Contexto y motivo de la entrevista

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fue fundado en 1988 por la Compañía de Jesús en México. Surge en respuesta a un contexto violatorio de los derechos humanos, civiles y políticos, represivo en términos de movilización y lucha social, y cerrado en términos de participación política, en donde líderes políticos, eclesiásticos y comunitarios eran reprimidos por el gobierno en turno.

En sus veinte años de fundación, el Centro Pro se ha caracterizado por la defensa, educación y promoción de los derechos humanos, civiles y políticos. Más recientemente ha incursionado en la educación y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Parten de la premisa que la educación es fundamental para conocer los derechos y poder hacerlos exigibles. En palabras de Luis Arriaga, el propio desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales son de las deficiencias que hay que enfrentar para avanzar en la materia.

El Centro Pro es reconocido por su metodología en la atención de casos emblemáticos, sugiriendo que a partir de los estudios de casos particulares pueden hacer visibles las deficiencias del sistema de impartición de justicia al conjunto de la sociedad. De tal forma, una de sus actividades principales se encuentra en la promoción y difusión de los casos que atiende y los resultados que arrojan, haciendo denuncia pública y propuestas de reforma constitucional de derechos humanos, reforma penal a favor de la integridad física y moral de las personas, entre otras.

El Centro Pro también realiza evaluaciones generales de la situación de los derechos humanos en México, así como litigios nacionales (con su cuerpo de abogados abiertos al ciudadano que lo necesite) e internacionales, los cuales se presentan ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La población que es principalmente atendida por este centro es la que pertenece a “los grupos más pobres y vulnerables del país” como indígenas, migrantes, mujeres, trabajadores y víctimas de la represión social (centroprodh.org.mx).

Para el grupo de investigación, realizar una entrevista al directivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es de gran relevancia, ya que esta organización es de las que realiza evaluaciones en materia de derechos humanos de manera sostenida, participa en los espacios de interlocución abiertos para el debate público -lo mismo que busca abrirlos-, es propositiva en materia de políticas y reformas constitucionales en derechos humanos y presenta formas de evaluación y monitoreo de los derechos humanos a partir de estudios de caso. Ésta, si bien no necesariamente es una práctica innovadora, es imprescindible para comprender de manera cualitativa –y no sólo cuantitativa- la situación de los derechos humanos en México y la experiencia de las personas que han sido afectadas en este sentido, así como la de los defensores de los derechos humanos en México, mismos que han sido en varios casos agredidos por el desempeño de su labor. Así, la labor de este Centro tiene que ver con la evaluación del estado que guardan los derechos humanos en México, pues sin duda su titularidad y ejercicio conforman un factor determinante para la construcción del proceso de gobernanza en el país.

Opinión del entrevistado en torno al proceso de gobernanza en México.

Si bien el entrevistado, quien contaba con el guión temático de la entrevista previo a la cita, no hablo del proceso de gobernanza en México, si se mencionaron los componentes de la gobernanza que expresan la postura el entrevistado y, como su director, del Centro en la materia.

Como visión a largo plazo el entrevistado y su labor en el Centro buscan contribuir a lograr cambios estructurales en donde la sociedad pueda tener las condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos, tanto humanos, como sociales, económicos, culturales y ambientales. En este sentido, el entrevistado puso énfasis en la importancia de los procesos de educación como un reto para poder hacer exigibles estos derechos, que ante el desconocimiento, se limita la participación ciudadana a la denuncia o promoción de los mismos. El entrevistado, resaltó la importancia que a partir de 2000 se da a la apertura de espacios de incidencia para las OCS, como fue el diagnóstico de derechos humanos elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la colaboración de organizaciones civiles y expertos en el tema como Clara Jusidman, y el también llamado Centro Pro (Escamilla, 2008: Ficha 3). Sin embargo expresa que también resalta que estos canales de interlocución que se han establecido no han logrado traducirse en políticas de Estado. Desde su perspectiva, los espacios no están del todo abiertos, ni del todo cerrados, y hace énfasis en la labor de las OCS -como el Centro Pro- para abrir los espacios y establecer un vínculo profundo con la sociedad, mediante la impartición de talleres de derechos humanos y el fomento a procesos organizativos para empoderamiento e incidencia local de las acciones.

