La entrada conceptual

El griego Protagóras, hace ya más de 25 siglos, constataba un hecho esencial: es el ser humano el que le pone nombre a las cosas (también el que las mide)¹. A partir del cual, se hace evidente que los conceptos son construcciones o convenciones, impuestas por su fuerza explicativa (el grado en que los argumentos que los sustentan permiten explicar la realidad y dar sentido a la acción), su utilidad (para algún interés o intencionalidad), o el poder (cultural, político, económico) que lo respalda o impone.

Un ejemplo emblemático y actual de estas dinámicas y complejidades conceptuales es el de “Gobernanza”. Un concepto en boga, usado por diversos actores, con diversas intencionalidades y usos. Desde el Banco Mundial, hasta sectores de la izquierda progresista. Conviene entonces reflexionar sobre estos usos y convenciones, antes de entrar en el análisis de ella en el proceso constituyente de Venezuela.

Con raíces etimológicas que se rastrean hasta la Grecia clásica antigua, latinas de la Edad Media, francesas e inglesas del siglo XIV, alude esencialmente a la idea del gobierno, pero entendido en dos formas:

a)Objetivamente: Integral o ampliamente, como la sumatoria o el conjunto total de todos los actores, procesos y dinámicas (interacciones y variables) que conforman finalmente un orden político social.

b)Normativamente (“lo que debiera ser”): Buen Gobierno, legítimo, sustentable, base de desarrollo, prosperidad, etc. Esto presupone la posibilidad de una mala gobernanza.

Suele confundirse y conviene distinguirlo de “Gobernabilidad”, como lo fundamenta el IRG / FLAG: “Los dos términos se usan muy a menudo indistintamente en el ámbito de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales. Sin embargo, se refieren a realidades distintas. Por eso es importante diferenciar con atención estos dos conceptos que, aunque son complementarios, no tienen el mismo significado”².

“Gobernabilidad” es la capacidad o habilidad de gobernar, que pone énfasis en el “orden”, la “estabilidad”, etc. Mientras esta “capacidad” radica en el hecho de que se pueda administrar ordenadamente algo, la Gobernanza refiere a “procesos” de interacciones y actores diversos, y considera el resultado del proceso³.

Se trata entonces de un concepto del orden político como proceso integral, en que el Gobierno se entiende de manera “relacional”, o de redes, donde el gobierno, como pura administración estatal, encuentra legitimidad y eficiencia en sus interacciones y dinámicas con los demás actores no estatales, denominados genéricamente como sociedad civil.

Y es, justamente en esa dimensión, donde se genera una complejidad crucial y problemática. Ya que esta “sociedad civil” está internamente diferenciada, y aún contrapuesta, desde los actores sociales excluidos, hasta los poderes fácticos (que ejercen su capacidad de imponer su voluntad ilegítima o ilegalmente) empresariales, comunicacionales, etc.

En la práctica, se trata de un continuo en el que se mueven, con diversa forma y grado, los disímiles significados, usos y sentidos de “Gobernanza”.

En los extremos de este continuo, algunos defienden el uso y utilidad metodológica del concepto porque pone el énfasis en las interacciones público - civiles, entregando más protagonismo a la sociedad civil que el concepto anterior de “gobierno” o “gobernabilidad” a secas, y que entraña un lenguaje y unas categorías neutras, más objetivas para describir y analizar esas interacciones y sus posibilidades. Más aún, cuando se asocia estrechamente a la dimensión normativa de una “buena gobernanza”, entendida como participativa en lo político y justa en lo social y económico. En el extremo opuesto, hay quienes ven en ello un lenguaje aséptico, que evita pronunciarse, y en esa medida ayuda a solapar y legitimar, los poderes fácticos (ilegítimos o ilegales), las exclusiones y conflictos de clase, étnicos, etc.

Con todo, desde el ángulo analítico, el núcleo esencial y básico del concepto: la relación entre Estado y Gobierno, por un lado, y sociedad civil (pueblos), por otro, a través de las reglas, regulaciones y éticas definidas y en juego, es un dispositivo ineludible y útil para abordar los problemas y urgencias actuales.

En América Latina, posibilita reconstruir las complejas crisis que la Gobernanza muestra recurrentemente a lo largo prácticamente de toda la existencia de las repúblicas. Ellas contextualizan profundamente y dan especificidad a la aguda crisis de Gobernanza en Venezuela que llevó al proceso de Asamblea Constituyente en 1999.

