Sin lugar a dudas, el estado mexicano de Guerrero se está convirtiendo en un precedente importante en lo que se refiere a la lucha por el medio ambiente. No solamente tenemos el caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán; el último año ha sido testigo de un hecho sin referentes en la historia de México: una decisión judicial basada en un argumento de índole casi exclusivamente ambiental logró dar marcha atrás, por lo menos provisionalmente, a un proyecto del gobierno federal que pretendía construir una presa aledaña al puerto de Acapulco sin el consentimiento de los pobladores del lugar. Esa decisión, sin embargo, no puede entenderse si no atendemos a la lucha que surgió del CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota) por salvar su tierra. Así que más allá de exponer los argumentos jurídicos que impiden la construcción de este proyecto, esta ficha pretende, primero, explicar el contexto en el que se planeó por parte del gobierno la construcción de esta presa, para entender los intereses en juego; después, enunciar los posibles daños al medio ambiente que una presa de esta envergadura podría causar; y, finalmente, observar la manera en la cual se desarrolló el conflicto entre los campesinos y los gobiernos local y federal.

En el marco del desarrollo del Plan Puebla-Panamá, durante la administración del presidente Vicente Fox, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno federal y el gobierno de Guerrero impulsaron la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota con el fin de aprovechar las aguas del río Papagayo y del Río Omitlán. En el documento Proyecto hidroeléctrico La Parota. Estado de Guerrero, la presa es vista como « una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área central del país ». La presa se ubicaría a 350 km al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 km del puerto de Acapulco. La altura de la cortina que represaría el río sería de 162 metros de altura. Sus 765 MW de potencia instalable se ocuparían de proporcionar energía a las maquiladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de extracción, entre otras.

En el plan se contemplaba además la inundación de más de 17 mil hectáreas de tierras, lo que acarrearía el desplazamiento de aproximadamente 25 mil personas y la afectación indirecta de otras 70 mil. De los 21 territorios que se verían afectados, 17 de ellos son ejidos (unidades político-económicas comunitarias), 3 son bienes comunales (unidades económicas comunitarias) y sólo uno es propiedad privada. Cabe decir que de estos terrenos ejidales y comunales, el 76 por ciento de su población se dedica a la actividad agrícola. La inversión para la construcción de la presa oscila entre los 850 millones y los mil millones de dólares.

Cabe decir que en el estado mexicano de Guerrero ya existen seis centrales generadoras de energía eléctrica (cuatro hidroeléctricas: La Venta, La Villita, Infiernillo y El Caracol; una de turbogas: Las Cruces; y una termoeléctrica: Petacalco). En el año 2000 aportaban el 9.2 por ciento de la producción eléctrica total del país, pero el porcentaje de electrificación en el estado es de 47.9 por ciento, lo que lo lleva a ocupar el lugar 25 de 32 a nivel nacional. Guerrero, junto con los estados de Oaxaca y Chiapas, los más pobres del país, son las entidades mexicanas en las cuales los habitantes cuentan con menos energía eléctrica en sus domicilios.

Se calculaba que para el 2010 se terminaría la construcción de la presa La Parota, año en que la mayoría de las presas del país habrán cumplido su vida útil de 50 años. Este proyecto se contextualiza en el marco de la construcción de la hidroeléctrica de El Cajón en el estado de Nayarit, de la ampliación de la presa Benito Juárez en Oaxaca y de los proyectos hidroeléctricos en Chiapas, que se levantarían con capital privado internacional y con fondos de organismos internacionales como el Banco Mundial, y serían operadas por compañías transnacionales españolas, alemanas, japonesas y norteamericanas, entre otras. De construirse todas, el gobierno del entonces Presidente Vicente Fox habría logrado no sólo enriquecer a las grandes corporaciones trasnacionales sino la privatización de la infraestructura, de la energía eléctrica y del agua.

Además de alzar la voz contra el costo social que traería el desplazamiento de la población para la construcción de la presa, las primeras protestas, provenientes sobre todo de los especialistas en el área ambiental, hablaban del irreparable daño ecológico que traería dicha presa: se alterarían los ecosistemas; se contribuiría al efecto invernadero y a la desaparición de peces y otros animales y vegetación; se amenazaría a cientos de especies de flora y fauna y se pondría en peligro de extinción a otras cuyo hábitat sería destruido; se disminuiría o desaparecería el agua río abajo y se afectaría río arriba; y se abonaría a la conversión de grandes territorios secos por la alta concentración de sales, entre otros efectos. La construcción de La Parota significaría además un grave deterioro ambiental por la deforestación además de que aceleraría la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al puerto de Acapulco. No debe olvidarse que la construcción de represas en el mundo provocó que durante el siglo XX el 50 por ciento de los humedales en el mundo se extinguieran y que al menos el 20 por ciento de los peces se expusiera a la extinción.

