Fabrizio Arenas Barchi¹

Resumen

El siguiente artículo reflexiona sobre la problemática de la legitimidad del poder y sobre los factores críticos a considerar en la producción de procesos de articulación de las distintas fuentes de legitimidad existentes en las sociedades de la Región Andina. Esta reflexión es desarrollada como parte de un ejercicio de introducción a y de análisis crítico de tres artículos especializados que estudian distintos procesos desarrollados en Perú y Colombia, los cuales apuntan a superar las debilidades y los problemas que viven estos países con respecto a la consolidación de la democracia y a la construcción de la legitimidad del poder. En este marco de reflexión y análisis crítico, el artículo propone considerar, entre otros factores, la condición postcolonial que marca a los países andinos y, en especial, la economía política que estructura a esta condición en la actualidad, como factor crítico en la producción de procesos de articulación de las distintas fuentes de legitimidad en la Región.

 

 

 

 

Lo que a continuación expondremos es una introducción a la discusión desarrollada en el marco del Coloquio internacional “Proceso de debate y propuestas sobre la legitimidad en la Región Andina”, sobre los procesos de integración y articulación de las diversas fuentes de legitimidad existentes en las sociedades de la Región Andina. Correspondiente a la segunda sesión del Coloquio, el debate sobre dicha temática se desarrolló en torno a tres presentaciones hechas por tres especialistas en diversos procesos contemporáneos de articulación o institucionalización democrática de distintas fuentes de legitimidad existentes en las sociedades de la región. Los especialistas a los que hacemos referencia son por Perú, Julio Díaz Palacios, Juan Carlos Ruiz del IDL, y, por Colombia, Fernando Sarmiento del CINEP. Cada una de sus presentaciones es uno de los artículos que conforman esta sección².

Dado el diseño del Coloquio, la segunda sesión de trabajo, y sus ponencias, partía de la temática tratada en la primera sesión de trabajo, la cual tuvo como objetivo discutir el tema de las distintas fuentes de legitimidad existentes en las sociedades de la región. En este sentido, el objetivo de la sesión que nos compete directamente a nosotros fue proponer, analizar y debatir procesos que estén contribuyendo a la articulación e integración social y política de esas distintas fuentes de legitimidad. Es precisamente a la introducción de los artículos resultantes de esa discusión que, como hemos dicho, nos abocamos en esta oportunidad.

Entendemos que lo que se espera de una introducción va mucho más allá de una simple presentación que resume el contenido tratado por los artículos involucrados. En resumidas cuentas, entendemos que lo que se espera de cualquier buen trabajo introductorio a un debate especializado es que este proponga claves de lectura a propósito de las discusiones y análisis propuestos, y en conjunto, que desarrolle una reflexión crítica sobre los trabajos presentados, y sobre los debates en los que estos se ubican y toman posición. Estas determinaciones, propias de un artículo introductorio, definen el objetivo que guiará el desarrollo de la reflexión que presentaremos a continuación.

Para cumplir con el mencionado objetivo, proponemos la siguiente estructura argumentativa: primero desarrollaremos una reflexión general y sintética sobre la problemática de la legitimidad como fenómeno social y político, y a partir de ello ubicaremos dentro de ella nuestra reflexión sobre algunos factores claves para la construcción de la legitimidad en la Región Andina (también en términos sintéticos); en segundo lugar, ubicaremos los trabajos desarrollados por los ponentes de la mesa en las preocupaciones del Coloquio, y desde ahí, pero no solo desde ahí, analizaremos los alcances y límites de estos y propondremos líneas de reflexión para el enriquecimiento del debate en el que estos se ubican.

 

LA CUESTIÓN DE LA LEGITIMIDAD COMO PROBLEMA DE LA MODERNIDAD Y EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD EN LA REGIÓN ANDINA

Es Max Weber quién ha desarrollado, primero que nadie con exhaustividad, pero no sin tensiones en su propuesta, una reflexión sobre la legitimidad como determinación clave de los procesos sociales y políticos. Su trabajo sobre la cuestión ha servido de base para el desarrollo de propuestas y fundamentaciones sobre el tema de naturaleza no solo disímil sino que se encuentran en conflicto, como la concepción de legitimidad de Carl Schmitt (2006) o los desarrollos de Habermas sobre el tema a lo largo de toda su obra, entre otros autores claves de la teoría social y política contemporánea. También aquí podríamos mencionar los estudios de Antonio Gramsci (1984) sobre la legitimidad, más en una línea hegeliano-marxista de reflexión que en una línea weberiana.

Pretender siquiera esbozar los aspectos más generales de este debate teórico sobre la legitimidad está fuera de cualquier objetivo sensato para una tarea como la que le corresponde a este artículo. Sin embargo, mencionar la existencia del mismo creemos que nos sirve de pretexto para proponer como parte de nuestro análisis una definición operativa de la legitimidad, la cual se encontrará en el trasfondo de toda la discusión que desarrollaremos a continuación.

Así pues, sostenemos que cuando decimos de algo o alguien que “tiene legitimidad” señalamos que aquello (o aquel) tiene derecho o autoridad para ejercer poder dentro de un determinado ámbito de relaciones sociales o, más específicamente, dentro de una determinada comunidad política. Ese derecho o autoridad del agente o la norma se sostiene en la aceptación o el reconocimiento de determinadas comunidades de valores, normas e intereses encarnadas en la voluntad y la praxis de agentes sociales que pueden pertenecer a uno o varios estratos sociales. En este sentido, la atribución (y por lo tanto, el goce) de legitimidad es una relación social. Esta, como todo fenómeno social, no es expresión de relaciones entre subjetividades abstractas, sino que se encuentra inscrita o determinada por procesos sociales de mayor profundidad o envergadura, como tendencias y procesos socio-históricos de largo plazo o estructurales.

En este sentido, en la medida que los procesos y tendencias estructurales van transformándose en su interacción inmediata y mediata con la praxis de los actores sociales, los criterios que definen lo que es legítimo, y aquello que no lo es, van sufriendo cambios. Esta misma relación interna entre grandes tendencias socio-históricas y la praxis concreta de los actores sociales se expresa en el hecho de que las sociedades con mayor diversidad socio-cultural, o con menor grado de homogeneización o articulación social, posean mayor diversidad social de fuentes sociales de legitimidad.

