El 28 de mayo de 2006 los colombianos reeligieron a su presidente Álvaro Uribe Vélez con una votación de 7.300.000 sufragios que le dieron el triunfo en la primera vuelta¹. Al ser éstas las primeras elecciones en implementar la posibilidad de la reelección presidencial, los altísimos resultados a favor de Uribe en las urnas demostraron que amplios sectores de la población aprobaban los primeros cuatro años de mandato del presidente y respaldaban la continuación de su estilo de gobierno por cuatro años más. En el tiempo que ha permanecido en el poder, Uribe ha contado con niveles de aceptación y favorabilidad muy altos –por encima del 60% o 70%-, muy superiores a los de gobernantes anteriores. A esto se suman los apabullantes éxitos electorales revisten a su gobierno de una amplia legitimidad. La presente ficha se pregunta en qué consiste el fenómeno político de Álvaro Uribe Vélez y quiere responder a los interrogantes sobre el origen y las causas de su legitimidad.

1. La aparición de Uribe Vélez en la campaña de 2002

Álvaro Uribe Vélez había hecho su aparición como candidato para las elecciones presidenciales en el año 2001: en ellas se presentaba como un candidato independiente de los partidos políticos tradicionales, a pesar de haber sido congresista y gobernador del departamento de Antioquia a nombre del partido liberal. Sorpresivamente, Uribe empezó a ascender vertiginosamente en las encuestas de intención de voto, pasando del 1% a más del 50% en pocos meses: su hábil campaña supo capitalizar los sentimientos de los colombianos de inseguridad y de rechazo tanto frente a la actividad de los políticos corruptos como de las acciones de los actores armados. En ese entonces, los diagnósticos de la situación social, económica y política en Colombia emitían siempre juicios bastante funestos, y los colombianos percibían que los asuntos públicos iban por mal camino. Para muchos, Uribe se erigió como el líder que, con mano dura, cambiaría radicalmente ese panorama, cuyos aspectos esenciales presentaremos a continuación.

Por un lado, el fracaso del proceso de paz del anterior presidente Andrés Pastrana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- debido en buena parte a los abusos presentados en torno a la zona desmilitarizada concedida para ese fin, y la agudización del conflicto interno, hicieron que la guerrilla se desacreditara como actor político, lo que llevó a la gente a preferir una solución militar del conflicto en vez de una salida negociada. A esto correspondía también un cambio de percepción de la opinión pública nacional frente a la lucha armada: la expansión de la actividad de la guerrilla hacia zonas más centrales e integradas del país, que llegó a afectar los alrededores de las ciudades más grandes y las vías de comunicación entre ellas, produjo como respuesta la organización y expansión de grupos paramilitares de derecha. Este cambio de lógica territorial hizo que la guerra entre las guerrillas, los grupos paramilitares y el Estado dejara de ser vista como algo que pasaba en las regiones periféricas, lejos de las ciudades importantes y los centros de producción económicos, para pasar a ser percibida como una amenaza para el desarrollo y la vida cotidiana de todos los colombianos, incluso los citadinos. Muchos sectores de población pensaban que podían ser secuestrados o extorsionados en cualquier momento: a todos podía llegarle la guerra. Como consecuencia los colombianos se sentían encerrados en sus pueblos y ciudades, las relaciones comerciales se veían afectadas y la inversión de capital económico se percibía como inviable en muchos casos.

