del capitalismo europeo. Este tipo de campesino se integró a los mercados de la economía mundial a finales del siglo XIX y principios del XX, a través de productos como el banano, el cacao, el café o la caña de azúcar. Recibió la capitalización del exterior, pero sus cultivos eran de pequeña escala e intermitentes. (Wolf, 1977: 40-50).

Sin embargo, Wolf advierte que estos dos tipos de modelos analizados no agotan en modo alguno la variedad de segmentos campesinos que pueden encontrarse en América Latina, cuyos rasgos difieren notablemente de los ya descritos a causa de las diferentes maneras en que se integraron a la sociedad mayor.

La relación de los campesinos cocaleros con el Estado no puede entenderse si no se considera la especificidad de este tipo de campesinado y de la sociedad en la que se inserta. Se trata, primero, de campesinos-colonos que se encuentran en la frontera agrícola. Han sido desplazados de otras zonas del país y han vivido en un continuo éxodo. Han sido expulsados del área andina por el avance del latifundio y se han visto obligados a abrir nuevos frentes de colonización cada vez más distantes en la amazonia occidental colombiana. Se asientan en una sociedad de poblamiento reciente. Pueblan zonas inhóspitas y son atraídos por un cultivo permanente como la coca que garantiza comercialización e ingresos fijos.

En segundo lugar, se trata de un tipo de campesinado que se inserta de una manera desigual, marginal e ilegal a la economía mundial del narcotráfico. No se trata del campesino ya descrito por Wolf que se inserta a la economía mundial agro exportadora desde la marginalidad, sino que éste además lo hace desde la ilegalidad. No se trata tampoco del campesino que sólo produce para la subsistencia. Es un campesino que gracias al carácter ilegal de la coca, puede acceder a bienes de consumo suntuario.

Se trata también de un campesino que se establece en una sociedad rural de poblamiento reciente, la cual se transforma rápidamente con la bonanza producida por la masificación del cultivo y del procesamiento ilegal de la coca. Como veremos a continuación, el boom cocalero provocó la difusión de las relaciones de mercado y el advenimiento de una economía monetaria.

La construcción del Estado local en una región cocalera

La región objeto de nuestro estudio –Putumayo- está ubicada en la llanura amazónica colombiana, en la frontera internacional con Ecuador y Perú a través de los ríos Putumayo y San Miguel. Desde la década de los ochenta, el cultivo de la hoja de coca y el procesamiento de la pasta básica de cocaína han constituido los renglones principales de la economía regional. En el año 2000, la Policía Antinarcóticos de Colombia catalogó al Putumayo como el “núcleo de mayor producción de hoja de coca” con 56.800 hectáreas, lo que representaba cerca del 42% del total de áreas sembradas del país (Vargas, 2003). Los ingresos de la población rural de esta región han estado estrechamente asociados a dicha actividad ilegal. Al punto que el sociólogo colombiano William Ramírez Tobón sostuvo:

“En tales economías la casi totalidad de las gestiones económicas y sociales depende en alguna medida de que la cadena demanda-oferta de la droga no se altere de modo significativo, lo cual implica una serie de solidaridades –unas pocas explícitas, las más de ellas encubiertas-, de los sectores de población con las actividades ilegales (Ramírez, 1996: 59).”

Como tuvimos ocasión de comprobar durante el trabajo de campo, la economía de la coca no sólo ha favorecido a aquellos que se dedican a la siembra y al procesamiento inicial de la droga: también han sido bendecidos por la prosperidad de dicha actividad agrícola, los diezmos de los sacerdotes, las prebendas de los policías e incluso los impuestos municipales.

Sin embargo, como consecuencia de esta bonanza se ha desatado una dura guerra contra el narcotráfico en la región. El Putumayo ha sido objeto de las sucesivas políticas globales de lucha contra las drogas. El territorio ha sido considerado una zona especial de orden público, se ha incrementado la presencia policial y militar en el área y sus habitantes han sido objeto de un tratamiento delincuencial. En palabras de Ramírez Tobón, una manera de justificar este tratamiento ha sido “interiorizarle al país la imagen de un campesino criminal que cambia su vocación de siembra natural para el chontaduro, el caucho y el maíz, por el proditorio cultivo de la coca (1996: )”.