Por otro lado, de nuestra definición también se deriva lo siguiente: que la legitimidad no puede ser definida como legalidad. El problema fundamental de identificar la legitimidad con lo legal, con la positividad de un Estado y sus mecanismos formales y sistema legal es que deja de lado, como si fuera externo a la relación entre ambas categorías, y a la construcción de la legalidad misma y de la institucionalidad del Estado, la pluralidad de fines, de razones y formas de vida que constituyen una sociedad. Siendo más exactos, la importancia de la pluralidad social tiene un significado más propio y efectivo en aquellas sociedades en las que la vida social es reconocida y ha sido institucionalizada como un espacio definido por la multiplicidad de voluntades y por la dialéctica de esta con la construcción de una comunidad ciudadana. En otras palabras, hablamos de las sociedades nacidas o formadas en el seno de la matriz socio-cultural moderna.

Siendo la modernidad una matriz socio-cultural bastante compleja, debemos señalar que la incorporación de la pluralidad social como un momento reconocido e institucionalizado de la arquitectónica de la vida de un Estado corresponde a una de sus formas de realización. Esta forma de realización se define, entre otros aspectos, por el desarrollo y la generalización social de las relaciones mercantil-capitalistas, y, junto con ello, por la institucionalización de los principios de la libertad individual y la igualdad universal entre los individuos que determinan la antropología, la ideología, y las contradicciones expresadas de forma plena en las sociedades regidas por regímenes de corte democrático-liberal.

En estas sociedades, surgidas históricamente en Europa occidental, se va desarrollando e institucionalizando una tensión nunca plenamente resuelta entre la pluralidad social, alimentada por el desarrollo del sujeto social como individuo autónomo, y los valores y sistemas de significados socialmente hegemónicos, los cuales se encuentran, normalmente jurídica y políticamente institucionalizados. Cuando se intenta o se logra disolver esta tensión entre pluralidad social y discursos socialmente hegemónicos y estatalmente institucionalizados (intentando disolver toda forma de brecha o hiato entre legalidad y legitimidad) se cae en el juego totalitario de obtener control social absoluto, definido por la búsqueda, por parte del poder hegemónico de, citando a Žižek (1998), “el control del goce”, esto es, del control del núcleo de la subjetividad de cada sujeto social: su economía libidinal o el plano inconsciente de producción de fantasías y deseos.

Si bien el problema entre legalidad y legitimidad, como hecho social y no como objeto de debate teórico, no es mera propiedad de las sociedades modernas ni de las democracias modernas en especial, lo que si queremos destacar es que es en estas sociedades, tal como las hemos definido, que la tensión entre legalidad y legitimidad se institucionaliza, es decir se vuelve una determinación manifiesta y estructural del orden de vida social (Habermas 1989; Hegel 1999). Es decir, en aquellas sociedades, la tensión entre legitimidad y legalidad no es una determinación que solo se hace manifiesta, de forma dramática o conflictiva en momentos de grave crisis de un régimen político o de un orden ético.

Toda vez que existe —según se deriva de nuestra argumentación— una conexión interna entre la institucionalización social y política de la tensión entre legitimidad y legalidad y la modernidad, es menester preguntarse por lo siguiente: ¿qué significado toma esta relación cuando miramos con fines analíticos la situación de las sociedades y Estados de la región andina? Dado que los países andinos (y no solo andinos) se han producido como Estados al interior del proceso de expansión mundial de los sistemas e instituciones de la modernidad, creemos crucial valorar su situación dentro de este proceso de expansión. En otras palabras, lo que proponemos como una cuestión clave para reflexionar sobre el problema de la legitimidad del poder en los países andinos es responder a la pregunta por cómo se ha configurado la expansión de la modernidad y sus distintas olas (Beck, 1998) en la historia de estos países. Sin pretender agotar el tema aquí, sostenemos que la cuestión clave a considerar como punto de partida de cualquier análisis profundo sobre la problemática de la legitimidad en los países andinos es la condición histórica de postcolonialidad y de desarrollo periférico de la modernidad que los determina a estos.

Como Estados postcoloniales, los países andinos se han articulado con la expansión de los sistemas e instituciones modernos, y los han incorporado (incluido la construcción republicana y el régimen político democrático), como parte de una, relativamente larga, historia de procesos de modernización. Esto último quiere decir que tal articulación no se produjo como expresión de grandes tendencias internas que, en su desarrollo y generalización social, impulsaran procesos socio y psicogenéticos (Elias, 1996) que sentaran las bases para la construcción orgánica de un Estado y una sociedad modernas, y, pensando más específicamente, de una comunidad de ciudadanos efectivamente democrática, sino de impulsos y tendencias que fueron tomando la forma de procesos de modernización³, concretamente, en los periodos republicanos de nuestros países.

Con esto no queremos decir que la expansión y desarrollo histórico de la modernidad y, más precisamente, que los procesos de modernización son meramente ajenos o externos a nuestras sociedades, todo lo contrario, son elementos definitorios de nuestras sociedades y sus respectivas historias, y son, por lo mismo, inseparables de lo que estas son. Para ponerlo en términos más dramáticos: lo que somos nosotros, nuestras sociedades, con toda su diversidad socio-cultural y demás, es buena medida gracias (aunque no únicamente) a los modos como, en nuestros países, se ha impulsado y desarrollado la modernización.

En este sentido, entender los procesos de modernización que nuestros países han vivido a lo largo de prácticamente toda la vida republicana de estos, y en especial, entender la economía política de los mismos en sus distintos momentos o periodos, es crucial para tener una visión más profunda y concreta de cómo se han construido nuestras sociedades, y qué significado ha ido tomando en cada uno el problema social y político de la legitimidad, y de la articulación de las distintas fuentes de legitimidad existentes.

