Resumen de las fichas

Con la primera ficha, se tomó como punto de base que fundamente solidamente el análisis, una precisión esencial, instrumental del concepto de Gobernanza. Seguidamente, se interrogó sobre las posibilidades e imposibilidades, los límites y potencialidades, de ese concepto en Venezuela como específica sociedad y Estado Nación, construidos de una particular manera histórica y social. Como contexto profundo en que surge y permite ser entendida la Asamblea Constituyente venezolana.

Muy esencialmente, se mostró que el concepto de Gobernanza no encuentra un consenso para su precisión, interpretación y uso, moviéndose en la práctica en un continuo qua va de un polo opuesto a otro. Sin embargo, su núcleo conceptual esencial resulta de hecho útil para el análisis de las especificas problemáticas y complejidades latinoamericanas en la búsqueda de modelos de regulación socio política, especialmente entre instituciones e interacciones de actores públicos y ciudadanos.

A partir de ello, pudo describirse el derrotero socio histórico en el cual los conceptos de democracia (en sentido formal, clásico) se gestaron en realidades particulares de Europa, que han devenido de hecho, por la situación de poder de este continente, en “universales”, y han sido tomados y aplicados en América Latina. La cual, al no contar con dinámicas socio históricas similares a las europeas, por el contrario, han generado inadecuaciones y tensiones permanentes de estos modelos de Gobernanza democráticos clásicos.

Fundamentalmente, se trata de la aparente y recurrente tensión dramática entre libertad (democrática, en ese sentido formal clásico) y justicia (social, económica, política y cultural), nacida con la creación misma de las repúblicas independientes, y permanente hasta hoy. Y a cuya base está el déficit de una ciudadanía realmente existente: formada, con habilidades, protagónica (como sí la hubo suficientemente en Europa). Muestra emblemática, aunque no única, de ello es el caso del pensamiento y drama de Simón Bolívar. Su propuesta de radical justicia social, que demandaba, en las condiciones propias del continente, un Estado fuerte, con un “presidente vitalicio”, en el llamado “Código Boliviano” de 1826 (En: Liévano Aguirre, Indalecio. Bolívar. Ediciones cultura hispánica. Madrid, España. 1983).

Su consonancia con el radical discurso de justicia social, que requiere también de la propuesta de “re elección presidencial indefinida”, del actual presidente venezolano, muestran la permanencia de esta tensión y este drama específicamente latinoamericano.

En la actualización y agudización de esas específicas tensiones, y como respuesta a una aguda crisis terminal de agotamiento del modelo de Gobernanza democrático formal, que privilegió la libertad (democrática clásica) sobre la justicia (social, económica, etc.), surgió el proceso constituyente venezolano de 1999. Así lo muestra el hecho paradojal de que la llamada “cuarta república”, el modelo de Gobernanza democrático venezolano, era considerada como un loable modelo democrático, en medio de un continente con varios países con inestabilidad política o dictaduras militares, pero percibida con creciente descrédito y finalmente ira en el plano interno.

En la segunda ficha, se describieron y analizaron los antecedentes, desarrollo, actores, estructura y significados de la Asamblea Constituyente venezolana para la teoría y la práctica de la Gobernanza, tanto en su dimensión de respuesta al agotamiento y crisis terminal del modelo de Gobernanza democrático formal clásico, llamado “cuarta república” o “puntofijista”, como en su dimensión de proceso generador de un nuevo modelo de Gobernanza, llamado “quinta república”, “revolución bolivariana” o de construcción del “socialismo del siglo XXI”.

Siguiendo el andamiaje conceptual antes descrito, claramente, más allá de matices y complejidades, se trata de una búsqueda de nueva Gobernanza que pasa del énfasis anterior, puesto en la libertad formal democrática, a uno nuevo, puesto en la justicia social, justamente como condición e indicador de auténtica democracia. De la exclusión de hecho de amplios sectores, a su inclusión creciente como actores protagónicos de la regulación entre actores públicos y civiles, teniendo como eje una amplia y profunda re distribución de la riqueza.

Sin embargo, el proceso constituyente venezolano muestra una paradoja sorprendente. Mientras es un caso notable de búsqueda de participación ciudadana y de ciudadanización, amplio y extendido, que ha generado un orden jurídico de avanzada universal en este tema (ver ficha sobre la Constitución venezolana), es simultáneamente un proceso marcado por la influencia crucial, decisiva de una sola persona: el presidente Hugo Chávez. Y en esta paradoja se juega buena parte de la tensión dramática entre democracia (clásicamente entendida) y justicia.