Transcripción de entrevista

(LA=Luis Arriaga, JF= Joanna Felix, AL= Ana Luisa)

LA- De entrada, te puedo dar un background de lo que es el Centro PRO, nuestras áreas de trabajo. Quizás también algunos casos emblemáticos que nosotros creemos importantes para visualizar las deficiencias estructurales en el sistema de justicia, el sistema de seguridad pública, etc. y posteriormente yo creo que muchas de estas cosas te las puedo dar por escrito.

El centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es una obra de la compañía de Jesús en México. Se fundó en 1988 como respuesta a un contexto de represión que vivió el país, sobre todo los líderes sociales, comunitarios e incluso eclesiales, líderes políticos, generalmente en el sureste del país. Con este grupo de proyectos, la Compañía de Jesús tendió un espacio donde se decide, un espacio de análisis para hacer reflexión. Entonces se da una respuesta mediática a esta problemática y se funda el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, fincando su actividad principalmente en la defensa, promoción y, sobre todo, de educación y de análisis en materia de derechos humanos. A través del tiempo, su desempeño ha ido tomando diferentes énfasis según también la coyuntura. Es decir, siempre se ha procurado mantener una praxis muy reflexionada de acuerdo al entorno al que nos estemos enfrentando.

Actualmente, el Centro tiene 20 años de servicio en México. Ahora, nuestra inspiración está fundada en dar preferencia a los más pobres. Se puede decir que los sujetos prioritarios de nuestra acción son mujeres, indígenas, migrantes y víctimas de la represión social. Estos son, los sujetos prioritarios para el Centro. ¿Cuál es nuestra apuesta en términos de visión de futuro? La apuesta es precisamente contribuir a cambios estructurales que permitan que la sociedad pueda tener el acceso y ejercicio pleno de sus derechos humanos. No solamente hablamos de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Es importante resaltar que desde sus inicios el Pro siempre fue muy fuerte en cuanto a la discusión teórica de los derechos concebidos como integrales, interdisciplinarios e interrelacionados unos con otros. Desde 1998, creo que fueron muchos los casos que nos dieron visibilidad política. Los casos que hemos asumido en los años noventa, por ejemplo, el caso de los presuntos zapatistas detenidos en Yanga (Veracruz) que en esos tiempos me tocó ya estar colaborando aquí en el Centro Pro. Otro caso similar es por ejemplo el de los ecologistas presos (en Guerrero), lo que tratamos de hacer es “visibilizar” precisamente las carencias del sistema de justicia, que no responde a la realidad y que está muy sujeto, como en muchos de los casos lo hemos constatado, a los vaivenes del poder político, en concreto, los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero donde los sistemas de justicia son muy débiles, deficientes y están sujetos a la corrupción. El Centro Pro, a partir de su trabajo, ha recibido algunos reconocimientos importantes a nivel internacional. Algo para nosotros importante que ha surgido a partir del trabajo de denuncia internacional y el trabajo de litigio en algunas de las juntas internacionales, ha sido el obtener el estatus consultivo ante el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas. Tengo entendido que somos la única organización en México que tiene este estatus, y también el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La parte fuerte del Centro Pro son los derechos civiles y políticos. En el año 2001 empezamos a trabajar, sobre todo en la parte educativa, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como saben ustedes, los derechos civiles y políticos le imponen la obligación al Estado a ser respetados. En los derechos económicos, sociales y culturales hay un énfasis más en la obligación del Estado en el hacer con la alimentación, en educación, en salud, etc. Eso supone grandes retos para lograr hacer exigibles estos derechos en un país donde no hay una cultura, sobre todo en participación ciudadana fuerte y de estrategias jurídicas.

Y finalmente el área de educación que trata, sobre todo, de impartir talleres de derechos humanos y acompañar procesos organizativos en distintos estados de la república. Creo que el reconocimiento fundamentalmente se ha obtenido a través de la defensa exitosa de casos paradigmáticos y también de la construcción de procesos educativos estables. Muchas de estas organizaciones que hemos acompañado, muchas veces hasta de grupos pastorales, por ejemplo, se han ido consolidando como organizaciones de la sociedad civil que dan un servicio muy concreto a los procesos locales. Entonces dar fuerza también a los procesos locales ha sido muy importante y de ahí también las posibilidades que tienen las propias organizaciones de incidencia local.