La problematización del concepto en América Latina

Las profundas crisis estructurales y de sentido que agrietan el orden capitalista neoliberal, en diversos grados y formas, en todo el continente, encuentran su expresión y epicentro en la aguda cuestión de la “democracia”. Es la palabra común y al mismo tiempo en disputa. El santo y seña de quienes se oponen ferozmente a los cambios y de quienes los promueven.

Tanto en Bolivia, Ecuador y, sobre todo Venezuela, con más intensidad, pero en todos los demás países también, con diversas formas y grados, se resumen los choques y enfrentamientos sociales, económicos y políticos en la concepción, forma y sentido de este viejo sistema de representación, reputado e instalado consensuadamente como el mejor y más deseable, pero cuyo exacto contenido se vuelve ahora una acuciante encrucijada que desata conflictos, incertidumbres y temores.

Las Asambleas Constituyentes de Bolivia y Ecuador son consideradas por algunos el parto de una auténtica democracia hasta ahora negada bajo las elites políticas y los poderes fácticos extranjeros y locales. Para otros, paradojalmente, mecanismos “populistas” para destruirla e imponer regímenes autoritarios.

Los poderes excepcionales otorgados en Venezuela al presidente Chávez, y la re elección indefinida que mantiene como objetivo (a pesar de su transitoria derrota plebiscitaria), hacen a muchos dudar si ello es o no democrático. Y estos son solo los casos más notorios de una crisis y encrucijada cuyas expresiones recorren a diverso ritmo y forma todos los países de la región.

El escenario común a la generalidad de los países, muy esencialmente hablando, puede describirse como una objetiva y evidente crisis institucional, y sociopolítica (aunque a diferentes formas y grados en cada país). Crisis de los sistemas sociopolíticos de regulación democrática.

Con oligarquías que, de hecho, a nombre de la democracia, mantienen la terca supremacía política, cultural y económica de ciertos sectores sociales sobre todos los demás (pueblos indígenas, pobres, trabajadores, informales, campesinos, etc.) y contra el medio ambiente. Los partidos políticos y aún las instituciones estatales son percibidos como agentes al servicio de este sistema de exclusiones e iniquidades, o en procesos de corrupción galopantes. Estructuras de gobierno centralistas mantienen la supremacía de ciertas ciudades y/o regiones en desmedro del campo o las provincias. Los medios de comunicación masivos están sometidos de hecho al monopolio y control por parte de estos mismos poderes. Los sectores empresariales, las instituciones religiosas y militares (aunque surgen contra tendencias) tienden a ser vistas carentes de credibilidad o como parte de los poderes fácticos beneficiarios y sostenedores del orden excluyente.

En suma, se trata de una crisis de las regulaciones, reglas y ética compartida en que se juegan las interacciones de todos los actores sociales, civiles y públicos. En una palabra, de la “Gobernanza”.

De esta manera, toda reflexión seria sobre la Gobernanza en la región debe partir de un hecho básico, fundamental. Que los sistemas formales democráticos, de hecho, no han logrado incluir y entregar real ciudadanía e igualdad de derechos a las grandes mayorías y de que éstas están llegando a la conclusión de que eso tiene que ver justamente con las “formas” democráticas. Que las desigualdades, injusticias y exclusiones no son ajenas, por el contrario, a estas instituciones formales “democráticas”. Que no se puede cambiar las injusticias, exclusiones y desigualdades, sin cambiar para ello las instituciones formales democráticas hasta ahora vigentes.

Tras dos siglos de independencia, y dos décadas de “retorno democrático” (tras las dictaduras de los 1970’ a 1980’), la bandera de la “democracia”, formal, representativa, centrada en las elecciones periódicas, parece de hecho indisoluble a los ojos de las grandes mayorías como un sistema instrumental a la mantención de los privilegios de unos pocos sobre la exclusión y negación de derechos de amplias mayorías. Incluso de la desnacionalización y pérdida de soberanía de los países en conjunto.

