Mientras la antigua Tenochtitlán (nombre de la ciudad capital del imperio mexica sobre la cual se edificó lo que hoy es la Ciudad de México) dejaba atrás su pasado indígena y se inmiscuía rápidamente hacia la modernidad, la mayor parte del sur del país e incluso muchas de las comunidades de los alrededores de la capital se mantuvieron en un estado letárgico, sin grandes cambios políticos ni sociales. La tradición y las costumbres determinaban el quehacer diario de sus habitantes.

Al sur de la gran metrópolis, se alzan enormes montañas erosionadas por el paso del tiempo. Sus piedras forman figuras caprichosas y escarpadas cañadas, rematadas en su base por terrazas naturales o artificiales (resulta difícil distinguir) adornadas con cientos de miles de pencas de nopal (cactus). Al ir subiendo por este laberinto de piedra y espinas nos encontramos con el campanario agustino de un pequeño pueblo. Se trata de la comunidad indígena de Tlalnepantla, nomenclatura que en su origen náhuatl significa “en medio de la tierra”. Esta es una de muchas comunidades de México que ha conservado sus formas ancestrales y que para bien o para mal ha intentado mantener su autonomía política.

Resulta difícil distinguir con exactitud la frontera entre la herencia indígena y la colonial y ha habido un gran debate entre antropólogos por hacer esta división. Uno de los sistemas considerados como parte de esa herencia indígena-colonial es el de los usos y costumbres. Este sistema es entre otras cosas una forma de autogobierno y auto gestión de las comunidades de acuerdo a sus tradiciones y prácticas propias. La accidentada geografía del país ha sido una de las principales causas de aislamiento de las comunidades indígenas, lo cual a su vez les ha permitido mantenerse relativamente ajenas a las influencias políticas del gobierno central. Sin embargo, no se puede pensar que solamente el aislamiento geográfico permite la conservación de la tradición, sino que es hasta cierto punto una decisión consciente de los pueblos el “pintar una raya” y decidir el nivel de asimilación de la cultura externa.

Las comunidades indígenas de pequeño tamaño tienen una peculiar forma de auto concebirse y auto regularse. La importancia que se le da a los roles y el respeto que se le otorga a la tradición es lo que las hacen tan resistentes a las formas ajenas. Hay que señalar también que mientras una comunidad política está cohesionada a través de una normatividad y una estructura política- pero no de una relación estrecha entre los individuos-, las comunidades indígenas se mantienen unidas ya que sus miembros comparten una misma cosmovisión, relacionada en muchos casos a un apego entrañable con la naturaleza y sus ciclos agrícolas. La comunidad indígena es o trata de ser una entidad homogénea; ahí radica su fortaleza. Tlalnepantla, a pesar de su cercanía con la capital, (apenas 70 kilómetros) ha conservado en gran medida los usos y costumbres a la hora de elegir a sus gobernantes, donde el prestigio y la entereza moral del candidato a ser el dirigente de la comunidad tienen más peso que una campaña mediática de estrafalario presupuesto.

Sin embargo, lo que en muchas ocasiones le ha permitido a este sistema subsistir a través de los siglos es su adaptabilidad y su constante cambio. Es por medio del cambio que conserva su esencia básica. En Tlalnepantla por ejemplo a partir de que se le otorgó el estatus de municipio se incorporó formalmente al gobierno estatal y así mismo al federal. Sin embargo, esta comunidad ha sabido acoger el sistema político central sin perder su sistema de cargos que sustenta sus usos y costumbres de una manera ingeniosa y práctica.

El sistema de cargos consiste en un número de oficios que están claramente definidos como tales y que se rotan entre los miembros de la comunidad, quienes asumen un oficio por un periodo corto de tiempo después de lo cual se retiran a su vida normal por un largo periodo de tiempo. Los oficios están ordenados jerárquicamente y el sistema de cargos comprende a todos -o casi todos- los miembros de la comunidad. (KORSBAEK, Leif, Introducción al sistema de cargos, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 1996.)

