Ingrid Johanna Bolívar¹

Resumen

En este artículo persigo tres objetivos interrelacionados. Primero, participar de la discusión interdisciplinaria e intercultural sobre legitimidad del poder y gobernanza. Segundo, describir las formas y fuentes de legitimidad que construyen y a las que apelan los actores armados ilegales en sus interacciones concretas con grupos poblacionales específicos en la historia reciente de Colombia. Tercero, situar estas formas y fuentes de legitimidad en un mapa más amplio que recuerde las transformaciones históricas de la política y más específicamente aun, que recuerde que la legitimidad es una aspiración, un tipo de juicio y una forma de interpretar y de interrogar las relaciones de poder.

 

En el artículo utilizo distintos tipos de fuentes. Parto de las resultados de investigaciones realizadas en distintas regiones de Colombia por parte del grupo de investigación de violencia política y formación del Estado del Cinep², utilizo también literatura histórica y teórica sobre legitimidad y orden político y reviso materiales que yo misma había publicado previamente. Además he incluido como fuentes las preguntas y comentarios que mi trabajo suscitó en el seminario latinoamericano sobre Legitimidad convocado por el IRG³ y realizado en Lima, a mediados de febrero de 2009.

He organizado el documento en cinco secciones. La primera identifica algunos hábitos de pensamiento sobre legitimidad, poder y acción armada. Las secciones dos, tres y cuatro reconstruyen problemáticas específicas de la interacción entre actores armados y sociedades regionales en Colombia. En la quinta y última sección discuto algunos rasgos de la perspectiva conceptual que he ido acuñando y termino con una referencia puntual sobre interculturalidad e interdisciplinariedad en el estudio de las formas de legitimidad y de gobernanza.

Hábitos de pensamiento sobre legitimidad, poder y acción armada

Con frecuencia preguntar por la legitimidad de una específica forma de poder nos lleva a cuestionar si determinadas acciones o prácticas políticas se ajustan o no a las expectativas, las convicciones, los anhelos o las normas que grupos concretos tienen o han tenido. Se habla con frecuencia de que ciertos poderes no son legítimos porque no se fundamentan en tales expectativas o valores comunes o peor aún porque imponen sus mandatos a través de la fuerza física o, en otros casos, a través de la presión económica. Suele hablarse entonces de la poca “legitimidad” que tienen los procedimientos democráticos en algunos países de América Latina, suele lamentarse que amplios grupos poblacionales no le den legitimidad a las instituciones cívicas sino que permanezcan “amarrados” a otras formas de legitimidad que se perciben como más “tradicionales” o “culturales”. De acuerdo con estos hábitos de pensamiento sobre las formas de legitimidad del poder habría varios tipos de legitimidad que se expresan como orientaciones políticas más o menos conscientes por parte de los actores sociales concretos y los harían apoyar o no medidas o determinaciones políticas de otros actores. Se habla entonces de la legitimidad de los gobernantes gracias a que han sido popularmente electos, o de la legitimidad de las nuevas constituciones porque son el resultado de procesos de participación política bastante amplios. Se habla también de la legitimidad o el consentimiento que pueden despertar autoridades “culturales” religiosas o indígenas gracias a la cultura y la tradición compartidas y finalmente se denuncian aquellas acciones que un gobernante u otro determinado actor trata de imponer con intimidación. En todos los casos la alusión a la legitimidad nos hace poner la atención en las fuentes del “consentimiento” , en aquello que suscita la “adhesión” que determinados grupos conceden o rinden a las acciones de quienes dirigen, regulan u orientan una sociedad.

Esos hábitos de pensamiento están bastante extendidos entre distintos grupos poblacionales y son, de alguna manera, constitutivos de la imaginación política contemporánea. Imaginación que, además de enfatizar el “consenso” tiende a lamentar la distinción entre “lo “legítimo” y lo “legal”. Reseño en este nivel de generalidad algunos de los hábitos de pensamiento sobre legitimidad y poder, porque así tienden a existir en nuestras conversaciones más desprevenidas y porque tienden a limitar nuestra capacidad para analizar distintos tipos de relaciones políticas. En efecto, desde perspectivas que amarran legitimidad y consentimiento, o que anhelan la coincidencia entre lo legitimo y lo legal, poco puede comprenderse de las relaciones políticas entre actores armados y sociedades regionales en el conflicto armado colombiano.

Precisamente, en el debate público colombiano es frecuente escuchar formulaciones que recalcan la ilegitimidad de la acción armada por recurrir a la violencia o por carecer de formulaciones ideológicas, de ideales que sustenten la lucha. En el primer caso está en juego la idea liberal de que las relaciones políticas deben desprenderse del consentimiento y deben excluir la coerción física. En el segundo caso, esta idea es parcialmente matizada con el supuesto de que ciertos ideales –de comunismo, socialismo o reforma política– sustentaron en el pasado el uso de la violencia pero ya no tienen más acogida o pertinencia histórica dada la crisis mundial del socialismo y el triunfo de la democracia.

Estas posiciones políticas y analíticas contrastan con el conocimiento y la experiencia de algunos científicos sociales y aún de los propios pobladores colombianos acerca de la historia de los actores armados ilegales y sus relaciones con las sociedades locales. De hecho, gran parte de la literatura especializada sobre el conflicto armado colombiano y de los materiales recogidos en los procesos de “formación política” desarrollados por investigadores de Cinep y de otras organizaciones sociales, muestra que los actores de la confrontación cuentan con grados variables de legitimidad. Grupos de guerrilla, de autodefensa y de paramilitares han tenido y aun hoy tienen grados diferenciables de legitimidad según el tipo de sociedad regional en el que se insertan o actúan, el momento histórico particular en que se produce esa relación y según las posibilidades concretas de articulación entre necesidades y expectativas de grupos específicos de pobladores y recursos y capacidades de las organizaciones armadas.

En lo que sigue describo algunas de las pautas básicas de relación entre actores armados y sociedades regionales en Colombia en distintos períodos y contextos geográficos⁴. Insisto en que para comprender la configuración de esas relaciones políticas necesitamos:

Primero, aflojar los lazos entre legitimidad y “consentimiento” o legitimidad y “consenso”.

