Este artículo tiene por objeto analizar los aspectos principales de la nueva Constitución aprobada en referéndum en septiembre de 2008, en el contexto de la propuesta de la “Revolución Ciudadana” y de los cambios económico- políticos generados en el Ecuador por el gobierno de Correa (2007-2009) y Alianza PAIS en su primer periodo. Se examina algunas de las políticas públicas y la transformación del poder del Estado y su régimen político, lo que da lugar a la configuración de un nuevo ciclo histórico en Ecuador. En primer lugar, se caracteriza la coyuntura; en segundo, se examina las características principales de la nueva Constitución y en tercer lugar, se analizan algunas tendencias y rasgos que se advierten en el segundo periodo del Gobierno de Rafael Correa y Alianza PAIS.¹

I.

La transformación histórica en el país ha estado signada por sucesivas convocatorias electorales encaminadas a organizar la Asamblea Constituyente y aprobar una nueva Constitución, a fin de resolver el desfase entre la reestructuración del poder del Estado -que se dio luego de la debacle financiera ocurrida en el Ecuador en 1999- y la organización del nuevo régimen político atascado por el “reinado” oligárquico neoliberal de los últimos decenios. En efecto, la vieja institucionalidad y las tradicionales fuerzas políticas obstaculizaron el cambio reclamado por gran parte de la sociedad en los últimos años; al punto que el intento de renovación en el periodo 2004-2005, del entonces Presidente de la República, Coronel Lucio Gutiérrez, fracasó. No se alcanzó a resolver el mencionado desfase, en la medida en que el “coronel” prefirió aliarse con el tradicionalismo político y los viejos intereses oligárquicos, abandonando su propuesta de transformación y traicionando a los sectores indígenas y populares, sus aliados en la campaña electoral de 2003 y en su primer momento de gestión gubernamental.

El tan esperado cambio ha contado a su favor con un contexto mundial y regional abierto a superar el neoliberalismo y generar un nuevo modelo económico y una forma distinta de hacer política; como también un replanteamiento y profundización de la soberanía nacional y regional. La “Revolución Ciudadana” la gestión y políticas públicas del gobierno aliancista de Correa y la aprobación de una nueva Carta Magna son elementos que nos permiten afirmar que en el Ecuador se ha inaugurado un nuevo ciclo histórico, luego del que se dio a partir de 1979 con el llamado “retorno democrático”.

Las elecciones realizadas el 30 de septiembre de 2007 para elegir asambleístas constituyentes pusieron de manifiesto los límites del entorno político ecuatoriano en el que se expresó la debilidad de la vieja “forma de hacer política”. Los partidos que en las décadas anteriores habían gobernado el país ingresaron a esa coyuntura en una situación de debacle, y las nuevas agrupaciones -PSP², PRIAN³- que pretendieron copar en el proceso electoral de 2006, el espacio dejado por los desprestigiados partidos tradicionales, expresaron su límite al alcanzar el 30 de septiembre de 2007 un reducido número de asambleístas constituyentes. Esto contrastó con la fuerza electoral de Alianza PAIS que obtuvo 82 de 120 asambleístas constituyentes.

De otro lado, las agrupaciones políticas que se presentaron como independientes de estas dos vertientes en pugna, y que intentaron nacer en esta coyuntura aprovechando la oportunidad del enfrentamiento del gobierno con la “partidocracia” (el tradicionalismo político), lo hicieron débilmente, sin fuerza electoral para llegar a la Asamblea Constituyente. Este escenario de fuerzas evidenció que el nuevo periodo abría un proceso de armazón o conformación de nuevos movimientos políticos, cuyo signo -para el caso de la tendencia de las izquierdas- estaría dado por el giro ideológico y político generado en los últimos años en la región y, a escala global, por el cuestionamiento a los partidos de la “vieja izquierda”.

Las políticas públicas asumidas por Rafael Correa en los primeros 20 meses de su gobierno, desde enero de 2007 hasta antes de la crisis mundial desatada en octubre de 2008, expresan por otra parte la línea ideológica y programática de la “Revolución Ciudadana” reconocida por unos como el “Socialismo del Siglo XXI”, y por otros como una “ideología neo-desarrollista” encaminada a la reestructuración del poder del Estado.