Dentro de los procesos exitosos a mí me parece importante resaltar la apertura que tuvo México, a partir de año 2000, en materia de derechos humanos. Entonces, se abre la posibilidad de que organizaciones internacionales hagan un escrutinio sobre la situación de los derechos humanos en México. Participamos con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Esto abrió otra posibilidad, porque hasta antes de 2000, nuestra relación con el Estado había sido de mucha confrontación, y esta parte de abrir el escrutinio internacional hace que otro tipo de organizaciones aporten elementos para este diagnóstico. Fueron expertos quienes elaboraron este diagnostico: Miguel Salas, Clara Jusidman, Ciro Cisneros, toda esta gente provenía de trayectorias civiles o académicas que permitían, de alguna manera, consultar a las propias organizaciones y nosotros creo que tuvimos un papel importante.

¿Cuál fue el problema aquí? Que nunca se pudieron traducir a políticas públicas precisamente encaminadas a solucionar las recomendaciones o a dar seguimiento a las recomendaciones que planteaba este diagnóstico -a partir de un acuerdo de cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado en Ginebra. Eso fue fundamental y muchas veces también condicionada a las propias presiones de los grupos de poder. Es decir, esto tiene que ir acompañado de un análisis sobre una visión de la realidad que, para nosotros, va más allá de transición a la democracia, pues más bien ha sido un reacomodo de los grupos de poder y han sido otros los que han ocupado los espacios que tradicionalmente ocupaban los aliados del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las dificultades me parece que también están precisamente en el análisis. Se mantienen los altos índices de pobreza y también no cesa de haber violaciones a los derechos humanos. Para nosotros, un indicador clave en materia de democracia, por ejemplo, es el respeto a los derechos humanos. El sexenio de Vicente Fox (2000-2006) dejó saldos terribles en materia de derechos humanos y eso también acota las posibilidades de la sociedad civil para incidir en políticas públicas o en legislaciones concretas.

Es muy complicado hacer una síntesis de los procesos de incidencia, pero parece importante señalar que sí ha habido esfuerzos considerables en las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro Pro, en hacer propuestas consistentes en materia de regulaciones, en materia de derechos humanos. Algunos ejemplos, el año antepasado empezamos a trabajar una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, algunas organizaciones muy especificas y otros académicos especialistas en el tema. Como resultado de este proceso de reflexión, análisis y discusión se elaboró una propuesta por escrito de las necesidades de reformar el marco constitucional en materia de derechos humanos en México. Es realmente vergonzoso que no esté incorporado el tema de los derechos humanos en la constitución. Lamentablemente este proceso no ha resultado favorable.

Otra experiencia, fueron las discusiones en torno al sistema de justicia penal, otro de los temas que trabajamos en el Centro. Desde marzo de 2006, Felipe Calderón presentó una propuesta de reforma constitucional que contenía algunos aspectos que nos parecían preocupantes y que más que de avance eran de retroceso. Ante esta situación, nosotros intentamos también emprender algunas acciones de visibilidad, cabildeo, etc., y finalmente –bueno, no finalmente porque no ha concluido el proceso- en octubre del año pasado sostuvimos una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestando estas preocupaciones. Me parece que sí fue muy importante la presencia del Centro Pro en las discusiones, en algunos foros como líderes de opinión en este tema. Vemos la imperiosa necesidad de que se reforme el sistema de justicia, pero siempre basados en los estándares más altos de protección en materia de derechos humanos. Igualmente vemos la necesidad de que cesen la prácticas inquisitorias para transitar a un sistema de corte adversarial, oral, acusatorio, en donde se respeten los derechos en el debido proceso. En este sentido, no podemos “decir gracias al Centro Pro se quitó la grabación a las llamadas telefónicas, o los allanamientos”; pero creo que sí representó una voz más que advirtió en su momento serios retrocesos en materia de derechos humanos. Lamentablemente permanecieron algunos puntos que nos parecen realmente preocupantes como el arraigo, que no es otra cosa que “te detengo y después ya investigo”. Esta es una práctica violatoria de derechos humanos y de hecho los relatores de Naciones Unidas lo han calificado como una forma de detención arbitraria. Esas han sido algunas de las experiencias de incidencia del Centro Pro. También cómo a partir de los casos paradigmáticos hacemos procesos de incidencia. Por ejemplo, el caso de Concepción Moreno Arteaga.