A decir de la abogada ambientalista Priscila Rodríguez, las afectaciones al ecosistema al dañar la importante cuenca hidrológica del Papagayo, tendrían repercusiones negativas para el abasto de agua a la ciudad de Acapulco y las comunidades rurales que dependen del acuífero; para la cobertura forestal de las 17 mil hectáreas de selva baja y mediana caducifolia que sería inundada; y para otras hectáreas cuya cobertura sería desmontada por los campesinos desplazados en los sitios donde construirán sus nuevos hogares. Admite, además, que la emisión de gases de efecto invernadero por el funcionamiento de la presa sería muy alta.

Dado este elemento, la propuesta de la presa no tardó en avivar la controversia que gira en torno al modelo de desarrollo energético de México. La mayoría de los especialistas en la materia, más que por la construcción de grandes edificaciones como las hidroeléctricas o las termoeléctricas, que además de dañar el ambiente causan un alto costo social, se inclinan más bien por la promoción del ahorro de energía a fin de reducir el actual dispendio de la electricidad, y por las opciones tecnológicas que incluyan la energía eólica y solar o las minicentrales hidroeléctricas. Pero en México, donde en los últimos años el capital privado ha venido definiendo las opciones de la agenda energética, no suele haber el debate público que las opciones merecen. Sólo esto explicaría las razones por las cuales no hubo consultas ni debates abiertos con los afectados de la cuenca del río Papagayo sobre las alternativas energéticas ante una presa que ellos rechazaban desde un principio.

Pero no sólo los ecologistas han puesto en duda la viabilidad de la presa La Parota. La Asociación Civil de Ingenieros Agrónomos Democráticos de Guerrero, en voz de Eloy Romero García ha venido insistiendo en que con la cortina de enrocamiento se va a formar un el lago artificial de 14 mil 33 hectáreas de extensión y una capacidad de seis mil 790 millones de metros cúbicos, que va a acelerar el calentamiento global de la tierra al poner en peligro áreas que presentan vegetación y vida silvestre vitales para el equilibrio ecológico de la región. Recuerdan, además, que la alta sismicidad de la zona reconocida por los geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México no sólo pone en peligro el proyecto, sino la vida de la población local.

Pero aun con las advertencias y protestas de índole meramente científica, en 2003 la CFE decidió empezar a construir la presa. La maquinaria pesada entró a las comunidades y empezó a cavar túneles. De manera simultánea, con el apoyo del gobierno estatal, que, cabe decir, no era de la misma orientación política que el federal, se realizaron asambleas ilegales en los distintos ejidos y comunidades que se verían afectados y empezaron al mismo tiempo las maniobras de manipulación en las reuniones para lograr la aprobación del proyecto, pues estaban conscientes de que es imposible obtener el permiso para utilizar un ejido o para comprarlo si la mayoría de los miembros no están de acuerdo. Frente a esto y para evitar el despojo de sus tierras, las comunidades afectadas se organizaron formalmente y constituyeron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

En el mes de octubre de 2003 la movilización de los ejidatarios tuvo una sola demanda: detener la construcción de la hidroeléctrica. Más de 3 mil campesinos iniciaron las protestas contra la represa apoyados por organizaciones sociales campesinas, colonos, taxistas, universitarios y militantes de partidos políticos. Simultáneamente a la movilización en las calles, se desplegó una estrategia jurídica dirigida por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, centro que tenía la experiencia de la defensa de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán. Como las convocatorias fueron ilegales en tiempo, lugar, modo y forma según lo estipula la Ley Agraria, el CECOP interpuso demandas de nulidad de las asambleas comunales y ejidales desarrolladas en esos núcleos agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Acapulco toda vez que se demostró que se orquestaron mecanismos fraudulentos como la práctica de compra y coacción del voto, la recolección de las credenciales de elector para amedrentar a la población así como el ofrecimiento engañoso de obras, como la pavimentación de calles que finalmente quedarían debajo de las aguas de la presa. El 17 de enero de 2006 ese mismo tribunal les concedió la razón al declarar la nulidad del acta de asamblea de los comuneros, así como de los convenios y acuerdos suscritos por los mismos con la CFE.

