Las condiciones políticas, sociales y económicas de Colombia obligan al investigador social a analizar las categorías tal y como se manifiestan en la vida social. Por tal razón, el CINEP considera la categoría de Gobernanza desde una óptica de presencia diferenciada del Estado, teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto no solo a nivel nacional sino también como éste se presenta en las diferentes regiones que componen un territorio, y sobre todo en el caso colombiano en donde cabe recordar que “el Estado colombiano nunca ha tenido el control total del territorio, ni nunca ha detentado el monopolio de la violencia legítima”¹

El enrarecido y prolongado conflicto armado colombiano que completa alrededor de 43 años confrontando principalmente a los siguientes grupos insurgentes, los cuales afirman cada uno ser el seguidor y/o continuador de una línea político-ideológica distinta: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo (FARC-EP) de corte marxista-leninista; el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) de línea guevarista, y el maoísta Ejercito Popular de Liberación (EPL) contra las Fuerzas Armadas regulares y los grupos paramilitares; todos estos (inclusive el Ejército Regular² ) están entrecruzados de diferentes maneras con las distintas fases de la producción y tráfico de cocaína como también con otro tipo de procesos productivos legales e ilegales dependiendo de las características especificas de cada región. De acuerdo con lo anterior, esta ficha busca presentar un esbozo general de dicho panorama enfocado principalmente en el caso del fenómeno del paramilitarismo y su accionar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander al nororiente de Colombia y su área de influencia, que limita con la ciudad de San Antonio de Táchira, en el Estado de San Cristóbal de la República Bolivariana de Venezuela.

Cúcuta y su área de influencia

Desde comienzos de los años 80 en todo el departamento de Norte de Santander se asentaron las diferentes partes en pugna en el conflicto armado interno colombiano. A este lugar del país llegaron las guerrillas más fuertes en Colombia, pero fue el ELN el primero que logra asentarse de manera efectiva en la región. Su origen se ubica en el vecino departamento de Santander en 1964 con el Frente José Antonio Galán, logrando una importante influencia en Barrancabermeja y Bucaramanga, principales ciudades de este departamento. En esta misma región, Camilo Torres Restrepo el “cura guerrillero”, un icono fundamental para la historia y la identificación política de esta organización, muere en combate en 1966. A consecuencia de su muerte, se crea un Frente que llevará su nombre y tras una década (setentas) de duros reveses militares y políticos internos y externos, se iniciará un proceso de expansión territorial hacia los departamentos del César y Norte de Santander. Milton Hernández, Comandante de esta organización refiriéndose a la importancia del Frente comenta:

“El Frente Camilo Torres Restrepo presenta en 1983 un notorio avance y una sólida presencia regional en los departamentos del César y Norte de Santander. Sobre el Camilo Torres recayó todo el peso político y militar del ELN en sus tiempos de crisis”³

Por este tiempo, también se logra la conformación del Frente Domingo Laín, que más tarde se convertirá en el Frente Oriental con una fuerte presencia en el departamento de Arauca, zona limítrofe con Venezuela. Del desdoblamiento de éste Frente y el Frente Camilo Torres se origina el Frente de Guerra Nororiental que tendrá como centro de operaciones el departamento de Norte de Santander. Una investigación hemerográfica de Norte de Santander, desde 1996 hasta la fecha, arrojó que las relaciones del ELN con los poderes y gobiernos locales se reduce -en teoría- a evitar las elecciones, amedrentar, secuestrar y/o asesinar los candidatos a cargos de elección popular como Alcaldes y Concejales argumentando corrupción y cooperación con las Fuerzas Armadas Regulares y grupos paramilitares. Su influencia en el Departamento de Norte de Santander y principalmente en Cúcuta declinó entre 1999 y 2001 con la llegada en masa de los grupos paramilitares.

Por su parte, las FARC-EP llegan a la región después de una expansión territorial que se inicia a comienzos de la década de los ochenta a partir de las directrices de la Séptima Conferencia Guerrillera ⁴ llevada a cabo en 1982. Esta agrupación hace presencia en la zona con los Frentes 33, 45 y las Columnas Móviles Resistencia Barí y Arturo Ruiz que conforman el Bloque Magdalena Medio comandado por alias Timoleón Jiménez. Durante la mayor parte de la década de los noventa, esta guerrilla alcanzó a tener el control de la zona rural limítrofe con Venezuela logrando desplazar al Estado en torno al monopolio de la violencia y otro tipo de relaciones Estado-sociedad.