Segundo, reconocer que las relaciones políticas tienen lugar en una “morada material” específica. Las relaciones políticas se construyen en condiciones estructuradas y en ese sentido, actores armados y pobladores se encuentran y se relacionan de maneras que no dependen totalmente de sus específicas orientaciones ideológicas.

Tercero, mover nuestra atención de las fuentes de legitimidad hacia los procesos de legitimación y sus específicas formas de funcionamiento en distintos niveles territoriales.

La legitimidad de las Farc-Ep⁵: historia compartida, escala local, búsqueda de respetabilidad

En Colombia es difícil hablar de la legitimidad de las Farc-Ep. El derrumbe del socialismo en Europa del Este, la relación del grupo guerrillero con la producción y comercialización de cultivos de uso ilícito, los fracasados procesos de paz, los secuestros y otros actos de violencia perpetrados por el grupo y la distancia social, geográfica, y “cultural” entre guerrilla y amplios grupos sociales, son algunos de los factores llamados a probar la “falta de legitimidad” del grupo. Las alocuciones presidenciales de Alvaro Uribe en los últimos años se orientan también en esa dirección y se refieren al grupo de guerrilla sólo como “narcoterroristas”. Auque no se puede negar el momento de verdad de muchos de estos señalamientos, tampoco se puede ignorar que ese grupo guerrillero contó y en algunas zonas de reciente poblamiento⁶ cuenta con importantes grados de legitimidad y aceptación social.

Varias investigaciones muestran que la legitimidad del grupo guerrillero se ha tejido en procesos particulares de ocupación de las fronteras agrícolas, de creación de nuevas sociedades locales, de resistencia común ante formas organizadas de violencia y de búsqueda colectiva de inclusión política y económica. Las Farc-ep, como grupo armado, acompañó y defendió los procesos de colonización de territorios que hasta ese momento eran registrados por el Estado como baldíos o sin dueños claramente conocidos. En estas sociedades localizadas principalmente en el sur-oriente de Colombia y en zonas intra cordilleranas, la guerrilla favoreció un proceso de ocupación territorial que se ha llamado de “colonización armada” y que dio origen a la constitución de un “campesinado ilícito”⁷. Término que precisamente enfatiza el lazo entre campesinos y grupo armado en la colonización, explotación e “incorporación” de unos territorios al Estado nacional.

En estas sociedades, los campesinos concedieron y, en algunos casos, aún hoy conceden legitimidad a la acción guerrillera no porque compartan con ella los postulados de la acción revolucionaria o el sueño marxista leninista de abolición del Estado. Grupos específicos de pobladores apoyaron y legitimaron innumerables acciones guerrilleras porque la organización armada denunció la exclusión económica y política de los campesinos, apoyó sus demandas y movilizaciones y porque asumió funciones de regulación política local (González, Bolívar y Vásquez, 2003).

Varios estudios muestran, por ejemplo, que en estas zonas los grupos de guerrilla regularon la explotación de recursos naturales, organizaron los asentamientos, distribuyeron responsabilidades económicas entre los nuevos pobladores, resolvieron disputas territoriales, entre otras funciones. La estrecha vinculación del grupo de guerrilla con estas sociedades locales de reciente poblamiento en los años sesenta y setenta hizo que estas zonas fueran clasificadas como zonas “históricas” de la guerrilla y que en ellas el grupo armado se estableciera como red de poder. Por esa vía, la guerrilla participó activamente en la definición de jerarquías y preeminencias políticas locales. Para que esta descripción del papel de la guerrilla en el establecimiento de formas locales de poder político quede más clara, conviene recordar que el Estado colombiano tiene una “presencia diferenciada” en las regiones. En efecto, en el territorio de Colombia pueden diferenciarse en el tiempo varios tipos de presencia estatal. En una regiones, el Estado hace presencia a través de su agentes especializados, sus burócratas. En otras zonas, el Estado negocia o delega la dominación política en redes de poder local preestablecidas y en otras zonas, el Estado, redes incipientes de poder y actores armados disputan precisamente el establecimiento del dominio político. La diferenciación entre estas zonas va cambiando con el tiempo así como el papel que Estado, redes de poder y actores armados juegan allí (González, Bolívar y Vásquez, 2003; González y Otero, 2006). De ahí que sea necesario situar las preguntas por la legitimidad de los actores armados, y en este caso concreto de las Farc-Ep, en un mapa que recuerde la desigual incorporación de territorios y de sectores sociales a la dominación estatal.

En efecto, la creación de la guerrilla de las Farc está estrechamente conectada con la radicalización política de sectores campesinos que fueron “abandonados” por las dirigencias bipartidistas liberales durante el periodo de la llamada Violencia (1948-1964). Durante esos años, intensos conflictos intra e interpartidistas, entre los partidos tradicionales colombianos, el Liberal y el Conservador, expulsaron importantes grupos poblacionales de las zonas de antiguo poblamiento y presionaron la colonización y la ocupación de fronteras agrarias abiertas en distintas regiones del país(González, Bolívar y Vásquez, 2003).

La investigación social ha mostrado que precisamente, en las regiones donde llegaron los campesinos que huían de la confrontación bipartidista de los cincuenta, nacen y se consolidan los grupos de guerrilla que van a acudir al comunismo para denunciar la exclusión política. Resalta aquí la expresión “acudir al comunismo para denunciar la exclusión política”. En otra investigación he mostrado que la guerrilla tiende a utilizar lenguajes políticos ideologizados del comunismo y el socialismo para asegurarse cierta respetabilidad en los auditorios urbanos. Sin embargo, ese mismo lenguaje altamente ideologizado está siempre salpicado de demandas campesinas que no suelen ser leídas como demandas políticas (Bolívar, 2006b).

Ahora bien, lo importante aquí es comprender que la legitimidad de Farc-Ep, y de varias de sus disímiles prácticas, no proviene tanto de la ideología invocada por el grupo, como de la coincidencia histórica y espacial de la conformación de la guerrilla, la colonización campesina de amplios territorios, la queja contra la exclusión política bipartidista y el anhelo de integración al Estado.

