Las calles de las grandes ciudades latinoamericanas en general y las zonas de mayor confluencia de gente en particular, evidencian una realidad: la presencia cada vez más numerosa de personas dedicadas al comercio ambulante. Es un fenómeno que vivimos a diario y que forma parte de nuestra cotidianeidad en tanto lo asumimos como normal. Aunque, si bien es cierto que este tipo de comercio no es algo novedoso en nuestras latitudes, no lo es menos el hecho de que en las últimas décadas ha aumentado considerablemente y, de ser un fenómeno económico-social, ha pasado a ser un serio asunto de gobernabilidad para los funcionarios de todos los niveles de gobierno. Sin embargo, dada la relativa novedad de la problemática, no tenemos aún estudios serios que la aborden, expliquen y/u ofrezcan alternativas ni desde la academia ni desde los gobiernos.

La primera respuesta a la reciente proliferación del comercio ambulante es tan lógica que parecería derivada del sentido común: el aumento del comercio en las calles está relacionada ineluctablemente con las políticas económicas establecida en los países de América Latina en las últimas tres décadas. La forma en la cual los gobiernos latinoamericanos hicieron frente a la crisis del capital mundial de la década de los ochenta incluyó una serie de “ajustes estructurales” que reconfiguraron la propia estructura del Estado. No solamente disminuyeron drásticamente los presupuestos para importantes rubros del gasto social como salud y educación, hecho que ya de por sí hacía vulnerables a millones de personas y les impedía ejercer derechos básicos plasmados en leyes internacionales; también se privatizaron empresas estatales que dejaron en el desempleo a miles de trabajadores.

Por otro lado, se abrieron indiscriminadamente las fronteras a las exportaciones de países que como Estados Unidos, apoyan con subsidios a sus productores primarios o como China, que abaratan mano de obra para reducir gastos de producción. El paso del tiempo ha mostrado que estas acciones han tenido un reflejo instantáneo en la pauperización del campo, pues varios de los países de la región latinoamericana han dejado de tener soberanía alimentaria, así como en la quiebra de la mediana y pequeña empresas, que ante la competencia de productos manufacturados a un menor costo, han perecido. La migración del campo a la ciudad y la explosión de la migración ilegal hacia los Estados Unidos en las últimas décadas son expresiones muy claras de esto.

Aunado a ello, la incapacidad de los gobiernos de atraer inversión extranjera productiva capaz de generar empleos bien remunerados y la ausencia de esquemas fiscales que favorezcan una recaudación equitativa donde los que más perciben paguen mayores impuestos, han terminado por cerrar la pinza para explicar la asfixia de las economías internas cuyo mayor indicativo de su grave salud es la ausencia de empleos dignos para grandes capas de la población. Tan lógica, exacta y comprobable es esta argumentación, que hasta parecería una ecuación matemática: una cosa sumada a la otra daría como resultado, indudablemente, el aumento de la pobreza, el desempleo y, por ende, la proliferación de los vendedores en la calle. De acuerdo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el empleo informal está creciendo en gran parte del mundo en desarrollo, América Latina incluida, donde 47 por ciento de los trabajadores en 2003, año de la última medición, estaban en el sector informal, contra 43 por ciento en 1990.

Sin embargo, esta explicación sobre el comercio ambulante, basada en elementos de tipo económico, aunque no equivocada, resulta incompleta para dar cuenta del panorama pues no toma en cuenta factores de otra índole que hacen del comercio informal uno de los dolores de cabeza más preocupantes para los gobernantes latinoamericanos. Hasta ahora ninguna explicación ha puesto énfasis en el hecho de que el aumento de vendedores en las calles y aceras de las ciudades, además de tener un origen socioeconómico, se ha convertido en una afrenta para el poder establecido y que en muy poco tiempo ha logrado vincularse con otras actividades ilícitas. Así, muy pocas explicaciones reparan en que este fenómeno ha creado una economía paralela, legal o extralegal y que ha logrado mantener vigentes prácticas políticas que se creían controladas, como la apropiación y ocupación de territorios públicos, el clientelismo y la corrupción.