En esta dirección, cabe destacar que un factor clave de la condición postcolonial que determina la realidad socio-económica y política de los países que conforman la Región Andina es la condición periférica de la modernidad que han vivido. Haciendo un esfuerzo de generalización, podemos afirmar que la historia de los países andinos está determinada por un posicionamiento marginal dentro de los espacios y procesos claves del desarrollo de la modernidad (como por ejemplo, en la expansión del mercado mundial). Este hecho se refleja en que los países de la Región no hayan generado grandes procesos internos que organicen, consistentemente, al conjunto de sus sociedades, fallando en la tarea de producir una comunidad de ciudadanos real para el conjunto de los miembros de sus sociedades. En efecto, la historia de cada Estado andino, más bien, ha abundado en la reproducción de fracturas socio-culturales, económicas y políticas, las cuales han redundado en la generación de diversas formas de conflictividad social.

Como dijimos en el párrafo anterior, un aspecto crítico del modo como se han configurado las modernidades de los países andinos es su posicionamiento marginal en los espacios y procesos claves de la expansión global de la modernidad. Esta afirmación pone en el centro del problema que tratamos, la economía política que organiza y da especificidad al concreto social que corresponde a cada uno de sus Estados y, por qué no decirlo, a la región en su conjunto. Sin pretender desarrollar un análisis exhaustivo de la materia, podemos señalar que los procesos de modernización en países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú están estrechamente relacionados a la reproducción de economías, que más allá de sus especificidades, son primario-exportadoras por definición. Es decir, el desarrollo del capitalismo en nuestros países (y en toda América Latina), ha sido llevado a cabo desde el posicionamiento en el mercado mundial, fundamentalmente, como proveedores de materia prima, altamente dependientes de los avatares del mercado mundial (Restrepo, 2006).

Como parte importante de esta configuración socio-económica de la Región y de América Latina —siempre teniendo en cuenta las especificidades de cada proceso nacional y de los momentos que conforman cada una de estas— se produjeron, como parte del desarrollo de los grandes enclaves exportadores, oposiciones centrales entre quienes controlan (o controlaban) los enclaves exportadores y quienes no los controlan y que, como en el caso de las industrias extractivas, se encuentran además directamente afectados por la explotación de estos⁴. Por supuesto siempre la historia es más compleja, más matizada por las tensiones entre continuidades y discontinuidades, tensiones que, por cierto, no llevan necesariamente a la disolución de unas por las otras. Esto incluye el desarrollo de los regímenes nacional-populistas que en particular en la región andina se expandieron entre los años sesentas y setentas del siglo pasado (Restrepo, 2006), teniendo antecedentes, en particular en el Perú, ya en los años cincuentas del mismo siglo.

La crisis de los regímenes nacional populistas en la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado, en el marco de una redefinición de las condiciones dominantes del modo de expansión mercantil-capitalista mundial (Hobsbawm, 1998; Giddens y Hutton, 2000), como por ejemplo de la relación capital-trabajo, debido entre otras razones al salto tecnológico acumulado en los países desarrollados y en varios de los países del sudeste asiático, se desarrollaron las condiciones para que en la región andina y en Latinoamérica en general se impulsaran las reformas de liberalización y ajuste estructural de las economías. Estas por cierto, no han conducido al cambio estructural de la matriz económica primario-exportadora sino que básicamente la han fortalecido, y con ello las fracturas socio-económicas y territoriales, y la polarización social (Restrepo, 2006: 49).

Para cualquier gobierno o iniciativa de creación de mejores condiciones para la gobernanza de los países de la Región Andina, la condición de economías primario exportadoras, con mercados internos débiles, y con grandes fracturas y polarizaciones socio-económicas efectivas o en formación, plantea retos de importancia mayor, sean gobiernos que manifiestamente impulsan las políticas de liberalización de la economía (Colombia y Perú)⁵, como los gobiernos llamados por algunos como “progresistas”, que se aproximan mucho más al modo de ser de los nacional-populismos de las décadas de los sesentas y setentas. En este último caso, se les plantea una dura tarea a los gobiernos de Ecuador y Bolivia de conjugar la condición de exportadores de materia prima, y en su caso estrechamente relacionada a la explotación de hidrocarburos y minerales, con el reconocimiento de los territorios de los denominados pueblos indígenas, y por supuesto, en lo que respecta a la protección del medio ambiente.⁶

Precisamente, un tema clave que atraviesa la problemática referida a la articulación de distintas formas de legitimidad en las sociedades de la Región Andina es el de la cuestión indígena. A nuestro entender esta cuestión está estrechamente vinculada a los avatares de los procesos de modernización de los últimos cincuenta años en la región y al lugar que han tenido estos procesos en los cambios que ha sufrido el modo de expansión mundial de las relaciones mercantil-capitalistas durante el mismo periodo de tiempo (Monroe 2009).⁷

Para nosotros el tema clave que nos plantea la problemática de marginación y subordinación de las poblaciones llamadas indígenas de cara a la construcción de sociedades verdaderamente democráticas es el de la tensión entre las formas de agencia culturalmente determinadas como indígenas y la expansión de la modernización reciente, que exige el manejo de los recursos y los sistemas de significados pertinentes a quien desee posicionarse con éxito en sus esferas (Monroe 2009 y 2007, Arenas 2008 y 2007).

Las formas de agencia indígena a las que nos referimos están definidas por su anclaje a la naturaleza y al espacio local (al bosque o a las montañas y quebradas, etc.), que se produce dentro de un sistemas de relaciones sociales fuertemente articulado con redes parentales, y en relación directa con ecologías altamente diversas y frágiles. Tales conocimientos han sido, históricamente, y hasta el día de hoy, excluidos por la modernización (Monroe 2009; Arenas 2006). Esta cuestión creemos que se plantea como problema también para los propios movimientos indígenas. Estos, si bien han logrado poner en los espacios públicos e incluso dentro de las constituciones nacionales de la Región Andina (y no solo de ella), la cuestión de su reconocimiento social y político, sostenemos que no han sido capaces de dar una respuesta clara a cómo articular esas distintas formas de agencia de cara a la construcción de una comunidad ciudadana democrática. En efecto, el hecho de que los movimientos indígenas hayan tenido que posicionarse, en su lucha por el reconocimiento, en los espacios de la modernización, les ha planteado la necesidad de formar cuadros capaces de gestionar los recursos culturales de la modernización. En este sentido, nos preguntamos si este proceso no ha supuesto la creación de brechas socio-culturales y de clase al interior mismo de los movimientos. Dichas brechas estarían definidas por la diferencia entre quienes siguen reproduciendo (por ejemplo, como campesinos comuneros) sus formas de conocimiento y agencia indígenas, y por los que se han convertido en especialistas con conocimientos propios de los sistemas expertos modernos (Monroe 2009).⁸ Estos últimos, en tanto representantes o líderes de sus respectivos movimientos, ¿no terminarían convirtiéndose en los nuevos agentes de una nueva relación de “ventriloquía política”⁸ al traducir la voz propiamente arraigada a matrices culturales indígenas?

