Contexto y motivo de la entrevista

La institución a la que pertenecen los entrevistados, y que constituyen informantes claves para evaluar las deficiencias en la gobernanza transfronteriza argentino-boliviana, es la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca. Esta organización fue creada en el mes de junio del año 2003 por iniciativa de Joaquín (Misionero Claretiano) tras vivir la dura y continua realidad de discriminación, limitación y atropellos a los Derechos Humanos a los que son objeto personas migrantes indocumentadas en la frontera argentino-boliviana. Actualmente el equipo está integrado por cuatro jóvenes estudiantes que forman parte de una organización de 500 desocupados. Como coordinador del equipo, los acompaña Joaquín, Delegado Prelaticio de la Pastoral Migratoria.

La oficina de la Pastoral se encuentra ubicada dentro de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de La Quiaca, Departamento de Yavi, Provincia de Jujuy, República Argentina. Esta ciudad es un paso fronterizo, en el límite con Bolivia. Del otro lado se encuentra la ciudad de Villazón, Provincia de Modesto Omiste, Departamento de Potosí, de la República de Bolivia. Villazón y La Quiaca son una conurbación.

El trabajo de esta organización está centrado principalmente en acompañar y ayudar a los ciudadanos bolivianos que migran a la Argentina en busca de trabajo y mejores condiciones de vida para sus familias. Estas personas provienen de una de las zonas más pobres de Bolivia: el Norte de Potosí.

Tanto la Provincia de Jujuy, del lado argentino, y el Departamento de Potosí, del boliviano, son territorios que tienen una posición periférica en relación a los centros de poder político y económico de sus respectivos países, Buenos Aires y La Paz, respectivamente. En Jujuy, durante las últimas dos décadas del siglo XX se profundizó la concentración de la actividad productiva en pocos sectores, la terciarización económica, el crecimiento en las desigualdades de los ingresos y el acceso a la riqueza social en general. Se evidenció paralelamente una reducción de las acciones del Estado en las áreas de salud, educación y vivienda agudizando la situación de extrema pobreza de la región fronteriza de la Puna y el deterioro global de las condiciones de vida.

Históricamente la provincia de Jujuy ha recibido migrantes de los departamentos bolivianos de Tarija y Potosí. Desde 1970 la mayor parte de los migrantes se insertan en la actividad agrícola o como jornaleros estacionales en diversas zonas del país. Pero muchos de ellos han permanecido en la zona fronteriza, desplazándose con regularidad hacia uno y otro lado, incorporándose a diferentes actividades. La idea generalizada de que están “de paso” hacia los centros urbanos de San Salvador de Jujuy o Buenos Aires o hacia la zafra en otras zonas de la Argentina ha contribuido a la invisibilidad de este grupo de migrantes. Se trata de una franja de la sociedad civil que es sumamente vulnerable por tratarse de personas en situación indigente, indocumentadas y sin recursos para la defensa de sus derechos. La retracción del Estado argentino no ha hecho más que agravar esta situación ya que se ha cerrado el círculo de inclusión en cuanto a quiénes tienen derecho al acceso a los escasos recursos que se administran, priorizándose en la práctica cotidiana (si bien la ley es claramente contraria a estas prácticas) a los ciudadanos argentinos.

En este marco comenzó el trabajo de la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca que ha logrado instalar el tema de los derechos de los inmigrantes en la agenda de ambos Estados, y contribuido a la creación de un espacio público concreto (las oficinas en ambos lados de la frontera) en donde los migrantes y la comunidad en general pueden encontrar eco a sus reclamos.

Preguntas y respuestas /E: Entrevistador; J: Joaquín; M: Marta/

E: ¿Cuál es el eje de su trabajo en la Pastoral?

J: Mira, hemos detectado que alrededor de 9.000 niños cruzan cada año la frontera entre Bolivia y Argentina de los cuales no se sabe a donde van.

E: ¿De qué zonas de Bolivia provienen los niños?

J: Norte de Potosí, toda la zona del departamento de Potosí, Cochabamba, entre Potosí y Cochabamba.

E: ¿Cómo es el mecanismo? ¿Los entregan los padres, los regalan?

J: Los padres… es uno de los cuestionamientos más serios que se hacen es que los propios padres, hombre, no es que los padres estén vendiendo al chico. No, no. Lo que pasa es que hay una situación de pobreza. Estamos hablando de Bolivia pues, el país más pobre de Sudamérica, con índices muy bajos pobreza y toda una situación de miseria. Entonces, ¿que sucede? Tenemos esta investigación: viene alguien de Buenos Aires y les dice a la mamá, al papá: “Bueno, yo me voy a llevar a tu hijo a trabajar.” Y los padres, en esa situación dicen: “Pues llévatelo.” Entonces se los dan con documento o sin documento. Luego llegan aquí a Villazón, como ahí tienen juzgado de menores, entonces, a veces el sistema que hay es que existe un decreto, el decreto 169 de la ley de niño y adolescente en el que simplemente con dos testigos los niños pueden ser llevados al extranjero. Entonces llegan aquí los niños, tienen un documento o tienen un certificadito y se buscan dos testigos, aquí en Villazón. Primero buscan a un abogado, llevan el documentito, llevan la plata. Después van al juez y llevan otra plata. Y ahí el juez hace los documentos. Buscan otros dos testigos que les ofrecen otra plata. Y ya esos niños con un documento legal ingresan. ¿Que es lo que dice Argentina? Bueno, como ellos tienen un documento, ¿qué vamos a decir? No podemos decir nada porque es legal. Y bueno así sucede todos los días y así ha sucedido por años y los niños pasan tranquilamente la frontera. Ahora, lo curioso que hemos visto es que a veces los niños pueden venir sin que los padres sepan. Y ahí en ese caso lo hacen pasar falsificando un documento del permiso del padre o la mamá, o una cedula de identidad. Y esos mismos familiares se hacen pasar a veces como padres. Claro, eso no lo podemos probar, sospechamos que se da así.

E: O sea que la cifra sería superior a los 9.000 niños por año…

J: No, porque todos los niños que pasan tienen que presentar en Villazón el documento y eso se registra. Y luego pasan por Argentina y ese documento lo vuelve a controlar Gendarmería Nacional. Eso se sabe.

E: ¿Esto lo averiguaron ustedes con su trabajo o había estudios anteriores?

J: Bueno, la historia es por ahí un poquito larga de contar. Yo quisiera que Marta cuente, porque es su área y podemos entrar en más detalle.

E: Bueno, yo mientras tanto quería preguntarle sobre la organización en la que Usted trabaja, a la que usted pertenece, porque lo oigo decir: “ellos”, “nosotros”. ¿Quiénes son “ellos”, quiénes “nosotros”?

J: Bueno, ella es del equipo pero está trabajando en Villazón en un programa contra la trata y el tráfico de personas, de niños, en una oficina que ella tiene en Villazón, en la prefectura.

E: ¿Ese programa de quién depende?

J: Ese programa depende de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), de la Conferencia Episcopal de Bolivia.

E: O sea, ¿de la Iglesia de Bolivia?

J: De la Iglesia católica de Bolivia. Dentro de ella, ellos tienen una oficina que es el área de PMH y ahí tienen una oficina que trabaja el tema de trata y tráfico, tienen una oficina que trabaja el tema migraciones. Trabajan distintos campos en lo que hace al tema migratorio. Si.

E: Interesante. ¿Y ustedes?

J: Y nosotros aquí en la frontera pues, empezamos a hacer conexiones con la parroquia de Villazón, empezar a acercarnos, a ver como podíamos trabajar juntos con la parroquia porque necesitábamos un apoyo allá. Y bueno, ahí surgió la propuesta que nos enteramos y ofrecimos una persona porque no había nadie allí, en Villazón. Y esta chica está trabajando. Lleva ya un año y algo trabajando en este programa exclusivamente y ella por la mañana trabaja en Villazón y por la tarde trabaja en la oficina que tenemos acá de pastoral migratoria.

E: Cuando usted dice: “le ofrecimos…” ¿quién es ese “nosotros”, la parroquia de acá?

J: La parroquia, la Prelatura, todo esto es la Prelatura de Humahuaca. Y esto de la Prelatura está dividido por sectores. Y en esta parroquia hay un trabajo que nosotros comenzamos ya hace, pues, cinco años. Este fue un tema que yo descubrí cuando yo llegué aquí a la parroquia en el año 2000. Pues yo empecé a notar que había mucha gente que no tenía documentos. Entonces, el tema migratorio, la prelatura en sí, nunca encaró el tema migratorio porque nosotros creíamos que no había migración. Que la gente de aquí pasa y, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir al sur, se va a ir a trabajar al ramal, a la cebolla, a la manzana porque aquí trabajo no hay. Entonces nosotros aquí, como pastoral, nunca encaramos el tema migratorio porque pensábamos, “es zona de frontera, la gente pasa y sale.” Pero yo empecé un poquito a darme cuenta de que venían muchas madres bolivianas que tenían hijos, argentinos y no tenían documento. Entonces a partir de ahí yo dije: “¿qué pasa aquí, pues, por que tantos niños, tantas madres sin documentos? Entonces empezamos a investigar, investigar, investigar y lo curioso fue que empezamos a ver… fui formando un equipito de gente… y empezamos a trabajar el tema migratorio porque nos dimos cuenta de que realmente hay una migración silenciosa de gente, la mayoría mujeres bolivianas, muy pobres, muy pobres. Que no pueden viajar hasta el sur porque no tienen documentos. Ya en su país no tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Pasan la frontera y se vienen aquí, a esta zona de Cieneguillas, toda esta zona de Yavi y Santa Catalina y se conchaban pa’pastear. Y ahí pues, pasteando ovejas ganan muy poco pero mucho más que en su país. Ganan 50$ y entonces gente que tiene 200 o 300 ovejitas, las contratan. Claro, una vez que vienen acá nacen los hijos. No se juntan, son madres solteras. Nacen los hijos, y esos chiquitos argentinos, que nacen en los puestos, en los lugares donde ellas pastean los animales… esos chiquitos la madre, cuando va al registro civil para asentar al chiquito, como ha sido un parto domiciliario no ha sido un parto hospitalario, porque si nace en el hospital le hacen un certificado de nacido vivo y con eso ya tienen para hacer el documento. Madres que no tienen documento. Ya de su país no lo tienen porque Bolivia tiene un problema muy serio de gente sin documentos. Ya están documentando, ya están teniendo bastantes logros, pero todas estas madres que ya han venido hace años no lo tienen o lo tienen con errores o tienen una simple partida o no tienen nada. Entonces, claro, cuando van al registro civil para asentar a sus hijos… ahí se encuentran que… “¿Adónde ha nacido el chico?”… “El chico ha nacido en parto domiciliario” “bueno, ¿y como me prueba donde ha nacido?” Como estamos en una zona de frontera ya empiezan los funcionarios con la sospecha. “Y si el niño nació en Bolivia y lo pasaron, ¿como me pruebas que ha nacido aquí?” Entonces la frontera es siempre una situación… nosotros hemos ido descubriendo que la frontera es siempre una situación ambigua. Los mismos funcionarios dicen: “¿Y si el niño ha nacido allí y lo han traído aquí?”. Pero la mayoría de esos niños han nacido aquí. Lo que pasa es que la pobre mujer que tiene un parto en el puesto, a veces lo tienen ellas solas, ¡ellas se reciben solitas! Pues claro, cuando va, ya han pasado los cuarenta días que, según la ley, es el plazo para anotarlo. Cuando va ya han pasado y ya no hay manera de documentarlo. Y el chiquito está sin nombre. Le piden un montón de papeles. Por ejemplo, en el registro civil de aquí, de la provincia de Jujuy, dice que todos los bolivianos o extranjeros que se acercan aquí tienen que tener un ingreso legal al país. Estas madres cuando iban a hacer el asiento del niño, ponte que por ahí buscaron dos testigos, que es lo más difícil. Y además tienen que tener un ingreso legal al país, así que tienen que ir al puente, a la Gendarmería, pues: “Déme el ingreso”. La Gendarmería no se lo daba. Cuando nosotros empezamos hace cuatro años, ahora con este programa Patria Grande de normalización documentaria, se ha abierto mucho el juego. Entonces nosotros, viendo esta situación dijimos “una de las cosas que tenemos que trabajar es con los derechos del niño”. Todo niño tiene derecho a tener un nombre, un documento, como a esos niños… ¿quienes son? Había tanto niño sin documento que realmente quedamos horrorizados. “¡Cómo puede ser!” ¡y el propio gobierno, el propio registro civil ponía tanta traba! Y claro, esos chiquitos sin documento, cuando llegaban a la escuela, se encontraban con que no podían ingresar. Algunos maestros no le hacían problema. Pero otros maestros: “no, los documentos.” “No tengo.” “A ver la madre, ¿dónde esta?” y a veces los chiquitos quedaban fuera de la escuela. Ese es otro derecho que se les niega. Y bueno, ahí empezamos a pelear por el derecho a la educación que no se les puede negar por más que no tengan documento.

