El presente texto constituye un esfuerzo por describir y comprender las complejas interacciones de los actores armados colombianos con la población civil a partir del análisis a las distintas formas de gobierno desplegadas por guerrilleros y paramilitares en el municipio de Landázuri entre 1983 y 2003¹ . Se propone mostrar cómo unos actores armados ilegales ejercen particulares modos de regulación política y compiten entre sí para obtener el reconocimiento como autoridad local. Para ello, describiremos primero las estructuras sociales en las cuales se insertaron los grupos armados. Examinaremos en un segundo tiempo las normas y los tipos de sociabilidad tejidos entre la guerrilla y los campesinos. Analizaremos finalmente las relaciones establecidas entre los grupos paramilitares y los diferentes sectores de la población. En suma, el examen a las formas de gobierno empleadas por unos actores armados ilegales nos brindará elementos para dialogar con algunos de los supuestos que respaldan las tesis de Pierre Calame como el carácter democrático, pacífico y legal de la gobernanza .

Un municipio de minifundio andino deprimido

Landázuri es un municipio del departamento santandereano y hace parte de la región del Magdalena Medio. La vida está organizada en torno al trabajo de la tierra; la gran mayoría de la población vive en el área rural (84%) y la agricultura representa un 70% de la actividad económica. Las pequeñas propiedades o minifundios de baja producción predominan en el paisaje rural de Landázuri: los predios oscilan entre 0.5 y 5 hectáreas (Plan de Desarrollo Landázuri, 2000-2003). No ha habido allí lugar a la conformación de extensas haciendas ganaderas, en parte, por su ubicación sobre la ladera de una cordillera y por la escasa valorización de la tierra.

Aún si la mayoría de las familias son propietarias de las parcelas que cultivan, las condiciones de pobreza están lejos de ser superadas. El ingreso per cápita es de $303 dólares al año (Plan de Desarrollo Landázuri, 1995-1997), lo que muestra que los ingresos que perciben los campesinos apenas cubren sus necesidades y mucho menos les permiten desarrollar su poder adquisitivo como consumidores. Para el año 2000, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas era del orden de 62.8% y el 28.8% de la población vivía en condiciones de miseria absoluta (Cega, 2000) Por lo demás, el municipio se destaca por su relativa ausencia de jerarquización social: no hay presencia de sectores o familias económicamente dominantes; prevalecen los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, los campesinos y los ocupantes de tierra.

Otro rasgo característico del municipio es su aislamiento, el cual contrasta con su proximidad geográfica a tres grandes ciudades y centros administrativos, a saber, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Su escarpada topografía contribuye en parte a esta condición y el pésimo estado de sus vías lo refuerza. De hecho, la única vía que comunica a Landázuri con el valle del Magdalena y con la vecina localidad de Vélez es la traqueada y polvorienta carretera destapada del Carare que se encuentra frecuentemente cerrada por los deslizamientos y que alarga considerablemente las distancias.

De esta manera, el pésimo estado de la carretera dificulta la integración con los mercados regionales y nacionales y contribuye a que la localidad sea un espacio “insular”. La carencia y las deplorables condiciones de las vías elevan los costos de producción y entorpecen la articulación con los centros de acopios locales y regionales. Es así como prevalecen las producciones agrícolas de autoconsumo con la generación de pequeños remanentes para la venta y predominan formas de trabajo basadas en la cooperación familiar y comunitaria como la “vuelta de mano”. En síntesis, las características mencionadas de Landázuri permiten considerarlo como un municipio andino de minifundio deprimido.

 

Los lazos de sociabilidad entre las FARC y los campesinos

La presencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad se remonta a 1983. Las características geográficas del municipio, su escarpada topografía y su frondosa vegetación, así como el aislamiento del municipio representaban condiciones favorables al establecimiento de una zona de refugio para esta guerrilla. El territorio le permitía a las FARC una amplia movilidad, una zona para la protección y el descanso de sus efectivos, para guardar armas, víveres y secuestrados. Ahora, si bien la organización armada irrumpió en Landázuri por la funcionalidad que tenía el territorio dentro de una lógica de guerra, su presencia durante dos décadas permitió y volvió imperativo el establecimiento de relaciones con el territorio donde actuaba y con la población que lo habitaba.