Al lado del problema del conflicto armado, los colombianos consideraban –y consideran-que los males de la nación se deben en gran parte a la incompetencia de sus líderes y representantes, junto con la corrupción y politiquería que invaden las agencias estatales, el Congreso y la actividad política en general. En el imaginario colectivo de los colombianos predomina la idea que la política y los políticos atentan contra el desarrollo social de las comunidades y perjudican notablemente a la sociedad pues de dedican exclusivamente a buscar su enriquecimiento individual y su permanencia en el poder. Esta percepción se ha afianzado desde la crisis de representación y de los partidos políticos tradicionales –liberal y conservador- que se inició en décadas pasadas. Como se ha ilustrado en una ficha precedente ², en los años 70 y 80 se hicieron problemáticas las divisiones entre los sectores tecnocráticos del Estado y la clase política tradicional tras los intentos de modernización del Estado. Como resultado, los políticos profesionales fueron marginalizados de importantes decisiones, tales como la administración del gasto público y la resolución de las necesidades regionales, al punto que a ojos del país su actividad política perdió sentido y proyección y se limitó a garantizar su propia reproducción. En los años 90 los escándalos por la penetración de dineros e intereses de narcotraficantes del cartel de Calí en la campaña del candidato elegido del partido liberal Ernesto Samper, profundizaron aún más la deslegitimación del régimen político y sus representantes. Posteriormente, el rechazo generalizado al siguiente gobierno conservador de Andrés Pastrana acabó por extender la frustración que los colombianos sentían acerca de los partidos tradicionales, las maquinarias políticas y las instituciones corruptas e ineficientes. Este panorama hizo que algunos líderes, que se presentaban como “antipolíticos”, conquistaran amplias franjas del electorado, con sus propuestas de una opción de gobierno enfocada en lo técnico, administrativo y gerencial. Como veremos más adelante el candidato Uribe se inscribía en esta tendencia.

Este panorama se tornaba más grave al considerar el pobre desempeño económico del país. Durante los años 1997-2000, los colombianos afrontaron la recesión económica más grande de la historia reciente, que disparó los índices de desempleo y liquidó parte de la clase media. Por otra parte, la violencia reinante hacía que Colombia fuera considerado un país inseguro para invertir. Esto hizo que las medidas del gobierno no lograran evitar la fuga de capitales nacionales y extranjeros. Este bajo desempeño económico, que se veía muy relacionado con el tema de la violencia, llevó a que se considerara la necesidad de un mayor control militar del territorio como una condición esencial para el desarrollo y la reactivación económica.

En conclusión, la economía, la política y la seguridad fueron los temas esenciales en la campaña política de todos los candidatos por la presidencia en 2002, de la cual resultó vencedor Álvaro Uribe Vélez.. Para responder a los problemas antes, señalados, sus propuestas insistían en la seguridad democrática y en la lucha contra la corrupción de la vida política.

Las propuestas de seguridad democrática y la lucha anticorrupción

En el plano de la seguridad, Uribe proponía la recuperación del control militar del territorio, el endurecimiento de la guerra contra las drogas y la guerrilla, el restablecimiento de la seguridad en las carreteras y la deslegitimación del carácter político de los grupos subversivos, que eran ahora caracterizados por Uribe como “narcoterroristas” que combatían a un Estado plenamente legítimo. Con su eslogan de campaña mano dura, corazón grande, Uribe supo traducir el agotamiento del país frente al prolongado conflicto armado y su frustración frente a las posibilidades de diálogo con las guerrillas, dado su comportamiento durante el proceso de paz del gobierno anterior. Una vez en el poder, este conjunto de estrategias y políticas se reunieron bajo el nombre de la política de seguridad democrática. La aplicación de la misma, en principio, garantizaría el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad, lo que traería efectos beneficiosos en la economía pues aumentaría la confianza y llamaría a la inversión de capital. En conclusión, un buen desempeño económico y unas condiciones favorables de aumento de productividad, necesarias para la creación de empresas y empleo y para la reducción de pobreza, tenían como requisitos la existencia de seguridad y la limitación de la “amenaza terrorista”.

Al lado de esta propuesta, otro rasgo fundamental que explica la sintonía de la concepción política del presidente con la opinión pública nacional es su presentación como líder político por encima de la politiquería y la corrupción reinante en la vida nacional. En ese sentido, su campaña electoral presentaba una propuesta de plebiscito contra las prácticas políticas de la vida nacional, y manifestaba la intención de implantar métodos meritocráticos para nombrar los cargos en la burocracia. Como señala Francisco Gutiérrez ³, buena parte del apoyo político a Uribe provenía de la “pulsión moralista” de su discurso antiparlamentario y antipolítico: en ese sentido se orientaban las propuestas iniciales de revocar el mandato de los congresistas para reducir el Congreso a una sola cámara.