Las medidas más notables tomadas por el gobierno en ese periodo fueron: la declaratoria de moratoria de dos tramos de la deuda externa y la propuesta de su reestructuración y/o recompra; el giro de la política exterior hacia el eje Chávez; el impulso interno de la economía y la producción incentivando el desarrollo industrial y agrícola nacional, la promoción de las exportaciones y el desarrollo de los pequeños y medianos emprendimientos económicos; la limitación y regulación del manejo de la banca privada por medio de la aprobación de la nueva ley financiera; la emblemática política ambiental que pretende negociar en el mercado internacional la no-explotación del petróleo ubicado en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní, conocido como Bloque ITT.

Este conjunto de medidas se dieron en el marco de una orientación de corte neo-keynesiano encaminada a promover el crecimiento endógeno y el cambio estatal. Como afirmó en su momento el Presidente Correa, estas medidas económicas apuntaban a modificar estructuralmente la economía y el poder del Estado.

La crisis internacional de octubre de 2008 matizó la orientación política gubernamental. Correa decidió algunas acciones en correspondencia con la ideología y programa originalmente planteados por la “Revolución Ciudadana”. En esta línea, se asumieron estrategias encaminadas a orientar a la banca ecuatoriana hacia la actividad estatal y la inversión productiva, seleccionar acreedores para el no-pago de la deuda externa y restringir temporalmente las importaciones de determinados productos de consumo, así como mantener el ritmo del gasto estatal para evitar el desempleo y continuar con las obras de infraestructura y la política social implementadas durante los dos primeros años de gobierno.

En efecto, se privilegió una política en torno a la banca ecuatoriana, la misma que en su primer momento, en marzo de 2009, se orientó a fortalecer y promover a este sector con el objetivo de mantener el nivel de rentabilidad afectado por los efectos de la crisis mundial y evitar situaciones que podrían llevar al país a abandonar la dolarización. En el segundo momento -hacia fines de mayo- el gobierno dispuso la repatriación de una parte de los ahorros depositados en el exterior (alrededor de 1200 millones de dólares); y se decidió la regulación y disminución de las tasas de interés, con la finalidad de canalizar recursos financieros hacia los sectores productivos, incluidos los pequeños y medianos emprendimientos, lo cual pone de manifiesto la continuidad y coherencia programática presente en los primeros dos años del gobierno de Correa. Este conjunto de medidas cumple con el objetivo de generar, por otra parte, la liquidez que se requiere para activar la economía a través de la concesión de créditos, evitando así un posible desastre financiero.

Rafael Correa se vio ante la necesidad de matizar o flexibilizar la propuesta de moratoria de la deuda externa. Al menos es discrecional pagar a unos y mantener la moratoria con otros acreedores. En las últimas semanas (mayo de 2009) se decidió colocar en subasta un tramo de la deuda externa en la línea de pagar la deuda al 30% de su valor en el mercado, lo que se ha logrado exitosamente, disminuyendo en consecuencia un 30% del servicio de la deuda pública ecuatoriana.

Es obvio entender que, desde una visión pragmática, la política económica se orientó de esta forma pues se requiere recursos externos para financiar el déficit fiscal y continuar con la inversión estatal en obras de infraestructura y programas sociales. Luego de la acción mencionada no se sabe como reaccionarán los acreedores e instituciones de crédito internacionales para mantener la apertura y otorgar nuevos créditos al Ecuador.

Por otra parte, se ha generado una política económica de restricción de las importaciones, lo cual abre la oportunidad para desarrollar la producción industrial y agrícola interna. Esta orientación encuentra obstáculos en los países de la región contrarios a esta intervención estatal y a escala mundial, por quienes son opuestos al proteccionismo. Es una medida que no durará mucho tiempo (se anunció que en septiembre de 2009 se levantarán las restricciones) pero que afirma una posición neo-desarrollista de la “Revolución Ciudadana” orientada al impulso endógeno, productivo industrial y agrícola.

Los efectos de la crisis mundial han obligado al gobierno a utilizar los fondos del IESS -Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- para resolver el déficit fiscal, lo que podría debilitar una de las importantes políticas de inclusión social propuestas por la “Revolución Ciudadana” encaminadas al fortalecimiento de este mecanismo de la seguridad social. Por otra parte, se advierte una línea de continuidad de la política social (en las áreas de educación, salud e inclusión social), en tanto es uno de los más importantes postulados del programa de la “Revolución Ciudadana”.