En el caso de estas sociedades de reciente colonización y del lapso histórico que se extiende desde la fundación de estos poblados hasta la cristalización de una estructura de dominio político más o menos estable, la legitimidad de la guerrilla depende de la afinidad práctica, funcional, entre sus estrategias y ofertas (control de la vida local) y los intereses de los campesinos recientemente establecidos. Por supuesto la duración de este proceso cambia en cada caso. Sin embargo, en todos, termina cuando la nueva sociedad de colonizadores empieza a carecer de nuevos terrenos que aseguren la movilidad social o cuando el crecimiento y el desarrollo del poblado exigen mayores relaciones con los centros políticos y económicos vecinos.⁸

Se inicia en estos momentos otra etapa de las relaciones entre guerrilla y sociedades campesinas de colonización. En esta etapa, quienes han emergido como sectores dominantes entre los colonizadores, y que antes estaban estrechamente ligados al ordenamiento guerrillero, comienzan a rechazarlo. Y lo hacen no porque su ideología se haya transformado, sino por cuanto la presencia guerrillera les impide una mayor articulación con las ciudades o los centros políticos regionales hacia donde los negocios, la vida política y las expectativas sociales empiezan a orientarse.

La evidencia muestra que el grado de desarrollo y de crecimiento económico de las sociedades de reciente colonización las va alejando progresivamente de la influencia y la afinidad con las guerrillas. El investigador Teófilo Vásquez (2006) muestra precisamente cómo las condiciones “estructurales” de las sociedades regionales son las que definen qué tipo de agenda política se impone. En sociedades con fronteras agrícolas abiertas y de reciente fundación tiene legitimidad una agenda de contestación social típica de los grupos de guerrilla. En cambio, en las sociedades donde se han sedimentado formas monetarias de jerarquización social y donde el desarrollo económico involucra el afianzamiento de relaciones comerciales y políticas con poblados vecinos, se cierra el campo político para la agenda de la guerrilla. Y al mismo tiempo, se empieza a abrir el espacio para la agenda de orden y restauración de otro tipo de grupos armados.

La guerrilla construyó esta legitimidad “práctica” en las sociedades de reciente colonización y asentamiento gracias precisamente a la afinidad entre su agenda y los “rasgos estructurales” de esas sociedades. La referencia a los rasgos estructurales aquí alude a grados de diferenciación e interdependencia social, grados de monetarización de la economía, posibilidades de cultivo y comercialización de productos agrícolas, existencia o no de carreteras y caminos que articularan los nuevos poblados con las capitales o pueblos vecinos, entre otras cosas.

En otros casos, la guerrilla no acompañó los procesos de colonización de nuevos territorios pero también logró construir grados de legitimidad. En estos casos, la guerrilla compartió con sectores rurales específicos un discurso y/o unas estrategias de acción política concretas. Así por ejemplo se ha estudiado cómo la guerrilla organizó o favoreció la organización de trabajadores rurales, presionó la creación de espacios de reunión, definió asesores, proyectó agendas políticas y con eso, participó en la formación de gremios campesinos, sindicatos de trabajadores agrarios y organizaciones de colonos como actores políticos.⁹ En estos casos, no existe un lazo tan estrecho entre guerrilla y conformación de las sociedades locales. Más bien, la relación es entre organización armada y formas de organización social. Ambas intercambian recursos ideológicos (discursos, demandas), y materiales (población, recursos). Si en el caso anterior la guerrilla regulaba algunas actividades de los colonizadores, en este caso la guerrilla participaba activamente de la constitución de sindicatos y organizaciones campesinas. Defendía tales organizaciones de las oleadas de violencia y respaldaba sus demandas a través del bloqueo de carreteras y otras formas de protesta.¹⁰ En este caso la legitimidad de la acción guerrillera se alimenta de recursos ideológicos con los que la guerrilla reinscribe la lucha política de sectores sociales concretos en debates políticos más amplios, sobre justicia social y exclusión política, por ejemplo. Pero también, tal legitimidad se apoya en la capacidad de respaldo o de intimidación del grupo armado. El balance sobre los resultados de estas relaciones está por hacerse. Por ahora podemos subrayar que en la relación entre sociedades o sectores locales y guerrilla en distintos momentos históricos coexisten varias fuentes de legitimidad: la capacidad de la guerrilla para gestionar y resolver problemas prácticos de una sociedad local de reciente asentamiento, la historia de abandono y de lucha por la inclusión como lucha compartida y la necesidad de ganar respetabilidad política en el contexto nacional. En efecto, otra fuente de legitimidad de la guerrilla está relacionada con la capacidad organizativa y discursiva de la guerrilla para respaldar y proyectar a otros niveles políticos las demandas e iniciativas de protesta de organizaciones sociales determinadas.¹¹

Legitimidad de las autodefensas: progreso económico, articulación intra-regional y derecho a hacer política

La legitimidad política de los grupos de autodefensa o paramilitares¹² tiene algunas semejanzas con las fuentes de legitimidad de la guerrilla. En ambos casos la discusión sobre la orientación ideológica del grupo y sobre si son o no de izquierda o derecha, ha retrasado la comprensión de las relaciones donde actores armados construyen su legitimidad.

Los grupos de autodefensa derivan su legitimidad de varias y disímiles formas de acción. En unos casos, los grupos de autodefensa expresan o recogen el interés de redes políticas recientemente afianzadas por conectarse o articularse con los centros de poder local y regional. Varias investigaciones muestran que la afinidad de la guerrilla con las sociedades de reciente colonización y con incipientes clases políticas, se va resquebrajando cuando estas últimas necesitan, para consolidarse como clases políticas y como sectores dominantes en el nivel local y subregional, proyectarse hacia las capitales y los centros de poder regional (Vásquez, 2003; Bolívar, 2003). La antigua alianza de la guerrilla con las familias destacadas en los procesos de colonización se rompe. Esas familias de fundadores, convertidas ahora en redes de comerciantes, funcionarios públicos y prestantes actores locales son quienes favorecen la constitución o la introducción de grupos de autodefensa. A través de esas autodefensas, se pretende limitar la influencia guerrillera en la localidad y favorecer la articulación entre las sociedades locales y los centros políticos y económicos vecinos. Los anhelos de desarrollo económico y de mayor conexión intrarregional e interregional defendidos por grupos sociales concretos en las localidades contribuyen a dar legitimidad a las autodefensas. Ellas son vistas como más capaces de traer “desarrollo” y “progreso” a los municipios.