Así las cosas, la supervivencia y la permanencia de las FARC en el municipio de Landázuri exigieron la creación de lealtades y simpatías entre la población campesina local y el grupo armado revolucionario. Ello se logró en gran parte, pero no exclusivamente, gracias a la habilidad de la guerrilla para capitalizar a su favor el sentimiento de exclusión y abandono frente a las instituciones estatales que experimentan los habitantes de este territorio aislado. El discurso contestatario y rebelde de la guerrilla reforzaría estos sentimientos, a la vez que le proporcionaría una base social de apoyo sustentada en una identidad compartida de exclusión. La desconfianza e indignación frente al abandono de las instituciones estatales se hace evidente en las siguientes afirmaciones de un líder campesino asesinado en el 2003:

Sumercé, las cosas están plasmadas y están quieticas. Resulta que usted conoce los derechos universales, las reglas de la guerra están completamente, no hay discusión, pero se violan. En Colombia no se respeta ningún derecho. Hay una cantidad de familias que tienen una situación precaria, una situación jodida ¡¡ y el Estado debe de ver por ellas!! Pero ni unos cumplen el deber, ni ellos reclaman ese derecho. Con el Estado toca es reclamándole, ¡el Estado no suelta nada así como así!, es necesaria la organización social. ².

 

El mismo entrevistado afirmó:

Aquí mismo tenemos tres señoras damnificadas por la guerra. Un capitán del Ejército, dijo que lo que pasaba aquí era que aquí era tan popular la guerrilla, que había vivido y que aquí tenía mujeres, tenía hijos y tenía no sé qué más. Mucho de eso hay de cierto, pero los niños tienen derecho. El niño está en formación, está procreado, ya nació, de ahí en adelante al Estado le toca, así sea hijo del criminal más grande. El niño no es un criminal, el niño está en formación. Al niño le falta ver qué destino le espera. Eso no es que la persona nace ahí, sino que el mismo viaje lo arrastró en este momento de incertidumbre que hay. El único empleo permanente que hay es la guerra. Entonces, aquí hay muchachos sin derecho a una educación de ninguna especie. Aquí habemos cantidad de personas con sesenta o más años, veinte, quince o dieciocho años sin haber pisado un plantel educativo, si acaso por ahí de paso. ³

 

Los apartes de las entrevistas citadas dejan entrever la visión de un “Estado ausente” y de “un abandono y una indiferencia estatal”; argumentos que coinciden en alguna medida con el discurso contestatario y rebelde de las FARC, pero también con una cierta “idea aprendida de Estado y de democracia” respecto, por ejemplo, de los derechos y deberes ciudadanos. Podríamos entonces afirmar que los apoyos y lealtades hacia esta organización armada se sustentan en una identidad compartida de exclusión combinada con una mesiánica esperanza en una vida mejor, emergidas de las necesidades y carencias que han sufrido los pobladores, así ello no implique necesariamente una plena identidad con muchos otros puntos de una agenda de intenciones revolucionarias (Ortiz, 1999, 111 y 138), ni mucho menos con la voluntad de instaurar un régimen comunista. En efecto, los referidos testimonios y las conversaciones informales con los campesinos landazureños evidencian el imperioso anhelo de que el Estado central cumpla con sus deberes constitucionales y los incluya finalmente. Aunque suene un tanto tautológico pareciera que la “otra cara” de la identidad de exclusión es el deseo de inclusión. Esto nos muestra que si bien la guerrilla de las FARC moviliza a su favor los sentimientos de exclusión de los campesinos, esa adhesión y fidelidad puede resquebrajarse ante la puesta en marcha de medidas del Estado central o de cualquier otro grupo armado tendientes a la inclusión efectiva, o por lo menos, a la “sensación efectiva” de inclusión.