El problema de la ventriloquía no solo debe ser considerado para la relación entre movimientos indígenas y poblaciones indígenas. Tener en cuenta este problema es crítico para el diseño de cualquier mecanismo o proceso que impulse (o al menos pretenda impulsar) la articulación de distintas formas de legitimidad (por ejemplo, la participación ciudadana). La pregunta es ¿cómo diseñar el mecanismo o el medio articulador para que la voz de los subalternos, que encarna una forma de legitimidad, pueda expresarse sin la mediación de esa “traducción” supuestamente especializada? Téngase en cuenta que el problema de la subalternidad no se resuelve con el mero hecho formal de darle la palabra al subalterno, perfectamente el subalterno puede seguir reproduciendo las relaciones de subordinación e inferiorización que lo signan en sus discursos.

Dada la importancia que tienen los procesos de modernización en nuestros países, y, concretamente, los proyectos económicos, socio-culturales y políticos que los encarnaron, sostenemos que toda política, iniciativa o institución⁹ emprendidas por el Estado o impulsadas desde la sociedad deben ser entendidas en relación directa y necesaria con la lógica de los procesos modernización imperantes. En este sentido, el conjunto de tendencias a largo plazo, estructuras, sistemas, y coyunturas que definen un escenario social debe ser tomado como sí fuese un sistema de significados, dentro del cual cada proceso, institución o acción cobra significado, a la manera de un signo en un sistema lingüístico.¹⁰

EL PROBLEMA DE LA ARTICULACIÓN DE LAS DISTINTAS FUENTES DE LEGITIMIDAD EN LA REGIÓN: EL PUNTO DE VISTA DE LOS ARTÍCULOS DE ESTA SECCIÓN

La importancia de un espacio como el propuesto por el Coloquio del que es parte esta publicación es incuestionable. Es más que obvia la necesidad de tener espacios de reflexión. debate e intercambio sobre las problemáticas más sensibles de la Región Andina, entre las que tiene un lugar privilegiado la relación entre legitimidad del poder social y político y las múltiples fuentes de legitimidad, las múltiples razones en tensión, que conviven en las sociedades de la Región Andina.

La tensión, como una de las características comunes al conjunto de la región, entre el poder político encarnado en el Estado y las diversas fuerzas o sectores sociales que reclaman reconocimiento, e incluso que oponen al primero razones o formas de legitimidad diferentes a la hegemónica, no es un mero hecho natural (inscripta en la región como una especie de esencia de nuestras sociedades). Tenemos que ver aquella tensión como un producto histórico directamente relacionado a los procesos que esbozamos en la sección anterior, es decir a procesos (y a las distintas élites que los han personificado) de modernización socio-económica, cultural y jurídico-política que, por su debilidad, no han podido elaborar esas tensiones de una forma que sirva para alimentar el fortalecimiento de la comunidad ciudadana y del régimen democrático.

Por supuesto, las propias tensiones y conflictos existentes en las sociedades andinas, relacionadas a la dificultad de los países de la Región para articular democráticamente la pluralidad de intereses y fuentes de legitimidad, puede ser vista, al mismo tiempo, como potencial para la creación de nuevos procesos o mecanismos de fortalecimiento de la democracia y la gobernanza. Desde este punto de vista, podría considerarse como una ventaja de la Región Andina (así como de otras regiones del mundo), el potencial que tiene su complejidad social frente a sociedades mucho más estables socio-económica y políticamente, y homogéneas culturalmente. Sin embargo, la pluralidad social, la diversidad de fuentes de legitimidad, las tensiones de fuerzas sociales en disputa no es inmediatamente, o por sí misma, un valor. Tal como lo entendemos, éstas solo cobran valor para la construcción y consolidación de las distintas comunidades de ciudadanos y de la democracia, si es que se constituyen en momentos de procesos de más largo plazo que apunten precisamente a alcanzar aquellos objetivos. No vemos con claridad todavía que haya en alguno de los países de la Región Andina esfuerzos consistentes dirigidos a esto. En todo caso, la verdad de la existencia o no de procesos o esfuerzos dirigidos consistentemente en tal dirección se revelará, también (pero no solamente), como expresión misma del proceso histórico de cada una de nuestras sociedades y de la región en su conjunto.

Precisamente, entendemos que un propósito claro (y más que valioso) del Coloquio del que es resultante esta sesión de trabajo es desarrollar un debate que permita darnos una perspectiva más clara sobre la existencia de tendencias y esfuerzos explícitos dirigidos a convertir esa rica diversidad de tensiones y conflictos sociales y políticos que poseen nuestras sociedades en material para la generación de procesos de consolidación democrática más consistentes y de más largo plazo. En este sentido, la propuesta elaborada para el desarrollo de esta segunda sesión de trabajo incluía debatir sobre procesos recientes tan significativos para las sociedades de la región como las Asambleas Constituyentes que se han desarrollado en Ecuador y Bolivia, la institucionalización de la participación ciudadana como mecanismo reciente de consolidación de la gobernanza en el Perú o los desarrollos de las llamadas Asambleas Constituyentes territoriales en Colombia.

Es aquí donde ubicamos más concretamente los artículos presentados en esta sección, la riqueza de sus aportes para enriquecer el debate y, por supuesto, los límites que sus enfoques puedan tener. Esta última cuestión es importante a tener en cuenta en tanto que este es un momento necesario del rico despliegue de un buen debate.