Como advertimos, de la mano de esta orientación económica se halla el escenario internacional, que en las últimas semanas ha adquirido coherencia y certeza en su conducción y ubicación, principalmente con los gobiernos progresistas de Sudamérica, en la que se destaca, de manera particular, la clara vinculación del Ecuador con el eje liderado por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la integración al bloque denominado ALBA⁴. Así mismo, el gobierno de Correa ha desarrollado una conducta de apertura y flexibilidad pragmática con otros países del mundo, en pos de mercados y capital. Son los casos de Irán, Rusia y China, con cuyos gobiernos Rafael Correa ha intensificado relaciones. También se manifiesta esta consistencia frente al gobierno y presidente norteamericano Barak Obama, con quien se ha planteado niveles de diálogo y acercamiento. En esta orientación externa, la promoción de formas y mecanismos integracionistas (ALBA, UNASUR⁵, Banco del Sur, etc.) constituyen puntos relevantes de la agenda exterior del gobierno ecuatoriano, que lo mantienen dentro del marco de su postura original.

II

En este contexto económico y político de reestructuración estatal y ambiente de cambio y crisis internacional, se aprobó la Constitución de Montecristi que diseña un nuevo régimen democrático y modelo de desarrollo. Los propósitos fundamentales de esta carta política se orientan a superar el viejo estatus -el mismo que en el pasado inmediato generó situaciones de in-gobernanza, ilegitimidad e ineficacia, coadyuvando la desestabilización de los gobiernos de turno- y el modelo de desarrollo neoliberal consignados en la Constitución de 1998.

Tres son los aspectos centrales presentes en la Nueva Carta Magna que dan cuenta de la orientación jurídico-política de la ideología neo-desarrollista de la “Revolución Ciudadana”:

1.El desarrollo sustentable o sostenible.

2.La profundización de los Derechos Humanos y sus garantías.

3.La recuperación y el fortalecimiento del Estado, y la profundización del régimen democrático.

En primer lugar, el modelo de desarrollo formulado en la Constitución de 2008 tiene la característica de sustentabilidad o sostenibilidad. En el Título VI del Régimen de Desarrollo, la Constitución señala como su misión el Buen Vivir. En este caso se está refiriendo “al conjunto organizado -dice el texto constitucional- de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del Buen Vivir, del Sumak Kawsay⁶”.

Esta disposición constitucional tiene como uno de sus propósitos alcanzar niveles de convivencia armónica entre la economía, la naturaleza y los pueblos que lo habitan; lo que garantiza un proceso sustentable o sostenible de desarrollo. Se complementa esto con las disposiciones que buscan devolver el equilibrio a la relación Estado – Mercado, para lo cual se establecen normas que recuperan la autoridad y capacidad del Estado para regular la economía a través del mecanismo de la planificación, en la que interviene la participación social y ciudadana, que se concreta en todos los niveles territoriales y de gobierno: central, regional, provincial, municipal y parroquial. Así mismo, se pone el acento en la promoción de la economía popular o solidaria, y de manera destacada en la protección de medio ambiente.

“…Desarrollo sostenible que contemple –afirmábamos en la propuesta de programa constitucional- la protección del medio ambiente, el crecimiento económico productivo, la justicia social y la igualdad. Modelo que se constituye en alternativa a las recetas del Consenso de Washington que han depredado y afectado nuestro medio ambiente limitando el crecimiento de la economía y generando más pobreza, injusticia e inequidad”⁷.

Es precisamente en ese título de la Constitución vigente, donde se colocan las disposiciones sobre educación, salud, seguridad social, recreación, desarrollo ciencia y tecnología, cultura, etc. asignándoles una precisa función en la promoción del desarrollo y su modelo.

Hay pues, en síntesis, en el paradigma propuesto una clara toma de posición por el desarrollo sustentable (no extractivista ni depredador de los pueblos y la naturaleza) en el que se destaca los tres aspectos fundamentales de éste: el progreso y crecimiento económico, la defensa y protección del medio ambiente, y la igualdad y redistribución de la riqueza ofreciendo servicios sociales que promuevan la igualdad de oportunidades tales como la salud, educación y seguridad social. Sin duda, aquí está marcada la huella ideológica que le distingue a la constitución de 2008 del fracasado modelo neoliberal y, en consecuencia, de la parte orgánica de la Constitución de 1998.

En segundo lugar, la nueva Constitución se orienta de manera privilegiada a la profundización de los Derechos Humanos, superando a la Constitución de 1998, en particular cuando se establece por primera vez, en la historia en la región y el mundo, los Derechos de la Naturaleza.⁸

En consecuencia, ha dejado completa “la carta de derechos”, destacándose la profundización de unos, el desarrollo de otros y la generación de nuevos derechos. Pero a su vez, los asambleístas han sido conscientes de la necesidad de establecer las garantías, mecanismos y formas para su exigibilidad que permitan su efectiva realización. En este sentido, se han planteado de manera desarrollada, profunda y amplía las garantías constitucionales, las mismas que se refieren al vínculo directo entre los derechos y la organización estatal, entre la parte dogmática y la orgánica.