Es de anotar, sin embargo, que el apoyo de los pobladores a la guerrilla no se basó exclusivamente en una identidad compartida de exclusión, sino que estuvo también sustentado en la funcionalidad del rol de autoridad local que ella ejercía. Las FARC asumieron durante cerca de dos décadas funciones de índole estatal como el cobro de impuestos, la administración de justicia y el ejercicio de la coacción. Su capacidad para regular la vida social se hizo patente en la definición de linderos, en el castigo de los ladrones, en el control al consumo de licor y a la entrada y salida de vehículos de la zona, en el arbitraje de los conflictos vecinales y familiares, en el cobro del “impuesto revolucionario a la cerveza” y en la elaboración del Código del Opón ⁴. De esta forma, a lo largo de casi veinte años, las normas implícitas y explícitas de la guerrilla, conocidas por los pobladores y percibidas como ley con capacidad de sanción y castigo, permitieron el establecimiento de un orden predecible.

Las FARC se erigieron igualmente en protectores y voceros de los intereses de los campesinos ante la administración municipal, ejerciendo en ocasiones presión sobre las alcaldías para la puesta en marcha de obras públicas como la construcción de alcantarillados y de una trocha interveredal. En términos de la historiadora María Teresa Uribe, las FARC habrían construido allí “formas embrionarias de representación-intermediación” (2001, 263). Estaríamos entonces frente al siguiente fenómeno: un grupo ilegal que dice no reconocer la autoridad del Estado colombiano y que además pretende combatirlo por la vía armada, favorece en ocasiones puntuales la articulación de los campesinos con la administración municipal. Esta aparente paradoja puede esclarecerse si entendemos que pese a ser un grupo armado revolucionario, la guerrilla debe servir de puente entre los campesinos y el Estado como mecanismo para mantener el respaldo hacia su organización, habida cuenta de la ya referida voluntad de inclusión que prevalece entre los habitantes.

Es por lo demás necesario subrayar que no es posible considerar a Landázuri como un municipio “autárquico”, regulado exclusivamente por la insurgencia. A pesar de que la justicia guerrillera resultaba a menudo más efectiva que la de los organismos socio jurídicos, en parte porque apelar a ésta última implicaba en muchos casos el desplazamiento a pie o a lomo de mula durante algunas horas hasta el casco urbano sin tener ninguna garantía de obtener una respuesta pronta y satisfactoria, aún así ello no impidió que los pobladores acudieran a las agencias estatales locales para proveerse de bienes necesarios o demandar la financiación de alguna obra.

Constatamos así cómo, para el caso de Landázuri, los aspectos concernientes con la justicia y la seguridad estaban primordialmente en manos de la agrupación guerrillera, mientras que aquellos relacionados con el suministro de bienes y la financiación de obras públicas pertenecían principalmente a la administración municipal.

Todo lo anterior nos ha permitido evidenciar las formas de gobierno y el tipo de sociabilidad tejidos entre una guerrilla revolucionaria y los campesinos en un determinado municipio. Conviene ahora examinar el tipo de relaciones establecidas entre los grupos paramilitares y los habitantes del mismo municipio.

La irrupción paramilitar

Un cambio en la táctica de guerra de las FARC habría favorecido la irrupción en el año 2000 de grupos paramilitares en Landázuri. La decisión de la guerrilla de crear columnas móviles llevó a trasladar efectivos armados de las zonas de refugio como Landázuri para concentrarlos en áreas estratégicas que requerían de operaciones militares de gran envergadura. Fue en medio del vacío de regulación social y de control militar de la zona por parte de la guerrilla, que se produjo la avanzada de dos organizaciones paramilitares al municipio de Landázuri.

Desde su llegada a la localidad, el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar (BCB) ha buscado resquebrajar el orden establecido por la insurgencia y socavar los lazos de la guerrilla con los habitantes. El empleo de la amenaza y del terror sobre la población desarmada se ha convertido en uno de los medios privilegiados para aislarla y cortarle sus eventuales apoyos. Lo anterior se vuelve aún más grave si consideramos que la frontera entre “colaboradores” y “no colaboradores” de la guerrilla se hace particularmente difusa en una zona donde hasta dos generaciones de campesinos se criaron, aprendieron a convivir con las reglas de las FARC y establecieron lazos de parentesco con ella. Esta táctica contraguerrillera ha provocado entre el 2000 y el 2003, el desplazamiento de cincuenta familias, una docena de asesinatos selectivos y la divulgación de “listas negras” en las cuales aparecen aproximadamente unas ochenta personas - potenciales víctimas que deben obedecer los dictámenes de los paramilitares o huir.