Los artículos que introducimos aquí analizan tres procesos específicos dirigidos a construir puentes entre la legitimidad del poder instituido y las legitimidades existentes en las sociedades de la región. Concretamente, los artículos tocan los siguientes temas: el desarrollo reciente de los mecanismos de participación ciudadana en el Perú, la formación de asambleas constituyentes municipales en Colombia, y los procesos de articulación en el Perú entre dos formas de administración de justicia la que proviene del Estado y la que proviene de las organizaciones de origen campesino conocidas como Rondas Campesinas. El primer tema es analizado por Julio Díaz Palacios, reconocido especialista en procesos de descentralización y participación ciudadana; el segundo tema es desarrollado por Fernando Sarmiento, investigador del CINEP de Colombia; el tercer tema es desarrollado por Juan Carlos Ruiz, Abogado del IDL de Lima.

Los tres temas dan cuenta de procesos que, si bien distintos, expresan las dificultades históricas de los Estados de la región para suturar las brechas existentes en sus sociedades, o para constituirse en continentes o canalizadores de las fuerzas y demandas existentes. Por lo mismo, los tres temas dan cuenta de procesos surgidos de la necesidad de las sociedades y en el caso de los temas peruanos del propio Estado de producir mecanismos dirigidos a construir ordenes más justos y más democráticos. Esto se ve en el hecho que los tres procesos analizados están relacionados a una historia de esfuerzos y demandas de distintos sectores sociales no hegemónicos, incluido el actual proceso de participación ciudadana impulsado por el Estado peruano desde el año 2002.

En efecto, hablando de los procesos de participación ciudadana en el Perú, estos tienen una de sus fuentes de origen más directo en los desarrollos en gestión municipal participativa llevados a cabo por el partido Izquierda Unida a lo largo de los años 80 (Remy 2005).¹¹ La gestión participativa vía asambleas y comités de gestión es parte importante de la historia del movimiento popular peruano. Estas iniciativas de gestión municipal no eran reconocidas en los años 80 y noventa por la Constitución y el Estado peruano, en este sentido, las primeras iniciativas que impulsan este proceso se encontraban en los poros de la sociedad, y en los márgenes del discurso y los aparatos del poder político oficial y hegemónico.

Lo mismo podríamos decir de la formación de las organizaciones de Rondas Campesinas. Estas tienen su origen a fines de los años setentas en la región zona central de la región de Cajamarca, a propósito del incremento exponencial de robos que sufrían los campesinos de la zona, por parte de otros campesinos foráneos o de las mismas localidades, y ante la incapacidad de la policía nacional y de los juzgados de satisfacer la necesidad de protección y justicia de los campesinos (Gitlitz y Rojas 1985). Desde ahí, dicha forma de administración de justicia no reconocida por el Estado se empieza a extender a otras regiones del país, hasta el día de hoy en que encontramos organizaciones de rondas prácticamente en todas las regiones del país (Huber 1995; Degregori et.al. 1996; Rodríguez 2007), y que como cuestión más importante ya cuentan con reconocimiento constitucional y con su propia ley y reglamento que los reconoce como administradores de justicia dentro de su jurisdicción local. Lo mismo podemos señalar de las Asambleas Constituyentes locales analizadas por Fernando Sarmiento: son iniciativas que expresan las necesidades de sectores sociales que se encuentran en la necesidad de resolver procesos por ellos mismos las dificultades sociales y políticas que aquejan a sus propias vidas como actores locales en sus respectivas localidades.

Por lo descrito, las tres temáticas tratadas hablan de procesos que por lo menos en su origen tienen una condición paralegal. Las caracterizamos así en la medida que, teniendo en cuenta la definición que de este concepto hace Partha Chaterjee (2007). Según el concepto de Chaterjee, las estrategias paralegales son expresión de la necesidad de poblaciones que se encuentran en situación de marginalidad, es decir fuera de las redes de la ciudadanía efectiva, del derecho y el reconocimiento estatal, y que, por lo mismo, desarrollan estrategias fundadas en formas de legitimidad moral (la defensa de la vida, la necesidad de justicia, el respeto a la dignidad, etc.). Como parte de estas estrategias, los sujetos subalternizados establecen alianzas con agentes u organizaciones de distinto tipo, que contribuyan a su fin, y al mismo tiempo puedan ejercer presión sobre el Estado para que éste incorpore su problemática en su agenda y acciones. La historia de las rondas campesinas en el Perú es un buen ejemplo de esto que decimos.

Como hemos dicho, las Rondas Campesinas se organizan para responder a la ausencia de protección y de una administración de justicia eficaz en el Perú. En un inició fueron estigmatizadas por el Estado peruano, pero luego de largos procesos de presión, cabildeo y diálogo, donde han intervenido distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil en alianza con las Rondas, se inicia un proceso de reconocimiento del derecho de estas a administrar justicia en sus localidades con autonomía. Precisamente, lo que nos presenta Juan Carlos Ruiz es parte de la historia reciente de este proceso: la construcción del diálogo y la articulación entre las organizaciones de Rondas Campesinas y las instancias y los agentes de la administración de justicia formal.

La cuestión de la legitimidad en relación con las Rondas Campesinas nos plantea una pregunta que trasciende el caso puntual de estas forma de organización, la pregunta es ¿este tipo de estrategias responde a la existencia de una fuente de legitimidad efectivamente distinta a la que se encarna en un Estado nacional (por ejemplo, la existencia de una matriz cultural diferenciada y no reconocida por el Estado y el poder hegemónico)?, ¿o es más bien expresión de la debilidad del Estado, y de los procesos socio-económicos que definen su sociedad, para articular al conjunto de la sociedad y extender el goce efectivo de la justicia o del bienestar económico a todos sus ciudadanos? Entonces, nos preguntamos, ¿si existieran procesos más consistentes de articulación socio-económica y jurídico-política, estos procesos no existirían o dejarían de tener valor?¹²

Nos preguntamos esto no porque este sea el tema central del artículo de Ruiz, sino a propósito de una serie de autores que afirman sin mayor fundamentación que las Rondas Campesinas son expresión de una matriz cultural distinta (Yrigoyen 2003, Aranda 2003, Rodríguez 2007). Sobre el asunto, detengámonos únicamente a considerar algunas cuestiones sobre la formación de las organizaciones de Rondas Campesinas. Primero, el origen de las Rondas Campesinas está estrechamente relacionado con las formas de autodefensa que las haciendas en Cajamarca utilizaban contra ladrones de ganado. Segundo, muchas de las organizaciones de rondas (no solo las que nacieron como autodefensas)¹³ desarrollaron un vínculo estrecho de valoración y respeto hacia las Fuerzas Armadas, hacia sus formas de organización, sus prácticas, y discursos. ¹⁴