Según análisis y balances internos de esta organización, su presencia en la zona alcanzó a regular diferentes actividades de la población local tales como: la casería, la tala indiscriminada de bosques en las selvas venezolanas (ante la corrupción de los organismos oficiales encargados), la siembra de coca y la producción de cocaína, entre otros. El Comandante Timoleón Jiménez describiendo la llegada de la producción de hoja de coca y cocaína a la región fronteriza relata:

“Todos nosotros conocemos de que la coca en el Catatumbo llega en la época del 90 durante el mandato de Cesar Gaviria cuando este señor implementa con toda la fuerza la apertura económica y lleva a la quiebra total a los productores de arroz, de plátano, de yuca, a los ganaderos y queda la gente en la inopia, en la miseria. Ya sacar una carga de maíz a Tibú o a Cúcuta no tenía sentido se perdía, no se sacaba ni siquiera lo del transporte. Frente a eso pues la gente trajo las experiencias que venían desarrollándose en otras áreas del país respecto a la coca como algo que si por lo menos no resolvía del todo la situación económica, sí podían conseguir por lo menos lo fundamental para el vivir y es por esa circunstancia que se incrementa el cultivo de coca en la zona del Catatumbo y es en esa época. Nosotros logramos haciendo todo un trabajo con las comunidades de que ese problema no se trasladara a Venezuela y a estas alturas de la vida ese problema no se ha trasladado a Venezuela ¡en esa parte de la frontera que nos corresponde a nosotros! pero es gracias a un trabajo de concientización de la comunidad y gracias a la misma vigilancia de la comunidad allí nadie está autorizado para sembrar una hoja de coca en Venezuela ni a construir laboratorios para procesar la hoja. Son fenómenos bien interesantes y poco conocidos”⁵

Durante 1999 y 2002, las FARC-EP movilizaron varios Frentes provenientes de distintas regiones del país buscando “recuperar” las zonas que los grupos paramilitares les habían arrebatado⁶ . Según la prensa, a partir de este periodo, las relaciones de las FARC-EP con los gobiernos locales, al igual que el ELN, se limitaron a disuadir miembros de la clase política, torpedeando las elecciones, obligando a la renuncia y asesinando alcaldes, concejales, y funcionarios públicos de la región.

Asimismo, en la zona hace presencia el Frente Libardo Mora Toro, un reducto del EPL que no accedió a las desmovilizaciones pactadas con el Gobierno en 1991 y 1996, y que en los últimos años ha realizado operaciones militares conjuntas con las FARC-EP ⁷ . Las operaciones militares conjuntas entre las guerrillas de la zona y su enfrentamiento en otras regiones son una muestra evidente de un conflicto armado dinámico a nivel regional. Cabe aclarar que la información y las investigaciones sobre las relaciones políticas, económicas y sociales de los grupos guerrilleros en la zona con las élites y la clase política son aún de difícil acceso dada su clandestinidad a la hora de operar.

Desde mediados de la década del noventa, los grupos paramilitares utilizaron la estrategia de “guerra de baja intensidad” contra la subversión, mejor conocida en Colombia como “guerra sucia” a través de masacres y asesinatos selectivos en aquellas zonas en donde las FARC-EP y el ELN ejercían influencia. La primera fase de expansión del proyecto paramilitar por cuenta del Bloque Central Bolívar al mando de alias Jorge 40 y su apoyo para la conformación de las estructuras paramilitares que dirigirían la toma de esta parte del país estuvieron a cargo principalmente de los hermanos Fidel y Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes anunciaron su llegada a finales de mayo de 1999 y abril de 2000 con el asesinato de 92 personas en masacres ⁸ . Su accionar produjo el desplazamiento de alrededor de 50.000 campesinos que se asentaron en la periferia de las ciudades intermedias de la región y por supuesto Cúcuta. La masacre a las bases del paramilitarismo es de igual manera la respuesta de las FARC-EP ⁹ . El Comandante Timoleón Jiménez de las FARC-EP explica sobre el fenómeno paramilitar:

“Para todos nosotros está claro que el fenómeno paramilitar en el área del Catatumbo es un fenómeno importado, es un fenómeno que no surge ahí de las contradicciones de la lucha en el área del Catatumbo, de la lucha de clases en el área del Catatumbo, es un fenómeno importado, traído de otras áreas del país” ¹⁰

Entre los grupos guerrilleros más golpeados por la guerra frontal contra los grupos paramilitares y las Fuerzas Militares Regulares se encuentra el ELN, quienes afirman que sus estructuras urbanas en la ciudad de Cúcuta fueron desvertebradas ¹¹ . Por su parte, las FARC-EP fueron desplazadas a zonas rurales menos pobladas como la región selvática del Catatumbo ¹² en donde la producción de hoja de coca y cocaína es la principal fuente económica y de relación con las comunidades locales. La confrontación armada es constante en las zonas rurales de casi todo el departamento.

Entre el año 2001 y 2002 los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia AUC ya tenían el control coercitivo de Cúcuta y su área de influencia. La segunda fase de expansión consistía en la infiltración de las economías locales y la política; sus nexos con los organismos de seguridad del Estado ya habían sido pactados con anterioridad ¹³ .

Entre la legalidad y la ilegalidad: el paramilitarismo y sus relaciones políticas

Al infiltrarse en los procesos productivos legales y en la política local, los grupos paramilitares han logrado mantener un proceso de cooptación de los grupos dominantes a partir de los acuerdos políticos, económicos y/o la disuasión y la acción violenta en Cúcuta y su área de influencia. Dichos mecanismos han permitido que el paramilitarismo se asiente en actividades económicas tales como la seguridad privada legal, que les permite ejercer labores de inteligencia en el casco urbano de la ciudad de Cúcuta ¹⁴ . A esto se suma el cobro de la “vacuna” o impuesto extorsivo al gremio de los taxistas, la participación directa en este negocio como también inversiones en moteles, la regulación del contrabando de gasolina y de arroz ¹⁵ .

En el caso del contrabando de gasolina, eje fundamental del comercio en Norte de Santander, las redes del paramilitarismo van más allá del control militar sobre un sector ilegal de la economía de la ciudad de Cúcuta, pues en éste se mezcla la infiltración en la política local.

Cúcuta es una ciudad que limita por paso terrestre con San Antonio de Táchira en Venezuela. Este país vecino es una de las potencias petroleras del mundo, (ocupa el cuarto lugar después de las naciones árabes en producción de crudo), miembro de la OPEP y para el año 2005 sus reservas petroleras ascendieron a 80.582 millones de barriles de crudo ligero, con una producción diaria estimada de 3.2 millones de barriles de crudo. Con tal cantidad de petróleo y con la capacidad tecnológica para su refinamiento, el precio real de la gasolina venezolana en julio de 2007 es aproximadamente 0,12 USD por galón ¹⁶ ubicándose entre las más baratas del mundo. En cambio, el precio de la gasolina en Colombia es de 3,21 dólares por galón para 2007. Con una diferencia de precios de esta magnitud, el contrabando llegó a ser tan fuerte en la zona de frontera, que las medidas gubernamentales para frenarlo han sido fuertemente rechazadas por las miles de personas que viven de esta actividad ¹⁷ . En un comienzo (2002), los paramilitares de la zona cobraban un “impuesto” mensual a cada uno de los “pimpineros”, contrabandistas de gasolina. Después, los paramilitares adquirieron vehículos para ejercer el contrabando y así centralizar las ganancias de este mercado:

“En los dos últimos años, (…) compraron carros para traer combustible y venderlo en Cúcuta usando testaferros. Y desde mediados de 2004, (…) empezaron a incursionar en bodegas de almacenamiento (puntos de recolección como los llama el Gobierno) Para participar de la importación legal pactada por Colombia y Venezuela” ¹⁸

En dichas bodegas de almacenamiento se denuncia la presencia paramilitar y por tanto, la política pública para regular el contrabando, legalizar el combustible y venderlo de manera segura estaría beneficiando al paramilitarismo, enquistado en este sector de la economía. Pero este nivel de infiltración depende en parte del poder de movilidad y maniobra que los grupos paramilitares pactaron con la clase política de la ciudad de Cúcuta. Una muestra de ello fue el arrasador triunfo electoral del Alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo en el año 2003 en donde obtuvo el 62% de la votación contra sólo un 10% de su más cercano contendor ¹⁹ .