Pero para mejor exponer la forma en que el comercio informal se inscribe en una problemática de gobernabilidad y no hablar ex-nihilo, se tratará aquí el caso de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El Centro Histórico de la Ciudad de México está ubicado en una demarcación administrativa llamada delegación Cuauhtémoc, que, como su nombre lo indica, se sitúa en lo que en algún momento fue el centro de una de las ciudades más grandes del mundo. Además de ser el asiento físico y simbólico de los poderes ejecutivos federales y locales ya que en ella se encuentra ubicado tanto el Palacio Nacional como el Palacio del Ayuntamiento Capitalino, esta zona se ha distinguido históricamente por su dinamismo comercial. Sin embargo, no toda la demarcación tiene problemas de asentamientos de comerciantes informales; éstos se concentran en 42 manzanas (conjuntos delimitados de calles y edificios habitacionales y comerciales). Así, el centro crítico de esa actividad lo constituyen casi 900 calles del Centro Histórico, donde los ambulantes, a cuyo frente se ubican líderes como Alejandra Barrios Richard, los hermanos Sánchez Rico, Miguel Angel Huerta, Raymundo Pérez López y Magdalena Acuña, principalmente, se asentaron y fortalecieron. Cabe decir que, de unos años a la fecha, los comerciantes ambulantes no sólo ocuparon las aceras y las calles; sino que extendieron sus dominios hasta otros espacios de la ciudad.

Pero ¿qué debemos entender cuando nos referimos al comercio informal o a los comerciantes ambulantes? En primer lugar debemos decir que ambos términos corresponden a los individuos que, de alguna u otra forma, trabajan en actividades en la economía informal. Se le denomina de esta forma al tipo de actividad económica que no cumple con las regulaciones marcadas por las leyes, es decir, que no está formalmente constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios. Por definición, la economía informal es ilegal, pues de ella forman parte tanto los comerciantes ambulantes como los fabricantes de productos pirata, los narcotraficantes, los contrabandistas y los vendedores de armas, entre otros. Sin embargo, la actividad comercial no registrada ante las autoridades, a la que denominamos “comercio informal”, es más permitida y aceptada por las propias autoridades.

El comercio informal no se realiza necesariamente en la calle; puede tener lugar en casas-habitación propias o, dada su naturaleza, puede no tener propiamente un espacio para realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que llevan a cabo los comerciantes ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo para vender sus mercancías. Los “ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las aceras, en la calle, en las estaciones del tren subterráneo, en mercados, parques, paraderos de autobuses, clínicas, centros de espectáculos y cruceros de calles, donde se ubican los semáforos. Por eso, cuando se habla de ambulantes necesariamente se habla de comercio informal y de economía informal.

Dada la naturaleza informal de la actividad económica de los ambulantes, los primeros afectados por esta actividad ilegal en el Centro Histórico son los comerciantes establecidos, los que sí pagan impuestos. Desde sus organizaciones gremiales, entre las que se encuentran la CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio) se han dedicado, por un lado, a estudiar el fenómeno y por otro, a denunciar a los organismos gubernamentales implicados en el problema. En el año 2005, cuando el problema del ambulantaje alcanzaba un punto critico y ya se contaba con estadísticas para exponerlo, denunciaron que en los dos años anteriores el comercio ambulante había crecido a ritmo de 9 por ciento anual, muy por encima del dinamismo del producto interno bruto (PIB) nacional que en 2004 fue de 4.4 por ciento. Decían también que los ambulantes conforman 78 por ciento del comercio informal del país y calculaban en 600 millones de pesos mensuales (poco menos de 60 millones USD) las cuotas que pagaban a autoridades corruptas para su protección.