La siguiente cuestión, planteada en términos bastante esquemáticos, puede contribuir al desarrollo de la discusión sobre la legitimidad y la articulación de las distintas fuentes de esta. En sociedades donde el desarrollo del capitalismo (y de la distribución social de la riqueza), así como de las instituciones políticas y jurídicas de la democracia se encuentra mucho más consolidado y generalizado socialmente (que en las sociedades de la Región Andina) el tipo de procesos e iniciativas que nos presentan los autores de esta sección prácticamente dejaron de desarrollarse (o, en todo caso, dejaron de ser socialmente determinantes) hace por lo menos cincuenta o sesenta años (Hobsbawm 1998). En lugar de que las poblaciones se aboquen a administrar justicia en sus localidades, o a tomar iniciativas políticas como parte importante de sus actividades, se dedican a impulsar sus propios proyectos privados o colectivos. ¿No hay algo injusto también en el hecho que, por ejemplo, campesinos deban enfrentar el crimen con su propio esfuerzo, ocupando esta actividad tiempo de su propio quehacer? Por supuesto, también tenemos que preguntarnos si el modo de vida desarrollado por sociedades con mucho más éxito en el desarrollo de las instituciones y relaciones propias de la modernidad es el que debe servirnos como horizonte absoluto de avance.

Una pregunta que nos hacemos sobre estas cuestiones es en qué medida las iniciativas de origen paralegal pueden contribuir al desarrollo de procesos consistentes de consolidación de la ciudadanía. En otras palabras, ¿de qué forma o dentro de qué condiciones las iniciativas que hemos denominado como paralegales pueden contribuir efectivamente a la construcción efectiva de ciudadanía y a la consolidación del régimen democrático? ¿Cómo aquellas iniciativas o estrategias paralegales pueden ser capitalizadas en procesos que favorezcan la superación de las necesidades, las fracturas y las carencias que las vuelven necesarias para porciones muy importantes de nuestras sociedades?

Entendemos que el análisis de Julio Díaz Palacios sobre la institucionalización de los presupuestos participativos por parte del Estado peruano podría contribuir a una reflexión en esa dirección. Sin embargo, antes de entrar a ver esto, como asunto final de nuestra introducción quisiéramos discutir una cuestión previa, planteada por Fernando Sarmiento en su artículo.

Como hemos dicho, Sarmiento analiza algunas la experiencia colombiana de las Asambleas Constituyentes territoriales. Concretamente, analiza tres experiencias, elegidas estas por la especificidad de sus contextos y por la especificidad de cada uno de sus procesos. En este análisis, el trabajo de Sarmiento destaca entre los demás presentados en esta sección por una virtud en particular: su texto, si bien de forma sintética, plantea un concepto de cómo se construyen o producen las relaciones de legitimidad. Entre otras razones, contar con una reflexión de esta naturaleza es de suma importancia, puesto que así uno tiene elementos para discutir las bases sobre las que se evalúan los distintos mecanismos o experiencias de construcción de legitimidad en una sociedad.

En síntesis, lo que Sarmiento sostiene es que la legitimidad es un producto cambiante, resultante del juego de intereses de los actores involucrados. En este sentido, la legitimidad, como categoría referida al poder y a la autoridad es una categoría marcada en un sentido importante por la contingencia o los vaivenes de los intereses puestos en juego en un escenario determinado. Sin duda esto recoge a nuestro entender un aspecto importante de la praxis humana y del cómo se producen las relaciones de poder: el juego de las fuerzas y de los intereses de los agentes en las sociedades y en la historia no tiene porque restringirse a criterios estáticos o sacralizados, sean morales, jurídicos o políticos; así los agentes podrían perfectamente romper con estos criterios en el momento que consideren necesario que hay que hacerlo, dada la situación que lo exijan. Por otro parte, podemos ver cómo, en los otros temas desarrollados en la presente sección, esta idea dinámica de legitimidad, próxima a las concepciones del Rational Choice, se encuentran también presentes. Baste tener en cuenta, por ejemplo, que las estrategias desarrolladas por las organizaciones sociales que participan en las reuniones del presupuesto participativo con el fin de que sus proyectos reciban financiamiento también se mueven por intereses que ponen en juego en relación con los alcaldes o con los presidentes regionales y sus equipos técnicos; asimismo, los propios candidatos a la municipalidad buscan establecer acuerdos previos con las organizaciones de sus zonas ofreciendo entre otras cosas incluir sus propuestas de proyectos en futuros presupuestos participativos.

Sin embargo, si bien hemos dicho que el modo como para Sarmiento se construye la legitimidad expresa una dimensión dinámica propia de la acción humana, y de los juegos de poder que la atraviesan, pensamos que no es una definición suficiente. La dinámica de las relaciones humanas, de la praxis humana, no se producen en situaciones abstractas, sino que se encuentran determinadas por procesos o tendencias de más largo plazo. Los agentes sociales no son, como diría Hobbes, “como hongos” que se forman de la nada. Sus decisiones, acciones, voluntades siempre despliegan contenidos, determinaciones que para ellos mismos no son presentes o claras, siempre se producen en contextos que no se centran en su voluntad y en su plano consciente, como por ejemplo el papel que cumple en la configuración de sus posiciones y decisiones el ser sujetos producidos en contextos de modernización periférica. En este sentido, advertimos en la definición de Sarmiento la posibilidad de quedar entrampando en la fascinación por lo epifenoménico.

En este sentido, pero desde una perspectiva más ético-política, tenemos que decir que la referida posición de Sarmiento sobre el cómo se produce la legitimidad, al definirla exclusivamente desde las propias dinámicas de los actores, tal como ellas ocurren, pareciese renunciar a analizar críticamente estas desde un proyecto ético-político, desde un fin superior al menor devenir de lo, aparentemente, dado. Esta cuestión no nos parece poco importante, no queremos entenderlo así, pero asumir una posición tan pragmatista nos plantea el problema ético y político de nuestra propia posición frente a lo que ocurre y hacia dónde sostenemos que esto debería dirigirse. Quizás nuestra crítica resulta demasiado idealista –hablando en términos filosóficos– frente a la realpolitik de las relaciones que se desarrollan en Colombia entre paramilitares, la guerrilla, el Estado, y los actores no-armados. Sin embargo, creemos que no se puede renunciar a tomar una posición que vea más allá del mero juego de interés y fuerzas fáctico.