La maquinaria de infiltración paramilitar llegó a confirmar sus relaciones y tratos con la clase política al tocar la puerta de la oficina del Alcalde Ramiro Suárez Corzo quien estuvo detenido, acusado de colaborar con el paramilitarismo de la región a cambio de apoyo en los comicios electorales ²⁰ . Después de ocho meses de prisión, el alcalde recobró la libertad por falta de pruebas, pero nuevamente fue encarcelado en junio del año 2007 acusado de homicidio. La sombra de sus acuerdos con los paramilitares logró permear a la Fiscalía del departamento de Norte de Santander ²¹ .

El Alcalde Suárez Corzo, un personaje sin tradición política ni perfil calificado para un cargo público, se caracterizó por imponer su forma de hacer política con el apoyo paramilitar a las familias políticas tradicionales y caciques electorales de la región. La regulación social paramilitar en Cúcuta y su área de influencia a través del control de las actividades legales e ilegales convirtió a la ciudad en “gobernable” para la ejecución de las políticas públicas: el Alcalde logró derogar una norma que impedía la construcción de grandes edificios en la ciudad, fenómeno que coincide con el auge de la construcción de moteles ²² lujosos en el área metropolitana de esta ciudad. La alianza con el paramilitarismo permitió al mandatario que su forma de hacer política y sus relaciones clandestinas no fueran difundidas. Es así que a inicios del año 2005, el periodismo que venía haciendo seguimiento a las compañías y políticas del Alcalde es disuadido con la muerte de un periodista y las amenazas a dieciocho comunicadores sociales más²³ . Hasta el deporte fue manejado a su antojo. La participación persistente en la dirección y el manejo de los recursos del equipo de fútbol colombiano Cúcuta Deportivo hacen parte de su historia como gobernante de la ciudad:

“Durante los incidentes ocurridos en el partido Cúcuta-Real Cartagena, al Alcalde de la capital de Norte de Santander se le olvidó que era la máxima autoridad de la ciudad y no un hincha más. Suárez insultó a los árbitros, increpó al técnico Julio Comesaña y estuvo a punto de irse a los puños con los jugadores del Real.” ²⁴

A partir del cuestionado proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia ²⁵ , en Norte de Santander se logró comprender realmente cual era su alcance y poder militar en la región. En total fueron tres Bloques los que se desmovilizaron: El Bloque Central Bolívar con alrededor de 6.000 hombres, el Bloque Catatumbo con 1.425 hombres y el Bloque Norte con unos 2.000 hombres desmovilizados entre el 2005 y 2006. Este proceso de paz ha sido calificado de falso e incompleto, ya que reconocidas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos lo han manifestado, puesto que las consignas de verdad, justicia y reparación fundamentales para una paz duradera no fueron realmente zanjadas²⁶ . Finalmente, hasta la misma Organización de Estados Americanos OEA, facilitadora en el proceso determinó que las medidas tomadas eran insuficientes para proponer el desarme de los grupos paramilitares²⁷ . Ahora, aquellos que siguen delinquiendo después del proceso son presentados a la opinión pública por el Gobierno como nuevas “bandas emergentes”²⁸ , ya que busca reafirmar su tesis de que el proceso de paz dio fin al fenómeno del paramilitarismo.

Muy cerca a la ciudad de Cúcuta se detectan los primeros “rearmes” de los grupos emergentes ahora autodenominados “Águilas Negras”:

“En los barrios Brisas del Porvenir, Toledo Plata, Simón Bolívar y Caño Limón, cerca del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, hace más de un año que los niños tienen prohibido estar por fuera de sus casas después de las 7 de la noche “No pueden jugar balón de noche porque los ponen a barrer el barrio junto a los padres, por dejarlos Salir. Los jóvenes tampoco pueden ponerse aretes porque se los arrancan rompiéndoles las orejas; a las niñas no les dejan usar ‘tops’ (blusas cortas) y sólo dan permiso para fiestas hasta las 12 de la noche” cuenta un vecino del Simón Bolívar (barrio)”²⁹

Las acciones de regulación social no han cesado aún después de catorce meses de la presunta desmovilización de los grupos paramilitares.

La Gobernanza desde los Actores Armados.