La puesta en escena del horror ha constituido igualmente un mecanismo para impedir todo intento de resistencia por parte de la población civil. Es así como los cadáveres con marcados signos de tortura y agujereados por las balas son a menudo exhibidos a la vera de los caminos, como advertencia de las consecuencias que trae“colaborar” con la guerrilla o simplemente no acatar las órdenes de las fuerzas contrainsurgentes.

Dichas medidas han creado tal zozobra que un poblador nos comentó: “Cuando uno va caminando y ve a lo lejos los paracos uno empieza a orar, a decir el padre nuestro mentalmente. ¡Y se van! Cuando hay paracos en una tienda, tenga por seguro que la gente está mentalmente echándose el padre nuestro.” Los paramilitares han incluso logrado la parálisis de los campesinos ante los actos de barbarie. Es al respecto revelador el hecho de que dos agentes paramilitares hayan presuntamente conseguido llevarse, delante de un centenar de personas, a un individuo de la plaza de mercado y lo hayan posteriormente ajusticiado a pocos metros sin la reacción de nadie: “la gente se fue rapidito y en silencio para sus casas”- nos contó un campesino.

Adicionalmente, estos actores armados han reclamado para sí, además del ejercicio de la violencia, la administración de justicia y el cobro de impuestos. Se han presentado ante la población civil como una “protección” para prevenir y castigar robos, riñas, reducir la delincuencia común y los homicidios que de ella se derivan, aunque aumenten aquellos perpetrados por sus propios requerimientos de permanencia.

Como contraprestación a esta función de “policía”, la agrupación armada cobra una serie de impuestos que han contribuido a exasperar a los habitantes. Como bien lo señala el politólogo Pécaut: “la extorsión nunca ha suscitado grandes pasiones políticas” (1997, 14) o como nos lo dijo un campesino: “un peso mal quitao no le gusta a nadie ⁵”. Al respecto un poblador afirmó:

Ellos lo que están haciendo es ahogando al campesino con tanto impuesto. La gente ya está cansada de ellos por eso. La gente está es sacando su cacao de a poquitos porque si no, dicen que tiene plata y ahí le caen. La gente está desmotivada para trabajar. ¿Pa’ qué? ¿Pa’ alimentar a unos zánganos? Ahora les pagan porque no les queda de otra, porque tienen hijos, pero llegará el día en que reviren. Si se lo hicieron a la guerrilla ¿por qué no se lo van a hacer a éstos? Piden plata por todo, por canasta de cerveza, por la carne, por cada venta de cacao y de plátano ⁶.

Adicionalmente, los paramilitares han ofrecido servicios de seguridad a la pavimentación y al tránsito de mercancías por el antiguo camino de herradura, el cual se erige como un corredor para el tránsito de mercancías del interior del país hacia Medellín y la Costa Atlántica. Los paramilitares han eliminado la delincuencia común que operaba en la vía cuando era una zona guerrillera: “como ahora hay gente que persigue eso…” dijo el dueño de una tienda de abarrotes del pueblo. La vigilancia en la carretera y la sanción de los atracos han permitido a los comerciantes de Landázuri y de los pueblos aledaños aumentar el transporte y la compra de mercancías sin el riesgo de perderlas en el camino. Es así como estos agentes armados se encargan presuntamente de prestar seguridad a las empresas contratistas para evitar el secuestro de sus empleados, los atentados y el saboteo de la obra. Han presuntamente infiltrado individuos allegados a su organización, para delatar a aquellos obreros que pretendan llevar a cabo huelgas o simplemente reclamar mejores condiciones laborales. Así las cosas, la construcción de la carretera ha sido percibida por los comerciantes del pueblo, el sector con una relativa mayor capacidad adquisitiva, como una oportunidad de progreso y la presencia de la guerrilla, como un obstáculo para la consecución de sus objetivos.