En otras regiones, los grupos de autodefensa derivan su legitimidad de la tarea de restauración del orden político y social previo en contra de lo que perciben como radicalización política o abuso de poder de parte de la guerrilla y de sectores afines a ella. Atrás veíamos cómo la guerrilla aporto recursos discursivos y estrategias de acción política a sindicatos y sectores sociales ligados con el conflicto agrario. Aquí tenemos que las autodefensas desprenden su legitimidad, precisamente, de la afinidad con sectores políticos y económicos que viven como amenazante, peligrosa o simplemente poco adecuada, la extensión de esos discursos y prácticas “subversivas” entre otros sectores sociales. En este punto tenemos que tener mucho cuidado. Algunas investigaciones regionales han mostrado que comerciantes, hacendados y redes de poder local “traen”, patrocinan o legitiman la acción de las autodefensas como forma de resolver conflictos locales altamente politizados. Conflictos relacionados con el papel de la agricultura y de las formas de producción agropecuaria en el desarrollo económico nacional. Cierto. Sin embargo, los grupos de autodefensa también ganan legitimidad entre amplios sectores sociales regionales que empiezan a ver cómo las agendas de contestación de la guerrilla y sus formas de operación política no favorecen el desarrollo económico de la localidad, la articulación política con las ciudades vecinas o siquiera el mejoramiento de las condiciones personales de vida (González, Bolívar, Vásquez, 2003; Varios autores 2003).

En este punto se abre un ambiguo campo de contienda por la legitimidad política. Algunos grupos de Autodefensa reaccionan contra la acción depredatoria y extractiva de las guerrillas (apropiación de recursos, extorsión, robo de ganado…), otros contra la extensión de un lenguaje de lucha política, derechos y obligaciones del Estado entre sectores sociales que antes se acomodaban a las condiciones de juego impuestas por los grupos dominantes. Si la guerrilla aportó elementos discursivos y organizativos a sectores sociales “inexpertos” y “subalternos” en la política colombiana, los grupos de autodefensa han operado como restauradores de un orden político específico. Orden en el que ciertos grupos tienen derecho a hacer política y a representar al Estado en los niveles locales.¹³

Legitimidades “prácticas” y uso de la violencia en el continuum de relaciones políticas

Guerrilla y autodefensa derivan gran parte de su legitimidad del entronque, de la afinidad, que son capaces de establecer y de sostener con las necesidades y las aspiraciones de sectores sociales concretos en condiciones y períodos determinados. La revisión de las historias de ambos grupos y de sus conexiones con las sociedades regionales muestra que el “consentimiento ideológico” o la legitimidad que se desprende de un proyecto formulado en términos de principios o ideología tiene un papel limitado. Las guerrillas tienden a formular sus aspiraciones políticas en términos ideológicos, pero su legitimidad se desprende de la posibilidad de usar esas formulaciones en luchas concretas por reordenar la vida local. En ambos casos, la legitimidad se desprende de la utilidad, de la coincidencia entre las formas de operar de los grupos armados y las necesidades de grupos sociales específicos en determinadas localidades. Se trata de legitimidades prácticas, operativas, concretas y cambiantes. Legitimidades que se acreditan en la acción efectiva y no tanto en la explicación o comunión con unos principios. Se trata de legitimidades en órdenes políticos locales que se transforman de manera vertiginosa y en donde la conexión con otras escalas de poder, regional y nacional, está siendo siempre disputada. Este punto es importante. Adelante retomó este punto sobre “escala” de las formas de legitimidad de los actores armados. Por ahora y para que se comprenda bien lo que hasta aquí he señalado necesito hacer énfasis en varias cuestiones. Primero, tanto los grupos armados de guerrilla como los de autodefensa despliegan un amplio abanico de acciones. En ese abanico de acciones las prácticas violentas ocupan un papel importante, pero de ninguna manera agotan el repertorio de las relaciones entre actores armados y sociedades regionales. Por supuesto, los grupos de guerrilla “ofrecen” a las poblaciones un “repertorio” comparativamente más amplio de tareas locales. Como decía arriba, los grupos de guerrilla se ven abocados a asumir funciones de policía y de regulación local que las poblaciones les piden o les “recomiendan”. Por supuesto que ellos también incurren en acciones violentas, usan la coerción para respaldar algunas de sus medidas, asesinan detractores, intimidan rivales, etc. Pero, de cualquier manera, la acción violenta no agota el espectro de acciones en que ellos se ven implicados y, por eso mismo, la legitimidad de su poder tiene que situarse en el abanico amplio de tareas que ellos realizan para las sociedades regionales.

Algo un poco distinto pasa con los grupos de autodefensa. Tanto su llegada a las poblaciones, como su proyecto de derrota de los grupos guerrilleros implica un ejercicio de la violencia física bastante intenso. En Colombia, los grupos de autodefensa han sido los principales responsables de masacres, desplazamientos forzados y otros tipos de violencia contra la población civil. Sin embargo, ellos también llevan a cabo “operaciones”, acciones que no se agotan en la acción violenta y que traen “orden” y “progreso” a sectores sociales concretos de determinadas localidades. Tenemos entonces la necesidad de precisar que la legitimidad de los actores armados proviene del encuentro, de la afinidad entre algunas funciones que ellos promueven y las necesidades o expectativas de grupos locales concretos. Los actores armados no incurren sólo en actos violentos sino que, como cualquier forma de asociación política, participan de un continuo de relaciones y de medios para establecer su dominio. El uso de la coerción física no es el único medio que tienen para relacionarse con las poblaciones y para construir su legitimidad.

El otro punto concreto que es necesario enfatizar tiene que ver con la escala y el momento de las relaciones políticas entre sociedad local y actor armado. Vimos arriba que la guerrilla tiende a ser más legitima en las escalas comunitarias y locales de interacción política y en los momentos o períodos de establecimiento de una nueva sociedad de colonos en las conflictivas fronteras del país. Por su parte, los grupos de autodefensa se tornan más legítimos en sociedades locales que crecen, que buscan cómo conectarse económica y políticamente con los centros de poder regional. Las fuentes de legitimidad de uno y otro actor están por eso circunscritas a sus respectivas escalas de operación. Aunque la guerrilla de las Farc Ep es una organización nacional su legitimidad opera en esferas altamente localizadas y casi comunitarias. Por su parte, las autodefensas gozan de una legitimidad que tiende a desbordar los contextos locales y comunitarios y que se apoya en circuitos y conexiones intrarregionales.