Asimismo, denunciaban que tanto el ambulantaje, como el contrabando y la piratería seguirían siendo problemas mientras los vendedores informales representen votos potenciales para partidos y autoridades. Tasaban en 110 mil millones de pesos ( cerca de 11 billones USD) pérdidas anuales de los vendedores establecidos y advertían que el comercio en la vía pública de productos robados, piratas y de contrabando provocaba que, sólo en el Centro Histórico, el fisco dejara de percibir unos 9 mil 600 millones de pesos (alrededor de 900 millones USD) al año por el comercio ilegal de productos tales como electrodomésticos, de computación, textiles, calzado, juguetes, fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, bolsas, artículos escolares, entre otros que no siempre son de óptima calidad o legales.

Dos años más tarde, en abril de 2007, como parte de una investigación conjunta entre la Cámara de Comercio de la ciudad de México y el departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico de Monterrey, importante centro universitario privado de México, se dio a conocer que el fisco mexicano deja de percibir al año alrededor de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) como resultado de la creciente economía informal, comercio ilegal, contrabando y piratería, toda vez que en ese mercado se venden alrededor de 480 mil millones de dólares al año de los cuales alrededor de 8 por ciento serían gravables. Aseguran que hay 19 millones de mexicanos (poco menos del 20% de la población nacional) que trabajan en la economía informal y que el comercio ilegal crece a un ritmo de 13.6 por ciento anual mientras que el comercio establecido lo hace apenas a 9.8 por ciento. Finalmente, advirtieron que el comercio establecido en el Distrito Federal registra pérdidas por 40 mil millones de pesos anuales debido al ambulantaje y calcularon en 500 mil los ambulantes en la Ciudad de México, de los cuales 30 mil se instalan en el Centro Histórico.

Los ambulantes, por su parte, se siguen expandiendo de manera caótica, desordenada y continua en las calles del Centro de la Ciudad de México, aunque lo cierto es que en los últimos años se ha documentado la consolidación de un esquema de control por unas cuantas familias y líderes que sustentan su dominio territorial en millonarios ingresos y en grupos de presión. De acuerdo al diario mexicano La Jornada, estos grupos se disputan un negocio que, tan sólo en el primer cuadro del Distrito Federal, el del Centro Histórico, genera ganancias semanales de más de 10 millones de pesos (casi un millón de dólares), sólo por uso de piso. Así, lo que parece un caos para el observador común es en realidad una industria altamente organizada. La mayoría de los vendedores de la capital pagan cuotas diarias a sus líderes, quienes reparten territorios y mantienen en paz a funcionarios, comerciantes establecidos y competidores.

Un caso que destaca es el de la lidereza Alejandra Barrios, que está al frente de la Asociación Legítima Cívica Comercial, la cual aglutina al mayor número de comerciantes informales del Centro, aproximadamente 4 mil, quienes tienen que pagar 50 pesos diarios (poco menos de 5 USD), en promedio, o bien de 15 a 20 mil pesos (de 1500 a 2 mil USD) para garantizar un espacio de venta. Con base en informes de dirigentes de esa actividad, sólo en el Centro Histórico operan 30 mil vendedores informales, de los cerca de 200 mil que existirían en todo el Distrito Federal, aunque hay otras versiones que consideran que esa cifra podría estar entre los 300 y los 500 mil. Las cifras oficiales del Gobierno del Distrito Federal contrastan con las de los líderes, pues para ellos hay de 8 a 9 mil ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Cabe decir que a ese ejército de ambulantes a diario se suman gente desempleada, discapacitados, ex funcionarios, indígenas, amas de casa, jóvenes o niños, algunos ofreciendo sus productos en reducidos puestos, otros como charolas (cobradores), aguadores (los que vigilan), golpeadores, carpeteros (vendedores de piratería), corredores (traficantes de drogas), prestanombres, y delegados de calle.