El resultado de la combinación de las propuestas anteriores fue el amplio triunfo de Uribe en la primera vuelta, con una votación de 5.800.000, que correspondían al 53% del electorado.

2. Los primeros cuatro años de gobierno

La victoria en las elecciones es fundamental para imprimir a los gobiernos de legitimidad. Sin embargo, la experiencia de las democracias modernas indica que la mayoría de votos no garantiza que un gobierno sea legítimo a ojos de los ciudadanos. Muchos gobiernos democráticamente constituidos carecen de credibilidad y de autoridad, ambos indicadores de legitimidad. En cambio, durante su primer mandato, Álvaro Uribe Vélez conservó y extendió la credibilidad y favorabilidad logradas en las elecciones, gracias a ciertas estrategias políticas y a su estilo de gobierno ¿Cómo hizo para mantener una opinión positiva del más del 60% durante todo su mandato?, ¿Cómo logró conservar su popularidad aún en los momentos más críticos, al punto de ser considerado un “presidente teflón”, al que ningún problema afectaba? A continuación intentaremos resolver estos interrogantes.

Los resultados de la política de seguridad democrática

Durante su gobierno, la popularidad del presidente ha aumentado gracias a la recuperación de la iniciativa militar por parte de los militares y la policía en algunas regiones. En ese sentido se destaca la recuperación de importantes zonas del territorio nacional, afectadas tradicionalmente por la acción de la guerrilla, como el caso de Cundinamarca, que eliminaba el riesgo de presión guerrillera sobre la capital. Además, la creación de batallones de alta montaña para controlar los pasos cordilleranos cercanos a las grandes ciudades, el mayor control de las vías de comunicación entre las grandes ciudades, las escoltas militares a las caravanas de turistas y viajeros intermunicipales, han sido determinantes para la recuperación de la confianza de la mayoría de los ciudadanos en las instituciones del Estado y en el creciente optimismo sobre el futuro del país. A esto se añade que los procesos de desmovilización de la mayor parte de los grupos paramilitares produjeron una evidente mejoría en los indicadores de homicidios, secuestros, masacres, desplazamientos forzados y ataques a infraestructura. En cuanto a la recuperación de las zonas de retaguardia de las FARC, el ejército ha logrado controlar algunas cabeceras municipales y limitar los ataques guerrilleros en regiones periféricas. Estos resultados han aumentado la percepción de seguridad a pesar de la continuación de otras condiciones preocupantes tales como el aumento de las denuncias por desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos selectivos de activistas y opositores disfrazados de datos “positivos” en la lucha contrainsurgente, y varios reveses militares que significaron fracasos parciales en la lucha contra la guerrilla.

La reactivación de la economía

Como anunciaba su programa de campaña, la recuperación de la confianza en el país y el aumento en la percepción de la seguridad tuvieron como efecto la reactivación de la economía. Como logros muy importantes fueron mostrados el aumento de la inversión extranjera, la creación de nuevas empresas, el aumento del PIB y la reducción del desempleo. Con un crecimiento económico del 6% anual –que a ojos de muchos es muy pobre comparado con los desempeños económicos de otros países latinoamericanos-, Uribe capitalizó a su favor el mejoramiento de las condiciones económicas, haciéndose forjador de una Colombia próspera y progresista. Por cuenta de lo anterior, Uribe consiguió el respaldo de los dirigentes de los gremios económicos, a quienes apelaba con un lenguaje técnico, estadístico y especializado. Dicho respaldo le ha dado un margen de maniobra de vital importancia para poder emprender reformas y tratados, tales como el TLC, que contrariaba los intereses particulares de algunos de los gremios ⁴.

La política de los “consejos comunitarios”.