Estos puntos profundizan los señalamientos que había hecho antes. Nuestro interés por la legitimidad de las fuentes de poder debe llevarnos no tanto a ver si los actores cuentan o no con el “consentimiento ideológico” de los pobladores locales, sino más bien a reconstruir las formas de interacción que atan actores armados y grupos sociales concretos. Interacción que, además, está estructurada por determinados constreñimientos históricos, materiales y de escala.

Desde esta perspectiva, prácticas legítimas serán aquellas que permitan y actualicen el encuentro entre aspiraciones, anhelos y temores de los actores, con estructuras sociales que les permiten realizar o al menos perseguir tales aspiraciones. Así por ejemplo, la guerrilla conquistó legitimidad regulando el acceso local a los “recursos naturales” de la frontera agrícola. Por su parte, los grupos de autodefensa contaron con importantes grados de legitimidad en sociedades locales porque facilitaron el acceso por carretera a las principales ciudades cercanas y fortalecieron el comercio en la localidad. A través de esas actividades “concretas”, “prácticas”, “materiales” y difícilmente clasificadas como “políticas”, las dos organizaciones gestionaron y actualizaron anhelos locales de “desarrollo”.

Así las cosas insisto en que los actores armados se vuelven legítimos en una región determinada no por sus programas ideológicos, sino por la forma en que lo que hacen resuena, resuelve, potencia, reencuadra reivindicaciones, necesidades o deseos de grupos concretos.¹⁴ Hago énfasis en estos puntos, porque cuando decimos que los actores armados ya no tienen legitimidad o que la “gente” los sigue “sólo por pragmatismo » estamos ignorando los constreñimientos concretos en que transcurren sus relaciones políticas. No quisiera oponer la adhesión por pragmatismo a una adhesión por ideología. Más bien, mi trabajo insiste en la importancia de analizar “prácticas que se tornan legitimas” dada su capacidad de resolver problemas específicos. Desde esta perspectiva, la conveniencia de una práctica social, su utilidad o adecuación de cara a las necesidades, expectativas o anhelos de grupos específicos en contextos determinados, cuenta como fuente de legitimidad para un determinado tipo de poder.

Ahora bien, el interés por recalcar la importancia política y analítica de la “adecuación práctica” como fuente de legitimidad me ha exigido revisar y precisar varias cuestiones conceptuales que expongo en la siguiente sección.

 

Pensamiento dicotómico, racionalismo en política y la importancia de pensar históricamente

Cuando hice referencia a los hábitos de pensamiento sobre legitimidad y poder, mencioné el hecho de que la imaginación política contemporánea anhela la coincidencia entre lo “legal” y lo “legítimo”. Investigadores de la historia de la política moderna han mostrado que es el pensamiento político racionalista y liberal el que nos ha inculcado tal aspiración. Desde esa corriente de pensamiento, y a riesgo de simplificar, se supone que lo legal, aquello consagrado mediante el derecho positivo y construido por medio de procedimientos de racionalización y discusión más o menos publicitados y pautados se convierte en lo “legítimo”. La añorada coincidencia entre lo legal y lo legítimo reflejaría las capacidades humanas para dilucidar y acordar mediante el pensamiento racional y mediante la deliberación aquellas formas de relación social, aquellas normas que el grupo comparte, respalda y por las cuales decide regirse.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu (2000, 2005) ha comentado estas ideas. En su trabajos, Bourdieu denuncia el modelo cognitivo simplista e intelectualista que permanece agazapado en nuestra comprensión de las relaciones políticas. Modelo de análisis político que nos hace “juzgar” una relación política según se haya producido gracias al “consenso” que ciertos actores dan a las razones o formulaciones ideológicas que otros esgrimen o según sea consecuencia de la coerción y la intimidación por unas fuerzas físicas. De acuerdo con este autor, al pensar en estos términos los vínculos políticos estamos simplificando y desfigurando los procesos que le permiten al orden social traducirse y encarnarse en las estructuras cognitivas de aquellos quienes, sólo porque permanentemente son conminados a obedecer y ya saben reconocer tales llamados, se convierten en actores.¹⁵

En este punto, el mismo Bourdieu (2000) llama la atención sobre lo que él considera la ilusión “intelectualista”. Esto es, la idea de que basta darse cuenta de algo, “tomar consciencia” para cambiarlo, para introducir las transformaciones del caso. ¿A que viene toda esta discusión en nuestro debate sobre fuentes de legitimidad del poder?

Pues bien, traigo aquí estos problemas por tres cuestiones fundamentales.

Primero, porque como dije antes, con frecuencia al hablar de legitimidad del poder tendemos a hacer énfasis en los actores, en las “razones” que ellos esgrimen para imponer una acción o para explicar su “obediencia”, su “consentimiento” o su rechazo a otra. De esta forma, el cuestionamiento sobre la legitimidad de un poder tiende a tener un tufillo “subjetivista”, tiende a agotarse en lo que “consideran los actores”. Las elaboraciones conceptuales de los actores sociales y sus formulaciones ideológicas, que por lo demás reconozco como fundamentales en el estudio de la política moderna, tienden entonces a ocupar todo el espacio analítico de la legitimidad. Y con eso paso a otro punto.

Segundo, porque cuando el análisis de las fuentes de la legitimidad del poder se circunscribe y se agota en la comprensión que los actores tienen de las prácticas políticas, se dejan de estudiar la producción del consentimiento y de la obediencia política como procesos sociales estructurados, determinados material e históricamente por condicionamientos y formas de relación que desbordan los propósitos de los actores. Por supuesto que consentimiento y obediencia tampoco pueden ser comprendidos sin atender a lo que los actores declaran como valioso, necesario y/o “legítimo”. Sin embargo, una cosa es lo que ellos declaran y que han aprendido a declarar y a desear en medio de determinadas prácticas de socialización, y otra cosa lo que efectivamente se afianza como legítimo en las relaciones sociales.