E: Entonces, ¿es el mismo Estado el que no garantiza esos derechos?

J: Claro. Entonces otra cosa que descubrimos es que cuando una madre boliviana se efectúa un control con un agente sanitario y viene aquí al hospital de La Quiaca porque es el hospital que abarca el departamento de Yavi y Catalina, y venía a dar a luz, pues, si es boliviana le dice: “Pues pague” 150$. Las madres pobres no lo podían pagar. “Pues si no puedes pagar vete ya a dar a luz a tu país”. Y la subían en una ambulancia y la cruzaban al puente. Y a veces, no las pasaban con la ambulancia y las madres, con dolores de parto, se tenían que ir caminando. Y, me han contado, ellas llaman a algún familiar y allí lo tenían, arriesgando.

E: ¿Y cómo accionan ustedes en esta situación?

J: Ahí viene. Al principio… venían las madres y yo les decía: “¿Ha ido al hospital?” “Si, pero me cobran hermano. Me cobran 100 o 150 $ por dar a luz. Me piden que traiga dos donantes de sangre. Y me piden que dé platita y yo no puedo pagar hermano.” Entonces nosotros fuimos al hospital, hablamos con el director: “Mire, eso no se puede hacer. Esas personas viven en nuestro país. Viven acá. El agente Sanitario las conoce. Y esas personas tienen derecho a la salud. No se les puede negar.” Bueno, yo llamo al ministro un día. Le digo: “Mira, está pasando esto. Cobran aquí en el hospital.” “Bueno, tu verás, tu sabes, que el hospital no tiene recursos, que necesita. Que cobre, no pasa nada” “No, si cobra… si es público el hospital y por otro lado las madres son pobres, ¿cómo no las va atender?” Cae el ministro aquí un día. Yo le pregunté: “qué pasó con lo del hospital, que yo le he hablado y usted me dijo que si, que les iba enviar plata, que el hospital no tenía recursos y que cómo les íbamos a cobrar a esas criaturas”. Él me dijo: “Eso es mentira. ¡Yo con usted no he hablado nada de eso!” Me dejó ahí por mentiroso. Bueno, entonces yo ahí me di cuenta de que el hospital tenía un amparo con el ministro. Entonces, bueno. Yo ahí nomás empecé a juntar pruebas. “¿Te están cobrando?” “Si.” Y mandamos al Defensor del Pueblo pruebas1 (ver aclaración abajo). Cinco casos. Y el defensor lo derivó al INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación. Vino la gente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y yo les conté y ellos me hacen una documentación y me apoyan. Con eso fuimos al ministerio. Fuimos muchas veces al ministerio, al gobierno de Jujuy. Y nada, nada. O sea, nos sentíamos que no podíamos y hablábamos y decíamos: “¿Pero como les van a cobrar?” Y bueno, esas cosas, que seguimos peleando, al defensor del pueblo le decíamos, denunciábamos, en todos los ámbitos que teníamos, decíamos lo que estaba pasando. Y no pasaba nada. Y venía la gente que les cobraban y yo les decía: “pero la plata que te han cobrado, ¿te han dado un recibo?” “No hermano. La partera se lo metió en el bolsillo.” O el director, el director se llevaba la guita! Entonces yo hablaba con el director y me decía: “Pero hombre, si a esas madres sí les tengo que cobrar.” “Y bueno, pero si cobras, cobra bien y hazles un recibo oficial. ¿Por qué te justificáis? ¿Qué es… porque no tenéis recursos y después termina en tu bolsillo? ¿De que me estáis hablando?” Es largo esto…

E: No tengo apuro

J: Viene el programa Patria Grande. El programa ese. Nosotros como equipo…

E: ¿Un programa del Estado?

J: Si. Un programa del Estado que sacó [el presidente] Kirchner. Un programa de normalización documentaria migratoria para que todos los bolivianos, paraguayos, brasileños que llevan años en el país y no podían radicarse, accedieran de una manera fácil a una radicación. Muy sencillo. Entonces nosotros dijimos al obispo y le dijimos al gobierno que queríamos colaborar para poder ayudar a toda esta gente aquí. No hay en la zona ninguna otra organización que se haya ofrecido. Pues estábamos nosotros solos y dijimos, ya que no hay nadie, pues, hagamos este servicio para la gente. Entonces firmamos convenios y nos constituimos como institución colaboradora con el Estado. Para que todos los bolivianos que conocíamos en la zona, las mujeres, pudieran hacerle. De hecho ya a esta altura, a un año que empezamos llevamos unos cuatrocientos y pico. Entonces, vienen las primeras personas entre ellas madres bolivianas que residían aquí, embarazadas y yo les dije: “Vamos, vamos… tienen que tener su documentación, su documento.” Cuando entramos en Internet, como tenemos una clave personal, entramos e inscribimos a las personas y allí hacen una declaración jurada. Con esa documentación pueden viajar, pueden trabajar, pueden ir donde sea. De hecho tienen los mismos derechos que cualquiera. Como estaban embarazadas les digo: “Te vas de aquí al hospital. Te vas con este papel, te van a recibir.” Y entonces a esas mujeres las mandamos, como correspondía y les dije: “No te van a cobrar nada. Porque tú ya estás legalmente en el país y no creo que haya problema. Pero si llegara a haber tú me avisas”. A todas las han rechazado. Todas. “Este papel, ¿qué papel es?” Y yo digo bueno, si el gobierno hace una documentación que la respete, por lo menos. Yo ya ahí me calenté, y ahí nomás agarré y le mande una denuncia a Aníbal Fernandez, al Ministerio del Interior, que venía ahora en febrero. Yo se la mandé más o menos por enero del año pasado o en diciembre. Como ya se anunciaba el centenario, yo sabia que él venía, entonces le mando la denuncia a él personalmente. Estas personas están legalmente en el país, ya han hecho su documentación… de todas maneras le he puesto en la nota lo que estaba pasando de años. Cuando vino lo agarró al ministro de salud de Jujuy y le dijo que eso no se puede hacer. “Todas las mujeres que están en este programa de normalización documentaria, todas esas personas, tienen derecho a ser atendidas.”

ENTRA MARTA QUIEN TAMBIÉN TRABAJA EN LA PASTORAL MIGRATORIA CON JOAQUÍN, Y SE SUMA A LA ENTREVISTA. NOS PRESENTAMOS Y CONTINUAMOS CON LA CHARLA.

J: Bueno, entonces, Aníbal Fernández vino y ahí le echamos una presión, a partir de ahí, tenían una resolución propia en el hospital que decía que todas las mujeres bolivianas no podían parir. Tenían que pagar o irse. Esa resolución desde este llamado de atención se cambió y ahora, hasta ahora, desde el año pasado todas las mujeres pueden atenderse. Hasta ahora nadie vino a quejarse. Ha habido unas observaciones que ellos hicieron. Que por lo menos vayan y se hagan los controles. Pero eso ha sido un logro y ya no se les cobra, o por lo menos no ha habido más quejas. Lo que estamos investigando es que si no consiguen los dos dadores, les piden 50$. Lo cual entra en ese proceso de especulación, cuando eso tiene que ver con la solidaridad. Y uno dice, “Cuando tú vas al hospital y tienes un parto de riesgo, te han puesto sangre, pues es lógico que dones. Pero si has hecho un parto normal y no has necesitado sangre pero pues, ¿para qué te piden?”

E: Claro, para el banco de sangre. Se puede pedir pero no puede ser una condición para ser atendido.

M: La denuncia que recibimos decía que era el dinero o eran los dadores.

J: Bueno, eso ya ha sido superado por suerte.

E: Y ustedes, ¿Tienen relación con las parroquias del resto de la frontera, por ejemplo, en Tarija? ¿Este es un programa que se está llevando a cabo en toda la frontera?

J: Nosotros lo que pasa es que para poder documentar a la gente, que la gente no tiene documentos, que tienen muchos errores las partidas. Entonces tenemos un equipito de gente en la parroquia de Fátima de Tarija de movilidad humana que ahí le mandamos documentación. Y después bueno, la PMH también tiene equipo en toda Bolivia y entonces cualquier casito consultamos ahí.

E: ¿Están conectados con…?

J: Sí, tenemos una red dentro de La Paz, Potosí… Potosí es donde más trabajamos. Hay ahí un centro que tienen los jesuitas y ahí mandamos documentación, mandamos trámites a que los resuelvan, porque la gente no puede viajar. Aunque ahora bueno, como Bolivia ya ha puesto un sistema computarizado de ingreso de las partidas, eso ya facilita mucho y entonces desde la oficina que tenemos en Villazón se pueden arreglar trámites administrativos. Pero también tenemos en Oruro, en Sucre, contactos para casos así que se nos presentan.

E: Los casos de que están hablando, ¿son los de problemas migratorios?

J: Problemas migratorios.

E: ¿Cuáles son los problemas que tienen las personas exactamente? ¿Cuáles son los derechos que no se garantizan?

J: Por ejemplo las madres ingresan y no se les anotan, y eso vulnera el derecho de esos niños a acceder a la salud, por ejemplo. El chiquito al no tener documento, no puede acceder por ejemplo, a la leche materna porque no tiene documento. O no puede acceder al bolsón de alimentos o a alguna ayuda entonces queda muy marginado.

E: ¿Es el Estado argentino el que está vulnerando los derechos?

J: Yo diría que sí. Al chiquito que no tiene documento no lo reciben en las escuelas. Llega y le piden el documento. Entonces nosotros le hacemos la nota y entonces lo reciben. Pero si nosotros no le hacemos la nota, no lo reciben.