Las primeras acciones gubernamentales de crear grupos de choque, de iniciar la contratación de personal para la construcción y de dividir a la población, no han cesado. El gobierno del estado y el gobierno federal siguen montando una estrategia de imposición del proyecto y desarticulación del movimiento opositor que se puede resumir en pocas líneas: los gobiernos estatal y federal siguen ofreciendo obras, servicios y proyectos productivos que han dividido y enfrentado a las familias y comunidades, lo que ha roto el tejido social; siguen apostando por la falta de información en las comunidades que serán afectadas por las obras; continúan convocando y apoyando la realización de asambleas comunales ilegales; utilizan un desmedido número de cuerpos de seguridad pública en la vigilancia de las asambleas; y criminalizan el movimiento a través de la liberación de órdenes de aprehensión por delitos nunca comprobados de personas que se oponen a la presa, sin mencionar las diversas amenazas de muerte documentadas que han recibido algunos otros opositores al proyecto. Así, la falta de diálogo real del gobierno y de la CFE con los pueblos ha venido alimentando la confrontación y alentando la división en los pueblos. Esta división ha ocasionado en el último año tres muertos, tres lesionados graves, cuatro detenidos y siete presos, sin contabilizar los múltiples heridos resultados de los enfrentamientos que ocurrieron en las asambleas.

La defensa del CECOP ha apostado también por la internacionalización del conflicto y ha involucrado a organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. En febrero de 2007, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, visitó el lugar y declaró que era evidente la desinformación entre miembros del CECOP sobre ese proyecto y la división social que estaba causando, y aceptó ser portavoz de sus reclamos ante el gobierno federal y estatal. De igual manera, el 4 de agosto de 2007, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, entregó en Acapulco el informe Derechos humanos en peligro: proyecto presa La Parota. Este informe manifiesta preocupación por la falta de información completa, precisa, accesible e imparcial sobre la construcción de la obra, y el riesgo de que los inminentes desplazamientos de la población puedan constituir desalojos forzosos masivos. Plantea además seis recomendaciones a los gobiernos federal y de Guerrero, así como a la CFE, con el propósito de que lleven a cabo medidas concretas para reducir el clima de tensión y violencia en las comunidades donde se pretende construir la presa La Parota y los insta a acatar la orden del Tribunal Unitario Agrario de suspender las obras preparatorias de La Parota, hasta que se aborden los motivos de preocupación de las personas afectadas.

Pero la hora de la verdad para el proyecto llegó el 13 de agosto de 2007, cuando se realizó la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde se decidió que los comuneros y ejidatarios no apoyarían el proyecto de La Parota. Esta asamblea, acordada entre la CFE y la CECOP, así como los comuneros que apoyaban la propuesta, se celebró en la comunidad de Aguacaliente y tenía como original y principal fin que el gobierno federal ofreciera información del mega plan energético y los tratara de convencer de sus bondades. Sin embargo, en el último momento, el trabajo realizado al interior de las comunidades por los miembros del CECOP dio sus frutos y aprovechando que se encontraba la mayoría de los ejidatarios, se votó el rechazo a la presa. El director de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, Eugenio Laris Alanís, enviado por el gobierno, nada pudo hacer cuando el vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui, leyó el acuerdo de la asamblea para rechazar el proyecto hidroeléctrico La Parota. Esta asamblea representó también el fin de un proceso de tres meses en el que las partes enfrentadas legalmente desde 2003, el comisariado y el CECOP, fueron acercando sus posiciones hasta lograr un acuerdo, concebido como “convenio de conciliación” en torno al litigio que se sigue en el Tribunal Unitario Agrario, en el que se asentó el rechazo a la expropiación de las tierras para el proyecto, y se pactó que no volverá a haber otra asamblea para tratar ese asunto.

Para dar el asunto por terminado, el 20 de agosto del 2007, el CECOP acordó convocar a una asamblea para destituir de manera definitiva a Jesús Crisanto Arellano -quien permitió las asambleas ilegales y abonó a la división de los ejidatarios- como presidente del comisariado ejidal, enviar una comisión a intentar entrevistarse con el actual presidente de México, Felipe Calderón, para que declare oficialmente cancelado el proyecto hidroeléctrico y comenzar una nueva etapa de lucha para desarrollar la región. De acuerdo a lo apuntado por la prensa local, a la reunión asistieron representantes de 29 pueblos y los ejidos de Los Huajes y Dos Arroyos y hubo un número significativo de ex simpatizantes del proyecto.