Aclaro un poco más esta cuestión. En el análisis de las fuentes de legitimidad del poder necesitamos atender y diferenciar las “razones” y “los razonamientos de los actores” acerca de lo que ellos consideran legítimo o no legítimo. Cierto. Pero también necesitamos identificar y describir las prácticas en las que esos actores intervienen, se ven envueltos, se forman como actores y sobre las cuales ellos no han producido discurso determinados. Como mostré atrás, la legitimidad de los actores armados en Colombia se teje en los procesos concretos a través de los cuales ellos gestionan, orientan, canalizan expectativas sociales en condiciones determinadas.

Insisto en este punto para aflojar los lazos que hemos tejido entre legitimidad y orientación ideológica de los actores. Y también para llevar nuestra atención hacia la sin salida en la que situamos a algunos de los pobladores que tienen relaciones con los actores armados y a los que, mediante lo que me gusta llamar la intimidación del pensamiento dicotómico, les pedimos explicaciones de por qué apoyan a determinado grupo armado o político. Les preguntamos y nos preguntamos si acaso esos pobladores creen en la ideología o los ideales de las organizaciones armados. O si acaso “apoyan” a los grupos armados porque se ven presionados por la fuerza física, o tal vez por la “pobreza”. Pobre es nuestra comprensión de esos procesos. Pobre y cómplice de un orden social que nos hace anhelar el que las relaciones de poder se desprendan del consentimiento, aún cuando todo el tiempo nosotros estamos situados en relaciones de poder que nos son impuestas. Y en ese sentido, hay crueldad cuando los pobladores echan de menos la legitimidad basada en el consenso y se acusan a sí mismos de no ser lo suficientemente “conscientes”.¹⁶

Y con esto paso al tercer punto: insistir en la “adecuación” o en las “prácticas de hecho” como fuentes de legitimidad del poder exige que revisemos cómo estamos comprendiendo la existencia del orden social y, en términos más precisos, la existencia misma de relaciones de poder y desigualdad. Si pensamos la sociedad como producto de un pacto entre voluntades individuales, o si aceptamos las metáforas contractualistas para explicar por qué o con qué orientaciones unos grupos humanos viven juntos, tendremos unas específicas expectativas sobre la legitimidad del poder. De acuerdo a estas visiones, la legitimidad alude a los valores, las normas los principios que rigen o deben regir la vida juntos. Y en ese sentido, “adecuación” y “prácticas de hecho” no pueden ser vistas como fuentes de legitimidad. Pero las expectativas sobre la legitimidad serán otras muy distintas, y sobre todo, menos normativas si partimos, ya no de la metáfora jurídica del contrato, sino del hecho histórico de la dominación.¹⁷

En su libro Defender la Sociedad, Michel Foucault (2000) establece que el pasado doctrinal y jurídico de la metáfora del contrato esconde el hecho histórico, fáctico de que el orden social se produce como dominación de unos sobre otros, no como pacto entre voluntades iguales.¹⁸ Por eso mismo, las preguntas sobre la legitimidad no pueden referirse al supuesto consentimiento que unos individuos darían al poder. Tales individuos no son anteriores al orden político y a las relaciones de poder. Mas bien, la legitimidad tiene que ser descubierta y producida permanentemente en las relaciones sociales concretas. La legitimidad en este sentido, no es un atributo del poder sino una de sus aspiraciones, una de las formas en que tipos de poder buscan convertirse en autoridad. Esto es, reclamarse como poder gracias a algo más « puro” que el hecho simple y arbitrario de la dominación (Corrigan y Sayer, 2007).

A mi modo de ver, preguntarnos por las fuentes de legitimidad del poder nos exige explicitar nuestra comprensión de las relaciones políticas. Tenemos que preguntarnos, si en nuestras más desprevenidas imágenes, las relaciones políticas son producto de pactos, de contratos entre voluntades, si son o deben ser la expresión de la racionalidad humana. O por el contrario, si en nuestras imágenes reconocemos que dichas relaciones políticas son la manera como se actualizan formas de dominación fabricadas y acuñadas por largos períodos de interacción estructurada y jerarquizada. Sobra decir que mi comprensión de la legitimidad del poder se inscribe más en esta segunda línea y por eso puedo reconocer que los actores armados tienen grados cambiantes de legitimidad de acuerdo a capacidades específicas de interactuar con sociedades locales en circunstancias definidas. La legitimidad es procesual, cambiante y vertiginosa.

Pero entonces, ¿qué lugar tienen en esta argumentación sobre las fuentes de legitimidad del poder, los razonamientos, las orientaciones ideológicas y aquellos enunciados que construyen los actores y con los que respaldan o dan su consentimiento a determinadas acciones políticas? Mi insistencia en los constreñimientos estructurales que sostienen o no relaciones de poder y que pueden tornarlas legítimas o no, no ignoran la importancia que tiene “lo ideológico”. Al respecto, trabajo con las siguientes precisiones.

Del análisis de las fuentes y formas de legitimidad puede decirse lo mismo que del análisis de los fenómenos políticos en general. Como mencioné antes, Norberto Bobbio y Michel Foucault han mostrado que el estudio de fenómenos políticos fue primero un estudio filosófico y doctrinal. Sólo con el tiempo, el análisis de la política incorporó el estudio de las instituciones y las prácticas. Ese pasado “doctrinal” en el análisis de la política se cuela hoy en nuestra tendencia a pensar la legitimidad desde las doctrinas y las orientaciones ideológicas de los actores. Así como también, en la tendencia a darle a esas orientaciones un importante papel explicativo. Sin embargo, las investigaciones concretas sobre el desarrollo de la violencia política y de los lazos entre actores armados y sociedades regionales mostraron que ser de “izquierda” o de “derecha” cuenta poco a la hora de preveer interacciones políticas.

Entonces, ¿qué lugar tienen lo “ideológico” y los razonamientos de los actores en la producción en la producción del consentimiento político o, en términos más amplios, de la legitimidad? Para responder a estas preguntas son de utilidad los señalamientos de Michael Mann sobre el poder ideológico como fuente de poder social y lo que Pierre Bourdieu ha denominado la “realidad de segundo orden”.