Además de los éxitos económicos y militares, Uribe cautivó muchas opiniones favorables gracias a su estilo de gobierno personalista y apolítico, de corte microgerencial. Con su reconocido lema de trabajar, trabajar y trabajar, Uribe fascinó a una ciudadanía que tenía la imagen de que los gobernantes robaban mucho y trabajaban poco. Además, Uribe se mostraba como un gobernante frentero, que daba la cara frente a los medios y al país cuando algo ocurría, que daba explicaciones y pedía disculpas públicas. Los éxitos en su gobierno eran reivindicados por él, en tanto que los fracasos caían en las espaldas de sus ministros, comandantes, generales y subordinados. En la misma línea, Uribe y su equipo organizaron desde muy temprano una serie de “consejos comunitarios”: para ello, se trasladaba a una gran cantidad de municipios para oír los problemas de la comunidad y sus necesidades primordiales. De inmediato, Uribe gestionaba soluciones, asignaba recursos, destituía funcionarios, exigía resultados, regañaba los dirigentes, daba su teléfono para que lo llamaran a preguntarle qué había sucedido y agilizaba la resolución de problemas. Estos espacios de gobierno le sirvieron para proyectar un perfil de diligente y eficaz en la resolución de las necesidades, sensible y asequible a los ciudadanos y poseedor de un don de mando. Todo ello saltándose las instancias de representación y los conductos institucionales diseñados para gestionar las necesidades de la población, con lo que Uribe demostraba a la clase política tradicional que su mediación no era necesaria para que él pudiera gobernar. Si bien ésta era la imagen que Uribe proyectaba al país, su posición frente a los políticos de la clase tradicional asentada en el Congreso empezó a cambiar en los primeros actos de gobierno.

La relación de Uribe con la clase política

La mirada moralizante de Uribe sobre la clase política tradicional se hizo evidente en sus primeras iniciativas gubernamentales encaminadas a transformar el Congreso de la República. Inicialmente, el gobierno deseaba revocar el mandato de los congresistas para reducirlo a una cámara, al tiempo que gestionaba un referendo por el cual los colombianos reformarían las prácticas políticas de la clase política tradicional. Sin embargo, desde muy temprano Uribe se enfrentó con una gran fortaleza institucional del Congreso que le hizo contrapeso a sus propuestas iniciales. Esta fortaleza del Congreso, escenario de la actividad de la clase política tradicional, evidenciaba que la crisis de legitimidad había erosionado seriamente la credibilidad del régimen político imperante pero sin producir un colapso total de los partidos, en contraste con otros países. La fortaleza de los políticos tradicionales en los niveles local y regional obligó al presidente a ir modificando gradualmente su actitud frente a los políticos profesionales.

Su encuentro con la Real politik sE inició cuando Fernando Londoño, ministro del interior, lo hizo desistir de propuesta de revocatoria del mandato y de un Congreso unicameral. Las negociaciones con el Congreso y el examen de la Corte Constitucional fue reduciendo la propuesta de referendo en una colcha de retazos, con artículos muy inconexos, algunos taquilleros como la penalización del consumo de sustancias sicoactivas, la reforma de los partidos, el voto público de miembros de cuerpos colegiados, la eliminación de suplencias de los congresistas, la muerte política a los funcionarios corruptos y la abolición de los auxilios parlamentarios. En el fondo, el conjunto de las propuestas parecía más bien encaminado a buscar soluciones a problemas fiscales bajo el paraguas de la moralización de las costumbres políticas: se proponía así la eliminación de las personerías municipales y las contralorías departamentales para ahorrar gastos, la congelación de los salarios de los empleados públicos y los gastos de funcionamiento de entidades descentralizadas, etc.