Así como en su momento el ELN y las FARC-EP lograron ejercer control sobre gran parte de Norte de Santander y la zona rural limítrofe con Venezuela regulando la población local y su economía ilegal por un acumulado de presencia en la zona de más de quince años, los grupos paramilitares en Cúcuta también lograron iniciar un proceso de cooptación de los grupos dominantes a partir de los acuerdos políticos, económicos y/o la disuasión violenta.

Considerando el interrogante propuesto por Launay y Bolívar en torno a que, “¿podríamos (…) hablar en Colombia de gobernanza de los actores armados? O, puesto de otra manera: si se quiere hablar de gobernanza/gobernabilidad en Colombia, resulta útil distinguir las diversas legitimidades en competencia”³⁰ , es necesario abrir el debate sobre las diversas formas en que la Gobernanza se manifiesta y los actores que la manifiestan; aquello permitiría hablar de una Gobernanza legal e ilegal al mismo tiempo, como en el caso de la ciudad de Cúcuta y su área de influencia, en donde los distintos actores armados ejercieron o ejercen un control poblacional que asegura su permanencia en el tiempo, seguridad y abastecimiento, ya sea, a través de la coerción, el interés particular o las convicciones políticas.

El accionar político, militar y económico de los actores armados ha derivado en compromisos con la dirigencia política para que sus decisiones no den tantas vueltas (un escenario gobernable) en donde actores armados y clase política se vean beneficiados por las políticas públicas, generando legitimidad de los actores legales e ilegales, es decir, un conjunto híbrido que produce una nueva forma de gobernanza/gobernabilidad que va más allá de las formas institucionales y las fórmulas preestablecidas que buscan explicar las relaciones sociales y políticas en las sociedades.

Si el proyecto busca legalizar y controlar el contrabando de gasolina a través de centros de almacenamiento y distribución apoyados por el Alcalde, actualmente preso, en donde estos grupos paramilitares ejercen control y vigilancia sobre este mercado ¿no sería esto una forma de control social híbrido entre Gobierno-paramilitares socialmente “aceptable” por una gran mayoría que se beneficia de un combustible a bajo precio? ¿Acaso la construcción de modernos moteles nunca antes vistos en esta ciudad no genera fórmulas de mutuo beneficio entre gobernantes y paramilitares trayendo consigo una forma de legitimación de un poder combinado que busca el aparente desarrollo de la ciudad de Cúcuta?

Desde el inicio del proyecto de expansión paramilitar, las fuerzas económicas, políticas y sociales de diferentes regiones del país se han unido aportando recursos y/o pasando por alto los negocios ilícitos y la violencia con el fin de derrotar y/o desplazar a las guerrillas de esta importante y estratégica región del país que a lo largo de casi dos décadas fue bastión de los grupos guerrilleros quienes ejercieron el control sobre la población y sus formas de subsistencia. Y aunque las investigaciones sobre las relaciones entre los Gobiernos o poderes locales y los grupos guerrilleros en la región no hayan arrojado muchos resultados, el hecho de que se haya efectuado una paramilitarización de esta magnitud en Norte de Santander es una clara muestra del fuerte poder acumulado del ELN y las FARC-EP en la zona; poder que sólo es debilitado a través de unas formas irracionales y soterradas de violencia contra la población civil.

El paramilitarismo enquistado en Cúcuta y Norte de Santander ha sido posible no sólo por llevar al extremo una estrategia antisubversiva sino porque esta sólo fue manejable a través del apoyo, la coerción, la omisión y la muerte de la clase política, la sociedad local, la policía y las Fuerzas Militares creando un escenario “gobernable” para su accionar.

La Gobernanza en las regiones colombianas así como en cualquier otra parte del mundo, donde se busque dar cuenta de las relaciones políticas de las sociedades por medio de categorías analíticas, plantea el asunto de ponerlas a prueba confrontándolas con las realidades en las diferentes latitudes. Este es el caso del fenómeno paramilitar en Cúcuta y su área de influencia; los actores armados, sus formas de legitimación y combinación de las maneras de hacer la guerra, ya sea a través de las armas o a través de las instituciones y la política, crean relaciones de gobernabilidad en escenarios que en cualquier otra parte del mundo pueden llegar a ser señalados como caóticos, vislumbrando tendencias sui generis de Gobernanza en un híbrido entre legalidad e ilegalidad que sobrepasa las fórmulas institucionales que plantean un deber ser de la gobernanza para regir nuestras sociedades sin distingo alguno.