En el octavo piso del céntrico edificio corporativo del Colegio de Profesores de Chile, nos reunimos con Jorge Pavez, quien fuera su presidente durante 12 años.

Son días revueltos, la semana anterior a esta entrevista hubo elecciones generales para elegir a la directiva por los siguientes tres años, continúan los conteos, aunque ya queda claro que Pavez ha obtenido el puesto de tesorero, poniendo fin a la presidencia de un rostro histórico del Colegio de Profesores que comenzó representando al Partido Comunista en un principio y del cual se desvinculó en el camino.

Durante los 12 años que estuvo al frente del colegio, Pavez fue participe u observador de una serie de cambios referidos a la educación en Chile, es lo que hoy conocemos como la Reforma Educacional.

¿Cuál es la importancia, los hitos, de la reforma educacional?

La verdad es que la gran reforma que se impuso al país en educación no se hizo durante los gobiernos de la concertación, sino que se llevó cabo en dictadura. Se cambió la línea democrática tradicional, en que el Estado cumplía un rol de garante de la educación como un derecho al alcance de todos.

Desde ese momento, en los años 80, la dictadura plantea la idea de abrirse a una política de mercado, en que el Estado cumple un rol subsidiario y en el que se potencia un proceso creciente de privatización del sistema educativo chileno. Allí está el verdadero punto de inflexión.

Ahora, con respecto a lo que se ha llamado reforma, la verdad es que los gobiernos de la Concertación (que se ha mantenido en el poder desde la vuelta a la democracia), desde los años 90 hasta hoy, no han hecho sino ceñirse al marco jurídico institucional heredado de la dictadura, que es muy sólido y fuerte y que está basado en la Ley orgánica constitucional de educación (LOCE).

En esa política de mercado, ¿cuál es el sistema de administración en las escuelas públicas?

Ese es otro elemento que ata a la concertación, la administración a través de los municipios con la llamada “municipalización”. Éste es un sistema de financiamiento único en el mundo, en que el Estado financia la educación pública en los municipios pero al mismo tiempo impulsa la privatización para que privados, personas naturales, se hagan cargo de la educación a través de los colegios “particulares subvencionados”. Todo ello funciona a través de un financiamiento tipo “voucher” en que se entrega una cierta cantidad de dinero, en la misma cantidad a privado y público, de acuerdo a la asistencia a clases.

Hay un sistema de competencia en que se enmarca todo de acuerdo al mercado. Ante esta situación, en el 90, cuando comienzan los gobiernos de la concertación, comenzó desde dentro de las organizaciones sindicales y sociales una lucha fuerte y unitaria para provocar un cambio hacia la democracia. Pero éste cambio profundo no ha sido tal, porque la democracia en Chile fue hecha dentro de la propia institucionalidad armada por la dictadura de Pinochet. Las expectativas que nos planteamos sobre los cambios que se podían impulsar para revertir aquellas imposiciones, quedaron rápidamente frustradas, hasta el día de hoy.

¿Entonces, a su juicio, qué es este conjunto de cambios que llamamos reforma?

Lo que ha hecho la concertación con lo que ellos llaman reforma es hacer cambios en que se pretende mayor equidad, posibilidades de ingreso al sistema, se elevan los presupuestos en educación.

Hay un marco de cambio que se empieza a ordenar durante el gobierno de Eduardo Frei, cuando comienza a hablarse de reforma, lo que supone extender la jornada escolar (JEC) y mejoras para los profesores en materia salarial, entre otras cosas. Sin embargo, las condiciones laborales de los profesores han sido elevadas gracias a movilizaciones del magisterio.

Desde la perspectiva de los profesores la reforma es vista como distintos proyectos desconectados, respecto de los cuales no hay una visión clara para mejorar las condiciones o un proyecto de desarrollo de país distinto. Se sigue con un modelo que consiste en la administración más eficaz de la política económica de la dictadura. Es un gobierno de apertura de mercado, flexibilización laboral, de inversión extrajera y de explotación, yo diría, absolutamente irracional de nuestros recursos naturales. En este sentido la educación está cumpliendo un rol funcional a ese sistema, no se observa la generación de un modelo distinto que forme a un ciudadano para participar de una acción democrática de cambio.