JF- Si, viene en la página web.

LA- Bueno, es el caso de una señora que daba de comer a los migrantes porque vive a dos o tres cuadras de donde para el tren, en el Ahorcado (estado de Querétaro). Ahí bajan los migrantes y esta señora ya tenía tiempo ayudándolos. En una ocasión cuando se disponía a dar de comer a migrantes centroamericanos -eran hondureños- fue detenida por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y fue acusada por delitos a la Ley General de Población. Dos cosas me parecen importantes en este caso: muestra deficiencias estructurales y temas que se pueden colocar en la agenda política. En este sentido, nosotros consideramos que este caso es un ejemplo del proceso de incidencia.

JF – El análisis de caso da muchas ideas de cómo está el sistema de justicia en México. El análisis de casos particulares, me refiero.

LA – Exacto, cuando tuvimos conocimiento del caso de la señora ya tenía dos años detenida. Nos enteramos por la prensa. Hay que subrayar que hay dos cosas muy importantes: uno, las deficiencias del sistema de justicia mexicano y, por otro lado, la vulnerabilidad que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos o las personas que se dedican a prestar ayuda a los migrantes, en este caso.

En este sentido, se logra colocar el tema la cuestión de los migrantes centroamericanos en México. Se habla mucho de los migrantes que están en Estados Unidos pero poco se habla de los malos tratos y las redes de corrupción que existen en México que vulneran los derechos de los migrantes. Este caso ayudó mucho para poner sobre la mesa el tema. Finalmente, esto dio origen a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaborara una tesis jurisprudencial expresando que “aquellas personas que daban ayuda humanitaria no incurrían en delitos”. Son procesos donde un caso provoca reacciones en otros actores importantes. El caso también promovió que algunas diputadas de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara (de Diputados) expresaran un punto de acuerdo en el caso. Este tipo de acciones son particularmente significativas y nos parecen que son acciones de incidencia, quizá en otro sentido.

Otro caso que nos parece que puede ilustrar la manera de trabajar del Centro Pro es el caso de Atenco (San Salvador Atenco, Edo. México, 2006). El proceso organizativo del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra (FPDT). A partir del operativo del tres y cuatro de mayo de 2006, estuvimos presentes apoyando las acciones de difusión, visibilidad, defensa jurídica a las personas que fueron severamente dañadas, torturadas y detenidas arbitrariamente. La historia la conocen, actualmente acompañamos el proceso de once mujeres que fueron torturadas y agredidas sexualmente en distintas modalidades por policías. Yo creo que este caso ha “visibilizado” el tema de la tortura en México y de la vulnerabilidad que tienen las mujeres en este tipo de operativos. El caso ha tenido una gran resonancia internacional. Lamentablemente hasta hoy prevalece la impunidad en el caso. No ha habido sanción a los responsables ni medidas de no repetición del Estado. Pero me parece que si ha habido un fuerte interés internacional por secundar la justicia integral en este caso. Y aquí ubicamos muy claramente como el Estado abandona sus obligaciones bajo cualquier pretexto y deja que los conflictos alcancen tal grado de polarización que no haya otra salida que el uso excesivo de la fuerza. En este sentido, hemos presentado a la Corte Suprema de la Nación, a propósito de que el artículo 97 de la constitución le confiere una facultad de investigación, los casos de Oaxaca, de Atenco, y el caso de Lydia Cacho. La Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación) lamentablemente no resolvió muy bien el caso de Lydia Cacho, pero nosotros presentamos un protocolo, de acuerdo a los estándares internacionales, para regular el uso de la fuerza de la policía bajo determinados criterios como proporcionalidad, racionalidad y legalidad. Todo esto lo presentamos en un memorial que se le llama Amicus curiae, documento que es utilizado mas en el derecho internacional sobre los derechos humanos. Es un escrito dónde se plantea argumentaciones jurídicas entorno a determinados temas. El caso de Atenco nos deja muchas lecciones, lamentablemente a los pocos meses sucede casi lo mismo, pero en contextos muy distintos, en Oaxaca. Yo creo que también estos esfuerzos, que me parecen malos, están también muy mediados y muy limitados por los impedimentos que el Estado pone a los defensores, yo creo que es otro punto también que hay que tomar en cuenta al hacer una investigación o una reflexión de esta naturaleza. Es decir, si se acotan los espacios de participación, pues obviamente que tenemos menos posibilidad de incidencia o si se simulan espacios de participación también tenemos menos posibilidades de incidir en asuntos que coadyuven a una democracia real.