Esta mutua interacción casual entre democracia formal representativa y exclusión y pobreza de amplias mayorías, y el surgimiento de movimientos de búsqueda de rupturas para abrir nuevas formas democráticas que sí permitan la justicia social, la describe con acierto un analista: “…privados de sus palancas de acción económica (moneda, recursos naturales, presupuesto)…En Bolivia…el Estado empobrecido se volvió incapaz de garantizar funciones administrativas tan importantes como el catastro y el registro civil…el apartheid social oculta un apartheid étnico pues la mayoría india de la población (65%) la que vive en la pobreza y en la economía de supervivencia…La ausencia de cambio político durante las alternancias electorales y la imagen de una colusión general de los partidos para llevar a cabo los mismos programas han provocado el surgimiento de los nuevos movimientos sociales de masas”⁴.

Justicia y Democracia. Una tensión dramática en América Latina

El mariscal José Sucre, jefe patriota en la batalla de Ayacucho, que expulsó definitivamente al dominio colonial español de América Latina, escribía, en una carta a Simón Bolívar: “Cuando la América ha derramado su sangre por afianzar la libertad, entendió también que lo hacía por la justicia, compañera inseparable la justicia de la libertad. Sin el goce absoluto de ambas: libertad y justicia, habría sido inútil la emancipación”⁵. En sus palabras refleja en estado originario, apenas lograda la independencia del continente, una encrucijada permanente y dramática de nuestros sistemas sociopolíticos.

América Latina parece no poder escapar de una tensión dramática y muchas veces traumática: al parecer no logran ser compatibles la justicia (social, económica, política, ambiental y cultural) y el sistema democrático (tal como lo entendemos clásicamente). “El pan y la libertad”, como lo señalaron metafóricamente desde Raúl Haya de la Torre, fundador del aprismo peruano,⁶ hasta la Democracia Cristiana chilena. Y el concepto de “Gobernanza” resulta útil para desentrañar y entender el por qué de este sino.

Si el concepto de “Gobernanza” tiene a su base y entraña el supuesto de una “sociedad civil”, en el claro sentido de un pueblo organizado, activo, protagónico, en una palabra: ciudadano, cabe preguntarse por este supuesto en la específica realidad latinoamericana.

Es un hecho que las categorías políticas democráticas hegemónicas en el ideario y discurso actual, surgieron de la realidad europea, en ascenso desde el siglo XV en adelante. Allí, tras una evolución natural, a partir de la formación de las ciudades en las entrañas de la edad feudal, y tras un proceso de al menos diez siglos, se formaron amplios sectores con la experiencia, los conocimientos y destrezas propias de la acción y participación política comunitaria organizada, es decir, ciudadanos, que cuentan con un andamiaje categórico y simbólico democrático propio, surgido naturalmente de sus propios procesos evolutivos históricos.

En la específica historicidad de la región latinoamericana, por el contrario, el proceso fue muy distintio. Al margen del proceso europeo occidental, en lo que fue su propia evolución natural histórica, sí existió una rica sociedad civil, propia, auténtica, auto generada de sus propias condiciones históricas: las comunidades y pueblos indígenas. Desde la mirada del poder conquistador y colonial europeo, sin embargo, fue clasificada, sin apelación, como “barbarie”, “salvajismo”, “incivilización”, en el mejor de los casos, como “comunidad primitiva” o “modo de producción asiático”. Sobre esa negación, se construyó el totalitario Estado colonial, sin y contra esa sociedad civil pre existente.

El Estado nació así en América Latina, con una herencia persistente hasta hoy: la de ente negador, excluyente y subordinador de la sociedad civil. Del etnocidio indígena y afro descendiente, pasó casi naturalmente a la exclusión, subordinación, y represión, si hacía falta, de los pobres en todas sus variantes, a lo largo de los siglos XIX y XX.

Llegada la revolución de independencia, el ideario “liberal” europeo, con sus categorías ciudadanas, y sus supuestos, coincidió plenamente con los anhelos de terminar con la odiosa herencia de castas, dejada por los procesos de conquista y colonia, y extendidos, bajo nuevas formas, en las repúblicas.