M: Lo que pasa es que es una cadena. Muchas veces son chicos de padres bolivianos por eso es que los padres no están bien documentados o tienen la documentación en Bolivia y directamente no los han inscripto y son chicos de seis años y no pueden acceder a la escuela porque no tienen documentos.

E: Y ustedes, ¿cómo detectan esta situación? La gente ya sabe que ustedes trabajan en eso?

J: La gente que viene y te dice: “Mire hermano, no me lo reciben en la escuela a mi niño porque no tiene documento…” Nosotros ahí nomás: “¿Qué directora es? ¿Qué escuela es? ¿Dónde es?” Y ahí no más le mandamos y le decimos que está haciendo su proceso migratorio, que está demorado el trámite por razones judiciales, que tenga paciencia. Y además le recordamos el artículo 7 de la Ley de Migración, la 25.671, que dice que no se les podrá negar el derecho a la educación a cualquier extranjero cualquiera sea su situación migratoria. O sea, el derecho a la educación no se le puede negar. Y ahora, la nueva ley de educación dice que el chiquito cuando termine la primaria le tiene que dar el título de que ha completado la primaria, y no le dan nada de eso. Otro tema que empezamos a investigar fue el tema de los niños. “¿Habrá tantos, no habrá?” Entonces hablamos con los agentes sanitarios y les pedimos que si cuando ellos van a las casas, en esas rondas que hacen, si no podrían preguntarle a la gente cuántas personas indocumentadas había. Entonces, bueno, la señora que estaba a cargo lo dispuso y fueron y sacaron una lista de 600 chicos.

M: En los departamentos de Yavi y Santa Catalina.

J: Y en los comedores del programa Yachay, de OCLADE (Organización Claretiana para el desarrollo), también se detectaron como 100 casos de la zona de Humahuaca, de la zona del campo, que no tienen documentos. Entonces dijimos, con tanta norma, con tanta legislación, con tanta pega, estos chiquitos no pueden hacer nunca un documento. Entonces lo que hicimos fue agarrar toda esa documentación y lo presentamos al juez y lo instalamos en la opinión pública a través de los medios. Y un día el juez Camada, juez de menores de Jujuy, de Tribunales, se me acercó y me dijo: “Me he enterado de esta situación. Hágame una lista de los menores de hasta 18 años que ustedes tengan para hacer un proceso judicial, para que se les regularice su situación”. Entonces bueno, ahí se hizo una carátula de esta situación y todos esos casos los derivamos a través de la defensoría del pobre y ausente de La Quiaca. Y con esa lista ella (Por Estela) empezó a agitar y agitar y bueno, ya se ha regularizado la situación de unos 180 chicos. Y los que faltan, pues bueno, algunos no se los encuentra, a lo mejor los padres se han ido. Van, se van un tiempo afuera, vuelven. Entonces a partir de allí, todos estos niños que quedaban, empezaron a juntarse y a venir de a poco a la defensoría y han obtenido su residencia.

E: ¿Y hay más? ¿A la lista inicial se van sumando?

J: Y van surgiendo cada vez más, siguen naciendo en los puestos, siguen naciendo en el campo.

M: Hay muchas personas que viven en los puestos, que viven en el campo y que no bajan. Si hiciésemos una investigación más minuciosa encontraríamos más.

J: De todas maneras el programa Patria Grande está documentando mucha gente. Nos sucedió que había personas que iban, reunían todos sus papeles con gran sacrificio y en el registro civil sistemáticamente los rebotaban. Yo llegué a la conclusión de que en el Registro había actitud discriminatoria con todo lo que era boliviano porque no había forma de que nos dijeran por qué los rebotaban. Todo lo que era boliviano, pues, a joderlo! Los casos que eran bolivianos, iban al registro, después de los cuarenta días, eran rechazados, todos!

M: Se mandaron informes, aquí, allá y nunca una respuesta coherente de por qué los rebotan. Y continúa sucediendo.

E: Pero, ¿era un funcionario particular o es el Registro como organismo?

J: Bueno, eran unos funcionarios que por lo que sé ya no están. No hemos podido llegar a saber cual es la razón. Eso nos valió una pelea con el director del Registro Civil en Jujuy con el cual estamos peleados porque todas han sido denuncias contra él. Porque al mismo defensor del pueblo, después de tantos casos, le hemos dicho: “Mire, hay un sistema realmente perverso.” Si el derecho al DNI (Documento Nacional de Identidad) es personalísimo, entonces tiene que ser algo sencillo. Pero le ponen tanta traba, le ponen tanta norma, le ponen tantas exigencias, que claro, así no va. ¡Tenemos tantos niños, tantos adultos, adultos argentinos sin documentos!

E: ¿Y esto sucede igual en toda la zona de frontera?

J: No. Esa es una comparación que hicimos porque en la zona de frontera de Santa Victoria Oeste hay mucha gente migrante y no hay chicos indocumentados. Yo fui a hablar con la directora del registro civil de allá para ver cómo hace para inscribir a los hijos de bolivianos que han nacido en la Argentina. Ella me contesto: “Yo tengo las normas bien claritas. Toda persona que nace en suelo argentino, todos los niños que nacen en suelo argentino son argentinos. Los padres no me importan de dónde sean. Yo les tengo que hacer el documento.” Ella esta aplicando la ley. Aquí, ¿cual es la diferencia? Es que ella depende de Salta, no de Jujuy. Segunda traba: “Ah, ¿usted es boliviano? Entrada legal al país.” Y ahí ahora con Patria Grande no hay problema.

M: Y eso es lo que llama la atención. Es que ya estamos a un año de iniciado el programa de Patria Grande por el Estado y da la impresión de que la policía y el registro civil no se han dado por enterados. Siguen pidiendo el ingreso legal al país cuando para radicarse ya no se solicita, simplemente se tienen que presentar en la oficina. Pero da la impresión de que dicen: “Ah, ustedes tienen ese programa pero no tiene nada que ver con nosotros.”

E: ¿Y que relación tienen con la policía con este tema? ¿Los han informado acerca de los alcances y las normas?

J: ¡Pero si ya hemos hablado con el jefe!. El otro día hemos mandado una gente por el certificado de residencia y le piden la entrada legal al país. Y yo me fui re caliente ahí: “¡Que ya he hablado con el jefe, ya le he explicado coños y que ya están legalmente en el país por qué le piden la entrada legal al país, que coño, que vais a volver locos a la gente!” “Ay, que no sabía.” “Pues coños, que estamos diciéndolo todos los días!”

M: Parece como que no se baja la información. Pasa lo mismo en educación. Ellos ya saben de la ley, saben de las normas, de Patria Grande. Pero parece que ellos están esperando específicamente que alguien en persona vaya y les diga qué tienen que hacer. De pronto no hay circulares que les expliquen como son las reglamentaciones.

J: Nada.

M: Cuando nosotros empezamos con este programa de Patria Grande fuimos a la policía para el tema de los certificados de antecedentes y nos decían que ellos no sabían de este programa. Yo les decía: “Pero por favor, si el gobierno nacional y local tiene un programa de normalización documentaria, son ustedes los que se tienen que informar. Están esperando una invitación especifica?”

E: Y ustedes, como organización, ¿han considerado dar cursos de capacitación a los organismos del Estado como Gendarmería o Policía?

J: No tanto, no tanto. Hemos aprovechado medios, hemos aprovechado cualquier circunstancia, hemos hablado. Cuando se lanzó el programa vino aquí el mismo director de migraciones, el de la policía, se les dijo, se les informó. Y después no pasa nada.

E: Y ustedes, ¿con qué otras organizaciones se relacionan? ¿De donde reciben el financiamiento para realizar este trabajo que están haciendo?

J: Bueno, las instituciones con que trabajamos habitualmente son: La Defensoría del Pueblo, la Gendarmería, la Policía, la gente del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) que han venido a hacer un curso de capacitación a los funcionarios. La gente del CADE.

E: ¿Qué es el CADE?

J: Es un centro ecuménico religioso, digamos, una ONG que trabaja por los derechos humanos. Ellos, con el ACNUR y el CELS, vinieron y dieron un taller. Tenemos casos de refugiados de Colombia, de Perú. Entonces ellos vinieron a los funcionarios y les dieron las normativas.

M: También hay una relación fuerte con UNICEF en el trabajo que se hace con Bolivia, ¿no? Cada actividad tiene un financiamiento diferente. Muchos del exterior.

J: Ella puede contarte del tema de trata y tráfico de personas.

E: Ah si, te estábamos esperando para hablar de tu trabajo en ese tema.

M: Hace ya un año que trabajo en el tema de trata y tráfico. Y la PMH de Bolivia, que depende de la Conferencia Episcopal de Bolivia, nos prestó una colaboración para que nosotros podamos poner en marcha el programa que tiene que ver en principio con la detección, concientización y visibilización de la trata de personas. Bueno, a lo largo de este año hemos podido llamar la atención sobre la cantidad de menores que salen de Bolivia. Lo que llamó la atención son los carteles que se ven en Bolivia: “autorizaciones de viaje en dos días, en media hora, en veinte minutos.” Los carteles en los abogados. Los que manejan esto son los abogados, y el juez de menores de Villazón es el que autoriza. ¿Cómo funciona? Llega la persona que no ha traído la autorización del papá para sacar al menor, se va a un abogado que hace el trámite y busca dos testigos, que firman y van al juez y ya está. Además, hay dinero en juego por las firmas, claro. Bueno, firma el juez y el menor sale por migraciones de Bolivia con esa autorización que es legal. Es un código, un artículo que es muy superficial, digamos. Si el menor sale con uno de los padres o con ninguno de ellos se debe hacer esta autorización y los testigos salen de garante que el menor tiene que regresar en 90 días al país. En la práctica, que suelen ser siempre los mismos, no conocen ni al niño ni al que se lo lleva. Migraciones de Bolivia recibe al niño y ve que está la autorización legal y lo deja salir. Migraciones de Argentina dice, “Bolivia lo dejó salir, yo lo tengo que dejar entrar”. Ese formulario de autorización debe ser por ley, gratuito, pero se cobra en este momento 120 pesos bolivianos.

J: A partir de esta situación, de este problema, ella empieza un trabajo de investigación, empieza a difundir por los medios. Los medios, la verdad, es que han ayudado muchísimo. El diario LA RAZÓN de La Paz ha comenzado a hacer artículos. Todas las semanas había artículos de niños que en la Argentina habían sido maltratados. De una niña que le habían cortado las orejas, que le habían pegado una patada en sus partes y le habían destrozado hasta el intestino. Situaciones que empezaron a meterlo en las notas porque el artículo asesino era el 169 que desangra todo eso. Bueno, todo eso se fue aumentando, aumentando, hasta que llegó el día que ella fue a hablar con el juez de menores y le dijo, porque vino gente del ministerio de justicia de la nación de derechos de los menores vino a partir de que el año pasado en el Comité de Frontera le dijimos el 30 de mayo: “Mire, se están llevando a los niños.” Y entonces el juez Camada se fue a la frontera, a la Gendarmería y pidió que le fotocopiaran, que esos papeles le pidieran a la gente que los deje. El se llevó esa documentación a Jujuy a analizar y cuando vino de vuelta yo le pregunté: “¿Y?” Y me dice: “Hermano, hay cosas gravísimas, gravísimas. Hay casos en los que el propio juez, se ve que no conseguía testigos, entonces el propio juez autoriza al propio juez a dar la autorización. ¡Y eso no lo puede hacer un juez!”