Los cargos son ordenados de dos maneras: primero, son organizados en niveles de servicio de manera que un hombre tiene que servir en un cargo de primer nivel antes de ser elegible para uno de segundo nivel, etc., y segundo, la autoridad tiende a concentrarse en los niveles superiores, creando de esta manera una jerarquía de autoridad al mismo tiempo que de servicio. Frecuentemente se llama el sistema de «escalafón». Se espera que todos los hombres de una comunidad participen en la jerarquía, por lo menos en los cargos más bajos y se ejerce mucha presión sobre los que se resisten. El servicio no causa ninguna remuneración y puede implicar para el incumbente gastos sustanciales.» (CANCIAN, Frank, “Organizaciones políticas y religiosas” en KORSBAEK, op.cit. 193-226.)

Resulta realmente asombroso y descabellado para una visión moderna desempeñar un cargo de alta responsabilidad sin remuneración monetaria alguna. Y es que ahí radica un eje divisorio entre ambas cosmovisiones: el sentido de pertenencia. Para la comunidad indígena, la remuneración no es cuantitativa sino cualitativa, es el prestigio que el líder obtiene a través de sus buenas decisiones y su oportuna gestión de los asuntos político-económicos y religiosos de la comunidad. Un ejemplo muy claro de esto es el Tequio, una forma de trabajo comunal de origen prehispánico donde básicamente todos los hombres de la comunidad están obligados a trabajar sin remuneración económica en actividades agrícolas, en mejoramiento de caminos, etc. Los miembros que no realicen dicho trabajo recibirán una sanción determinada por la propia comunidad.

También es una constante en las comunidades que los individuos deben ir escalando el orden de cargos para así después formar parte un consejo de “ancianos”, los cuales tienen gran injerencia en las decisiones de la comunidad. El escalafón, es claramente la mejor estructura para que los gobernantes adquieran experiencia y buena sabiduría. La comunidad traduce esas habilidades en prestigio. De igual manera, los malos desempeños son castigados con el desprecio de la misma comunidad.

Estos principios resultan ser algo muy lógico y sucede o debería suceder en cualquier sistema democrático, sin embargo, la gran cohesión entre los individuos y su determinante sentido de pertenencia permiten que esto se manifieste de una manera más directa y más real.

Los cargos políticos incluyen desde alcalde, regidores (administradores), mayordomos, encargados de educación y jueces hasta los primeros escalones de policías y mensajeros. También están designados los cargos religiosos que se hacen responsables de las festividades y el mantenimiento de los inmuebles religiosos. Aquí se podría profundizar en otra problemática que origina la creciente llegada de nuevas religiones- sobre todo sectas protestantes-, a las pequeñas comunidades mayoritariamente católicas, en donde la distinción entre política y religión no es muy clara. Los cargos políticos muchas veces tienen funciones religiosas y para la comunidad representa un reto integrar a la vida política a los habitantes no católicos. Cuando no se logra un acuerdo, la diferencia puede desencadenar desplazamientos o incluso violencia dentro de la comunidad.

Sin duda, una de las grandes riquezas del sistema de cargos, es la aplicación de asambleas comunitarias. Con estas prácticas se suaviza la estructura jerárquica, dándole horizontalidad a la toma de decisiones. En estas asambleas, la comunidad adulta es llamada para hacer consenso ya que todos pueden expresar sus puntos de vista y los funcionarios fungen como recolectores de opiniones. En muchos casos, el consejo de ancianos es el responsable de comunicar las inquietudes del pueblo a los dirigentes. Todo el pueblo debe estar presente e incluso se designan castigos a aquellos que no asistan a la reunión.

Una reflexión alentadora es la aceptación de un cargo como un servidor y no como un gobernante que se dedica expresamente a dar órdenes. Los cargos de las comunidades son tomados como una responsabilidad asignada por el propio pueblo y nunca como una ambición del individuo. La ausencia de remuneración económica es prueba de ello. Existe por tanto una concepción muy distinta del poder entre las comunidades indígenas y el Estado moderno.

El acercamiento que hemos hecho sobre el sistema de cargos se basa en estudios que han hecho antropólogos en las últimas décadas, formando un modelo representativo. Sin embargo es necesario esclarecer que cada comunidad tiene sus propias manifestaciones y dinámicas que a menudo van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, no en todas las comunidades hay participación femenina dentro de los procesos democráticos, los cargos no siempre son los mismos y la asimilación de la cultura mestiza se da en diferentes grados.