Hay un último tema que creemos importante tocar y es el que se refiere al análisis que desarrolla Julio Díaz Palacios sobre el presupuesto participativo.

Sin duda alguna, es innegable que el reciente proceso de descentralización del Estado que vive el Perú, del que forma parte los mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales y regionales, es una de las reformas del Estado más importantes de la historia del Perú. Entendemos que este es parte de un esfuerzo por aproximar la experiencia de la democracia y la ciudadanía a la sociedad, de tal forma que esta no solo vele directamente por sus intereses más inmediatos, sino para que se apropie de sus propias instituciones, para que pueda incorporar al Estado y al sistema democrático en su propio despliegue y formación como sujeto y actor social. Esto, como decimos, tiene un valor indiscutible. Así Díaz Palacios, desarrolla todo un análisis que mostrando también algunas limitaciones del proceso en el Perú y en experiencias del mismo tipo en otros países, destaca como los espacios y las dinámicas que genera el presupuesto participativo contribuyen efectivamente a la consolidación de la democracia, a la construcción de la ciudadanía, y como parte de ello a que los ciudadanos aprendan a lidiar con los conflictos.

Considerando lo que hemos dicho sobre la importancia y el valor de todo el proceso de reforma del Estado que se inició en este siglo en el Perú, sostenemos que es imprescindible analizarlo inscribiéndolo en el escenario en el que se originó y en el que se ha venido desarrollando. Este escenario es el del impulso a las políticas de liberalización de la economía que no se a detenido ni a cambio fundamentalmente de dirección desde los años 90 hasta el día de hoy. Es dentro de ellas, como parte de ellas, y no en abstracto, que se desarrolla en el Perú la descentralización política reciente, y donde cobra significado más pleno un mecanismo tan importante para esta reforma como es el presupuesto participativo. En este sentido, para el análisis de un instrumento como el presupuesto participativo o cualquier otro de su misma naturaleza, se les debe tomar como artefactos de un proyecto socio-económico y del régimen político en el que se inscribe tal instrumento.

El Perú ha tenido un crecimiento sostenido y con índices muy altos del PBI durante los últimos siete años, favorecido por una serie de condiciones externas y también internas. El pilar más importante de este crecimiento ha sido la exportación de minerales, junto al impulso de la agro-exportación, especialmente en los valles costeños, cuestión esta que por un lado ha llevado a los distintos gobiernos recientes a impulsar agresivamente la inversión del gran capital nacional y extranjero en minería, así como a impulsar proyectos de irrigación y de otros tipos para favorecer el desarrollo de la agricultura de exportación. Un serio problema, no solo actual sino histórico, del Perú es el que refiere a la distribución de la renta (principalmente minera), generada por su dinámica económica, en el conjunto de la sociedad nacional. Como es sabido, este problema ha tomado un cariz particularmente dramático en los últimos años.¹⁴

La descentralización y el diseño del presupuesto participativo buscan esto, permitir acceder a estas poblaciones a tales recursos como momentos de un circuito de redistribución del excedente. De esta forma se podría ir superando las grandes brechas sociales existentes en el país, y al mismo tiempo, se evitaría el desarrollo de altos índices de conflictividad social, además, por supuesto, de aproximar las instituciones estatales a la ciudadanía, permitir que esta tenga la experiencia de participar en las decisiones de sus gobiernos locales, etc.

No obstante esto, la conflictividad social en el Perú ha ido creciendo vertiginosamente año tras año desde el 2003, por lo menos, relacionado ciertamente a conflictos socio-ambientales, pero también relacionado a conflictos entre sectores de las poblaciones locales y los representantes de sus gobiernos locales.¹⁵ Conflictos de los que varios no son de poca envergadura: baste mencionar los casos de Ilave y de la municipalidad provincial de Ayaviri, ocurridos en el 2004.

¿Por qué si se ha iniciado un gran proceso de redistribución de los excedentes, si las poblaciones locales pueden vivir la experiencia de participar en la gestión de sus gobiernos locales y regionales, la conflictividad social ha aumentado de esta forma, y, además, particularmente en espacios rurales y zonas marginales? ¿Por qué si hay presupuesto participativo la tensión entre población y muchas de sus autoridades se ha seguido reproduciendo en el Perú?

Por supuesto estas preguntas no cuestionan el valor que pueda tener el presupuesto participativo, si se plantean como preguntas para la aplicación del presupuesto participativo en el Perú. Para responder a estas preguntas hay que considerar una serie de factores, los cuales habría que analizar in extenso. Como este no es el espacio para desarrollar este análisis extensivamente, podemos plantear algunas ideas al respecto.

Por un lado, la redistribución del excedente del crecimiento económico peruano hecho, fundamentalmente, vía los gobiernos locales y regionales (además de los programas de asistencia a la pobreza, y programas de inversión) han convertido a los municipios en depositarios de cantidades de dinero como nunca antes en la historia del Perú. Un problema que, sostenemos, ha traído esto es que las municipalidades y los gobiernos regionales para algunos intereses se han convertido en un botín o un espacio de ascenso social (Monroe 2009). Como hemos dicho, el artefacto “presupuesto participativo” no tiene una vida abstracta, sino que se inserta en medio de espacios que tienen vida propia, relaciones sociales, jerarquías de poder, intereses en conflicto etc. Precisamente, una cuestión que diversas investigaciones del Centro Bartolomé de las Casas en concreto ha determinado es que, por ejemplo, en los espacios rurales andinos se forman una serie de redes de clientelas en torno a las elecciones de los alcaldes y a los favores que los candidatos ofrecen (Monroe 2009, Arenas 2006). Las tensiones entre redes de clientelas en disputa por el control del gobierno municipal y sus recursos son parte de la explicación de los problemas planteados párrafos atrás.¹⁶

Por último, quisiéramos plantear una cuestión más para el debate sobre el presupuesto participativo. En la sección anterior de este artículo, hablamos de la cuestión de la ventriloquía, al respecto de cómo en un contexto hegemónico de modernización las voces culturalmente subalternas podrían encontrar un espacio efectivo de expresión, y por lo tanto poder participar de la producción de sus espacios públicos, y del ejercicio efectivo de sus derechos y su ciudadanía. Este es un tema que no considera Díaz Palacios en su análisis, pero que nosotros sostenemos que es de suma importancia, ya que, por lo demás, estamos discutiendo sobre las formas de articulación de distintas fuentes de legitimidad y de la gobernanza.