En su libro sobre Las Fuentes del Poder Social, Michael Mann señala que el poder ideológico “procede de la necesidad humana de dotar a la vida de un significado último, compartir normas y valores y participar en prácticas estéticas y rituales” (Mann, 1997: 23). El mismo autor establece que durante el siglo XVIII y en el periodo de constitución de las clases sociales y los estados nacionales (1760-1914) en el mundo occidental, se asistió a una transformación revolucionaria de los medios de comunicación discursiva. Tal transformación –el desarrollo de la imprenta, la prensa, la divulgación escrita de ideologías y programas políticos– presionó la autonomización y reorganización del poder ideológico. Y tal reorganización llegó al punto de que nuevas doctrinas políticas disputaron la orientación “ideológica” de la humanidad con antiguas doctrinas religiosas.

El mismo autor recalca cómo la “expansión discursiva” –es decir los cambios en la alfabetización, la prensa y la publicidad– permitieron la emergencia de un espacio público nuevo, el surgimiento de intelectuales como grupo diferenciable y finalmente la promoción y divulgación de ideas y principios políticos que alentaron y acompañaron la constitución de nuevos grupos sociales (Mann, 1997: 62 y ss).

Tenemos entonces que nuestra tendencia a ligar “legitimidad” con “tipos de razonamiento”, con “orientaciones ideológicas” tiene que ver con esa doble historia y con ese rasgo de los grupos humanos. Las dos historias. Una, la historia del estudio de los fenómenos políticos y la importancia que en tal historia han tenido las doctrinas. Dos, la historia de la transformación del poder ideológico en la constitución de los estados nacionales y las formas modernas de la política. El rasgo humano: la necesidad de dar sentido a la vida social.

Entonces, ¿cómo podemos estudiar la legitimidad del poder teniendo presentes todas esas cuestiones? ¿Cómo investigar y describir las fuentes de legitimidad sin dejarse atrapar por el “sentido” que dan los actores a las prácticas sociales pero también sin pasar por alto que tales prácticas son legítimas o se vuelven legítimas sólo en cuanto “encadenan”, “amarran”, “conectan” condiciones estructurales de interacción y formas de cognición de los actores?

En el ejercicio de construir respuestas a estas preguntas se torna importante apostar por una comprensión intercultural e interdisciplinaria de la legitimidad y la gobernanza. Comprensión intercultural porque ciertos tipos de “legitimidad” son una pretensión de las formas de poder que se han acuñado en las sociedades centrales europeas y que se han conceptualizado en las disciplinas también eurocéntricas de la filosofía política, el derecho y las ciencias sociales en general. Considerar que la legitimidad se debe desprender del consenso ideológico es una postura cultural, una forma “occidental” de asumir e interrogar los fenómenos políticos. Comprensión interdisciplinar también, porque la conversación entre aquello que la filosofía y la teoría política pueden señalar sobre las fuentes de legitimidad, contrapuntea con lo que la sociología, la antropología y la historia de los fenómenos políticos nos dejan comprender.

notas

¹ Profesora del Departamento de Ciencia Política, Universidad de Los Andes (Bogotá-Colombia). Integrante del Grupo de Investigación de Violencia Política y Formación del Estado de CINEP. Agradezco a Thomas Mouriès sus comentarios sobre el texto y su paciencia para editarlo.

² Centro de Investigación y Educación Popular. www.cinep.org.co

³ Instituto de investigación y debate sobre la gobernanza (IRG). www.institut-gouvernance.org

⁴ Me apoyo fundamentalmente en el libro de González, Bolívar y Vásquez (2003). Ese libro hace una extensa revisión bibliográfica de la literatura sobre conflicto armado, actores armados, conflicto agrario, entre otros temas y los sitúa en una mirada de largo plazo sobre historia de Colombia.

⁵ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, creadas en 1964.

⁶ En el contexto colombiano hablar de poblamiento reciente es hablar de asentamientos construidos a lo largo de los años 40, 50 y 60. Colombia es aún hoy un país con varias fronteras agrícolas abiertas y cerradas. Los grupos armados tienen estrechas relaciones con los problemas sociopolíticos y económicos de esas fronteras, no tanto o no sólo por “vocación ideológica”, como por “coincidencia histórica”.

⁷ Una presentación de este término, acuñado y discutido por varios científicos sociales colombianos, puede leerse en la ficha de Torres (2008).

⁸ Varios estudios regionales han mostrado patrones de este tipo. Las sociedades de reciente colonización donde hay varias oportunidades de ascenso, donde varias labores se acometen de manera colectiva y donde la guerrilla se ve impelida a asumir funciones de regulación local se van transformando en sociedades de creciente diferenciación. Sociedades locales donde fundadores y recién llegados van diferenciándose, donde el comercio intralocal o intrarregional empieza a desbordar las formas de regulación local previas. En esas condiciones se va produciendo una paulatina pero certera separación entre formas de poder local y grupo de guerrilla. En esta clave pueden leerse los estudios sobre sur de Bolívar, parte del Meta, Magdalena Medio, entre otras zonas. La conceptualización implícita aquí puede verse en González, Bolívar y Vásquez, (2003) y en Vásquez, (2006). Ver también Ramírez, (2001) y Gutierrez y Barón (2006)

⁹ En esta clave puede leerse la experiencia política de las Farc-Ep en Uraba con trabajadores bananeros y en regiones del Magdalena Medio con algunas asociaciones campesinas.

¹⁰ En esta dirección se orientan los resultados de la investigación colectiva sobre las relaciones entre conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio (Varios autores, 2005).

¹¹ El libro de María Clemencia Ramírez sobre las marchas de los campesinos cocaleros de 1996 en el sur de Colombia da importantes elementos en este punto (2001).

¹² AUC significa Autodefensas Unidas de Colombia, fueron constituidas como organización a mediados de los años 90 aún cuando recogen grupos de muy distinto origen regional e histórico. En Colombia hay un intenso debate político e intelectual sobre la denominación de ciertos grupos armados ilegales como “paramilitares” o como “autodefensa”. Ambos usos son bastante extendidos. El primero denuncia las relaciones variables pero permanentes de estos grupos con la Fuerza Pública y otras agencias estatales, la segunda denominación recalca el carácter local de los grupos y el hecho de que nacieron para “defenderse” de las amenazas guerrilleras. En cualquiera de los dos casos, se trata de un amplio abanico de agrupaciones armadas más o menos ligadas a poderes locales establecidos y encargadas de reestablecer el “orden” y realizar guerra contrainsurgente. El grado de importancia de las ideologías de derecha es variable, así como el grado de relación con los grupos narcotraficantes. Para los propósitos del artículo interesa recalcar que estos matices están relacionados con la trayectoria histórica y regional de los grupos y que de allí deriva, precisamente, su legitimidad.