Sin embargo, el ideario igualitario liberal y democrático de las elites que finalmente usufructuaron de la independencia de España (derrotando a la primera generación bolivariana), se limitaba sólo a la formalidad institucional, esencialmente, las elecciones periódicas y la alternancia en el poder. Incluso la ficción de igualdad puramente legal, expresada en medidas como el término de la esclavitud, los derechos civiles de las mujeres y de los pobres, demorarían muchas décadas y sólo muy tardía, y dificultosamente, serían alcanzadas. La pura ficción legal igualitaria y democrática, allí donde se consiguió, no sólo mostró su incapacidad de resolver las profundas y desgarradoras desigualdades estructurales, de carácter económico, político y cultural, sino que además las agravaba, encubriéndolas y legitimándolas.

La democracia en la región ha sido entonces formal y discursivamente “europea”, es decir, clásica, reproductora del modelo hegemónico legitimado (hasta ahora), pero cargó con la misma herencia, bajo nuevas formas, del viejo Estado colonial: la injusticia y exclusión social de amplias mayorías⁷.

La insuficiencia de sociedad civil

A la base de esta incapacidad de que la democracia política se tradujera en democracia social y cultural, estaba un desfase contextual enorme con la realidad europea. Mientras en el viejo continente, la democracia fue usada por mayorías ciudadanizadas⁸, a lo largo de siglos (precisamente, las ciudades europeas tienen siglos de existencia con su rica experiencia comunitaria, al margen y contra el poder feudal medieval), en América Latina, en un circulo vicioso sin salida de continuidad, grandes mayorías excluidas de las condiciones y experiencias básicas ciudadanizadoras (con solo muy recientes procesos urbanizadores, de alfabetismo, etc.), fueron la base para que elites que monopolizaban estos insumos, destrezas, experiencias y poder, usaran la democracia política como mecanismo de mantención de las exclusiones y desigualdades estructurales.

He ahí el núcleo esencial, el drama, de la tensión permanente, a veces traumática, de la democracia y la justicia en el continente, que tan tempranamente señalara Sucre (ver nota N° 5).

El déficit ciudadano

De tal forma que, en la historicidad propia de América latina ha sido crucial un déficit transversal a la historia humana: para la inmensa mayoría de la humanidad, para miles de millones de personas en el mundo, el hombre y la mujer común, en su vida diaria, el concepto de “ciudadanía”, aún los mismos derechos ciudadanos, las normas, las Cartas Internacionales, las reflexiones y tomas de conciencia que implican, les son lejanas, difíciles de comprender o simplemente ajenas.

La pensadora alemana Hanna Arendt, entre otros autores, señaló con particular claridad esta dualidad tempranamente presente en la arquetípica democracia de la Grecia clásica, distinguiendo en ella dos órdenes de vida, uno privado, de lo doméstico, de atención a las necesidades de la vida diaria; otro, el de lo público, la preocupación superior, más allá de la mera exigencia de sobrevivir biológicamente, por el Estado y sus asuntos, por la Polis. Sólo quienes tenían los medios, tanto económicos, como culturales, suficientes podían acceder al segundo orden superior, el de la “ciudadanía”, una verdadera segunda vida, más plena, más humana, más trascendente de la naturaleza animal básica que ata a las necesidades⁹. En el caso de la Polis griega, la minoría; ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros podían hacerlo y, probablemente, salvo muy pocas excepciones, dadas sus condiciones sociales, tampoco entendían siquiera su propia exclusión.

En América Latina, ha sido este el drama de nacimiento de las repúblicas, como lo señalara tempranamente el precursor de un pensamiento revolucionario propio latinoamericano y maestro del Libertador Bolívar, Simón Rodríguez, quien va más lejos aún, aclarando que no se trata de mera “instrucción” técnica o “letrada”, sino de, precisamente, ciudadanizar, formar miembros de la sociedad capaces, participativos, críticos, responsables: {“El poder de los Congresos está en razón del saber de sus pueblos. Para entender a sus representantes el pueblo tiene que poseer un mínimo de nivel de conocimientos para entenderlos…porque la ignorancia es la causa de todos los males que el hombre se hace, y hace a otros… El mal de América es inveterado, tres siglos de ignorancia y de Abandono en el Pueblo, y de Indiferencia en el Gobierno, dan mucho que hacer hoy, a los que emprenden instruir, animar y poner en actividad. De todos los obstáculos que tienen que remover, la APATÍA es la mayor…Los Pueblos…Si el señor les permitía hacer algo, estaba bueno, si lo prohibía, estaba bueno también, y si no les decía nada, estaba mejor, porque tenían menos que pensar…ni el pueblo tiene la culpa de ser ignorante y pobre…ni el Congreso la tiene de no poder hacer el bien que desea…y el Presidente la tiene menos de no poder ejecutar órdenes que no tienen sobre que recaer, o recaen mal…

Todas las faltas pueden reducirse a una, diciendo:

El lugar de las instituciones

ES LA OPINIÓN PÚBLICA

Esta está por formar.