El 23 de agosto los comuneros habían de recibir una buena noticia: la comunidad indígena de Cacahuatepec, en el municipio de Acapulco, Guerrero, logró que el juzgado octavo de distrito en materia administrativa concediera la suspensión provisional en el juicio de amparo interpuesto por la CFE el 14 de agosto, al considerar que la construcción de la presa La Parota causaría daños irreparables a los derechos constitucionales de familias, así como a la garantía de audiencia y legalidad de los comuneros. Por si esto no fuera poco, un día después de la asamblea que unificaba a los ejidatarios y un día después de la decisión del juez octavo de distrito, se emitió un resolutivo en el que una instancia federal determinó dar preeminencia a los derechos ambientales por encima de la construcción de un megaproyecto con alto valor económico. De esta forma, estamos frente a la primera vez que un juez federal determina detener las obras de una presa y ordena la suspensión provisional de la construcción para, en sus palabras, evitar daños irreparables al ambiente sano y a la garantía de audiencia y legalidad de los comuneros.

Nuevamente, un movimiento favorecido por un fallo judicial logra imponerse sobre los intereses del capital privado nacional y mundial. Sin embargo, lo que destaca aquí es que la problemática ambiental se está posicionando como una causa cada vez más socorrida por los movimientos en tanto que éticamente se impone a cualquier argumento de tipo económico: Si un juez decide beneficiar una causa aduciendo argumentos ecológicos, resulta muy difícil para la parte que pierde argumentar contra ella. Aún falta el último paso para detener definitivamente el proyecto: que el gobierno federal públicamente desista de él por la presión de los ejidatarios o que un fallo judicial definitivo declare la improcedencia del proyecto. Cualquiera de estas dos alternativas, sin embargo, implican más voluntad y sensibilidad política del gobierno que voluntad de diálogo de los afectados, que ya hicieron su parte al organizarse y al optar por dar un cauce legal a la resolución del conflicto. Es interesante observar que, a final de cuentas, ganaron su derecho a seguir viviendo en su tierra con la ley en la mano. Se cumplió lo que alguna vez dijo uno de los miles manifestantes en contra del proyecto de La Parota: los movimientos sociales ya se cansaron de resistir fuera de la ley o paralelamente a ella; ahora, lo que quieren es ganar.

Pero más allá de lo que plantea una lucha que tiene a la ley en la mano, la experiencia de la CECOP en el estado de Guerrero nos habla de la paradigmática lucha entre un poder ejecutivo cuyos intereses no están empatados con los de la gente a la que gobierna y nos hace plantearnos varias de las preguntas más importantes que se han hecho en los últimos años con relación a la real representatividad y legitimidad de la clase gobernante: ¿Realmente el esquema de los partidos políticos es funcional a las necesidades de la población? ¿Por qué cuando aparentemente nos acercamos a la democracia se alejan más los intereses de los gobernantes y los de los gobernados? ¿Por qué los gobiernos no cumplen las funciones para las que fueron electos? Si profundizamos en el asunto, no podemos dejar de pensar que asistimos a una crisis del Estado. Sin embargo, dicha crisis, de ninguna manera nos puede llevar a la conclusión de que las fallas estructurales del Estado las va a resarcir únicamente la organización de la sociedad civil. Como bien lo deja ver la experiencia de La Parota, la única forma de contrarrestar uno de los poderes de la federación es anteponiendo otro poder, el judicial, por lo que, a final de cuentas, fue el propio Estado, en su cara de juez, el que inclinó la balanza a favor de un movimiento social. El Estado sigue siendo el actor central de la vida política y si, como dicen los clásicos de la Ciencia Política, fue creado para organizar la vida política de los pueblos, antes que hablar de su desaparición por su obsolescencia, tendríamos que plantearnos la necesidad de fortalecerlo y de vincularlo de manera más efectiva con la sociedad.

Bibliografía y enlaces en Internet:

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Desde el corazón de la tierra: resistir para vivir, Tlapa de Comonfort, 2006, 178 pp.

CFE, Proyecto hidroeléctrico La Parota. Estado de Guerrero, México, 2002, 204 pp.

La Jornada Ecológica, Lunes 27 de marzo, México, 2006

La Jornada Guerrero, www.lajornadaguerrero.com.mx

La Jornada, www.jornada.unam.mx