Ciertamente, Chávez es la expresión de una necesidad, encarna una función: la del liderazgo. Necesidad y función que se muestra insoslayable y permanente en América Latina. En parte, por razones estructurales, la intensa, extendida y creciente diversidad interna de las sociedades latinoamericanas (étnica, de clase, socio profesional, urbano rural, generacional, de identidad, etc.), la “multitud” como la llaman algunos investigadores. El liderazgo es el eje visible y articulador de esa diversidad, para hacerla operante en la práctica, en torno a un programa e ideario que el liderazgo encarna.

En parte también -y aquí se expresa la tensión dramática- la paradoja obedece a que el liderazgo es una necesidad para avanzar a la construcción de una nueva Gobernanza, justa, incluyente, supliendo el déficit ciudadano. Se trata de hecho de la necesidad de amplios sectores de un urgente proceso de inclusión, de justicia, pero para el cual no cuentan con una ciudadanía desarrollada, histórica, largamente formada (como en Europa), por lo cual, de hecho, “depositan su confianza” en el liderazgo para conducir y esclarecer el tránsito por las transformaciones.

De ahí que, junto a la redistribución de la riqueza, el proceso revolucionario venezolano empuje fuertemente, sobre todo, a través de la institucionalidad y las “misiones sociales”, la formación sobre la marcha de una ciudadanía realmente existente, que dé base sólida al proceso de construcción de la nueva gobernanza. En el delicado equilibrio de estas dimensiones se juega buena parte del éxito o fracaso de esta apuesta de construcción.

Con la tercera ficha, se revisó y analizó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), como el crucial instrumento normativo y programático para la Gobernanza, emanado de la Asamblea Constituyente venezolana de 1999. Siendo de hecho el andamiaje institucional por donde se han enmarcado todos los procesos y dinámicas posteriores hasta hoy, de las regulaciones entre Estado y ciudadanía, aún y a pesar de una aguda polarización y conflictividad entre partidarios y opositores al proceso de reformas y el gobierno.

Salvedad hecha de las limitaciones y obstáculos que la CRBV encuentra para su aplicación plena, especialmente en la nueva institucionalidad de Gobernanza que establece, debido justamente al crucial déficit ciudadano de arrastre socio histórico, antes comentado, constituye un notable instrumento normativo (el deber ser), programático para una nueva Gobernanza. Por ello, se realizó un análisis descriptivo de algunos de sus principales contenidos en ese sentido, en directa relación con algunas de las principales temáticas sociales y ciudadanas de América Latina: participación, pueblos indígenas, Derechos Humanos y Económicos sociales y culturales, unidad latinoamericana, entre otros.

Con las fichas cuarta y quinta, se entregó, a través de entrevistas, la visión del proceso constituyente de dos actores protagónicos del mismo, en su calidad de asambleístas de la constituyente de 1999, cada uno ubicado en el polo político opuesto, como opositor y partidario del presidente Chávez y el proceso mismo de reformas iniciado con la Asamblea Constituyente.

A través de sus dichos se analizó la doble dimensión involucrada en la búsqueda y construcción de la Gobernanza: “subjetiva”, donde el individuo internaliza significados y desarrolla sentidos de lo que es y debe ser lo social, y su propia acción en ella; y “colectiva”, en que la interacción conjunta, activa y reflexiva, con los otros, los miembros de la comunidad política, retroalimenta esos sentidos confirmándolos o modificándolos, por el doble proceso que se da, tanto en el seno de colectividades afines, como en el enfrentamiento con colectividades de orientación diferente o adversas.

Ambos resultan una fuente directa fundamental que permite comprender en qué formas y grados este proceso de Asamblea implica una reformulación de la Gobernanza como programa (normativa) y como práctica concreta (descriptiva), al menos para una de las partes involucradas en los debates y conflictos.

Paradojalmente, aunque sus visiones al respecto son diametralmente opuestas, pasando de la visión y valoración esencialmente positiva, refundacional e históricamente necesaria de uno, a la del otro, centrada en el carácter absolutamente inútil y perjudicial del proceso constituyente; ambas se complementan y resultan coherentes con la tensión dramática, específicamente latinoamericana, de la Gobernanza, tratada en las fichas anteriores, puesto que representan cada uno, en forma nítida, extrema, el énfasis en cada uno de los términos de esta tensión: la justicia (social, etc., como indicador de auténtica democracia) y la libertad (formal democrática clásica), respectivamente.

Análisis e ideas para la reflexión

Existen de hecho diversas interpretaciones y usos del concepto de Gobernanza en América Latina, que van desde las que la ven como sustentabilidad al orden excluyente neoliberal, a través de la cooptación de los actores sociales a las dinámicas del mercado y los poderes fácticos financieros, etc., que los digitan; hasta, en otros, por el contrario, como posibilidad de que en un juego mínimamente justo, estos poderes y dinámicas puedan ser contrarrestados a favor de los intereses de las mayorías, expresados dentro de un marco auténticamente democrático.