Igualmente, la masificación del cultivo de la hoja de coca ocurrido a partir del 2000 con la llegada de grupos paramilitares al municipio, se ha constituido en uno de los medios más efectivos para obtener la simpatía y el respaldo de algunos campesinos. En efecto, estos grupos armados suministran las semillas, otorgan créditos para la compra de los implementos e insumos químicos necesarios, compran la pasta de coca y la transportan.Un líder campesino nos explicó de la siguiente forma la decisión de algunos pobladores de sembrar coca:

Mire, a un campesino que esté a dos o tres horas de la carretera y que se le muere la mula con la que saca su carguita queda varado, porque uno en las costillas no carga más de una arroba. Por eso es tan fácil que alguien se meta a la coca. En una mochilita uno mete un kilito de coca y la saca rápido, la vende y coge $1.400.000 pesos en un solo viaje. Y eso que en la región ha habido gente muy trabajadora, pero la gente se cansa, se cansa de luchar. Por eso, a los que les regalaron la semilla y tenían el rastrojo quemao, pues se metieron en eso de la coca. ⁷.

Los cambios ocurridos en el municipio con la proliferación de los cultivos de uso ilícitos pueden ilustrase de la siguiente forma. Por un lado, los comerciantes se han beneficiado ampliamente con la elevación del nivel de ingresos generado por el “boom” de la coca. Junto a los dueños de los almacenes de víveres, los comerciantes de productos agrícolas y estaciones de gasolina - estos dos últimos, proveedores de los insumos necesarios para el procesamiento de la hoja en pasta de coca-, así como los propietarios de los centros de diversión como bares, discotecas y “residencias”, se han lucrado con los ingresos de los raspachines⁸ y campesinos cocaleros. De hecho, el número de estos establecimientos se ha multiplicado notablemente en los últimos años.

La visita que realizamos al caserío de Girón nos permitió registrar al borde de la única calle que lo atraviesa, una variedad de tiendas, galleras, una casa de prostitución, una cancha de fútbol y en la cantina más grande construida en madera y tejas de zinc, un espectáculo de música norteña en vivo con un televisor de pantalla gigante mostrando, entre otras, imágenes de Pablo Escobar ⁹. Allí, en medio del calor sofocante y al ritmo de los “corridos prohibidos ¹⁰” estaban reunidos los “coqueros” y “raspachines” en su día de descanso con “las chicas de la vida alegre”. Uno de ellos se nos acercó con una mirada cómplice a preguntarnos “¿Sumercé a usted le gusta la mafia?” y señalando la cantina exclamó sonrientemente: “¡Es que la mafia es magia!” .

Por otro lado, el boom de la coca ha provocado cambios radicales en el vestuario de algunos jóvenes campesinos: el poncho, las botas de caucho, las cotizas, el sombrero y el machete al cinto, han sido rápidamente reemplazados por jeans, tenis, camisetas, collares y anillos de oro, pantalones descaderados y ombligueras. Inclusive, en los cafés y cantinas donde antes se escuchaban los sonidos del tiple y de la guabina propios de la Provincia de Vélez, ahora retumban los corridos prohibidos y el vallenato.

Además de la coca, la realización de una serie de obras de infraestructura como el arreglo y la construcción de algunas vías carreteables y de un puente sobre el río Opón ha contribuido a asegurar a los paramilitares el reconocimiento como autoridad local. De acuerdo con la información que recogimos en la zona, el Frente Isidro Carreño perteneciente al Bloque Central Bolívar, ha organizado jornadas de trabajo obligatorias en las cuales cada miembro de la familia debe dedicar unas horas a la semana para el mantenimiento y construcción de las obras. Así nos lo contó un campesino de la zona:

Los paras llegaron un domingo a la iglesia, esperaron a que el padre diera la misa y luego se llevaron a todo mundo en camiones para que ayudaran en el puente (…). Golpeaban también casa por casa y le decían a la gente que tenían que salir. El que no caminaba rápido lo iban apuntando [con un arma]. Ahora la gente ya sabe, y una vez por semana sale al puente. (…) Usted ve gente juiciosita trabajando sin necesidad de nada, sin necesidad de que golpeen en las casas ¹¹.