M: Una vez que la gente cruza le preguntas: “Quienes son estos testigos?” “No sé.” “¿Quién te los consiguió?” “El Abogado.”

J: Los testigos son siempre los mismos.

M: ¿La sospecha de que a dónde van a parar estos chicos? ¿Qué es lo que sucede? Porque a los 90 días no vuelven. Eso es seguro. No vuelven.

E: Y ustedes, ¿están solos haciendo esto?

J: Bueno, cuando el juez vino, hizo una investigación pequeña, un muestreo. Y entonces él agarró y habló con los de derechos humanos de Jujuy. Jujuy con los de la nación y vinieron y se hizo un trabajo de investigación muy interesante que nosotros lo estuvimos presentando en todos lados. Ellos plantean que hay testigos que son los mismos, que firman todos los papeles. Hay un artículo que hace que esos niños salgan. Hay una situación de irregularidad: ¿dónde van esos niños? Seguro que van a trabajo infantil, máquinas de coser y todas esas cosas o la prostitución de las niñas. A partir de entonces se empieza a poner en marcha todo, esto en los medios…

M: La manera, es, claro, estamos solos o, la sensación en aquel momento era la de estar solos. Hablamos con el diario Clarín, muy bueno y le planteamos sobre la mesa este tema de los niños. Y tiene repercusión en Bolivia y entonces los representantes de Potosí empiezan una investigación y se dan con que esto está sucediendo realmente. Entonces viene el defensor del pueblo de Bolivia, de Potosí y se da con esta situación. Se mete en los estudios de los abogados y comprueba cómo es la cosa. La ley es así. Lo que no está escrito, está permitido. Un señor que perdió a su hijo de esta manera, y al que ayudamos, decidió volver a su país y que no le pasara a más nadie lo que le había sucedido a él. Fue al poder legislativo y movió mucho por allá.

J: Un día nos avisan que seis ministerios estaban bajando a Villazón a corroborar qué estaba pasando. A partir de esto, ¿no? Vino el Ministro de Justicia y de otros seis ministerios. Y dieron una conferencia de prensa para todos los abogados, para todos. Estaban todos ahí. Todo el escaparate. Y bueno, todo era discurso, discurso. Nosotros estábamos ahí y teníamos un plan B: que se modifique el artículo 169 que es una puerta. Por eso salió un artículo en el diario que era: “Argentina tiene una puerta abierta a la trata y tráfico de niños.” Cuando ya habían hablado todos, y ya habían terminado los discursos nosotros planteamos que hay que modificar ese artículo. Porque si ese artículo sigue, va a seguir desangrando al país de niños. Y entonces la ministra del gobierno de Evo Morales dijo que si, que hay que modificar ese artículo y está en proceso de modificación. Hay un cambio de actitud de este gobierno con respecto a los anteriores.

M: Ellos vinieron hasta aquí y escucharon las dos campanas. Escucharon a la Pastoral diciendo que hay que cambiar este artículo, esta ley. Y escucharon a los abogados diciendo que la ley los ampara, que ellos no están infringiendo ninguna ley. Claro que los pueden pasar a los niños por el río, pero sería ridículo si yo traficante puedo pasar legalmente a los niños, ¿para qué los voy a hacer pasar por el río?

J: La otra propuesta que tenemos es, el gobierno argentino tiene una ley de hacer las migraciones integradas. En otras fronteras ya están funcionando así, y así se controla mejor todo. Aquí no sé, porque todavía los gobiernos no dan los pasos para que se haga la migración en forma conjunta. Le hemos escrito notas a Aníbal Fernandez, a los funcionarios de Bolivia para que den los pasos para que la migración se haga integrada, pero no. En una migración integrada se tiene un mayor control y se evitaría los manejos de malversación de fondos y de corrupción. Ahí podría haber un sistema computarizado donde se cargue a todos estos niños. Con toda la tecnología que hay y todo el tráfico en las fronteras, ¿cómo no vas a tener una computadora donde tú proceses y compartas la información? De modo que tú puedas verificar cuántas veces ha pasado la misma persona con niños diferentes por la frontera. Eso no se puede hacer hoy día. Si tú te fijas y ves que este tipo ha estado pasando con diferentes niños bueno, ese tío esta traficando, ¡coños, hay que meterlo preso! Pero en una maraña de miles de papeles, quién puede saber eso. En eso estamos actualmente. En procurar que se haga una base de datos.

E: Quisiera preguntarles acerca de cómo conciben ustedes a la frontera

J: La idea de frontera es de conurbación, o sea, un espacio común donde interactuamos, cultura, economía, etc. Hay que abrir las fronteras un poco. La cultura es la misma. Existe todo un mundo, un tejido social muy complejo. Es un espacio donde podemos enriquecernos mutuamente, compartir, convivir y desmitificar al otro para terminar con algunos problemas de discriminación. La frontera ha buscado acentuar las diferencias entre bolivianos y argentinos, pero la cultura colla es la misma. Buscamos ir generando cositas pequeñas de ayuda, de intercambio, para no generar conflictos. Eso es lo que hacemos básicamente.

E: Les agradezco el tiempo y la disposición para la entrevista.

Interés y pertinencia de la entrevista respecto a la problemática general del cuaderno.

El caso del trabajo de la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca constituye un ejemplo de cómo la sociedad civil puede tener un rol proactivo para generar formas alternativas de gobernanza no lideradas por el gobierno. Situada en la frontera argentino boliviana, la Pastoral Migratoria ha logrado conformar, liderar y coordinar una extensa red de cooperación en la que participan organizaciones no gubernamentales de ambos países, organismos supranacionales como la ONU y diferentes poderes estatales, de Bolivia y la Argentina. Los objetivos del accionar de esta red han sido básicamente dos: 1) garantizar los derechos ciudadanos de los inmigrantes e hijos de inmigrantes bolivianos en la Argentina. En particular, el derecho a la identidad, el derecho a la salud y a la educación. 2) Combatir la trata y el tráfico de personas a través de la frontera.

Bibliografía y enlaces en Internet

Karasik, Gabriela (2005) “Etnicidad, cultura y clases sociales. Procesos de formación histórica de la conciencia colectiva en Jujuy, 1970-2003”. Tesis de doctorado. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras.

(1) El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración (art. 86 de la Constitución Argentina)

www.defensor.gov.ar

Anexo

Cuaderno:

Quelle(s) gouvernance(s) sur les frontières latino-américaines ?

Systèmes d’acteurs et usages d’un concept sur les périphéries territoriales.

Título:

Los Derechos Humanos en la frontera Boliviano-Argentina. Una red social para la defensa de los derechos de menores de edad y mujeres embarazadas en La Quiaca y Villazón

Subtítulo:

Autor(es) de la ficha:

Alejandro Benedetti y María Parodi

Nota biográfica del autor:

Alejandro Benedetti. Geógrafo. Licenciado y Doctor en geografía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente en la carrera de geografía de la UBA, investigador en el Instituto de Geografía de la UBA y en la Unidad de Investigación en Historia Regional de la Universidad Nacional de Jujuy. Becario de CONICET.

María Parodi. Antropóloga. Tesista de la licenciatura en Antropología de la UBA.

Fecha de escritura:

Febrero de 2008

Fecha de la entrevista:

14 de diciembre 2007. Lugar de la entrevista: Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de La Quiaca, casa parroquial

Nombre del entrevistado:

Miembros del Equipo de la Pastoral Migratoria de la Prelatura De Humahuaca (Los entrevistados solicitaron, por razones de su propia seguridad, no ser identificados en el informe más que como miembros del Equipo de la Pastoral Migratoria, dependiente de la Prelatura de Humahuaca. Se les han asignado dos nombres al azar. También han solicitado que no se incluya información de contacto. Quien quiera hacerlo deberá comunicarse con la Prelatura de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, República Argentina).

Nota biográfica del entrevistado:

Los informantes también han solicitado que no se incluya información de contacto personal. Quien quiera hacerlo deberá comunicarse con:

Pastoral Migratoria Prelatura de Humahuaca

Dependiente de la Fundación Católica de Migraciones

Conferencia Episcopal

Dirección: Casa Parroquial

4650-La Quiaca –Jujuy

Teléfono: (0054) 03885-422334

Resumen

La frontera entre Argentina y Bolivia conforma un espacio en el que los Estados no logran garantizar los derechos humanos de los migrantes. A pesar de la continuidad sociocultural transfronteriza, las leyes e instituciones de ambos Estados hacen de la frontera un espacio social fragmentado. La falta de coordinación entre los Estados facilita el abuso a los derechos humanos, particularmente los derechos de los menores de edad. Este vacío legal propicia, por un lado, que alrededor de 9.000 menores por año, crucen la frontera sin estar acompañados de sus padres. Por otra parte, la sospecha constante de los funcionarios de uno y otro lado hacen prácticamente imposible para las mujeres migrantes registrar a sus hijos recién nacidos. Sin nacionalidad, los niños quedan excluidos del sistema educativo y de salud y son más vulnerables a la discriminación, al tráfico de órganos, el maltrato y la explotación infantil. A través de la entrevista se describirá el trabajo realizado por el equipo de la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca (República Argentina) y la Pastoral Migratoria de La Paz y Potosí (República de Bolivia), en la detección y visibilización de esta problemática. El trabajo coordinado entre organizaciones dependientes de las iglesias católicas de Bolivia y Argentina ha permitido, que junto con algunos organismos estatales de ambos Estados, se conforme una red de coordinación y cooperación cuyo objetivo es abordar el grave problema de trata y tráfico de personas en la frontera argentino – boliviana e intentar garantizar los derechos de los migrantes, especialmente en lo que se refiere al derecho a la identidad y el acceso al sistema de salud. La entrevista permite vislumbrar una realidad social marcada por la discriminación y la xenofobia, las grandes dificultades generadas por la desinformación y la desidia de muchas autoridades, y largo pero constante proceso de conformación de una red social que procura revertir este esquema.

Texto:

Contexto y motivo de la entrevista

La institución a la que pertenecen los entrevistados, y que constituyen informantes claves para evaluar las deficiencias en la gobernanza transfronteriza argentino-boliviana, es la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca. Esta organización fue creada en el mes de junio del año 2003 por iniciativa de Joaquín (Misionero Claretiano) tras vivir la dura y continua realidad de discriminación, limitación y atropellos a los Derechos Humanos a los que son objeto personas migrantes indocumentadas en la frontera argentino-boliviana. Actualmente el equipo está integrado por cuatro jóvenes estudiantes que forman parte de una organización de 500 desocupados. Como coordinador del equipo, los acompaña Joaquín, Delegado Prelaticio de la Pastoral Migratoria.

La oficina de la Pastoral se encuentra ubicada dentro de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de La Quiaca, Departamento de Yavi, Provincia de Jujuy, República Argentina. Esta ciudad es un paso fronterizo, en el límite con Bolivia. Del otro lado se encuentra la ciudad de Villazón, Provincia de Modesto Omiste, Departamento de Potosí, de la República de Bolivia. Villazón y La Quiaca son una conurbación.