Más allá de ellas y reconociéndolas en tanto tales, el andamiaje conceptual esencial de la Gobernanza (como el proceso de hecho por el cual los diversos actores sociales de una sociedad dada interactúan y definen, finalmente, de una u otra forma, el orden y la convivencia social) resulta útil para entender y analizar las problemáticas recurrentes de Gobernanza en la región en general y Venezuela en particular.

Claramente, el modelo de Gobernanza con énfasis en la institucionalidad formal democrática clásica aparece agotado o en crisis en América Latina, como modelo de Gobernanza excluyente e injusto social, económica, política, cultural y ambientalmente; y Venezuela ha sido un primer y paradigmático caso de ello. Frente a lo cual, y a partir del proceso venezolano, resurge con fuerza la búsqueda y construcción de una gobernanza que se mide en indicadores concretos, justamente de inclusión y justicia, sin los cuales, la Gobernanza es percibida como un discurso sospechoso.

Sin embargo, la persistencia de un liderazgo fuerte, hasta excesivamente protagónico, asociado a instituciones que violentan el concepto hegemónico y legitimado de democracia clásica, tales como la re elección presidencial indefinida, y que responden a la función decisiva del liderazgo para la articulación de una diversidad socio política y cultural creciente, y, sobre todo, para suplir (por medio de la confianza popular en el liderazgo para empujar un programa incluyente y justo) el crucial déficit ciudadano, de arrastre socio histórico; muestra las grandes limitaciones y delicados equilibrios del proceso.

Se trata de dos desafíos conjuntos y de importancia crucial. Uno, el de pasar de una institucional avanzada, que brindó la Constituyente, pero sin mecanismos concretos, a una nueva y superior institucionalidad que entregue los mecanismos concretos y la autoridad legal para hacer de las organizaciones del pueblo, la sociedad civil, los verdaderos y concretos decisores en el aparato de Estado. El otro, el de desarrollar la conciencia y las capacidades de este mismo pueblo para hacer posible esto, para que se hagan cargo y usen estos mecanismos; en suma, para habilitarlos como ciudadanía realmente existente, protagónica. Ambas cosas son cruciales y deben empujarse juntas; sólo así será posible una auténtica Gobernanza, donde Estado y sociedad civil tengan una relación profunda y permanentemente democrática.

Esto encuentra limitantes estructurales, históricas, de carácter cultural y por tanto muy difíciles de erradicar, tales como la corrupción, sobre todo de los estamentos públicos, pero que alcanza a muchos sectores sociales; la mentalidad rentista, provocada por la economía mono dependiente del petróleo, que traba a veces los esfuerzos por diversificar y hacer más productiva la economía que se están llevando adelante; también la mentalidad burocrática que se infiltra en las propias fuerzas revolucionarias que empujan el proceso y que van poniendo cortapisas a las medidas para un efectivo protagonismo popular.

A ellas se suman obstáculos y riesgos adicionales, tales como la alta polarización y conflictividad social y política, cuyo extremo está representado por una feroz y poderosa oposición interna e internacional, por parte de sectores comprometidos con el anterior modelo de Gobernanza.

Estas características y dinámicas fundamentales aparecen, además, como propias de toda la región latinoamericana, aunque con diversas adaptaciones, formas y grados en cada realidad nacional. Por lo que la Constituyente venezolana se constituye como un precedente paradigmático del uso de espacios institucionales para reformar las relaciones y las instituciones de la sociedad, en el marco de crisis de hondas raíces y agotamiento del anterior modelo de Gobernanza, que aparece como un proceso imprescindible, y todavía incompleto, pero en desarrollo hacia una visión normativa de la Gobernanza, es decir, hacia lo que debiera ser para realizar prácticamente la participación ciudadana y la justicia social.

Finalmente, cabe señalar que aparece confirmada la encrucijada específica y permanente de la Gobernanza en América Latina, donde las limitaciones de participación política democrática aparecen profundamente vinculadas, por un lado, a la existencia de desigualdades socioeconómicas; y, por otro, a las todavía insuficientes capacidades propias de la sociedad civil, producto de su histórica condición de marginación, para convertirse en una ciudadanía efectiva y realmente existente, es decir, conciente, organizada y protagónica.

De este modo, un análisis sistemático de la Asamblea Constituyente de Venezuela en 1999, ha sido tomado como dispositivo para examinar las interacciones del proceso constituyente con determinados modelos de Gobernanza, especialmente su influencia sobre la evolución de las instituciones venezolanas y sobre la interacción entre responsables políticos (públicos) y los ciudadanos (sociedad civil).