Así, mediante fuertes dosis de coacción los campesinos han convertido en vías carreteables, caminos que hasta hace muy poco eran accesibles sólo a lomo de mula o a pie. Adicional a la carga de trabajo semanal en las trochas y en el puente, los campesinos deben aportar una suma de dinero para el pago de los operarios y para la compra de la gasolina necesaria para el funcionamiento de los equipos. Por su parte, las alcaldías de Landázuri, Vélez y Santa Helena se encargarían presuntamente de suministrar la maquinaria.

Resulta interesante advertir que pese a que la participación de los pobladores, en el mantenimiento de las vías y en la construcción del puente, ha sido obligatoria y ha estado sometida al uso de la fuerza, las obras promovidas por los paramilitares les han permitido, hasta cierto punto, posicionarse ante la comunidad como una “oportunidad de progreso”. Al respecto un campesino expresó el entusiasmo que suscitó entre los habitantes la construcción de una trocha: “Cuando entró el buldózer fue una gran fiesta, los niños y los adultos corrían detrás de él, hicimos un bazar y echamos pólvora. Un líder de los que impulsó la carretera decía molestando: “donde rosnaba un águila, un oso, ¡ahora suena un buldózer!.”

La puesta en marcha de una serie de obras de infraestructura en tan solo tres años ha permitido a los paramilitares marcar una fuerte diferencia frente al accionar guerrillero y obtener así el reconocimiento como autoridad local. A ese respecto, un líder campesino nos comentó:

La gente ya no esperaba nada de la guerrilla, porque sabe que lo que hace la guerrilla con la mano, lo borra con el codo, ¿o qué fue lo que hizo por el pueblo? ¿la vía de Miralindo a Plan de Armas [Corregimientos de Landázuri]? ¿y después qué? Nada. Se durmió en sus laureles. Después de eso ha debido poner luz, construir una escuela. Después de eso nada. En quince años nada más. No, la gente no es boba, la gente ve que la guerrilla habla muy bonito, pero en sus acciones no hace nada. Decía que había que trabajar por el pueblo, ¿pero qué? Plan de Armas hasta hace un año tuvo luz. La región siguió siendo igual de pobre. Eso no cambió. Porque a la guerrilla le conviene tener al pueblo sin nada. Ahora que hay luz, hay televisores y el campesino se entera de lo que pasa en otras partes. Antes el pueblo andaba a tientas en la oscuridad, ahora sabe más. Pero la gente ya no podía creerle a la guerrilla. Ahora hay carretera para ir a La Aragua, a Plan de Armas, a Barranca, la gente puede ver más cosas ¹².

El testimonio de este poblador señala un fenómeno interesante: una aparente mayor eficiencia de los paramilitares frente a la guerrilla en la oferta de bienestar, que le facilitaría a los primeros la transferencia de lealtades en un corto tiempo y el reconocimiento como autoridad local. De hecho, constatamos que la construcción tanto de las vías como del puente han permitido articular las veredas y corregiminentos históricamente aislados con puntos neurálgicos de la región del Magdalena Medio.

Sin embargo, existen algunas voces escépticas frente a la generación de “bienestar” por parte de los paramilitares, pertinentes de ser reproducidas en este texto:

¿Cuál progreso si todo le toca ponerlo al pueblo? Pues sí, el puente está hecho y eso es muy bueno, pero ¿quién ha puesto el esfuerzo y la plata? ¡La gente! Ese puente no está fundamentado hacia un bien común. Está hecho pa’ que los paracos puedan pasar sus carros, porque ¿será que un campesino va a comprar un carro pa’ pasarlo por ahí? No, ese puente le sirve es a ellos. Cuando no existía ese puente los paracos no se pasaban hacia este lado, ahora les queda más fácil. Un progreso que lo tiene que poner el sudor el pueblo. Yo creo, en el momento en que tenga una oportunidad, el pueblo se le va a voltear a los paracos. Ahora no, ahora aguantan pero quién sabe más adelante. Va a llegar un momento en que la gente les va a decir “¡no muevo ni un hacha!”. Los paracos manejan a la gente pero no la pueden manipular. La gente les dice a todo que sí, pero en su corazón sabe que no los quiere. Al “Tigre” [seudónimo de un comandante militar del BCB] lo respetan por ser tigre, pero de resto no ¹³.