El fracaso del referendo en las urnas obligó a Uribe a acercarse a la clase política tradicional, para asegurar la aprobación de sus proyectos en el Congreso con mecanismos de transacción clientelista muy cercanos a los que criticaba en la clase política tradicional. Las quejas de nombramientos de familiares de los congresistas en puestos diplomáticos y de negociaciones al menudeo con parlamentarios aislados (como el famoso caso de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, esenciales para la aprobación de la reelección presidencial) para conseguir su apoyo en asuntos claves o disminuir el peso de la oposición, se hicieron más frecuentes. Por otra parte, esta necesidad del ejecutivo de conseguir apoyo de los congresistas se veía correspondida por la necesidad de la mayor parte de la clase política de acceder al botín burocrático y al reparto de los recursos fiscales, lo mismo que a la facilitación del acceso de la población a los servicios públicos del Estado. Los lazos de interdependencia entre el ejecutivo y el legislativo explican la cohesión de buena parte de los políticos tradicionales en torno al presidente Uribe y la creciente cercanía de éste con respecto a políticos clientelistas que antes despreciaba. Estas relaciones llegaron a su clímax en los meses previos a las elecciones de mayo de 2006 y durante la conformación del equipo de gobierno, entre junio y agosto del mismo año.

3. El triunfo electoral de 2006

Uribe ganó las elecciones de 2006 con 7.300.000 votos equivalentes a un 62.2% de los sufragios. Su amplio triunfo superó con un millón y medio de votos el evento electoral de 2002, demostrando que el país le daba un mandato de continuidad a su gobierno. En esta oportunidad, Uribe se declaró ganador en todos los departamentos a excepción de dos, lejos de su rival más cercano, Carlos Gaviria del Polo Democrático, quien obtuvo un poco más del 20% de la votación. En campaña Uribe siguió haciendo énfasis en los puntos centrales de su gobierno anterior, tales como la continuidad de la seguridad democrática - aunque con la posibilidad de sostener diálogos con los grupos armados-, la lucha contra la corrupción, el TLC entre otros.

Además de esta campaña, centrada en la continuidad de sus políticas, Uribe se movía en una línea política de carácter más tradicional, que buscaba establecer alianzas con todo tipo de políticos para formar varias confederaciones de grupos que llegarían al Congreso a apoyar la gestión del gobierno. Este cambio de estilo respondía a la nueva normatividad electoral y el régimen político de la ley de bancadas, que obligaban al presidente Uribe a pasar de una negociación al menudeo con los políticos individuales a una relación más institucionalizada con grupos políticos más consolidados. La vigencia de reformas como el sistema de listas únicas, el umbral electoral, el voto preferente y la cifra repartidora parecían conllevar el riesgo de un eventual predominio del oposicionista partido liberal en el Congreso. Esta situación llevó a apoyar explícitamente a ciertas listas, señaladas como aceptables, pero sin rechazar implícitamente a las no-aceptables, e impulsar la organización de una confederación de jefes regionales y locales, provenientes del liberalismo (Partido de la U, que recoge los gamonales tradicionales de ciertas regiones y representa la clase política más tradicional) y a marcar cierta distancia de otros grupos, más autónomos frente a algunas de sus políticas, de los cuales desconfiaba (Cambio Radical; Cambio radical recoge la clase política más urbanizada. Algunas de esas coaliciones parecían tener un carácter meramente electoral, como el caso de la alianza Alas-Equipo Colombia, cuyos socios eran dos grupos, uno proveniente del liberalismo y el otro del conservatismo, con diferentes orígenes regionales (Antioquia y el Cesar)-

Los efectos de la reforma política se hicieron evidentes en el aumento de la cohesión de los grupos y organizaciones políticas, lo que podría representar una mejoría en las condiciones de la gobernabilidad y una mayor institucionalización de las relaciones entre ejecutivo y legislativo. En ese sentido, las elecciones del Congreso del 2006 produjeron una reducción de partidos y organizaciones políticas: se pasó de sesenta o setenta agrupaciones políticas del Congreso de 2002 a unos once o doce en el 2006. Por otra parte, la reagrupación de los congresistas partidarios del presidente Uribe también profundizaba el cambio de las relaciones entre legislativo y ejecutivo, pero sin representar una transformación fundamental de la relación del gobierno con la clase política tradicional. Ahora, el gobierno no negocia con dos grandes partidos como confederaciones de jefes regionales y locales, los partidos liberal y conservador, y sus respectivas facciones, nacionales o regionales, pero sigue negociando con los mismos políticos regionales y locales, pero agrupados de una manera diferente.