El trabajo de esta organización está centrado principalmente en acompañar y ayudar a los ciudadanos bolivianos que migran a la Argentina en busca de trabajo y mejores condiciones de vida para sus familias. Estas personas provienen de una de las zonas más pobres de Bolivia: el Norte de Potosí.

Tanto la Provincia de Jujuy, del lado argentino, y el Departamento de Potosí, del boliviano, son territorios que tienen una posición periférica en relación a los centros de poder político y económico de sus respectivos países, Buenos Aires y La Paz, respectivamente. En Jujuy, durante las últimas dos décadas del siglo XX se profundizó la concentración de la actividad productiva en pocos sectores, la terciarización económica, el crecimiento en las desigualdades de los ingresos y el acceso a la riqueza social en general. Se evidenció paralelamente una reducción de las acciones del Estado en las áreas de salud, educación y vivienda agudizando la situación de extrema pobreza de la región fronteriza de la Puna y el deterioro global de las condiciones de vida.

Históricamente la provincia de Jujuy ha recibido migrantes de los departamentos bolivianos de Tarija y Potosí. Desde 1970 la mayor parte de los migrantes se insertan en la actividad agrícola o como jornaleros estacionales en diversas zonas del país. Pero muchos de ellos han permanecido en la zona fronteriza, desplazándose con regularidad hacia uno y otro lado, incorporándose a diferentes actividades. La idea generalizada de que están “de paso” hacia los centros urbanos de San Salvador de Jujuy o Buenos Aires o hacia la zafra en otras zonas de la Argentina ha contribuido a la invisibilidad de este grupo de migrantes. Se trata de una franja de la sociedad civil que es sumamente vulnerable por tratarse de personas en situación indigente, indocumentadas y sin recursos para la defensa de sus derechos. La retracción del Estado argentino no ha hecho más que agravar esta situación ya que se ha cerrado el círculo de inclusión en cuanto a quiénes tienen derecho al acceso a los escasos recursos que se administran, priorizándose en la práctica cotidiana (si bien la ley es claramente contraria a estas prácticas) a los ciudadanos argentinos.

En este marco comenzó el trabajo de la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca que ha logrado instalar el tema de los derechos de los inmigrantes en la agenda de ambos Estados, y contribuido a la creación de un espacio público concreto (las oficinas en ambos lados de la frontera) en donde los migrantes y la comunidad en general pueden encontrar eco a sus reclamos.

Preguntas y respuestas /E: Entrevistador; J: Joaquín; M: Marta/

E: ¿Cuál es el eje de su trabajo en la Pastoral?

J: Mira, hemos detectado que alrededor de 9.000 niños cruzan cada año la frontera entre Bolivia y Argentina de los cuales no se sabe a donde van.

E: ¿De qué zonas de Bolivia provienen los niños?

J: Norte de Potosí, toda la zona del departamento de Potosí, Cochabamba, entre Potosí y Cochabamba.

E: ¿Cómo es el mecanismo? ¿Los entregan los padres, los regalan?

J: Los padres… es uno de los cuestionamientos más serios que se hacen es que los propios padres, hombre, no es que los padres estén vendiendo al chico. No, no. Lo que pasa es que hay una situación de pobreza. Estamos hablando de Bolivia pues, el país más pobre de Sudamérica, con índices muy bajos pobreza y toda una situación de miseria. Entonces, ¿que sucede? Tenemos esta investigación: viene alguien de Buenos Aires y les dice a la mamá, al papá: “Bueno, yo me voy a llevar a tu hijo a trabajar.” Y los padres, en esa situación dicen: “Pues llévatelo.” Entonces se los dan con documento o sin documento. Luego llegan aquí a Villazón, como ahí tienen juzgado de menores, entonces, a veces el sistema que hay es que existe un decreto, el decreto 169 de la ley de niño y adolescente en el que simplemente con dos testigos los niños pueden ser llevados al extranjero. Entonces llegan aquí los niños, tienen un documento o tienen un certificadito y se buscan dos testigos, aquí en Villazón. Primero buscan a un abogado, llevan el documentito, llevan la plata. Después van al juez y llevan otra plata. Y ahí el juez hace los documentos. Buscan otros dos testigos que les ofrecen otra plata. Y ya esos niños con un documento legal ingresan. ¿Que es lo que dice Argentina? Bueno, como ellos tienen un documento, ¿qué vamos a decir? No podemos decir nada porque es legal. Y bueno así sucede todos los días y así ha sucedido por años y los niños pasan tranquilamente la frontera. Ahora, lo curioso que hemos visto es que a veces los niños pueden venir sin que los padres sepan. Y ahí en ese caso lo hacen pasar falsificando un documento del permiso del padre o la mamá, o una cedula de identidad. Y esos mismos familiares se hacen pasar a veces como padres. Claro, eso no lo podemos probar, sospechamos que se da así.

E: O sea que la cifra sería superior a los 9.000 niños por año…

J: No, porque todos los niños que pasan tienen que presentar en Villazón el documento y eso se registra. Y luego pasan por Argentina y ese documento lo vuelve a controlar Gendarmería Nacional. Eso se sabe.

E: ¿Esto lo averiguaron ustedes con su trabajo o había estudios anteriores?

J: Bueno, la historia es por ahí un poquito larga de contar. Yo quisiera que Marta cuente, porque es su área y podemos entrar en más detalle.

E: Bueno, yo mientras tanto quería preguntarle sobre la organización en la que Usted trabaja, a la que usted pertenece, porque lo oigo decir: “ellos”, “nosotros”. ¿Quiénes son “ellos”, quiénes “nosotros”?

J: Bueno, ella es del equipo pero está trabajando en Villazón en un programa contra la trata y el tráfico de personas, de niños, en una oficina que ella tiene en Villazón, en la prefectura.

E: ¿Ese programa de quién depende?

J: Ese programa depende de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), de la Conferencia Episcopal de Bolivia.

E: O sea, ¿de la Iglesia de Bolivia?

J: De la Iglesia católica de Bolivia. Dentro de ella, ellos tienen una oficina que es el área de PMH y ahí tienen una oficina que trabaja el tema de trata y tráfico, tienen una oficina que trabaja el tema migraciones. Trabajan distintos campos en lo que hace al tema migratorio. Si.

E: Interesante. ¿Y ustedes?

J: Y nosotros aquí en la frontera pues, empezamos a hacer conexiones con la parroquia de Villazón, empezar a acercarnos, a ver como podíamos trabajar juntos con la parroquia porque necesitábamos un apoyo allá. Y bueno, ahí surgió la propuesta que nos enteramos y ofrecimos una persona porque no había nadie allí, en Villazón. Y esta chica está trabajando. Lleva ya un año y algo trabajando en este programa exclusivamente y ella por la mañana trabaja en Villazón y por la tarde trabaja en la oficina que tenemos acá de pastoral migratoria.

E: Cuando usted dice: “le ofrecimos…” ¿quién es ese “nosotros”, la parroquia de acá?

J: La parroquia, la Prelatura, todo esto es la Prelatura de Humahuaca. Y esto de la Prelatura está dividido por sectores. Y en esta parroquia hay un trabajo que nosotros comenzamos ya hace, pues, cinco años. Este fue un tema que yo descubrí cuando yo llegué aquí a la parroquia en el año 2000. Pues yo empecé a notar que había mucha gente que no tenía documentos. Entonces, el tema migratorio, la prelatura en sí, nunca encaró el tema migratorio porque nosotros creíamos que no había migración. Que la gente de aquí pasa y, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir al sur, se va a ir a trabajar al ramal, a la cebolla, a la manzana porque aquí trabajo no hay. Entonces nosotros aquí, como pastoral, nunca encaramos el tema migratorio porque pensábamos, “es zona de frontera, la gente pasa y sale.” Pero yo empecé un poquito a darme cuenta de que venían muchas madres bolivianas que tenían hijos, argentinos y no tenían documento. Entonces a partir de ahí yo dije: “¿qué pasa aquí, pues, por que tantos niños, tantas madres sin documentos? Entonces empezamos a investigar, investigar, investigar y lo curioso fue que empezamos a ver… fui formando un equipito de gente… y empezamos a trabajar el tema migratorio porque nos dimos cuenta de que realmente hay una migración silenciosa de gente, la mayoría mujeres bolivianas, muy pobres, muy pobres. Que no pueden viajar hasta el sur porque no tienen documentos. Ya en su país no tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Pasan la frontera y se vienen aquí, a esta zona de Cieneguillas, toda esta zona de Yavi y Santa Catalina y se conchaban pa’pastear. Y ahí pues, pasteando ovejas ganan muy poco pero mucho más que en su país. Ganan 50$ y entonces gente que tiene 200 o 300 ovejitas, las contratan. Claro, una vez que vienen acá nacen los hijos. No se juntan, son madres solteras. Nacen los hijos, y esos chiquitos argentinos, que nacen en los puestos, en los lugares donde ellas pastean los animales… esos chiquitos la madre, cuando va al registro civil para asentar al chiquito, como ha sido un parto domiciliario no ha sido un parto hospitalario, porque si nace en el hospital le hacen un certificado de nacido vivo y con eso ya tienen para hacer el documento. Madres que no tienen documento. Ya de su país no lo tienen porque Bolivia tiene un problema muy serio de gente sin documentos. Ya están documentando, ya están teniendo bastantes logros, pero todas estas madres que ya han venido hace años no lo tienen o lo tienen con errores o tienen una simple partida o no tienen nada. Entonces, claro, cuando van al registro civil para asentar a sus hijos… ahí se encuentran que… “¿Adónde ha nacido el chico?”… “El chico ha nacido en parto domiciliario” “bueno, ¿y como me prueba donde ha nacido?” Como estamos en una zona de frontera ya empiezan los funcionarios con la sospecha. “Y si el niño nació en Bolivia y lo pasaron, ¿como me pruebas que ha nacido aquí?” Entonces la frontera es siempre una situación… nosotros hemos ido descubriendo que la frontera es siempre una situación ambigua. Los mismos funcionarios dicen: “¿Y si el niño ha nacido allí y lo han traído aquí?”. Pero la mayoría de esos niños han nacido aquí. Lo que pasa es que la pobre mujer que tiene un parto en el puesto, a veces lo tienen ellas solas, ¡ellas se reciben solitas! Pues claro, cuando va, ya han pasado los cuarenta días que, según la ley, es el plazo para anotarlo. Cuando va ya han pasado y ya no hay manera de documentarlo. Y el chiquito está sin nombre. Le piden un montón de papeles. Por ejemplo, en el registro civil de aquí, de la provincia de Jujuy, dice que todos los bolivianos o extranjeros que se acercan aquí tienen que tener un ingreso legal al país. Estas madres cuando iban a hacer el asiento del niño, ponte que por ahí buscaron dos testigos, que es lo más difícil. Y además tienen que tener un ingreso legal al país, así que tienen que ir al puente, a la Gendarmería, pues: “Déme el ingreso”. La Gendarmería no se lo daba. Cuando nosotros empezamos hace cuatro años, ahora con este programa Patria Grande de normalización documentaria, se ha abierto mucho el juego. Entonces nosotros, viendo esta situación dijimos “una de las cosas que tenemos que trabajar es con los derechos del niño”. Todo niño tiene derecho a tener un nombre, un documento, como a esos niños… ¿quienes son? Había tanto niño sin documento que realmente quedamos horrorizados. “¡Cómo puede ser!” ¡y el propio gobierno, el propio registro civil ponía tanta traba! Y claro, esos chiquitos sin documento, cuando llegaban a la escuela, se encontraban con que no podían ingresar. Algunos maestros no le hacían problema. Pero otros maestros: “no, los documentos.” “No tengo.” “A ver la madre, ¿dónde esta?” y a veces los chiquitos quedaban fuera de la escuela. Ese es otro derecho que se les niega. Y bueno, ahí empezamos a pelear por el derecho a la educación que no se les puede negar por más que no tengan documento.