Está muy bien que los jóvenes se instruyan: pero…en lo necesario primero ¿Qué saben y qué tienen los jóvenes americanos? Sabrán muchas cosas, pero no vivir en repúblicas…Nada importa como tener Pueblo: formarlo debe ser la única ocupación de los que se apersonan por la causa social…No esperen de los Colegios lo que no pueden dar…están haciendo letrados…no esperen ciudadanos…”}¹⁰.

Hoy, tras 25 siglos, desde la Grecia clásica y 2 siglos desde la independencia del poder colonial español, aquel desgarramiento de la humanidad parece haber triunfado aún sobre los esfuerzos por superarlo. Así lo muestra la existencia de miles de millones de seres humanos, atrapados, por decirlo así, en las urgencias de la vida cotidiana que les ha tocado llevar; sin, o con escasos, elementos de formación educacional y cultural; limitados sus horizontes y preocupaciones de reflexión a lo más básico y funcional de la sobrevivencia, en el mejor de los casos, a aumentar su consumo de bienes y servicios; expuestos del todo a las maquinarias publicitarias gigantes, trivializadoras y banalizadoras de las problemáticas sociales. No logran conocer o entender los mensajes de reflexión profunda y cambio ético de las grandes reflexiones ciudadanas. Otros, que las entienden, desesperan y no tienen confianza en que sus cumplimientos sean posibles, en razón de una visión pesimista y fatalista del ser humano¹¹.

Esta brecha, a veces un abismo, entre las minorías ciudadanas activas y altamente capacitadas en la reflexión, por un lado, y las inmensas mayorías alejadas o impedidas por sus condicionamientos sociales para conocer, entender y participar de esa reflexión, por otro, es la que está en la base esencial del difícil problema de construir ordenes sociales más humanos, más igualitarios y respetuosos, con auténtica democracia y participación, y resulta crucial en América Latina.

De ahí la recurrente aparición, en esta región, de proyectos políticos que, buscando la justicia social y la inclusión, aparentemente, sacrifican la democracia, al menos en la medida de la democracia clásica. Como es, justamente, el caso emblemático de la Venezuela actual. Cuyas condicionantes se remontan, precisamente, a la experiencia de Simón Bolívar, el cual ve tempranamente en la realidad propia de la región, la necesidad de Estados fuertes y activos para frenar los poderes fácticos, tanto externos como internos, que, de hecho, impiden toda igualdad real para los pueblos, culturas, estratos y clases que sistémica o estructuralmente sufren relaciones inequitativas de dominación, explotación y exclusión.

De allí su necesidad, conciente y explícita,¹² de abandonar la formalidad democrática “clásica” europea para encontrar modos de regulación y Gobernanza, necesariamente inéditos, para ser adecuados a esta realidad única: “…se equivocan los constructores de repúblicas aéreas” (1815). “No detengamos la marcha del género humano con instituciones que son exóticas…en la tierra virgen de América” (1822). “¿No dice el espíritu de las leyes que estas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿que es una gran casualidad que las de una Nación puedan convenir a otras? Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte… que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos… ¡He aquí el código que debemos consultar y no el de Washington!” (1819)¹³.

Su propuesta de un “Presidente Vitalicio” en el proyecto de Constitución Boliviana de 1826, por ejemplo, es un caso emblemático de este derrotero, cuya permanencia puede vislumbrarse, si lo comparamos a la “re elección indefinida” postulada por el actual Presidente venezolano, quien es, precisamente, “bolivariano”.

La presidencia vitalicia y otras propuestas de índole similar, que parecían violentar la libertad ciudadana, respondían a la visión de Bolívar de que el atraso y la negación secular de las castas pobres, la mayoría de la población, “la sociedad civil”, les impediría ser ciudadanos válidos y terminarían, de hecho, subordinados y explotados a manos de las oligarquías “democráticas”. A menos, precisamente, que hubiera instituciones –como la dicha y otras similares- que, desde un Estado fuerte (“las minas de cualquier clase pertenecen a la república…” 1829), frenaran a esa oligarquía e hicieran valer los derechos y un proceso “ciudadanizador” de esas mayorías negadas y excluidas.