Pero la ciudadanía se mueve, sin ir más lejos, el año pasado miles de estudiantes se manifestaron…

La movilización social del año pasado fue un terremoto importante que remeció tanto al país como a la imagen internacional que todavía afirmaba que en materia educacional éramos un modelo a seguir. Este movimiento dejó al descubierto que las políticas que se habían diseñado, en lo medular, en el marco jurídico que dejó la dictadura, no estaban dando resultado. Mostró el descontento existente y la necesidad de cambios profundos, que se tradujo en el proyecto de Ley General de Educación para cambiar la LOCE y que actualmente se discute en el parlamento.

¿Cuáles son, a su juicio, los puntos críticos de la LOCE?

Uno de los puntos críticos de la LOCE es que da mayores garantías a la libertad de enseñanza, entendida como la libertad de hacer negocios con fondos públicos en el campo educacional.

En el proyecto de ley general, plantea el gobierno, que debe terminarse el lucro en la educación y que los colegios particulares subvencionados deben tener un fin único, el educativo y, por lo tanto no deben comerciar con la administración de los colegios. Pero hay sectores dentro de la propia coalición oficialista que se oponen y considerando que hay algunos artículos que requieren de quórum calificado para su cambio, somos bastante pesimistas con respecto a que la derecha acceda a generar cambios de fondo.

Hay una comisión del gobierno y oposición trabajando para consensuar algunos puntos para llegar a un acuerdo al menos en algunos temas.

Pero el tema de la administración municipal no está en la LOCE…

Le antecede, pero forma parte de un proceso, que nosotros consideramos que no ha funcionado, la administración municipal ha fracasado. No vemos una voluntad del gobierno de provocar cambios de fondo, se propone una subvención diferenciada y por lo tanto se mantiene el mismo sistema de subvención con pequeños cambios.

Tampoco hay cambios de fondo respecto del marco regulador del Estado, existe el proyecto de creación de una superintendencia de educación, que controlaría los recursos, fiscalizaría, y regularía, pero que choca con la renuencia de algunos sectores de la derecha y de la propia concertación. Ellos plantean que el sistema no requiere de más reglas, sino autonomía y competencia entre los establecimientos a fin de elevar la calidad.

¿Cómo se mide esa calidad?

La calidad se mide sobre la base de pruebas estandarizadas en algunas asignaturas (sistema nacional de evaluación del Ministerio de Educación de Chile, SIMCE) el sistema es perverso, porque incentiva la competitividad entre los establecimientos que se van “rankeando”, lo que ha creado una estratificación social y distintas calidades entre los establecimientos. Están los municipalizados, que no discriminan a los alumnos que reciben, que no cobran, y que están en los sectores más pobres, más necesitados; mientras, los establecimientos particulares subvencionados exigen el copago (aporte de la familia del estudiante), discriminan y seleccionan a sus alumnos, por el cobro de dinero y por el rendimiento, exigen ciertas notas, con lo que se aseguran el buen desempeño de los alumnos.

Se establecen ghettos, hay una educación para los pobres, otra para los que pueden pagar algo y otra para los que pueden pagar altas sumas, que tienen los mejores rendimientos, los establecimientos completamente particulares. Éstos reciben a los niños con una base social más sólida, cuentan con personal permanente, muy calificado, con una infraestructura adecuada y operan con un número de alumnos manejable en la sala de clases, ya que compensan el número de alumnos con el alto cobro.

Uno de los puntos relevantes de estas reformas era la implementación de la jornada escolar completa, JEC. ¿Cuál es su evaluación al respecto?

Nos pareció interesante, pero lamentablemente, cuando le exigimos al gobierno una evaluación de su funcionamiento con un organismo externo, se observaron serias fallas. En infraestructura, el ingreso a la JEC significó que los alumnos no tuvieran los espacios adecuados, para alimentarse, por ejemplo. Los estudiantes de más escasos recursos reciben el almuerzo en los comedores, pero aquellos que no tienen beca, tienen que llevar sus comidas y comer en las salas.