E: Entonces, ¿es el mismo Estado el que no garantiza esos derechos?

J: Claro. Entonces otra cosa que descubrimos es que cuando una madre boliviana se efectúa un control con un agente sanitario y viene aquí al hospital de La Quiaca porque es el hospital que abarca el departamento de Yavi y Catalina, y venía a dar a luz, pues, si es boliviana le dice: “Pues pague” 150$. Las madres pobres no lo podían pagar. “Pues si no puedes pagar vete ya a dar a luz a tu país”. Y la subían en una ambulancia y la cruzaban al puente. Y a veces, no las pasaban con la ambulancia y las madres, con dolores de parto, se tenían que ir caminando. Y, me han contado, ellas llaman a algún familiar y allí lo tenían, arriesgando.

E: ¿Y cómo accionan ustedes en esta situación?

J: Ahí viene. Al principio… venían las madres y yo les decía: “¿Ha ido al hospital?” “Si, pero me cobran hermano. Me cobran 100 o 150 $ por dar a luz. Me piden que traiga dos donantes de sangre. Y me piden que dé platita y yo no puedo pagar hermano.” Entonces nosotros fuimos al hospital, hablamos con el director: “Mire, eso no se puede hacer. Esas personas viven en nuestro país. Viven acá. El agente Sanitario las conoce. Y esas personas tienen derecho a la salud. No se les puede negar.” Bueno, yo llamo al ministro un día. Le digo: “Mira, está pasando esto. Cobran aquí en el hospital.” “Bueno, tu verás, tu sabes, que el hospital no tiene recursos, que necesita. Que cobre, no pasa nada” “No, si cobra… si es público el hospital y por otro lado las madres son pobres, ¿cómo no las va atender?” Cae el ministro aquí un día. Yo le pregunté: “qué pasó con lo del hospital, que yo le he hablado y usted me dijo que si, que les iba enviar plata, que el hospital no tenía recursos y que cómo les íbamos a cobrar a esas criaturas”. Él me dijo: “Eso es mentira. ¡Yo con usted no he hablado nada de eso!” Me dejó ahí por mentiroso. Bueno, entonces yo ahí me di cuenta de que el hospital tenía un amparo con el ministro. Entonces, bueno. Yo ahí nomás empecé a juntar pruebas. “¿Te están cobrando?” “Si.” Y mandamos al Defensor del Pueblo pruebas1 (ver aclaración abajo). Cinco casos. Y el defensor lo derivó al INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación. Vino la gente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y yo les conté y ellos me hacen una documentación y me apoyan. Con eso fuimos al ministerio. Fuimos muchas veces al ministerio, al gobierno de Jujuy. Y nada, nada. O sea, nos sentíamos que no podíamos y hablábamos y decíamos: “¿Pero como les van a cobrar?” Y bueno, esas cosas, que seguimos peleando, al defensor del pueblo le decíamos, denunciábamos, en todos los ámbitos que teníamos, decíamos lo que estaba pasando. Y no pasaba nada. Y venía la gente que les cobraban y yo les decía: “pero la plata que te han cobrado, ¿te han dado un recibo?” “No hermano. La partera se lo metió en el bolsillo.” O el director, el director se llevaba la guita! Entonces yo hablaba con el director y me decía: “Pero hombre, si a esas madres sí les tengo que cobrar.” “Y bueno, pero si cobras, cobra bien y hazles un recibo oficial. ¿Por qué te justificáis? ¿Qué es… porque no tenéis recursos y después termina en tu bolsillo? ¿De que me estáis hablando?” Es largo esto…

E: No tengo apuro

J: Viene el programa Patria Grande. El programa ese. Nosotros como equipo…

E: ¿Un programa del Estado?

J: Si. Un programa del Estado que sacó [el presidente] Kirchner. Un programa de normalización documentaria migratoria para que todos los bolivianos, paraguayos, brasileños que llevan años en el país y no podían radicarse, accedieran de una manera fácil a una radicación. Muy sencillo. Entonces nosotros dijimos al obispo y le dijimos al gobierno que queríamos colaborar para poder ayudar a toda esta gente aquí. No hay en la zona ninguna otra organización que se haya ofrecido. Pues estábamos nosotros solos y dijimos, ya que no hay nadie, pues, hagamos este servicio para la gente. Entonces firmamos convenios y nos constituimos como institución colaboradora con el Estado. Para que todos los bolivianos que conocíamos en la zona, las mujeres, pudieran hacerle. De hecho ya a esta altura, a un año que empezamos llevamos unos cuatrocientos y pico. Entonces, vienen las primeras personas entre ellas madres bolivianas que residían aquí, embarazadas y yo les dije: “Vamos, vamos… tienen que tener su documentación, su documento.” Cuando entramos en Internet, como tenemos una clave personal, entramos e inscribimos a las personas y allí hacen una declaración jurada. Con esa documentación pueden viajar, pueden trabajar, pueden ir donde sea. De hecho tienen los mismos derechos que cualquiera. Como estaban embarazadas les digo: “Te vas de aquí al hospital. Te vas con este papel, te van a recibir.” Y entonces a esas mujeres las mandamos, como correspondía y les dije: “No te van a cobrar nada. Porque tú ya estás legalmente en el país y no creo que haya problema. Pero si llegara a haber tú me avisas”. A todas las han rechazado. Todas. “Este papel, ¿qué papel es?” Y yo digo bueno, si el gobierno hace una documentación que la respete, por lo menos. Yo ya ahí me calenté, y ahí nomás agarré y le mande una denuncia a Aníbal Fernandez, al Ministerio del Interior, que venía ahora en febrero. Yo se la mandé más o menos por enero del año pasado o en diciembre. Como ya se anunciaba el centenario, yo sabia que él venía, entonces le mando la denuncia a él personalmente. Estas personas están legalmente en el país, ya han hecho su documentación… de todas maneras le he puesto en la nota lo que estaba pasando de años. Cuando vino lo agarró al ministro de salud de Jujuy y le dijo que eso no se puede hacer. “Todas las mujeres que están en este programa de normalización documentaria, todas esas personas, tienen derecho a ser atendidas.”

ENTRA MARTA QUIEN TAMBIÉN TRABAJA EN LA PASTORAL MIGRATORIA CON JOAQUÍN, Y SE SUMA A LA ENTREVISTA. NOS PRESENTAMOS Y CONTINUAMOS CON LA CHARLA.

J: Bueno, entonces, Aníbal Fernández vino y ahí le echamos una presión, a partir de ahí, tenían una resolución propia en el hospital que decía que todas las mujeres bolivianas no podían parir. Tenían que pagar o irse. Esa resolución desde este llamado de atención se cambió y ahora, hasta ahora, desde el año pasado todas las mujeres pueden atenderse. Hasta ahora nadie vino a quejarse. Ha habido unas observaciones que ellos hicieron. Que por lo menos vayan y se hagan los controles. Pero eso ha sido un logro y ya no se les cobra, o por lo menos no ha habido más quejas. Lo que estamos investigando es que si no consiguen los dos dadores, les piden 50$. Lo cual entra en ese proceso de especulación, cuando eso tiene que ver con la solidaridad. Y uno dice, “Cuando tú vas al hospital y tienes un parto de riesgo, te han puesto sangre, pues es lógico que dones. Pero si has hecho un parto normal y no has necesitado sangre pero pues, ¿para qué te piden?”

E: Claro, para el banco de sangre. Se puede pedir pero no puede ser una condición para ser atendido.

M: La denuncia que recibimos decía que era el dinero o eran los dadores.

J: Bueno, eso ya ha sido superado por suerte.

E: Y ustedes, ¿Tienen relación con las parroquias del resto de la frontera, por ejemplo, en Tarija? ¿Este es un programa que se está llevando a cabo en toda la frontera?

J: Nosotros lo que pasa es que para poder documentar a la gente, que la gente no tiene documentos, que tienen muchos errores las partidas. Entonces tenemos un equipito de gente en la parroquia de Fátima de Tarija de movilidad humana que ahí le mandamos documentación. Y después bueno, la PMH también tiene equipo en toda Bolivia y entonces cualquier casito consultamos ahí.

E: ¿Están conectados con…?

J: Sí, tenemos una red dentro de La Paz, Potosí… Potosí es donde más trabajamos. Hay ahí un centro que tienen los jesuitas y ahí mandamos documentación, mandamos trámites a que los resuelvan, porque la gente no puede viajar. Aunque ahora bueno, como Bolivia ya ha puesto un sistema computarizado de ingreso de las partidas, eso ya facilita mucho y entonces desde la oficina que tenemos en Villazón se pueden arreglar trámites administrativos. Pero también tenemos en Oruro, en Sucre, contactos para casos así que se nos presentan.

E: Los casos de que están hablando, ¿son los de problemas migratorios?

J: Problemas migratorios.

E: ¿Cuáles son los problemas que tienen las personas exactamente? ¿Cuáles son los derechos que no se garantizan?

J: Por ejemplo las madres ingresan y no se les anotan, y eso vulnera el derecho de esos niños a acceder a la salud, por ejemplo. El chiquito al no tener documento, no puede acceder por ejemplo, a la leche materna porque no tiene documento. O no puede acceder al bolsón de alimentos o a alguna ayuda entonces queda muy marginado.

E: ¿Es el Estado argentino el que está vulnerando los derechos?

J: Yo diría que sí. Al chiquito que no tiene documento no lo reciben en las escuelas. Llega y le piden el documento. Entonces nosotros le hacemos la nota y entonces lo reciben. Pero si nosotros no le hacemos la nota, no lo reciben.

M: Lo que pasa es que es una cadena. Muchas veces son chicos de padres bolivianos por eso es que los padres no están bien documentados o tienen la documentación en Bolivia y directamente no los han inscripto y son chicos de seis años y no pueden acceder a la escuela porque no tienen documentos.

E: Y ustedes, ¿cómo detectan esta situación? La gente ya sabe que ustedes trabajan en eso?

J: La gente que viene y te dice: “Mire hermano, no me lo reciben en la escuela a mi niño porque no tiene documento…” Nosotros ahí nomás: “¿Qué directora es? ¿Qué escuela es? ¿Dónde es?” Y ahí no más le mandamos y le decimos que está haciendo su proceso migratorio, que está demorado el trámite por razones judiciales, que tenga paciencia. Y además le recordamos el artículo 7 de la Ley de Migración, la 25.671, que dice que no se les podrá negar el derecho a la educación a cualquier extranjero cualquiera sea su situación migratoria. O sea, el derecho a la educación no se le puede negar. Y ahora, la nueva ley de educación dice que el chiquito cuando termine la primaria le tiene que dar el título de que ha completado la primaria, y no le dan nada de eso. Otro tema que empezamos a investigar fue el tema de los niños. “¿Habrá tantos, no habrá?” Entonces hablamos con los agentes sanitarios y les pedimos que si cuando ellos van a las casas, en esas rondas que hacen, si no podrían preguntarle a la gente cuántas personas indocumentadas había. Entonces, bueno, la señora que estaba a cargo lo dispuso y fueron y sacaron una lista de 600 chicos.