 

Esto se vio reflejado en los momentos posteriores a su reelección, cuando Uribe inició la conformación de su equipo, tarea que se convirtió en una fuerte pugna entre las distintas fuerzas al punto de contabilizar a diario los puestos obtenidos por unos y por otros. Como dijo el presidente reelecto en su primera entrevista tras las elecciones, “yo creo que hoy tengo más dificultades para confeccionar el gabinete que hace cuatro años porque hoy tienen que considerar los compañeros de gobierno, a la ley de bancadas, las regiones, los compañeros en campaña ⁵”. El efecto de la nueva situación se hizo evidente en el cambio del estilo de nombramiento de los ministros del segundo período de Uribe, que se mueven en un estilo de gobierno parlamentario o semiparlamentario, donde los ministros representan ahora grupos relativamente consolidados de parlamentarios, lo que les otorga cierto poder propio y alguna autonomía frente al presidente, que puede representar problemas para la gobernabilidad futura, pues representada una relación entre ejecutivo y legislativo, muy diferente de la existente en el primer período de Uribe.

4. Conclusión: las razones del éxito político de Uribe

El éxito obtenido por Uribe en las elecciones de 2006 se explica por el respaldo de amplios sectores de población, grupos políticos, agremiaciones empresariales y varios medios de comunicación. Como hemos visto anteriormente, en sus primeros cuatro años de gobierno el presidente cultivó y extendió dicho apoyo acudiendo a diversas estrategias políticas y comunicativas, que le hicieron depositario de una legitimidad considerable y de amplios márgenes de gobernabilidad. Esas diversas estrategias reflejan una hábil combinación de distintos lenguajes, estilos políticos y lógicas de actividad según los auditorios e interlocutores a los que se dirigía, para adecuarse a las complejidades de la vida política de Colombia.

Para el electorado independiente, Uribe representaba un estilo de gobierno ajeno a los tejemanejes de la clase política tradicional, corrupta y clientelista. Para las agremiaciones económicas, los sectores tecnocráticos, ilustrados y especializados, Uribe adoptó un lenguaje moderno para justificar sus actos de gobierno a través de amplias exposiciones estadísticas y técnicas. Para la clase política y el electorado tradicional, la alianza con Uribe garantizaba el acceso a los recursos del Estado y permitía beneficiarse de su caudal electoral. Esta combinación de estilos y lógicas políticas podría entenderse como una hábil inserción en los diferentes contextos de la vida colombiana, unos más tradicionales, otros más modernos, productos de lo que hemos caracterizado como presencia diferenciada del Estado ⁶.

Esta presencia diferenciada de las instituciones estatales hace que, como se ha insistido en otras oportunidades, los conceptos de legitimidad y gobernanza tengan más que ver con la forma como de hecho se gobierna, que refleja la relación existente entre gobernantes y gobernados, que con la comparación con un modelo ideal y abstracto de democracia, tal como aparece en los manuales de Ciencia Política. Esa mirada a la realidad política concreta muestra la dificultad de hablar de la viabilidad y deseabilidad de medidas modernizantes y modelos de sociedad al estilo de los parámetros de la good governance en un Estado que no ejerce el mismo control ni tiene la misma presencia en todo el territorio; en una sociedad donde el Estado no monopoliza el ámbito de lo político; en un sistema donde conviven prácticas modernas y tradicionales. La implantación de esas reformas modernizantes encuentra muchas dificultades en ese tipo de política concreta, pues ellas presuponen la existencia de un Estado que no requiere de la mediación de otros niveles de poder para ejercer su dominación, y que goza del pleno monopolio de la violencia y de la administración de la justicia. La gobernabilidad y legitimidad que posee y proyecta un líder en un contexto similar no siempre obedece al seguimiento estricto de las formas ideales de hacer política.