Además, hay un aumento en el estrés para los profesores y una frustración por las expectativas económicas y académicas que se plantearon. La JEC debía propiciar proyectos educativos distintos, que la extensión de tiempo no fuera sencillamente más de lo mismo. Pero la alta competencia y la presión por los resultados del SIMCE o de la PSU (prueba de selección universitaria) han hecho que en las tardes se otorguen más clases de matemáticas y de lenguaje. Pensamos que existen potencialidades que pudieran haberse desarrollado, como el arte, cultura, desarrollo científico, deportivo etc. Pero resulta que eso significa más recursos, más profesores, un proyecto educativo, incompatible con la visión economicista de la educación.

¿Hay falta de recursos entonces?

Se han hecho inversiones, pero ha sido insuficiente, lo peor, en todo caso, es que con dineros de Estado, por primera vez y de manera gratuita se están entregando fondos a privados para que entren en el negocio de la educación en comunas populares. Se ha permitido a los particulares subvencionados recibir financiamiento que no es necesario rembolsar, los privilegios que tienen estos establecimientos son únicos. Es por ello que el llamado de los estudiantes, y también nuestro llamado, era terminar con la LOCE, terminar con la municipalización y hacer adecuaciones profundas a la JEC. Cambios realmente de fondo.

Y en relación a los recursos, ¿cómo han cambiado las condiciones laborales de los profesores?

Han cambiado las condiciones, pero no lo suficiente. Los bajos sueldos y la desigualdad que dejó la dictadura se comienzan a ordenar con el estatuto docente, se elevan las rentas y se comienza a pagar de a poco la llamada “deuda histórica” (reajustes salariales para el sector público no cancelados a los profesores entre los años 1981 y 1984, producto de la municipalización). Pero por sobre todo, lo realmente difícil son las condiciones en que se trabaja, con muchos alumnos por aula, con mucha carga de clases, con contratos que no contemplan horas administrativas, de planificación, por lo que se hace muy estresante. Hemos superado lentamente algunos problemas, pero sigue habiendo un descontento muy grande.

¿Y cómo se evalúa la calidad de los docentes?

Hemos logrado reemplazar el sistema de calificaciones que contemplaba el estatuto docente, hoy tenemos una evaluación formativa, que no ha estado ajena a fuertes resistencias en el magisterio, pero que está funcionando. Se realiza cada cuatro años, en un marco consensuado de la buena enseñanza, consiste en la presentación de un portafolio, la grabación de una clase, una auto evaluación y un marco de referencia. Todo esto permite hacer una medición de manera más individual de la calidad del docente. Quienes se resisten, argumentan, entre otros puntos, que es un sistema extremadamente punitivo, no estamos de acuerdo, considerando que sólo quienes tengan un resultado insatisfactorio en tres oportunidades pone en riesgo su contrato, y que la salida del sistema reconoce el derecho a indemnizaciones al que cualquier funcionario es beneficiario.

El problema es que los evaluados en el nivel de destacados no tienen ningún incentivo, salvo que den otra prueba especial para obtenerlos, eso es injusto, creemos que debía haber un estímulo ya sea de descarga de clases o mejora económica.

Ante todos estos cambios y los nuevos requerimientos que tiene el sistema, ¿cómo está la capacitación de los profesores?

Para hacer un poco de historia, en los 80 no solamente cambia el sistema de enseñanza formal, básica y media, también hay un impulso enorme a la apertura de mercado de la educación superior.

Al mismo tiempo, la formación de los profesores vive realidades muy disímiles, hay formación de profesores de alta calidad en algunos centros universitarios, hay otros medianamente aceptables y otros muy malos. Se forman profesores sin ninguna necesidad de acreditación en su idoneidad, por otro lado, la propia exigencia que tienen las universidades de autofinanciarse hace que se creen cursos cortos o a distancia, a veces carecen de la calidad necesaria.

Después de largos años logramos que se acreditaran las carreras de pedagogía, pero tampoco ha sido fácil. En paralelo a ello tenemos un sistema de perfeccionamiento muy disímil, porque se licita en el mercado, hay calidades muy distintas, y además el profesor tiene que ocupar su tiempo libre para capacitarse y financiarlo con sus recursos. Como ya se dijo, la mayor parte del tiempo de contrato de un profesor es en clase, no se han creado espacios para incentivar este perfeccionamiento, y en estas condiciones no todos pueden.

¿Pero al menos ha habido una evolución en la formación pedagógica del docente?