“Finalmente conviene afirmar que, a diferencia de la Constitución de 1998, la propuesta tiene un vínculo directo entre los derechos y la organización del Estado. Este vínculo se evidencia –dicen Julio César Trujillo y Ramiro Ávila- en las garantías. La función legislativa tiene la obligación de adecuar el sistema jurídico a la parte dogmática de la Constitución (garantías normativas); la función ejecutiva tiene la obligación de emitir políticas públicas inspiradas en los derechos (garantías de políticas públicas); la función de participación social protege el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y la función judicial y corte constitucional garantizan, en última instancia, que todo el estado respete y promueva los derechos humanos”⁹.

En conclusión, la seguridad humana, la identidad cultural y la integración social adquieren particular importancia en la nueva Carta Política sobre derechos y sus garantías.

Cuando los asambleístas de Montecristi abordaron la tarea de redefinir la parte orgánica de la Constitución tuvieron en cuenta el debate sobre esta problemática que se sintetiza en la clara definición del rol y la autoridad del Estado, que fue desmantelado, reducido y casi liquidado institucionalmente durante las décadas anteriores de hegemonía neoliberal.

“… se deben promover disposiciones constitucionales -lo decíamos en la introducción de nuestro Programa Constitucional- para recuperar el Estado de Derecho y su institucionalidad: de tal manera que este recobre su autoridad y legitimidad en la sociedad y tenga la fortaleza y la capacidad para regular la economía, redistribuir la riqueza y generar servicios sociales universales de calidad (seguridad social, educación y salud). Ello es necesario puesto que en las décadas pasadas, se desmanteló al Estado, a sus servicios sociales y a sus instituciones en nombre de privilegiar el mercado y las privatizaciones acrecentando la pobreza y la desesperanza social”¹⁰.

Los aspectos centrales de este acápite constitucional se orientan a la transformación del régimen político en el que se define “la nueva forma de hacer política”, a través de la arquitectura institucional propuesta que busca encauzar y garantizar orgánicamente los derechos y el modelo de desarrollo.

Los asambleístas optaron por el presidencialismo. En esta medida se mantuvieron en la tradición político-constitucional del país y la región, descartando formas de régimen parlamentario o semi-parlamentario. Pero también se encuentra presente en la norma constitucional la superación del llamado “hiperpresidencialismo” (“presidencialismo reforzado”), que en las décadas pasadas, en el Ecuador y América Latina, se constituyó en la “palanca” institucional para impulsar o imponer las reformas económicas derivadas del Consenso de Washington, en la línea del modelo neoliberal. Este es –quizás- uno de los aspectos más polémicos del texto constitucional, pues algunos académicos y/o políticos sostienen que en este diseño se deja entrever una posición autoritaria.

En el modelo presidencialista de la nueva Constitución se destacan tres grandes ejes referidos, en su orden, a las atribuciones de la Asamblea Nacional (nueva denominación al órgano de la función legislativa), la correspondencia entre las funciones legislativa y ejecutiva del Estado, y los contrapesos institucionales entre los que se destaca la Función de Control Social y Participación Ciudadana.

Primero, la devolución de atribuciones al Congreso Nacional (hoy denominado Asamblea Nacional), que habían sido recortadas en la Constitución de 1998, tales como la facultad de censurar y destituir ministros, aprobar conjuntamente con el ejecutivo el presupuesto nacional, al mismo tiempo que otorga al Presidente de la República la facultad para disolver la Asamblea Nacional, conjuntamente con la consulta para dar por terminado el mandato del Presidente de la República (la llamada “muerte cruzada”).¹¹

Segundo, la formulación de un conjunto de disposiciones para establecer incentivos y restricciones institucionales con el objetivo de promover la corresponsabilidad de las funciones ejecutiva y legislativa ( asunto que fue planteado en el citado Programa Constitucional de las Izquierdas), para superar las permanentes crisis políticas ligadas a las pugnas entre las funciones ejecutiva y legislativa, lo que devino inestabilidad democrática y casi una declarada incapacidad de gobernar por parte del Presidente de la República, lo que constituyó uno de los instrumentos de uso y abuso de poder del régimen presidencialista.