En contraste con la mirada homogénea y abstracta de la política, el estilo político del presidente Uribe Vélez parece adecuarse a la diversidad de tipos de legitimidad política que coexisten en el contexto político colombiano: la manera como un personaje como Uribe se mueve en medio de dicha diversidad demuestra que en realidad, las prácticas modernas y tradicionales, o ciudadanas y clientelistas de hacer política no son tan incompatibles ⁷. Es más, el hecho de que un gobernante goce de amplios niveles de gobernabilidad en su sentido tradicional gracias a la combinación de esas lógicas y al cultivo de legitimidad por distintas vías, da cuenta que un estilo de gobierno tecnocrático, meritocrático, impersonal y gerencial no conduce necesariamente al good governance. Para asegurar la gobernabilidad, el gobierno debe moverse dentro de la política realmente existente: esto explica el vuelco de Uribe frente a la clase política tradicional, que se refleja en el reparto milimétrico del botín burocrático entre los diversos grupos de congresistas uribistas, que muestra un cierto retorno a las prácticas “politiqueras” que tanto criticaba inicialmente. Este reparto se encaminaría a asegurar la gobernabilidad o gobernanza, entendida como el apoyo del poder legislativo a las propuestas del ejecutivo. Sin embargo, la realidad de los primeros dos meses del segundo período de Uribe parece alejarse cada vez más de esa perspectiva: las maniobras de algunos grupos de congresistas uribistas evidenciaban su falta de cohesión interna por representar alianzas coyunturales de jefes locales y regionales, cuyos intereses particulares no siempre coincidían con las propuestas y planes del gobierno de Uribe. Además, ha sido evidente el descontento de varios congresistas con el reparto de puestos en la administración pública.

Este panorama parecería conspirar contra la aprobación de proyectos gubernamentales como la reforma tributaria y el cambio del régimen de trasferencias de rentas a las regiones, actualmente en curso, lo mismo que contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio y la reforma a la seguridad social: en todos esos temas, no parece existir consenso en las filas de los diversos grupos de congresistas uribistas. Por otra parte, ese tipo de maniobras, normales en un régimen parlamentario o semiparlamentario, parecen atentar con la “pulsión moralizadora” que fue tan importante en el apoyo masivo de la población colombiana a las propuestas de Uribe en su primera elección, al mostrarlo cercano a los arreglos “politiqueros” que tanto había criticado inicialmente En esa articulación de Uribe con la política realmente existente en regiones y localidades, un problema grave que se le presenta tiene que ver con la manera como va a rearticular y reintegrar los poderes locales, regionales afectados o producidos por el impacto del conflicto armado, poderes apoyados por los señores de la guerra de los grupos paramilitares, algunos de ellos pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, de manera que puedan a la vez garantizar la vida democrática y el desarrollo de las regiones al tiempo que fortalecen las instituciones del Estado

En ese sentido, la combinación de estilos de manejo político tan contradictorios, que ha producido un apoyo masivo de la población a las políticas del presidente, podría volverse en su contra: El esfuerzo por asegurar la gobernabilidad terminaría bloqueando los esfuerzos encaminados a lograr la good governance. Por eso, la pregunta final es hasta qué punto esta combinación de estilos políticos puede seguir funcionando en el futuro: ¿hasta qué punto la cercanía pragmática con los políticos tradicionales, especialmente los que habían sido descalificados por Uribe mismo, que contradice el proyecto moralizante de Uribe, puede afectar el respaldo mayoritario de la población? Y hasta qué punto la negociación política con los paramilitares y sus aliados políticos puede terminar afectando la credibilidad del presidente ante la opinión pública nacional e internacional? ¿ Y hasta qué punto la concentración del poder resultante de la reelección presidencial inmediata, que deja en manos del presidente el nombramiento de la Corte Suprema, la Corte constitucional, la Contraloría, la Defensoria del Pueblo, que quedarían prácticamente en manos de funcionarios cercanos al presidente, terminaría conspirando con la necesaria separación de poderes y el sistema de equilibrio entre ellos, esencial para nuestro sistema político?