Es que antes, la educación era de muy alta calidad, pero, ahora la formación es muy diversa en calidad y por otro lado está absolutamente desligada de la realidad del aula de la escuela, es muy distinto el discurso teórico de un centro de educación superior a lo que enfrentas cuando trabajas. Con 45 alumnos, no sólo tienes que actuar como docente, formador, entregar valores, una determinada disciplina, sino también psicólogo y orientador, es muy difícil. No hay equipos multidisciplinarios para enfrentar la realidad de los niños, del mundo, lo que significa hacer clase con las enormes exigencias que impone la sociedad y en las condiciones que existen. Esos son problemas que la sociedad debe asumir y no sólo la escuela y el profesor, porque al final los males de toda la sociedad recaen en el profesor y la escuela, eso es muy injusto.

Y en el contexto de esta sociedad, ¿cómo ha cambiado la labor del profesor en el aula, es también más participativa?

Durante la dictadura se implantó una cultura autoritaria en la sociedad, ahora, se han generado espacios de participación democrática, pero el tema no está completamente resuelto, continúa habiendo muchos resabios de autoritarismo. En el magisterio no hemos tenido la fuerza para entrar en el sistema y generar espacios legales de participación. Los consejos de profesores no funcionan, no hay discusión colectiva, ni siquiera de los temas sindicales, hay una mirada jerárquica, vertical, que se traduce también en el tipo de enseñanza.

Hemos intentado implementar un movimiento pedagógico paralelo que permita que se vea al alumno como un sujeto que tiene que entregar un aporte y que sea constructor de un proceso ciudadano participativo y no sólo un instrumento que recibe órdenes y enseñanzas de manera pasiva. Pero son procesos complejos, la dictadura cambió este país, las conciencias de millones de chilenos están cambiadas. Es difícil que los espacios sean utilizados por la ciudadanía, hay espacios de participación en la sociedad que sólo existen en lo formal.

¿Cuál ha sido la participación del Colegio de profesores en la planificación o implementación de la reforma?

Antes, los trabajadores no tenían espacios de participación democrática en los lugares de trabajo, con la democracia eso no ha cambiado significativamente.

La reforma se hizo sin la participación del gremio, puede haber sido muy bien pensada, pero está hecha desde los escritorios, con una mirada tecnocrática. Fue planeada desde el Ministerio de Educación y llega a las escuelas como lineamientos externos en los que no hay participación.

Se va creando un discurso oficial, muy novedoso, muy atractivo por parte de las autoridades en que se pide que el docente sea un profesional autónomo, crítico, que participe, pero por otro lado llega la exigencia de un profesional obediente, que siga las ordenanzas de los municipios, un funcionario de la línea curricular.

¿Cuál es la evaluación que hacen del trabajo de la comisión asesora presidencial para la educación?

Nos pareció interesante, a diferencia de otras comisiones, porque integró a representantes del mundo social, secundarios, universitarios, sindicales, académicos bien progresistas, pero fue un consejo muy amplio en su composición, 80 personas, lo que hace difícil los acuerdos, que finalmente no se resuelven democráticamente, todo queda plasmado en un documento y es la presidenta la que elige y envía los proyectos.

A nuestro juicio fue interesante poder nuclear, momentáneamente al menos, un bloque social por la educación. Lamentablemente hoy el movimiento secundario está disperso, pero no pierdo la esperanza de que se vea la educación como un problema social, y en que las posibilidades de cambios reales y profundos respondan a la movilización y a los grados de conciencia de la sociedad.

La comisión y sus propuestas aún no tienen total apoyo en la Concertación, pero además tienen que luchar con la derecha, ellos quieren mantener el mismo estatus de la educación. Hay, en ese sentido, pocas expectativas de que este proceso genere cambios importantes.

¿Cuáles son los puntos críticos de la LOCE?

Los puntos que están el parlamento, esperando a ser votados son los esenciales. En primer lugar un cambio en la constitución para que se asuma que es el Estado el responsable de un sistema educativo gratuito y de calidad, con presupuestos adecuados y en que la familia tenga importancia, pero el Estado sea el principal responsable. Si tuviéremos una sociedad más homogénea, en que las familias pudieran entregar condiciones similares para potenciar las capacidades de sus hijos, no se necesitaría tanto esta responsabilidad central del Estado para disminuir la desigualdad.