De acuerdo a las propias autoridades, las tres principales fuentes de la mercancía que se distribuye entre los vendedores ambulantes son el contrabando, la mercancía robada, y los productos derivados del autorrobo a empresas. La primera es una red conocida por todos. A partir de la media noche y durante la madrugada los camiones o camionetas con mercancía llegan principalmente a calles de la zona oriente del Centro, atrás de Palacio Nacional. La segunda consisten en que las propias empresas se autorroben para luego levantar denuncias penales y así obtener el monto del seguro. Otra red es la que se da por medio de la compra directa de la mercancía en las aduanas de México. Al parecer, hasta esos puntos de desembarco, sobre todo la del estado mexicano de Veracruz, se dirigen las unidades de las organizaciones de ambulantes y ahí buscan la compra de contenedores con mercancía que no es reclamada o bien que es de contrabando. También está la compra de productos a través de las importadoras, que como la que creó la Asociación Cívica Comercial, que encabeza Alejandra Barrios, traen directamente sus mercancías y luego las distribuye en el Centro y en toda la ciudad.

A lo largo de los últimos años, la respuesta de las autoridades ante la proliferación del comercio ambulante y ante la adquisición de fuerza político-electoral de los dirigentes, ha sido más bien complaciente. Ni las administraciones del PRI (Partido Revolucionario Institucional, el partido político que gobernó la capital durante décadas) ni las del PRD (Partido de la Revolución Democrática, partido político que gobierna la Ciudad de México desde hace ya 11 años, identificado con la izquierda) han podido atacar de frente al problema debido a la cantidad de intereses que se esconden tras el entramado del ambulantaje. El último esfuerzo por organizar a estos trabajadores de la economía informal apostados en las calles del Centro Histórico, lo llevó a cabo en 2007 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, quien anunció que, tras negociar con los líderes de los ambulantes, había conseguido un compromiso para iniciar el proceso de retiro del comercio informal en esta zona. Apoyado en la existencia de un bando (normativa local) que emitió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1993, que está vigente, descartó la necesidad de hacer reformas jurídicas en esta materia.

Sin embargo, la voluntad política no es suficiente. Está muy documentado por la prensa mexicana que los propios inspectores de vía pública, funcionarios y policías federales y locales protegen el crecimiento anárquico de esa actividad. Además, siguen siendo constantes los testimonios de los dirigentes del comercio informal donde se denuncia a los inspectores que pasan la charola a diario (cobran cuotas todos los días), a los policías que extorsionan a líderes o ambulantes así como la venta nocturna de mercancía confiscada que realizan los efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y los ofrecimientos de mercancía de contrabando que realizan los funcionarios de las Aduanas.

Por su parte, los inspectores de vía pública son juez y parte. Por un lado deben vigilar que no se expanda el ambulantaje, pero por otro son los que por pagos de 5 a 10 mil pesos, ponen a nuevos vendedores en tal o cual calle del Centro o de otra zona de la ciudad, y les cobran directamente su cuota. Asimismo, estos pueden contratar a madrinas, meritorios o familiares, por medio de los cuales pasan la charola, de 20 a 100 pesos diarios. Se menciona entre los ambulantes a algunos inspectores que a pesar de ganar oficialmente 3 mil o 4 mil pesos al mes tienen residencias y automóviles de lujo, lo que ha sido posible gracias a su habilidad para comprar coordinadores y subdirectores de Vía Pública y garantizar con ello que no sean removidos de sus zonas. Incluso, a sus superiores llegan a darles hasta 20 mil pesos a la semana. Se afirma también que esos inspectores llegan, en algunos casos, a gozar también de la protección del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), y cuando estos personajes son sorprendidos recibiendo dinero y los consignan, el sindicato los apoya, les proporciona abogados, los sacan y regresan a su puesto.

Con relación a los elementos de la AFI, la agencia llamada el FBI mexicano, se tiene documentado que llegaban a bordo de sus unidades oficiales o de camionetas negras sin placas, en las que llevaban diversos productos que ofrecían a los ambulantes e incluso mostraban catálogos de lo que podían entregar. Por lo que hace a las aduanas, los representantes del comercio en vía pública aseguran que ahí sigue habiendo mucha corrupción, pues funcionarios de esa área siguen permitiendo el ingreso de mercancía de contrabando que luego inunda las calles del centro de la capital.