¹³ En mi investigación sobre discursos emocionales de las Farc Ep y de las AUC describo con detalle algunos de estos contrastes. En esa investigación y apoyada en investigaciones de Norbert Elias sobre las exigencias emocionales de la democracia, muestro la centralidad que tienen el “derecho a hacer política” y a “representar al Estado” en la forma como líderes de las autodefensas ven su organización armada. Bolívar (2006)

¹⁴ Retomo en este punto la insistencia del sociólogo Charles Tilly sobre la necesidad de diferenciar mecanismos ambientales, relacionales y cognitivos en el análisis de procesos políticos (2008). Cuando la legitimidad se trata sólo en términos de “adhesión ideológica” se le convierte en mecanismo cognitivo y no se ve hasta que punto esta conectada y estructurada por mecanismos relacionales.

¹⁵ Bourdieu se ocupa de este problema en varios de sus trabajos. Una discusión detallada se puede leer en (1995).

¹⁶ Aquí sigo a pie puntillas los planteamientos de Philip Corrigan y Derek Sayer. En su trabajo sobre la formación del Estado ingles como una revolución cultural, los autores insisten en la crueldad y la violencia con que especificas formas de pensar se van imponiendo sobre los grupos sociales. En nuestro caso concreto, las ideas sobre legitimidad como algo que depende del “consentimiento”, del “acuerdo” con unas razones o procedimientos. Esa idea lleva a muchos pobladores de regiones colombianas a juzgarse a si mismos por tener relaciones con los actores armados en términos de “falta de compromiso”, de “conciencia” o de “doble moral”. Como dicen Corrigan y Sayer, “La crueldad consiste aquí en definir lo normal como algo que resulta materialmente inalcanzable, hasta en sueño, para la mayor parte de la gente. El costo se expresa en lo que es ampliamente percibido, y vivido, como perdida del respeto a si mismo cuando uno se descubre desempleado, u otra faceta del mismo orden moral “nada más ama de casa” –triste y habitual formula (… )Uno vive y expresa como inadaptación personal lo que son relaciones esenciales del orden burgués(…)” (Corrigan y Sayer, 2007:84-85)

¹⁷ En Estado, Gobierno y Sociedad, Norberto Bobbio (1989) describe las expectativas sobre el poder político que se desprenden de la metáfora contractualista. En Defender la Sociedad, Foucault se ocupa también de este problema y señala explícitamente las limitaciones analíticas y políticas de la metáfora del contrato y de la metáfora de la guerra como fundamentos del orden social.

¹⁸ Corrigan y Sayer también examinan en detalle estos problemas siguiendo los planteamientos de Carlos Marx al respecto.

Bibliografía

Bobbio, Norberto (1989) Estado, Gobierno y Sociedad. México: FCE.

Bourdieu, Pierre (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama editores.

Bourdieu, Pierre and Wacquant Loid (1995) Respuestas para una antropología reflexiva. Grijalbo: México.

Bolívar, Ingrid (2006a) “Transformaciones de la política: atribución causal, movilización social y configuración del Estado en el Magdalena Medio” en Varios Autores: Conflictos, Poderes e Identidades en el Magdalena Medio. Bogotá: Editorial Cinep.

Bolívar, Ingrid (2006 b) Discursos Emocionales y Experiencias de la Política: Las Farc y las Auc en los contextos de negociación de la paz 1998-2005. Bogotá: Cinep, Colciencias, Los Andes.

Bolívar, Ingrid ( 2006c) “La legitimidad de los actores armados en Colombia” en Dossier Las formas de legitimidad en Colombia: legitimidades institucionalizadas y legitimidades prácticas

www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-250.html

Bolívar, Ingrid (2006d) “Actores y formas de gobernanza en Colombia” en

www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-337.html

Corrigan Philip y Derek Sayer (2007/1985) “El gran arco. La formación del Estado ingles como revolución cultural” en Antropología del Estado. Compilado por Maria Lagos y Pamela Calla. Bolívia: PNUD PP 39-116

Foucault, Michel (2000) Defender la sociedad. México: FCE.

García, Mauricio y Cesar Rodriguez (2003) “Derecho y sociedad en América Latina: propuesta para la consolidación de los estudios jurídicos críticos” en Derecho y Sociedad en América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá: Ilsa y Universidad Nacional de Colombia

González Fernán y Otero Silvia (2006) La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. En Cuaderno :Usos y desafíos del concepto de gobernanza en Colombia

www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-237.html

González, Fernán E. Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, (2003), Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, CINEP.

Gútierrez, Francisco y Mauricio Baron (2006) “Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia” en Nuestra Guerra sin Nombre. Compilado por Francisco Gutierrez, Maria Emma Wills y Gonzalo Sanchez. Bogotá: Norma. Colección Vitral

Mann, Michael (1997) Las fuentes del poder social. Madrid: Alianza Editorial.

Moore, Barrington (2005) “La discusión racional: notas histórico-comparativas sobre sus orígenes, enemigos y perspectiva” en Principios de la Desigualdad Social. Barcelona: editorial Hacer.

Quiroga, Diego (2007) Actores armados y administración pública: el caso de los poderes locales en la ciudad de Cúcuta, nororiente de Colombia. Ciudad de Cúcuta: Entre la gobernanza legal e ilegal.

www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-290.html

Ramírez Maria Clemencia (2001) Entre el Estado y la guerrilla. Bogotá: ICAN

Tilly, Charles (2008) “To explain political processes” in Explaining Social Processes. London: Paradigm Publisher.

Torres, Maria Clara (2006) “Legitimidades y acción armada en un municipio colombiano” en Dossier Las formas de legitimidad en Colombia: legitimidades institucionalizadas y legitimidades prácticas

www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-242.html

Torres, Maria Clara (2008) “Un campesino ilícito construyendo Estado: campesinos, ilegalidad y construcción local del Estado”.

www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-338.html

Varios autores (2006) Conflictos, Poderes e Identidades en el Magdalena Medio. Bogotá: Editorial Cinep.

Vásquez,Teófilo (2006) “Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001” en Conflictos, Poderes e Identidades en el Magdalena Medio. Bogotá: Editorial Cinep.