Veamos el caso de Tlalnepantla, cuya cercanía con la capital lo hace ser un caso muy particular. En primer lugar, la población ha perdido en su mayoría el uso de la lengua náhuatl. La vida económica de esta comunidad gira básicamente en torno a la siembra y comercialización del nopal (95% de los cultivos son de nopal). Sus siembras son de temporal y se usan técnicas tradicionales. En Tlalnepantla existen cuatro grandes grupos de nopaleros y actualmente exportan grandes cantidades, incluso a los Estados Unidos. Esto es importante ya que los grupos de nopaleros son los encargados de organizar las asambleas, financiar las fiestas y son los que están en estrecha relación con los gobernantes. Las elecciones del presidente municipal se dan durante las asambleas comunitarias. Alberto Rayón, actual Juez de Paz de Tlalnepantla, explica cómo es este proceso:

Las elecciones se llevan a cabo con la participación de todo el pueblo, proponiendo primeramente a los principales candidatos con base en su prestigio y la calidad moral de la persona. Comenta también que literalmente todos los habitantes (actualmente hay alrededor de cinco mil habitantes en todo el municipio, dentro del cual hay cinco barrios) se conocen entre si. Normalmente se proponen entre 8 y 10 candidatos y las votaciones se hacen sobre un pizarrón, poniéndole una rayita de tiza al candidato predilecto. Aquí se decide quiénes serán el presidente municipal, el síndico y los regidores (estos forman el cabildo que es un grupo representativo y tiene sus orígenes en la estructura política colonial). Posteriormente el candidato ganador propone a las personas de su preferencia para ocupar los cargos inferiores, incluyendo a los asistentes, secretarias, barrenderos, policías, etc. En cualquier momento, el pueblo puede oponerse a dichas nominaciones y proponer a alguien que la mayoría crea competente.

Ahora, lo curioso de este sistema que entra dentro de los “usos y costumbres” es que posteriormente pasa por un proceso de “legalización” para estar en orden con la normativa vigente tanto en el gobierno estatal como en el federal. El IFE (Instituto Federal Electoral) es el organismo encargado del proceder electoral del país a nivel federal. A su vez cada Estado posee su propio instituto electoral, en este caso el Instituto Electoral de Morelos. Dicho organismo lleva a cabo los comicios pertinentes para las elecciones de representantes en Tlalnepantla como lo hace en cualquier otro municipio: boletas, casillas, observadores, etc. Por ley, este proceso requiere de algo que muchas de las comunidades indígenas sienten ajeno a ellos, los partidos políticos.

El PRI (Partido Revolucionario Institucional), partido que gobernó ininterrumpidamente por más de 70 años al país, fue la institución por la cual se legalizaban las elecciones de cargos en el municipio de Tlalnepantla. Realmente la comunidad era ajena al partido y tan sólo lo utilizaban como un pivote entre su comunidad y el gobierno central. El candidato que anteriormente ya había sido elegido por medio del sistema de cargos era postulado como único candidato y obviamente resultaba victorioso ante la autoridad electoral. Este sistema funcionaba bastante bien ya que les permitía conservar sus formas de autogobierno y a la vez de mantenerse en un ámbito de legalidad ante el Estado.

Sin embargo, la influencia del centro ha ido creciendo rápidamente. En 1974 se construyó la carretera Xochimilco-Cuautla, conectando a Tlalnepantla con el resto de los municipios y abriéndola a la influencia externa. Los cargos comenzaron a remunerarse monetariamente y la industria del nopal creció considerablemente gracias a las exportaciones. De pronto la realidad del pueblo comenzó a cambiar drásticamente y su acercamiento tan acelerado hacia la modernidad estaba por hacer grandes estragos en las instituciones tradicionales del pueblo.