M: En los departamentos de Yavi y Santa Catalina.

J: Y en los comedores del programa Yachay, de OCLADE (Organización Claretiana para el desarrollo), también se detectaron como 100 casos de la zona de Humahuaca, de la zona del campo, que no tienen documentos. Entonces dijimos, con tanta norma, con tanta legislación, con tanta pega, estos chiquitos no pueden hacer nunca un documento. Entonces lo que hicimos fue agarrar toda esa documentación y lo presentamos al juez y lo instalamos en la opinión pública a través de los medios. Y un día el juez Camada, juez de menores de Jujuy, de Tribunales, se me acercó y me dijo: “Me he enterado de esta situación. Hágame una lista de los menores de hasta 18 años que ustedes tengan para hacer un proceso judicial, para que se les regularice su situación”. Entonces bueno, ahí se hizo una carátula de esta situación y todos esos casos los derivamos a través de la defensoría del pobre y ausente de La Quiaca. Y con esa lista ella (Por Estela) empezó a agitar y agitar y bueno, ya se ha regularizado la situación de unos 180 chicos. Y los que faltan, pues bueno, algunos no se los encuentra, a lo mejor los padres se han ido. Van, se van un tiempo afuera, vuelven. Entonces a partir de allí, todos estos niños que quedaban, empezaron a juntarse y a venir de a poco a la defensoría y han obtenido su residencia.

E: ¿Y hay más? ¿A la lista inicial se van sumando?

J: Y van surgiendo cada vez más, siguen naciendo en los puestos, siguen naciendo en el campo.

M: Hay muchas personas que viven en los puestos, que viven en el campo y que no bajan. Si hiciésemos una investigación más minuciosa encontraríamos más.

J: De todas maneras el programa Patria Grande está documentando mucha gente. Nos sucedió que había personas que iban, reunían todos sus papeles con gran sacrificio y en el registro civil sistemáticamente los rebotaban. Yo llegué a la conclusión de que en el Registro había actitud discriminatoria con todo lo que era boliviano porque no había forma de que nos dijeran por qué los rebotaban. Todo lo que era boliviano, pues, a joderlo! Los casos que eran bolivianos, iban al registro, después de los cuarenta días, eran rechazados, todos!

M: Se mandaron informes, aquí, allá y nunca una respuesta coherente de por qué los rebotan. Y continúa sucediendo.

E: Pero, ¿era un funcionario particular o es el Registro como organismo?

J: Bueno, eran unos funcionarios que por lo que sé ya no están. No hemos podido llegar a saber cual es la razón. Eso nos valió una pelea con el director del Registro Civil en Jujuy con el cual estamos peleados porque todas han sido denuncias contra él. Porque al mismo defensor del pueblo, después de tantos casos, le hemos dicho: “Mire, hay un sistema realmente perverso.” Si el derecho al DNI (Documento Nacional de Identidad) es personalísimo, entonces tiene que ser algo sencillo. Pero le ponen tanta traba, le ponen tanta norma, le ponen tantas exigencias, que claro, así no va. ¡Tenemos tantos niños, tantos adultos, adultos argentinos sin documentos!

E: ¿Y esto sucede igual en toda la zona de frontera?

J: No. Esa es una comparación que hicimos porque en la zona de frontera de Santa Victoria Oeste hay mucha gente migrante y no hay chicos indocumentados. Yo fui a hablar con la directora del registro civil de allá para ver cómo hace para inscribir a los hijos de bolivianos que han nacido en la Argentina. Ella me contesto: “Yo tengo las normas bien claritas. Toda persona que nace en suelo argentino, todos los niños que nacen en suelo argentino son argentinos. Los padres no me importan de dónde sean. Yo les tengo que hacer el documento.” Ella esta aplicando la ley. Aquí, ¿cual es la diferencia? Es que ella depende de Salta, no de Jujuy. Segunda traba: “Ah, ¿usted es boliviano? Entrada legal al país.” Y ahí ahora con Patria Grande no hay problema.

M: Y eso es lo que llama la atención. Es que ya estamos a un año de iniciado el programa de Patria Grande por el Estado y da la impresión de que la policía y el registro civil no se han dado por enterados. Siguen pidiendo el ingreso legal al país cuando para radicarse ya no se solicita, simplemente se tienen que presentar en la oficina. Pero da la impresión de que dicen: “Ah, ustedes tienen ese programa pero no tiene nada que ver con nosotros.”

E: ¿Y que relación tienen con la policía con este tema? ¿Los han informado acerca de los alcances y las normas?

J: ¡Pero si ya hemos hablado con el jefe!. El otro día hemos mandado una gente por el certificado de residencia y le piden la entrada legal al país. Y yo me fui re caliente ahí: “¡Que ya he hablado con el jefe, ya le he explicado coños y que ya están legalmente en el país por qué le piden la entrada legal al país, que coño, que vais a volver locos a la gente!” “Ay, que no sabía.” “Pues coños, que estamos diciéndolo todos los días!”

M: Parece como que no se baja la información. Pasa lo mismo en educación. Ellos ya saben de la ley, saben de las normas, de Patria Grande. Pero parece que ellos están esperando específicamente que alguien en persona vaya y les diga qué tienen que hacer. De pronto no hay circulares que les expliquen como son las reglamentaciones.

J: Nada.

M: Cuando nosotros empezamos con este programa de Patria Grande fuimos a la policía para el tema de los certificados de antecedentes y nos decían que ellos no sabían de este programa. Yo les decía: “Pero por favor, si el gobierno nacional y local tiene un programa de normalización documentaria, son ustedes los que se tienen que informar. Están esperando una invitación especifica?”

E: Y ustedes, como organización, ¿han considerado dar cursos de capacitación a los organismos del Estado como Gendarmería o Policía?

J: No tanto, no tanto. Hemos aprovechado medios, hemos aprovechado cualquier circunstancia, hemos hablado. Cuando se lanzó el programa vino aquí el mismo director de migraciones, el de la policía, se les dijo, se les informó. Y después no pasa nada.

E: Y ustedes, ¿con qué otras organizaciones se relacionan? ¿De donde reciben el financiamiento para realizar este trabajo que están haciendo?

J: Bueno, las instituciones con que trabajamos habitualmente son: La Defensoría del Pueblo, la Gendarmería, la Policía, la gente del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) que han venido a hacer un curso de capacitación a los funcionarios. La gente del CADE.

E: ¿Qué es el CADE?

J: Es un centro ecuménico religioso, digamos, una ONG que trabaja por los derechos humanos. Ellos, con el ACNUR y el CELS, vinieron y dieron un taller. Tenemos casos de refugiados de Colombia, de Perú. Entonces ellos vinieron a los funcionarios y les dieron las normativas.

M: También hay una relación fuerte con UNICEF en el trabajo que se hace con Bolivia, ¿no? Cada actividad tiene un financiamiento diferente. Muchos del exterior.

J: Ella puede contarte del tema de trata y tráfico de personas.

E: Ah si, te estábamos esperando para hablar de tu trabajo en ese tema.

M: Hace ya un año que trabajo en el tema de trata y tráfico. Y la PMH de Bolivia, que depende de la Conferencia Episcopal de Bolivia, nos prestó una colaboración para que nosotros podamos poner en marcha el programa que tiene que ver en principio con la detección, concientización y visibilización de la trata de personas. Bueno, a lo largo de este año hemos podido llamar la atención sobre la cantidad de menores que salen de Bolivia. Lo que llamó la atención son los carteles que se ven en Bolivia: “autorizaciones de viaje en dos días, en media hora, en veinte minutos.” Los carteles en los abogados. Los que manejan esto son los abogados, y el juez de menores de Villazón es el que autoriza. ¿Cómo funciona? Llega la persona que no ha traído la autorización del papá para sacar al menor, se va a un abogado que hace el trámite y busca dos testigos, que firman y van al juez y ya está. Además, hay dinero en juego por las firmas, claro. Bueno, firma el juez y el menor sale por migraciones de Bolivia con esa autorización que es legal. Es un código, un artículo que es muy superficial, digamos. Si el menor sale con uno de los padres o con ninguno de ellos se debe hacer esta autorización y los testigos salen de garante que el menor tiene que regresar en 90 días al país. En la práctica, que suelen ser siempre los mismos, no conocen ni al niño ni al que se lo lleva. Migraciones de Bolivia recibe al niño y ve que está la autorización legal y lo deja salir. Migraciones de Argentina dice, “Bolivia lo dejó salir, yo lo tengo que dejar entrar”. Ese formulario de autorización debe ser por ley, gratuito, pero se cobra en este momento 120 pesos bolivianos.

J: A partir de esta situación, de este problema, ella empieza un trabajo de investigación, empieza a difundir por los medios. Los medios, la verdad, es que han ayudado muchísimo. El diario LA RAZÓN de La Paz ha comenzado a hacer artículos. Todas las semanas había artículos de niños que en la Argentina habían sido maltratados. De una niña que le habían cortado las orejas, que le habían pegado una patada en sus partes y le habían destrozado hasta el intestino. Situaciones que empezaron a meterlo en las notas porque el artículo asesino era el 169 que desangra todo eso. Bueno, todo eso se fue aumentando, aumentando, hasta que llegó el día que ella fue a hablar con el juez de menores y le dijo, porque vino gente del ministerio de justicia de la nación de derechos de los menores vino a partir de que el año pasado en el Comité de Frontera le dijimos el 30 de mayo: “Mire, se están llevando a los niños.” Y entonces el juez Camada se fue a la frontera, a la Gendarmería y pidió que le fotocopiaran, que esos papeles le pidieran a la gente que los deje. El se llevó esa documentación a Jujuy a analizar y cuando vino de vuelta yo le pregunté: “¿Y?” Y me dice: “Hermano, hay cosas gravísimas, gravísimas. Hay casos en los que el propio juez, se ve que no conseguía testigos, entonces el propio juez autoriza al propio juez a dar la autorización. ¡Y eso no lo puede hacer un juez!”

M: Una vez que la gente cruza le preguntas: “Quienes son estos testigos?” “No sé.” “¿Quién te los consiguió?” “El Abogado.”

J: Los testigos son siempre los mismos.

M: ¿La sospecha de que a dónde van a parar estos chicos? ¿Qué es lo que sucede? Porque a los 90 días no vuelven. Eso es seguro. No vuelven.

E: Y ustedes, ¿están solos haciendo esto?