¿Cuáles son las propuestas que ustedes hacen?

Hay que cambiar la LOCE, eso significa, por ejemplo, una provisión doble del Estado que potencie lo público, gratuito y de calidad. Y si existe la posibilidad de que un particular administre un establecimiento, que reciba ayuda, pero que no sea para lucrar con ello. Que no signifique el negocio que hoy es. Sobre todo en la educación superior está prohibido el lucro por ley, pero todos sabemos que eso se puede burlar en la práctica, se hacen maniobras legales para tener lucro. Pero lo que es peor es que las universidades tradicionales tengan que autofinanciarse, porque esto termina significando altos costos para la familia para poder educar a los hijos. Creemos que hay que poner una mirada distinta en este tema.

A nuestro juicio debe haber también un cambio en la administración municipal de los establecimientos, debe haber un ente territorial en la base, que dé posibilidad de financiamiento adecuado, para que la población de esa comuna o territorio local reciba una educación de calidad, por lo tanto un financiamiento no homogéneo. Hoy se entrega lo mismo a un municipio de Las Condes o Vitacura (zonas con muchos recursos) y municipios muy pobres, en áreas rurales, eso no es posible. Además el sistema de financiamiento subvenciona la demanda, lo que genera una competencia mercantil que, tenemos la certeza, no ha dado los resultados esperados.

En general podemos decir que la LOCE es la gran camisa de fuerza para la educación, pero está estrechamente vinculada a la Constitución porque se sustenta en ella.

¿Cree usted que en la sociedad existe una valoración por el trabajo docente, que existe conciencia de la justicia de sus reivindicaciones?

Hay una relativa conciencia, durante el proceso de movilización de los estudiantes secundarios, durante el año 2006, creo que la sociedad entendió que el sistema no está funcionando y que se requerían cambios de fondo, pero eso fue como un estallido que no ha seguido en curso. Mientras no haya una fuerza política distinta que no plantee un cambio confiable para la sociedad vamos a ir ganando pequeñas batallas y perdiendo otras.

Comentario

En los días posteriores a esta entrevista, se firmó en el Palacio Presidencial de La Moneda un acuerdo entre el gobierno y la oposición para aprobar en el parlamento algunas medidas que el consejo asesor presidencial para la educación estimó positivas. Entre las más importantes se pueden señalar:

Se modifican los ciclos educativos, acortando a 6 años la Educación Básica y ampliando a igual número la Enseñanza Media.

Los procesos de selección deberán ser transparentes e informados. Se deberán publicar número de vacantes, los plazos, el tipo de pruebas, los montos, las condiciones de pago y de forma clara el proyecto educativo.

Los establecimientos que reciben financiamiento público sólo podrán seleccionar por mérito a partir del actual Séptimo Básico. En los primeros años de educación básica no se podrá seleccionar ni por mérito académico, ni por el potencial de rendimiento futuro del niño ni por situación socioeconómica, sólo por el proyecto educativo que tenga el establecimiento educacional.

Los sostenedores de colegios podrán obtener ganancias, pero con algunas condiciones como ser personas jurídicas con la educación como giro único y estar a cargo de personas que tengan estudios superiores y no sólo enseñanza media, como hoy.

Creación de una Agencia Aseguradora de la Calidad y una Superintendencia de Educación.

El 70% del tiempo de clases se destinará a las bases curriculares que establece el Ministerio de Educación y un 30% a innovación.

Creación de un Banco de Planes y Programas que permitirá que los establecimientos más pequeños puedan contar con recursos para implementar propuestas educativas probadas y exitosas.

Este acuerdo ha sido ampliamente aplaudido por la sociedad chilena, sin embargo es necesario remarcar que no toca en lo medular los temas considerados como centrales por los profesores en Chile, como son, el sistema de financiamiento compartido, el fin del lucro en la educación y la municipalización de la administración de los establecimientos.

Bibliografía y enlaces en Internet

Colegio de Profesores de Chile www.colegiodeprofesores.cl

Senado de Chile www.senado.cl

Enciclopedia Wikipedia es.wikipedia.org