Para el 2003, el PRI ya no gobernaba el país ni el Estado de Morelos. Sus corruptas prácticas eran ya más que conocidas y ese año, el candidato electo por “usos y costumbres” a la presidencia municipal de Tlalnepantla, Conrado Pacheco, decidió no registrarse al PRI sino a un partido nuevo llamado Fuerza Ciudadana. En esa misma ocasión, los dirigentes estatales de los demás partidos políticos, decidieron entrar a la contienda electoral de Tlalnepantla con sus propios candidatos, algo nunca antes visto en la comunidad. Uno de los nopaleros más fuertes Elías Osorio era apoyado por el PRI para contender contra Pacheco. Osorio había tenido el cargo de presidente municipal anteriormente (en la mayoría de los casos la reelección de presidentes municipales en México no está permitida) y asegura Alberto Rayón que su mandato había estado lleno de escándalos de corrupción e ineficiencia. Utilizando su maña política y apoyado por el PRI, Osorio comenzó a hacer campaña política con los habitantes de los barrios externos de Tlalnepantla. Normalmente estos barrios no participan en las asambleas y las votaciones, asegura Rayón. Finalmente, la población confiada de que Pacheco ya había sido electo por el sistema de usos y costumbres ante la asamblea general, no acudió a votar ante el Instituto Electoral de Morelos (El 60% de la población en edad de votar no emitió su voto y además los otros partidos debilitaron la posición de Pacheco). El resultado lanzó a Osorio como ganador por una diferencia mínima de votos.

La población inmediatamente expresó su indignación al no haber sido respetada la decisión de la asamblea general y los usos y costumbres pasados por alto. El pueblo se movilizó e intentó establecer un diálogo con el gobierno estatal encabezado por Sergio Estrada Cajigal del PAN (Partido Acción Nacional), recibiendo tan sólo negativas y silencio. Ante la indiferencia del gobierno estatal, la comunidad se organizó formando un Consejo Autónomo Popular y tomó las oficinas de gobierno de Tlalnepantla para evitar la entrada de Elías Osorio. Durante este periodo, diputados del PRD (Partido de la Revolución Democrática) estuvieron muy activos apoyando al Consejo Autónomo Popular. Se hacen propuestas por ambas partes pero no se llega a ningún acuerdo.

En enero del 2004 un operativo de 800 agentes de la policía Estatal, solicitado por Elías Osorio y sus simpatizantes irrumpió violentamente por la madrugada, creando pánico en la población. El saldo de la incursión fue un muerto, varios heridos y 24 detenidos. La comunidad se dispersó, dejando un caos generalizado.

Elías Osorio es instalado como presidente municipal y labora durante más de dos años en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo. Las quejas y las marchas no cesaron, el pueblo organizado cerró carreteras y hasta tomó el palacio legislativo de Cuernavaca (capital del estado de Morelos) hasta que finalmente el gobierno Estatal cedió, destituyendo a Osorio y organizando una nueva contienda electoral. En esta ocasión, el pueblo votó de acuerdo a los usos y costumbres y registró a su candidato con el PRD. La victoria fue apabullante, 1800 votos de ventaja. El candidato del PRI obtuvo tan solo 500 votos, los mismos que había obtenido Osorio anteriormente.

Actualmente Rolando Alvarado es el presidente municipal y está intentando lograr una reconciliación entre las partes. Alberto Rayón afirma que el daño social fue sumamente profundo y que las rupturas van a tardar mínimo 15 años en sanarse. Familias enteras quedaron divididas al punto de desconocerse entre si. Elías Osorio, conocido como el Zorro abandonó el pueblo junto con toda su familia. Sus seguidores, los zorros, pasan un mal rato ya que cargan consigo el peso de la traición y son excluidos de las actividades del pueblo.

Las funciones de un Juez de Paz consisten en reconciliar a la gente y tratar asuntos familiares como matrimonios, herencias y disputas de tierras. Rayón me confiesa que Elías Osorio es su tío y que desde entonces su familia ha quedado totalmente dividida.

El caso de Tlalnepantla muestra claramente dos visiones de gobernabilidad, una basada en el consenso popular, la preservación de la tradición a través del sistema de usos y costumbres y en la importancia de la identidad de la comunidad, mientras la otra recae en la ambición política partidista legitimada por el Derecho positivo. Es una clara lucha entre tradición y modernidad y sus respectivas cosmogonías. El pueblo de Tlalnepantla pagó muy caro el no tener una cultura de partidos políticos y estos aprovecharon la situación sin tomar en cuenta el contexto cultural y las tradiciones de la comunidad.

En un inicio del conflicto varios medios de comunicación de Morelos descalificaban a la comunidad opositora y la despreciaban por ser “anticonstitucional” y salirse de las normas electorales. La falta de comprensión fue desde un principio parte del problema. El gobierno central parece no saber cómo crear un Estado multicultural donde se respeten los derechos individuales y a la par los derechos de las comunidades.