Anotamos así cómo la coacción que ejercen los paramilitares ha favorecido la construcción de obras públicas con una mano de obra prácticamente gratuita y a muy bajos costos para las administraciones locales en zonas marginadas de las políticas públicas. Evidenciamos cómo a partir de una lógica de guerra se articulan territorios aislados a los mercados y a las redes viales regionales y nacionales.

Todo lo expuesto anteriormente permite igualmente constatar y confirmar que el control territorial de un actor armado va mucho más allá de lo militar y que implica la puesta en marcha de mecanismos tendientes a su legitimación; en este caso, la “oferta de bienestar y progreso” ha contribuido en cierta medida a la permanencia y al afianzamiento de los paramilitares en Landázuri.

Conclusión

Según Pierre Calame, la primera función de la gobernanza es la de construir y dar cohesión a la comunidad (2003, 124). Para ello no es suficiente que la gobernabilidad sea “legal”, ella debe ser percibida como “legitima” (Calame, 2003, 124). De acuerdo con esta perspectiva, ética y gobernanza se encuentran estrechamente asociadas como las dos caras de una misma monedad. P131. La gobernanza exige que los gobernantes se sometan a las leyes y ejerzan sus funciones con probidad, porque de lo contrario, las coacciones en nombre del interés común pierden su legitimidad. (Calame, 2003, 135). Supone además que la gobernanza es a fortiori democrática y pacífica (Calame, 2003, 131).

 

Advertimos que desde esta óptica, el concepto de gobernanza supone de antemano que el Estado burocrático es el único actor capaz de regular y gobernar una sociedad, y por tanto, que tiene el pleno control sobre el territorio nacional.

Sin embargo, el estudio del caso de Landázuri nos ha mostrado cómo una sociedad agraria se regula a través de las normas implícitas y explícitas de unos grupos armados, –reglas que oscilan entre la coacción y el consenso. Hemos incluso visto cómo las regulaciones establecidas por la guerrilla logran de alguna forma hacer prevalecer la idea de comunidad. Lo curioso aquí es que se trata de unos actores armados violentos de carácter ilegal que buscan obtener el reconocimiento como autoridad local y, por tanto, alcanzar una cierta legitimidad entre la población civil.

En este caso, tanto la guerrilla como los paramilitares ejercen funciones de índole estatal pero existen ciertas particularidades entre unos y otros en la forma de obtener el reconocimiento como autoridad local. Mientras que la guerrilla de las FARC moviliza a su favor el “sentimiento de exclusión y abandono frente a las instituciones estatales”, los grupos paramilitares explotan “el deseo de inclusión” política y económica de los campesinos para obtener apoyos y adhesiones. Es así como integran o por lo menos crean la “sensación de inclusión efectiva” al mercado y a las redes viales regionales y nacionales, sin que por ello disminuyan las desigualdades locales y regionales.

La coca constituye un mecanismo a través del cual los paramilitares financian su aparato militar, pero también un recurso mediante el cual construyen una base social de apoyo. En efecto, la aparición y el crecimiento de los cultivos ilícitos han representado un incremento sustancial en los ingresos y en la capacidad adquisitiva de algunos habitantes de este municipio agrario de minifundio deprimido, permitiéndole a los grupos paramilitares posicionarse como una “oportunidad de progreso” y como “oferentes de bienestar” y, por esa vía, obtener el reconocimiento como autoridad local. Se podría incluso sostener que la coca y sus promotores - los grupos paramilitares- constituyen el medio a través del cual los pobladores de este territorio marginado se insertan a la sociedad de consumo; una articulación al mercado por la vía ilegal y violenta, pero ciertamente mucho más efectiva y eficaz que la economía campesina.

De esta manera, el concepto de gobernanza tal y como es entendido por Calame es una propuesta específica de regulación política ética que no nos permite comprender las distintas formas de gobierno que se despliegan en un municipio colombiano por parte de actores legales e ilegales.