Tercero, la definición de los contrapesos institucionales que se establecen con el propósito de equilibrar la relación de las funciones del Estado, e impedir ejercicios arbitrarios y niveles de concentración del poder por parte del ejecutivo. Uno de los contrapoderes radica en la función de Participación Social y Ciudadana.¹² Por un lado se establece el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones públicas, planificación y control de las funciones y funcionarios públicos, incorporando los mecanismos de democracia directa, que es entendida como complementaria a la democracia representativa. En esta línea, se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como la forma orgánica a través de la cual se concreta esta nueva función del Estado, que actúa como contrapeso de las otras funciones, particularmente del Ejecutivo.

El otro mecanismo institucional es la Corte Constitucional¹³ que tiene la facultad de hacer respetar los derechos y procedimientos constitucionales. En consecuencia, se orienta a impedir el uso e interpretación arbitraria por parte del Presidente de la República o de la Asamblea Nacional, de las disposiciones constitucionales; a fin de evitar interpretaciones antojadizas de la norma suprema, que en el pasado inmediato se sucedieron por parte de los partidos que controlaron el Congreso y otras instituciones estatales.

Los dos contrapesos institucionales mencionados ponen de manifiesto la insuficiencia de argumentos para calificar al diseño constitucional del régimen democrático como “un presidencialismo reforzado” o de carácter autoritario.

Los otros aspectos de importancia relativos al régimen democrático que se hallan en el texto constitucional vigente, son los de la concepción sobre Soberanía, Descentralización y Autonomía. La vigente norma pone el énfasis en la definición plurinacional del Estado ecuatoriano, para lo cual se establecen disposiciones que reconocen derechos y atribuciones de los pueblos indios y afroecuatorianos. En este aspecto, la de 2008 supera a la Constitución de 1998 y crea mecanismos para ampliar la democracia hacia los pueblos excluidos.

En la concepción de soberanía e integración se destacan normas con el propósito de propiciar la integración regional y premisas para avanzar en la defensa regional a través de la creación de un Consejo Sudamericano.

Por otra parte, el Título V sobre Organización Territorial del Estado redefine el proceso de conformación de nuevas regiones, ligadas administrativa y planificadamente a proyectos de desarrollo territorial. Dispone el impulso de la mancomunidad en la idea de hacer de esta palanca institucional la base para el incentivo de la estructuración de nuevas regiones y de la integración nacional. La Constitución de 2008 contempla también el fortalecimiento de los Distritos Metropolitanos, ampliando sus atribuciones y profundizando su autonomía, como también formula normas para la organización de las jurisdicciones indígenas, de modo consecuente con la declaración plurinacional del Estado ecuatoriano.

“….Procuramos un Estado -decíamos en el mencionado Programa Constitucional- que promueva el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, pero que también sea capaz de instrumentar los medios para avanzar a una nueva forma de división política, administrativa descentralizada, que fortalezca la integración nacional, que ponga el acento en la solidaridad, la complementariedad y la subsidiaridad en el desarrollo entre las zonas pobres y ricas del país y que incentive la mancomunidad como la palanca más importante para concretar una nueva regionalización que una y no separe ni descomponga al Ecuador del siglo XXI” ¹⁴

Las disposiciones sobre Soberanía, Descentralización y Autonomías dan cuenta de una nueva estructuración del Estado y del régimen político, lo que revela el proceso de transformación histórica presente en la coyuntura. Nuevo momento inaugurado por el proceso constituyente, que deberá enfrentar posiciones contrarias y diferencias ideológicas de la sociedad ecuatoriana y de sectores institucionales y políticos, que han expresado su desacuerdo con la nueva Carta Magna; así como adecuar el rumbo de la “Revolución Ciudadana” a las difíciles condiciones económicas y políticas provocadas por la crisis internacional, que podrían limitar la posibilidad cierta y fidedigna de implementación constitucional.

En consecuencia, la concreción legal de la Constitución de 2008 se convierte en una de las claves de la coyuntura y del rediseño institucional del Ecuador del siglo XXI, así como de la profundización democrática encaminada a superar la incongruencia y/o contradicción entre las partes dogmática y orgánica de la Carta Política de 1998. Nuevo régimen, por otra parte, que se da en el contexto de un cambio geopolítico internacional en el que el sendero de una integración posible y viable -en la que se deberá tomar en cuenta la crisis mundial- se constituye en una perspectiva cierta. Singular situación que coloca los parámetros y los límites de las decisiones públicas de los gobiernos de la región y del Ecuador.