Desde la creación del Estado mexicano, los gobiernos liberales abogaron por la igualdad de los mexicanos, pasando por alto sus diferencias. Además, el modelo de nación que tenemos nunca tomó en cuenta el pensar de las comunidades indígenas. La división política no se hizo con base en las distintas culturas originarias y los pueblos pronto quedaron separados entre si por una autoridad ajena a ellos. Fue hasta 1990 que se les reconoció legalmente por el Estado en la Constitución Federal. Esto debido al trabajo realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al aprobar el convenio 169 relativo a poblaciones indígenas y tribales. Posteriormente en 1992 el gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el «Decreto que adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», con el cual se reconoció legalmente, por primera vez en la historia del México moderno, el carácter pluricultural de la nación y a los pueblos indígenas que habitan en ella. La adición señalaba: «La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.” Aunque esta fecha representa un hito histórico para la conciencia nacional en torno a sus poblaciones indígenas, podemos ver que de la teoría a la práctica existe un gran trecho.

Cabe señalar que México al ser una Federación posee tantas constituciones como estados y cada una de las 31 existentes tiene su propio acercamiento y reglamentación en torno a los pueblos indígenas. Algunas han tenido mayores avances en torno a la temática como lo es el caso de Oaxaca, donde incluso está establecido el tequio como una práctica propia de los pueblos indígenas. Esto resulta congruente ya que Oaxaca posee una población mayoritariamente indígena, mientras que Morelos es un estado mayoritariamente mestizo. Sin embargo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señala: “las autoridades estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio”.

Sin duda la fecha clave en cuanto a la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas es 1994 con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la firma de los “Acuerdos de San Andrés” donde el gobierno Federal reconoció el derecho de los indígenas a ser actores de las decisiones que afectan sus vidas, así como reconocerlos como nuevos sujetos de derecho de acuerdo a su origen histórico. Sin embargo las eternas discusiones y la falta de diálogo han evitado la creación de una reforma real de la Constitución donde los verdaderos reclamos de los pueblos indígenas sean plasmados.

En Tlalnepantla, el movimiento opositor a Elías Osorio tuvo un sustento legal en el artículo art. 39 de la Constitución Política de México que establece que: «La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno». El pueblo de Tlalnepantla conoce estos sustentos legales y tanto éste como el acuerdo de la OIT fueron citados en los reclamos y comunicados que el pueblo organizado le hizo al congreso del estado de Morelos. El acto represivo por parte del gobierno estatal fue no sólo un acto de brutalidad sino un claro desconocimiento y allanamiento de la legalidad nacional e internacional en el marco de la gobernabilidad de los pueblos indígenas y el respeto a sus usos y costumbres.

Tlalnepantla verá unas nuevas elecciones en el 2009 y parece que los partidos políticos seguirán estando presentes. A pesar de todo, la comunidad ha aprendido a organizarse y adaptarse a los sistemas externos. En cierta forma este conflicto ayudó a reafirmar su identidad pero a un costo muy alto. El resto de la población morelense parece permanecer indiferente ante los agravios que sufren las pequeñas comunidades. Es necesario que exista una mayor difusión de la diversidad cultural y política que tiene este pequeño estado para así poder crear un mayor consenso y formar un contrapeso contra los gobiernos autoritarios.

La lucha por la autodeterminación de los pueblos se encuentra en una etapa clave en México y en Latinoamérica. Una gran parte de la sociedad mexicana está volviéndose cada vez más consciente de su multiculturalidad y de la riqueza que esto conlleva, sin embargo al mismo tiempo, la globalización y la pérdida de la tradición provocan la homogeneidad tan anhelada por los gobiernos liberales del siglo XIX. . Es clave que las reformas legales que se elaboren tomen en cuenta la importancia y diversidad cultural de los pueblos indígenas, otorgándoles el lugar histórico que merecen y no formar ciudadanos de segunda clase. Que su libertad permita la reafirmación de la tradición y la continua práctica de sus usos y costumbres.

La ignorancia, la intolerancia y la brutalidad de los gobiernos son sin duda la mayor amenaza que existe para el bienestar social de las comunidades indígenas de por si ya divididas y lastimadas a través de su historia.

Bibliografía