A esto se suma, la identificación que se ha hecho de los campesinos cocaleros con las FARC, insurgencia armada catalogada por los Estados Unidos y la Unión Europea como una agrupación terrorista. Dicha guerrilla lideró en 1996 una de las movilizaciones ciudadanas más grandes del país, en protesta a las fumigaciones de los cultivos ilícitos, a favor de la implementación de servicios públicos estatales (Ramírez, 2001). Todos estos hechos han contribuido a considerar al pequeño cultivador y procesador de hoja de coca como un “campesino ilícito”. ⁵ Esta representación de los habitantes de la amazonia ha legitimado las acciones militares y ha repercutido en un tratamiento delincuencial del agricultor que se ha visto sometido al desplazamiento forzado, al encarcelamiento y a la liquidación física, así como a la fumigación indiscriminada de cultivos legales e ilegales (Salgado, 2004).

Sin embargo, a pesar de su carácter ilegal, la coca no necesariamente ha fomentado el despliegue de las actividades de los pobladores a espaldas del Estado. Se puede incluso sostener que la producción de la droga ha constituido un poderoso motor de construcción de la institucionalidad estatal del orden local.

Prueba de ello es que durante el boom cocalero de los años ochenta y noventa se crearon varios municipios en el Putumayo. Y esto porque los pobladores buscaron traducir el auge económico derivado de la producción de la coca en un mayor reconocimiento político por parte del gobierno central. Una manera de lograr este objetivo era “elevar de categoría” sus aldeas –como ellos mismos lo indican- y convertirlas en municipios “legítimamente constituidos” con sus respectivas burocracias y autoridades.

Los líderes campesinos hicieron las gestiones ante el gobierno nacional para que los pequeños poblados ubicados en la amazonia colombiana fueran reconocidos como municipios. La población campesina de esta zona cocalera ocupó cargos públicos, constituyó alcaldías, aprendió las normatividades estatales, se dedicó a cobrar impuestos, nombró a sus dignatarios y vivió “la ambición de la política” –como ellos mismos lo dicen- cuando se introdujo la elección popular de alcaldes en Colombia (Torres, 2007).

En este caso, la construcción del Estado no se expandió desde el centro hacia la periferia, sino que los campesinos de las comunidades organizaron la construcción del Estado desde abajo. Los funcionarios públicos de las entidades político-territoriales recién constituidas no fueron enviados desde el centro político y administrativo del país, sino que esa tarea fue asumida por los campesinos desde las localidades marginadas. Las normatividades del Estado central fueron progresivamente adaptadas a la cultura popular de los campesinos.

Así las cosas, el Estado local se construyó a partir de la experiencia previa que tenían los líderes campesinos en la regulación de sus comunidades. Por lo tanto, el Estado local no aparece en esta región de la amazonía colombiana como un actor externo a la comunidad. Ni siquiera como una entidad plenamente separada de la sociedad campesina. El Estado local se constituyó sobre los lazos de sociabilidad primordiales propios de la comunidad como las lealtades, los vecinazgos y los compadrazgos.

Lo interesante de esto es que una actividad ilegal dinamizó la construcción del Estado local. La financiación del Estado a través de la recaudación de impuestos fue posible gracias a la acelerada monetización de la sociedad rural que provocó el boom cocalero.

Los campesinos cocaleros no se enfrentaron a un orden estatal previamente instituido, sino que crearon un orden político y social determinado en una sociedad regional de poblamiento reciente. Esta experiencia nos ofrece una perspectiva sobre la importancia de ampliar la mirada más allá de la sociedad civil “políticamente correcta” y considerar actores marginales e ilegales a la hora de analizar la contribución de determinados agentes en la gobernanza y en la regulación política y social de amplios territorios colombianos.