Mientras en Europa y EE.UU. la democracia liberal, con ausencia de Estado fuerte, era garantía para una masa de ciudadanos educados y en ascenso pujante, en América Latina el mismo modelo, sin modificaciones, era, de hecho, el juego formal donde los poderes fácticos subordinarían y explotarían a su antojo a las mayorías pobres y excluidas, por tanto, atrasadas cultural y políticamente. ”…la libertad y las garantías son sólo para aquellos hombres y para los ricos, y nunca para los pueblos…aunque hablan de libertad y de garantías es para ellos sólo para lo que las quieren y no para el pueblo que, según ellos, debe continuar bajo su opresión… revocando desde la esclavitud para abajo todos los privilegios…he conservado intacta la ley de las leyes: la igualdad. Sin ella perecen todas las garantías, todos los derechos” (1824).

Que la resolución de esta tensión entre justicia y democracia no encuentra soluciones fáciles, se hace evidente si recordamos que el parangón formal para comparar el grado de libertad de la institucionalidad de Bolívar era siempre el modelo euro norteamericano, especialmente la muy admirada en la época Constitución norteamericana. Tenida por prototipo indiscutido de “libertad y democracia” por toda la intelectualidad progresista europea, y claro está, la naciente “inteligencia” latinoamericana, a pesar de que en el mismo momento mantenía la esclavitud legal de los afro americanos y el etnocidio de sus pueblos indígenas.

Por contraste, fueron los “demócratas” acusadores del “autoritario” Bolívar los que mantuvieron 33 años más la esclavitud; y frustraron por otros 200 años el reconocimiento a la propiedad de sus “tierras de asiento y trabajo” a los pueblos indígenas, decretados por Bolívar (Decretos Agrarios. Bolivia. 1825).

Bolívar y la primera generación de revolucionarios patriotas impulsores de un “camino propio” para la regulación y Gobernanza continental (el “Incanato de Colombia” de Francisco Miranda en 1799, la “Liga Federal de Repúblicas Orientales” de José Artigas en 1813, o el “Incanato Sudamericano” del Congreso Revolucionario de Tucumán, Argentina en 1816,¹⁴ por ejemplo), fueron derrotados y terminaron en la miseria, el olvido, la calumnia, el asesinato o el exilio. Exterminio físico y, sobre todo, simbólico, a través de su silenciamiento historiográfico y reflexivo, sobre cuya base, se impuso la “democracia”, en sentido clásico, de modelo europeo, perdiéndose, de hecho, la justicia.

Manuela Sáenz, la precursora patriota, que alcanzó el grado de coronela de húsares por su valor en la batalla de Ayacucho; el genial maestro de Bolívar, Simón Rodríguez; el poeta, diplomático y guerrillero cubano de la independencia, José Martí, el peruano Raúl haya de la Torre, entre innumerables otros, reconocerán permanentemente las mismas encrucijadas y tensiones, llegando a similares conclusiones.

Y no es casual que la ideología fundamental del actual proceso de transformaciones venezolano recupere a sus pensadores originarios y su legado de creación inédita y propia, diferente a los modelos y categorías clásicas hegemónicas de democracia. Se trata del denominado oficialmente “árbol de las tres raíces”, en alusión al pensamiento de Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, elaborado por el movimiento original de Hugo Chávez y otros oficiales del ejército en la década de 1980’ (el Movimiento Revolucionario Bolivariano – 200).¹⁵

La pregunta crucial

¿Es posible la construcción de una regulación armónica entre estado y sociedad civil? ¿Pueden alcanzarse conjuntamente justicia social y democracia en América Latina?

La respuesta remite necesariamente a la existencia de una suficiente sociedad civil, una ciudadanía realmente existente, organizada, activa, protagónica. Condición fundamental para alcanzar una auténtica Gobernanza, donde al término del Estado, se sume efectivamente, en la ecuación de la regulación, el de la sociedad civil.

La Constituyente venezolana es el último intento, inaugural y paradigmático de la actual etapa, de responder a estas preguntas y tensiones que han sido permanentes en la región.