JF –Por ejemplo. Después de las elecciones de 2000, que se establecieron mesas sobre las organizaciones civiles y sociales y su incidencia para políticas públicas por parte del equipo de transición. ¿Cómo lo calificaría usted? si era una simulación de un espacio de diálogo, o si realmente fue impactante este espacio abierto para que las organizaciones tuvieran más incidencia en el diseño e implementación de la políticas públicas.

LA - …sin embargo no prospero, por ejemplo uno de los puntos donde Vicente Fox se comprometió alrededor de su campaña y cuando tomo posesión fue el de aclarar los crímenes del pasado, es decir todo los sucesos del 68. Creó una fiscalía especial (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) que dio resultados pobres, francamente fue vergonzoso el papel que hizo la fiscalía con un presupuesto muy alto y ahora Felipe Calderón la cierra.

Son señales que te hablan de un retroceso en materia derechos humanos. El actual gobierno me parece que adolece de una política clara en materia de derechos humanos, no hay una política de derechos simplemente. Incluso notamos una ausencia de contenido sustantivo por parte del (Poder) Ejecutivo y de su gabinete en materia de derechos humanos. No saben, esa es una realidad, me parece que no se puede negar. Y la prueba me parece que la dieron con el secuestro de hace algunos días del joven rico, muy lamentable (el caso del secuestro y asesinato del hijo de tan sólo 14 años de un empresario en la Ciudad de México, agosto, 2008). Ante la presión de los empresarios se habló de la aplicación de penas más severas, es decir, la cadena perpetua e incluso en algunos casos, la pena de muerte. Estos son retrocesos en derechos humanos, son puntos en que la tendencia del continente americano es hacia la abolición de la pena de muerte y entonces estos “andazos” reflejan poco conocimiento de las discusiones de derechos humanos a nivel internacional. Es muy lamentable que no tomen en cuenta también los aspectos estructurales que están detrás del crimen organizado, como la desigualdad, la exclusión y una serie de elementos estructurales que no ha atendido este gobierno porque carecemos de una política clara en materia de derechos humanos.

JF- Las relaciones con el gobierno ¿Cómo calificaría el Centro las relaciones entre la sociedad civil, las organizaciones sociales y el gobierno? ¿Es positiva, se han abierto los espacios, ha cambiado la situación, hay más espacios para debatir las políticas públicas? o realmente…

LA- …creo que hay algunos espacios abiertos, me parece que no podemos decir que estén todos cerrados, el problema para nosotros ha sido que tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muy ineficiente y sujeta también a los vaivenes del poder. No una comisión que se pone del lado de las víctimas, sino una comisión que sus titulares buscan permanecer en el cargo y que tiene 867 millones de pesos (más de 86 millones de dólares estadounidenses) al año. Eso también acota las posibilidades, porque muchos de los ámbitos de gobierno justifican su acción al tener relación con la CNDH. Es decir, una cosa es un organismo público autónomo y otra cosa son las organizaciones de derechos humanos que venimos haciendo un trabajo, quizá con un presupuesto muy acotado, pero haciendo acciones muy concretas de defensa, de educación y promoción de los derechos humanos, y algunas veces de incidencia. En ese sentido, nosotros si vemos limitadas las posibilidades de incidencia real en estos espacios, en muchos de estos espacios se dan negociaciones previas. Pero no me parece que estén del todo cerradas, sino que hay que seguir intentando abrir precisamente estos espacios y abrirlos desde una lógica analítica, crítica y propositiva. AL- Me gustaría si nos pudiera mencionar las relaciones que tienen con los organismos internacionales, los mecanismos por medio de los cuales se están vinculando, y otra cosa que es muy importante para nuestra investigación y que creo no tocó es la cuestión del financiamiento ¿cómo se financian?