El número de ambulantes es tan preocupante para los orquestadores de la economía nacional que la Secretaría de Hacienda ha planteado el cobro de un gravamen que hace llamar Impuesto Contra la Informalidad (ICI), que si bien no frenará el comercio ambulante, por lo menos intentará ampliar la base de contribuyentes inscrita en el Registro Federal con el fin de obtener información de lo que está detrás del fenómeno y de las actividades ilícitas que encubre. Se tiene pensado el ICI recaude 7 mil millones de pesos al año. Cabe decir que ese impuesto aún se sigue discutiendo

El caso del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México es paradigmático porque nos permite visualizar todos los elementos presentes en este fenómeno. En primer lugar, nos permite reconstruirlo desde la perspectiva de la gobernabilidad como una afrenta a los poderes establecidos. Además de la pauperización creciente, el aumento del poder de los líderes del comercio informal habla de un quebrantamiento de la legitimidad del gobierno como el auténtico gestor de las demandas de la población. Cuando un gobierno, ya sea local o federal, está a merced de grupos de presión que indudablemente están fuera de la ley y negocia el control de espacios por definición públicos, nos encontramos ante un debilitamiento de las instituciones que deviene en ingobernabilidad, pues éstas no están cumpliendo la función para la que fueron creadas. Si bien es cierto que la ley debe ser suficientemente flexible y sensible para hacer frente a los problemas políticos y sociales, no lo es menos que un gobierno que establece acuerdos con líderes corruptos y delincuentes y los reconoce como interlocutores en lugar de organizar el comercio ambulante de acuerdo a la normatividad vigente, está perdiendo capacidad de acción frente a los actores que no están directamente implicados en el problema.

Este problema de pérdida de legitimidad se agrava cuando el gobierno se convierte en cómplice de una actividad a todas luces ilegal. Los supuestos de todo pacto social están basados en que el gobierno respete y haga respetar la ley; en el momento en que los funcionarios mayores y menores se convierten en un eslabón más de una actividad ilegal como el robo, el contrabando o la piratería, el pacto social se resquebraja y hace necesario uno nuevo. Cuando los ciudadanos ya no pueden confiar en sus instituciones porque éstas se han pervertido, el gobierno parecería no tener razón de existir. No en vano los procesos electorales registran cada vez menos participación: los gobiernos no están representado ya los intereses de los electores.

El fenómeno del comercio ambulante nos permite ver, además, que se está construyendo una economía al margen de la economía formal con los riesgos que esto implica. Más allá de los avisos que nos indican que este tipo de actividad pone en peligro el modelo económico en general al evadir los impuestos básicos de toda actividad comercial como el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, lo cierto es que el creciente número de personas dedicadas al comercio ambulante, aun cuando su actividad no por ilegal esté exenta de reglas, hablan de la incapacidad de los gobernantes de crear opciones reales de empleo.

Finalmente, otro aspecto preocupante que muestra el aumento desmedido de los ambulantes en las calles y en otros lugares públicos, es el hecho de que la cultura política de la corrupción y el clientelismo se hace evidente en su ejercicio. Los líderes de los vendedores ambulantes reproducen fuera del gobierno y las instituciones, las prácticas que por años caracterizaron al sistema político mexicano: organización de grupos masivos en torno a lealtades, como se puede ver en los distintos grupos que controlan las calles del centro histórico, que se pelean entre sí pero que defienden a sus agremiados; acuerdos cupulares entre los dirigentes de los ambulantes, que se reflejan en el respeto a los espacios de cada grupo; o el cobro de cuotas para garantizar la seguridad del ambulante, entre varias más.

En suma, es evidente que ante un gobierno que se deja amenazar por grupos de presión con fuertes vínculos con la delincuencia; ante un sistema político cuyos participantes, ya sean gobernantes, legisladores o jueces, que toman parte activa en la cadena delictiva; ante la imposibilidad de la clase política para analizar el problema de la creación de empleos; y ante una sociedad pauperizada cuyas alternativas de empleo incluyan la reproducción de viejos esquemas, hay mucho trabajo político que hacer y muchos problemas para reflexionar.