J: Bueno, cuando el juez vino, hizo una investigación pequeña, un muestreo. Y entonces él agarró y habló con los de derechos humanos de Jujuy. Jujuy con los de la nación y vinieron y se hizo un trabajo de investigación muy interesante que nosotros lo estuvimos presentando en todos lados. Ellos plantean que hay testigos que son los mismos, que firman todos los papeles. Hay un artículo que hace que esos niños salgan. Hay una situación de irregularidad: ¿dónde van esos niños? Seguro que van a trabajo infantil, máquinas de coser y todas esas cosas o la prostitución de las niñas. A partir de entonces se empieza a poner en marcha todo, esto en los medios…

M: La manera, es, claro, estamos solos o, la sensación en aquel momento era la de estar solos. Hablamos con el diario Clarín, muy bueno y le planteamos sobre la mesa este tema de los niños. Y tiene repercusión en Bolivia y entonces los representantes de Potosí empiezan una investigación y se dan con que esto está sucediendo realmente. Entonces viene el defensor del pueblo de Bolivia, de Potosí y se da con esta situación. Se mete en los estudios de los abogados y comprueba cómo es la cosa. La ley es así. Lo que no está escrito, está permitido. Un señor que perdió a su hijo de esta manera, y al que ayudamos, decidió volver a su país y que no le pasara a más nadie lo que le había sucedido a él. Fue al poder legislativo y movió mucho por allá.

J: Un día nos avisan que seis ministerios estaban bajando a Villazón a corroborar qué estaba pasando. A partir de esto, ¿no? Vino el Ministro de Justicia y de otros seis ministerios. Y dieron una conferencia de prensa para todos los abogados, para todos. Estaban todos ahí. Todo el escaparate. Y bueno, todo era discurso, discurso. Nosotros estábamos ahí y teníamos un plan B: que se modifique el artículo 169 que es una puerta. Por eso salió un artículo en el diario que era: “Argentina tiene una puerta abierta a la trata y tráfico de niños.” Cuando ya habían hablado todos, y ya habían terminado los discursos nosotros planteamos que hay que modificar ese artículo. Porque si ese artículo sigue, va a seguir desangrando al país de niños. Y entonces la ministra del gobierno de Evo Morales dijo que si, que hay que modificar ese artículo y está en proceso de modificación. Hay un cambio de actitud de este gobierno con respecto a los anteriores.

M: Ellos vinieron hasta aquí y escucharon las dos campanas. Escucharon a la Pastoral diciendo que hay que cambiar este artículo, esta ley. Y escucharon a los abogados diciendo que la ley los ampara, que ellos no están infringiendo ninguna ley. Claro que los pueden pasar a los niños por el río, pero sería ridículo si yo traficante puedo pasar legalmente a los niños, ¿para qué los voy a hacer pasar por el río?

J: La otra propuesta que tenemos es, el gobierno argentino tiene una ley de hacer las migraciones integradas. En otras fronteras ya están funcionando así, y así se controla mejor todo. Aquí no sé, porque todavía los gobiernos no dan los pasos para que se haga la migración en forma conjunta. Le hemos escrito notas a Aníbal Fernandez, a los funcionarios de Bolivia para que den los pasos para que la migración se haga integrada, pero no. En una migración integrada se tiene un mayor control y se evitaría los manejos de malversación de fondos y de corrupción. Ahí podría haber un sistema computarizado donde se cargue a todos estos niños. Con toda la tecnología que hay y todo el tráfico en las fronteras, ¿cómo no vas a tener una computadora donde tú proceses y compartas la información? De modo que tú puedas verificar cuántas veces ha pasado la misma persona con niños diferentes por la frontera. Eso no se puede hacer hoy día. Si tú te fijas y ves que este tipo ha estado pasando con diferentes niños bueno, ese tío esta traficando, ¡coños, hay que meterlo preso! Pero en una maraña de miles de papeles, quién puede saber eso. En eso estamos actualmente. En procurar que se haga una base de datos.

E: Quisiera preguntarles acerca de cómo conciben ustedes a la frontera

J: La idea de frontera es de conurbación, o sea, un espacio común donde interactuamos, cultura, economía, etc. Hay que abrir las fronteras un poco. La cultura es la misma. Existe todo un mundo, un tejido social muy complejo. Es un espacio donde podemos enriquecernos mutuamente, compartir, convivir y desmitificar al otro para terminar con algunos problemas de discriminación. La frontera ha buscado acentuar las diferencias entre bolivianos y argentinos, pero la cultura colla es la misma. Buscamos ir generando cositas pequeñas de ayuda, de intercambio, para no generar conflictos. Eso es lo que hacemos básicamente.

E: Les agradezco el tiempo y la disposición para la entrevista.

Interés y pertinencia de la entrevista respecto a la problemática general del cuaderno.

El caso del trabajo de la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca constituye un ejemplo de cómo la sociedad civil puede tener un rol proactivo para generar formas alternativas de gobernanza no lideradas por el gobierno. Situada en la frontera argentino boliviana, la Pastoral Migratoria ha logrado conformar, liderar y coordinar una extensa red de cooperación en la que participan organizaciones no gubernamentales de ambos países, organismos supranacionales como la ONU y diferentes poderes estatales, de Bolivia y la Argentina. Los objetivos del accionar de esta red han sido básicamente dos: 1) garantizar los derechos ciudadanos de los inmigrantes e hijos de inmigrantes bolivianos en la Argentina. En particular, el derecho a la identidad, el derecho a la salud y a la educación. 2) Combatir la trata y el tráfico de personas a través de la frontera.

Palabras clave por tema:

Ciudadanos, Derechos humanos, Derechos sexuales y reproductivos, Ejercicio de la ciudadanía, ética del servicio público, financiamiento del desarrollo, Flujos migratorios, Soberanía territorial, Sociedad civil, Territorio transfronterizo

Palabras clave geográficas:

AMÉRICA LATINA, AMÉRICA DEL SUR, ARGENTINA, BOLIVIA, REGÍON ANDINA

Palabras clave actores:

Autoridades locales, funcionarios locales

Campesinos

Autoridad religiosa

Funcionarios del Estado

Inmigrantes, minorías étnicas, pueblos indígenas

Organizaciones religiosas

Palabras clave candidatas:

Por tema: Gobernanza fronteriza, Derecho a la identidad, Acceso a la salud y a la educación, Movilidades transfronterizas, Derechos del niño

Geográficas: frontera argentino-boliviana

Actores: Migrantes, indocumentados, niños

Referencia a otras fichas:

Bibliografía y enlaces en Internet

Karasik, Gabriela (2005) “Etnicidad, cultura y clases sociales. Procesos de formación histórica de la conciencia colectiva en Jujuy, 1970-2003”. Tesis de doctorado. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras.

(1) El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración (art. 86 de la Constitución Argentina)

www.defensor.gov.ar

Anexo

A continuación presentaremos una breve cronología de las principales acciones y hechos que sucedieron en relación a la temática que aborda esta organización. En ella se refleja el progresivo, y lento, involucre de diferentes estamentos de ambos estados en el problema y cómo a fuerza de ideas y un fuerte compromiso cívico por parte de un sector de la sociedad civil, en este caso de la Pastoral Migratoria, se puede generar espacios de mayor participación ciudadana.

• 2003 – El congreso Nacional Argentino promulga la ley 25.819 que facilita por el plazo de un año la inscripción de los recién nacidos y niños de hasta 10 años de edad que hubieran sido inscriptos hasta entonces. Esta ley no genera problemas en el resto del país pero no es respetada en el registro civil de La Quiaca.

• 2003 – Se crea la Pastoral Migratoria dependiente de la Prelatura de Humahuaca para abordar el tema de la defensa de los derechos de los inmigrantes bolivianos en la Argentina.

• 2004 – A instancias de la Pastoral migratoria los agentes sanitarios del hospital público de la ciudad de La Quiaca realizan un levantamiento de información y descubren más de 500 menores de edad indocumentados.

• 2004- La Pastoral Migratoria realiza una denuncia ante la defensoría del pueblo de la provincia acerca de la situación irregular de los menores indocumentados, el cobro de dinero a las parturientas bolivianas (los hospitales públicos en Argentina no cobran por prestar servicios), y prácticas discriminatorias por parte del registro civil de la ciudad de La Quiaca.

• La Pastoral lleva la denuncia a los medios nacionales y al Renaper (Registro Nacional de las Personas) que envía inspectores y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

• Un juez de menores de San Salvador de Jujuy se hace eco de la denuncia y comienza a regularizar la situación de los menores involucrados en el informe.

• 2004 – El poder Ejecutivo enmienda la ley 25.819 aclarando que no se requiere D.N.I. de los padres para inscribir a un niño nacido en la Argentina. Igualmente, el costo de los trámites continúa obstaculizando la documentación de los hijos (argentinos) de inmigrantes y de los propios argentinos pobres de la zona de frontera.

• Se forma el equipo de La Pastoral Migratoria con cuatro jóvenes provenientes de una organización de desocupados que reciben un subsidio estatal por su trabajo. Las organizaciones de desocupados eran apoyadas activamente por la Pastoral en sus reclamos.

• La defensoría del Pueblo abre una oficina en La Quiaca.

• 2005 – Comienza el programa Patria Grande de normalización documentaria dependiente del gobierno nacional argentino. La Prelatura de Humahuaca firma los convenios para gestionar la documentación en esta región.

El ACNUR, CELS y miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación capacitan a los miembros de los organismos estatales (gendarmería, policía. etc) acerca de los derechos de los inmigrantes.

El ministro del interior de la nación visita La Quiaca y da las directivas para revertir la situación irregular del cobro a parturientas en el hospital de La Quiaca.

• 2006 – Se abre en Villazón una oficina de la Pastoral de Movilidad Humana dependiente de la iglesia católica de Bolivia para abordar en forma conjunta el tema de la trata y tráfico de personas. Allí trabaja un miembro de la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca quien a la tarde realiza el mismo trabajo en las oficinas del lado argentino de la Pastoral. Se descubre que aproximadamente 900 niños por año cruzan la frontera en situación irregular y con destino incierto.

• Varias ONG’s de Bolivia junto a UNICEF colaboran con los trámites para realizar la documentación de los migrantes bolivianos en la argentina. También se reciben fondos de ONG’s europeas para esta actividad.

• Se involucran los medios de prensa que comienzan a publicar artículos sobre el tema de la trata y tráfico de niños hacia la Argentina.

• 2007 – Se hacen presentes en Villazón seis ministros del gobierno boliviano para interiorizarse de la situación. Se comprometen a modificar el artículo de la ley que permite el paso de menores por la frontera.

• El equipo de la Pastoral migratoria participa activamente en las reuniones del Comité de Frontera que se reúne anualmente. Este es un espacio generado por los consulados argentino y boliviano en donde se discuten y deciden los temas pertinentes a la frontera. Allí participan, además de ambos estados, las ONGs que trabajan en la región y miembros de la comunidad.

• Se exige el cumplimiento de la ley nacional 25253 que establece las oficinas de migración integradas en las fronteras que actualmente no se cumple en la frontera Villazón – La Quiaca. Esta ley permite un mayor control en las fronteras.

Esta cronología es solamente un bosquejo, seguramente incompleto, que permite sin embargo vislumbrar el proceso lento y en ocasiones tortuoso de conformación de una red de hecho que ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas involucradas. En este proceso se generó un capital social, basado en un cúmulo de conocimientos, experiencias y habilidades, que incluyen la participación, la cogestión del poder y como este modelo de gobernanza no surgió de la propuesta del gobierno sino desde la sociedad civil.