LA - Pues la primera parte, algo que ha ayudado mucho a oxigenar la dignidad de las personas en México que han sufrido violaciones graves a los derechos humanos ha sido precisamente la denuncia internacional. Es decir, una red de contactos de muchos años que ha ayudado a las víctimas a exigir justicia por parte del gobierno. Es decir, ante un gobierno con una política muy activa hacia el exterior y que difiere dejando con pocos efectos al interior los derechos humanos, es una política esquizofrénica en la materia. Hay un equipo de abogados en Ginebra que están constantemente en el “cabildeo” para que en México se respeten los derechos humanos, pero con muy pocos resultados, porque los y las mexicanas sabe que aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos. En este sentido, ha sido importante consolidar alianzas estratégicas con algunos actores no gubernamentales en materia de derechos humanos; formamos parte de algunas redes internacionales especificas, por ejemplo la Coalición de los Derechos Humanos en América que trata de impulsar el fortalecimiento del sistema interamericano. También formamos parte de algunas redes que dan formación y educan sobre derechos económicos y culturales; estamos tratando de consolidar y articular algunas acciones con otros centros afiliados a la compañía de Jesús. En fin, estamos haciendo esfuerzos para articular estas alianzas y creo eso ha ayudado mucho. También nos ha ayudado mucho el litigio ante el sistema internamericano de derechos humanos; ante la ineficiencia de los órganos nacionales hemos acudido, en algunos casos, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). También hemos tenido audiencias temáticas de distintos temas en Washington y Ginebra.

La segunda pregunta, nos mantenemos de la cooperación internacional, repartidos por agencias internacionales de cooperación que funcionan en la lógica de proyectos. Nosotros somos una organización que está constituida de acuerdo a las leyes mexicanas. Varias de estas fundaciones nos piden auditorias, o sea, nos practican auditorias y rendimos cuentas en los plazos que las mismas fundaciones marcan. Hacemos informes narrativos, financieros, y mantenemos con ellos una parte transparente, igual con Hacienda (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

AL- Es común que se les critique…

LA- …Si, pero eso viene también por otros lados que no puedo decir, porque no tengo pruebas. Pero nosotros rendimos cuentas al fisco, el fisco tiene conocimiento, pagamos impuestos como cualquier asociación civil y nos practican auditorias con frecuencia. Es decir, en esta parte siempre existe mucha transparencia.

AL- No sé si me pueda mencionar algunas de las fundaciones que le ayudan con el financiamiento.

LA- Si, como no. La fundación McArthur, la fundación Heinrich Boell…

Conclusiones

El tema de los derechos humanos está en el centro de la evaluación de las políticas públicas en México, como parte medular de la gobernanza. Así lo demuestra la presencia de este tema en los medios de comunicación (Felix, 2008: Ficha 2), en donde el Centro Pro juega un papel fundamental para evidenciar las deficiencias estructurales con los cuales se asocia la problemática en cuestión.

Los señalamientos que hacen y la experiencia que como defensores de derechos humanos han tenido los sitúa como parte de las organizaciones civiles y sociales (OCS) que mantienen una postura crítica frente al ejercicio del gobierno y las instituciones públicas encargadas de impartir justicia y/o responsables de la mayoría de las faltas a los derechos humanos en el país; así como de las que tienen como finalidad resguardar estos derechos, la CNDH en este caso.

De tal forma, contribuyen a la evaluación de la gobernanza, que representa en sí mismo un proceso continuo y dialéctico de negociación entre diversos actores de la sociedad. Esta organización evalúa la situación de derechos humanos, participa en procesos educativos para el empoderamiento local y métodos organizativos para la incidencia local, en el acceso a la información, a la vez que abre espacios de interlocución. Así, participa en ellos para influir en la toma de las decisiones públicas. Es en este sentido que el Centro Pro es una de las organizaciones más relevantes que evalúan gobernanza en México en la actualidad.

Bibliografía y enlaces en internet:

centroprodh.org.m