 

III

En este complejo escenario de reestructuración del Estado y su régimen político y constitucional es donde cabe observar e interpretar las tendencias existentes en la coyuntura de los primeros dos años del gobierno de Correa, las mismas que incidirán en la orientación del ejercicio del poder en su segundo gobierno (2009-2013). En primer lugar, se evidencia la tendencia neo-desarrollista confundida con las posiciones “extractivistas”, representada principalmente por Rafael Correa, interrelacionada con las posiciones de los sectores de izquierda de los años 60 en temas como el nacionalismo, patriotismo y socialismo estatista; y enmarcada en las orientaciones ideológicas de los gobiernos progresistas de la región, particularmente del eje conducido por Hugo Chávez.

En segundo lugar, la tendencia de izquierda ambientalista-social, que pugna por un modelo de desarrollo sustentable, de limitada posibilidad práctica teniendo en cuenta el entorno internacional y los intereses objetivos internos, posición que se encuentra representada por el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, con sectores de Alianza PAIS y agrupaciones de izquierda y movimientos sociales como el indígena.

En tercer lugar, la tendencia neoliberal -rezagada de procesos anteriores- y en la que se ubican intereses empresariales relacionados con posturas oligárquicas y remanentes de la vieja “partidocracia” que subsisten dentro del bloque de gobierno. En esta tendencia se encuentran sectores, funcionarios y familiares ligados al entorno inmediato del Presidente Correa y la cúpula de Alianza País.

El curso de la “Revolución Ciudadana” y la implementación constitucional pueden tomar distintos cauces de resolución, resultado del acuerdo o desacuerdo entre las distintas tendencias que cohabitan en su interior. La bifurcación o diferencia más notoria en el proceso de la coyuntura del primer gobierno de Correa, entre las tendencias neo-desarrollista y la de izquierda social ambientalista, expresada en las figuras de Rafael Correa y Alberto Acosta; junto con otras importantes políticas y acciones públicas del gobierno, como la aprobación de la Ley Minera, el control de los recursos naturales, la moratoria de la deuda externa, la promoción de no-explotación de los pozos petroleros del campo ITT, la política social y la orientación internacional ligada a los gobiernos progresistas de la región, entre las principales acciones; revelaron la difícil y contradictoria relación que se ha dado entre estas dos corrientes mencionadas, dejando abierta la posibilidad de que gane influencia la tendencia neoliberal.

Resumiendo, los aspectos económico-políticos y constitucionales mencionados en el presente análisis son señales que advierten una línea de continuidad y coherencia (legitimidad y eficacia) con las propuestas originales planteadas por la “Revolución Ciudadana”. En consecuencia, se prevé que en el segundo periodo correista el andarivel del cambio estatal y del régimen se mantendrá y radicalizará, colocando las condiciones favorables para la implementación constitucional en aspectos principales como la democracia y desarrollo, al mismo tiempo que se impulsará y fortalecerá determinadas alianzas económico-sociales y con las agrupaciones de izquierda, en la que determinadas coincidencias con sectores ambientalistas pueden ponerse “al orden del día”. Se trata al parecer de la afirmación de una línea política que pone en la sombra los anteriores forcejeos entre las tendencias y la situación de ambivalencia y ambigüedad gubernamental que caracterizaron los primeros dos años del correismo. En su segundo mandato, Rafael Correa se encontrará seguramente enfrentado a sectores empresariales de oposición, a determinados medios de comunicación, agrupaciones de derecha y populistas –ligadas a posiciones neoliberales y partidocráticas- y otras fuerzas de la “neo centro derecha” que se recuperaron en las elecciones del 26 de abril; lo que podría generar situaciones de inestabilidad y un ambiente de polarización política que afectaría a la governanza de este segundo periodo.

En consecuencia, la radicalización de la “Revolución Ciudadana” anunciada luego de las elecciones del 26 de abril de 2009, en las que se reeligió al Presidente Rafael Correa, la nueva correlación de fuerzas que surge de las mencionadas elecciones, el alineamiento regional y la alianza –principalmente en la Asamblea Nacional- con la izquierda y centro izquierda; crearán las condiciones para avanzar en una relación posible y viable entre estas dos importantes posiciones en juego: la neo desarrollista y la social- ambientalista, lo que podría dar lugar a un proceso gubernamental coherente y eficaz de Rafael Correa en su próxima gestión.