Solo consideremos lo siguiente. Una reforma de descentralización política, y con ello, los mecanismos de participación ciudadana, no son solo un artefacto de un proyecto económico y de un régimen político, son también, al mismo tiempo, un artefacto cultural. ¿En qué medida el diseño del presupuesto participativo permite que los sujetos subalternizados culturalmente puedan desplegar su diferencia, sus formas de agencia, como parte del proceso? En qué medida las “voces” hegemónicas en el presupuesto participativo no instalan una jerarquía étnica discriminatoria hacia, por ejemplo, campesinos quechuas de altura, los cuales en muchísimos casos no son profesionales, ni tienen formación técnica. Conocemos muchos casos (Monroe 2009) en el sur andino peruano en particular donde los campesinos han sido discriminados directamente en la relación con el alcalde y su equipo técnico por no ser profesionales, por no tener “educación”, es decir por no manejar los recursos culturales y los sistemas de significados hegemónicos dentro de la gestión municipal.

Hemos dicho que reconocemos la importancia de las reformas políticas recientes que se desarrollan en el Perú. Sin embargo, sostenemos que hay que tomarlas como un espacio que ofrece oportunidades, pero en el que hay mucho por trabajar en dirección precisamente de la construcción de comunidad de ciudadanos y del fortalecimiento de la democracia. Hasta aquí hemos planteado nuestra lectura crítica sobre los artículos y sus contribuciones al debate planteado, lo siguiente es que los lectores desarrollen su propia posición con el fin de continuar enriqueciendo el debate.

NOTAS

¹ Investigador del Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas” del Cuzco, Perú.

² También se incluye en esta sección el artículo de Manuel de la Fuente (Bolivia), “La consolidación del poder de Evo Morales”, en base a la ponencia que presentó al final de la segunda sesión de trabajo durante el Coloquio. Dicho artículo es por lo tanto complementario tanto de los tres mencionados como del presente.

³ Entendemos por modernización al conjunto de procesos dirigidos a instalar o trasladar las instituciones, los sistemas de significados y relaciones generados en las sociedades donde se originó y se desarrolló la modernidad a sociedades donde estos procesos son incipientes, frágiles o inexistentes, bajo el supuesto que es posible reproducir el camino desarrollado por aquellas sociedades, sin tener en cuenta lo que Habermas, hablando de Weber, llama “la conexión interna” entre modernidad y occidente (1989).

⁴ Como es el caso de muchísimas comunidades campesinas andinas y nativas en el Perú.

⁵ Para el caso del Perú, son bastante bien conocidos los conflictos recientes que se han venido produciendo en torno a la cuestión de propiedad de la tierra, de los recursos naturales y del agua, entre el gobierno nacional y especialmente las comunidades amazónicas que forman parte de la organización AIDESEP. Aunque ciertamente estos conflictos son parte de un desarrollo de la conflictividad social que viene creciendo desde el año 2003. Al respecto ver los informes mensuales y anuales sobre conflictos sociales que publica la Defensoría del Pueblo de Perú desde hace varios años.

⁶ Esta cuestión está planteada en la constitución del Ecuador, pero, en la Constitución reciente de la República Boliviana, existe un extenso número de artículos (p.e., art 353, o art. 307) que unen en un mismo enunciado los términos “industrializar los recursos naturales” con proteger y respetar el medio ambiente y el reconocimiento al territorio y autonomía de los pueblos indígenas.

⁷ Véase también Arenas 2009

⁸ Véase, también, Arenas 2008

⁹ Para utilizar la propia expresión de Andrés Guerrero (1994).

¹⁰ Incluidos los procesos dirigidos a superar brechas socio-económicas, étnico-culturales, etc. (como programas de asistencia o de alivio a la pobreza, reformas del Estado, etc.

¹¹ Por supuesto, este hecho no niega que determinados fenómenos sociales, procesos o decisiones tengan la capacidad para producir modificaciones profundas o de largo plazo en la configuración de una sociedad.

Hay que decir que es Julio Díaz Palacios uno de los exponentes más reconocidos de este proceso.

Por supuesto, no pretendemos con estas preguntas cerrar la discusión al respecto, más bien lo que buscamos es abrirla

¹² Un ejemplo de estas son las Rondas Campesinas del distrito de Corani (provincia de Carabaya, región de Puno).

¹³ De hecho, en nuestra experiencia de trabajo con organizaciones de Rondas Campesinas hemos constatado el valor que se les reconoce en muchas de ellas a quienes han pasado por el servicio militar o a los licenciados del ejercito.

¹⁴ Una pregunta que nos hacemos sobre este asunto es la siguiente: ¿cómo un Estado como el Peruano que, en el escenario reciente, ha dejado a la inversión privada, y sobre todo al gran capital, el papel protagónico en lo que respecta al impulso del crecimiento económico, puede generar cambios estructurales en la economía del país, de tal forma que esta supere la lógica rentista y la dependencia social y política respecto de mecanismos de redistribución de la renta (dirigidos a aliviar la situación de las poblaciones que se encuentran fuera de los circuitos económicos claves de la economía peruana)?

¹⁵ Sobre el tema ver los informes (anuales y mensuales) sobre conflictos sociales que la Defensoría del Pueblo elabora desde el año 2005 en adelante.

¹⁶A este factor habría que articular la mencionada agresividad de los últimos gobiernos en el impulso de las inversiones mineras o de tipo extractivo, las cuales tienen su máxima expresión, en los decretos ley desarrollados en el presente gobierno con el fin de favorecer la expansión de la inversión privada no solo en el sector minero, sino en distintos sectores de la economía en claro detrimento de los intereses de comunidades campesinas y nativas, entre otras poblaciones.

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