La Cumbre entre la Unión Europea y América Latina y EL Caribe que se realizará en Lima del 14 al 17 de mayo de este año está prevista para ser el evento internacional más grande que se haya realizado en el Perú en toda su historia republicana. Asistirán 60 países de América Latina, el Caribe y Europa, además de invitados especiales de todos los esquemas de integración y de instituciones latinoamericanas, incluido el Secretario General de Naciones Unidas. Tiene como propósito establecer un diálogo político que permita definir temas de cooperación y fijar objetivos en la relación entre ambas regiones. Como puntos de agenda se han planteado dos temas fundamentales: a) Pobreza, desigualdad e inclusión; b) Medio ambiente, cambio climático y energía.

Esta será la V Cumbre entre la UE y AL y El Caribe. En la primera (Río de Janeiro en 1999) el principal consenso fue la pertinencia de establecer una asociación estratégica. En la segunda (Madrid del 2002), el resultado más saltante fue el inicio de negociaciones para obtener acuerdos de cooperación, especialmente los “acuerdos de asociación” entre Europa y los diferentes esquemas de integración de América Latina: Diálogo político, cooperación y relaciones comerciales. En la tercera (Guadalajara el 2004) se resaltó la problemática social de América Latina: Pobreza, desigualdad y la exclusión social y se acordó la creación de un programa de cooperación (EUROsociAL). Finalmente, en la cumbre de Viena (2006) el acento estuvo puesto en promover los acuerdos de asociación con América Central, el Caribe, el Mercosur y la CAN.

Luego de cuatro cumbres -que han establecido lo que podría considerarse como las bases para un diálogo común- y ad portas de una quinta, se hace necesario focalizar la discusión en una agenda común de largo plazo que nos comprometa a todos. El hecho de que la declaración de Viena haya resaltado 12 puntos y que ahora se focalicen sólo dos ejes temáticos principales, revela un avance importante en esta perspectiva.

Más allá de coincidencias de principio establecidas en cumbres anteriores tales como la defensa de los derechos humanos, y la democracia, y de un intercambio cultural histórico muy importante, existen intereses de fondo que fundamentan esta relación. América Latina busca consolidar el mercado europeo para la exportación de productos de muy diverso tipo y hacer contrapeso a la tradicional hegemonía norteamericana en la región; y a la Unión Europea le interesa abordar de manera preferente el tema de la Amazonía, ampliar sus inversiones y su influencia en América Latina y El Caribe y contrarrestar la influencia de nuestro vecino del norte en la región. Desde el punto de vista geopolítico este es hoy por hoy un tema de gran importancia toda vez que mientras que una lógica alienta la división de AL/C y promueve la guerra preventiva, la UE insiste en la necesidad de una política integracionista para nuestro continente. En este contexto, los dos principales puntos de agenda acordados, pobreza, desigualdad e inclusión; y medio ambiente, cambio climático y energía, constituyen aspectos de primordial interés para ambas partes.

Ello no obstante, la relación entre AL/C y la UE no está exenta de dificultades. El modelo de desarrollo, las políticas sectoriales y las modalidades que adopta la cooperación europea, expresados en los acuerdos de Lisboa y en la declaración titulada “Una Europa competitiva en una economía globalizada” [[El 4 de octubre de 2006]], no guardan relación evidente con las necesidades y aspiraciones de los pueblos de nuestro continente. Este el es caso, por ejemplo, del primer punto de agenda “pobreza, desigualdad e inclusión”.

En el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Lisboa en marzo de 2000 y posteriormente en la Cumbre de Feira en junio de ese mismo año, la Unión Europea hizo de la integración social y de la equidad un eje esencial de superación de la pobreza. Sin embargo este discurso no siempre se condice con la realidad. Así por ejemplo, con relación al tratado de libre comercio entre la UE y Centroamerica, hace unos días Oxfam España ha señalado que durante la celebración de la II Ronda de Negociaciones del pasado mes de febrero, los gobiernos centroamericanos pidieron que el punto de partida fuera el Sistema General de Preferencias Plus (SGP+), que actualmente está en vigor. « Sin embargo, la UE ha impuesto partir desde la base de sus aranceles consolidados en la Organización Mundial del Comercio (OMC), menos ventajosa para los intereses del istmo ».

De esta forma, puntualiza Oxfam, los países de América Central no podrán salir de la pobreza toda vez que la UE frena las actuales ventajas comerciales que tiene Centroamérica y, al mismo tiempo, exige una equivalencia con el Cafta-Rd (el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con la región y República Dominicana), que va más allá de lo fijado por la OMC, y no toma en cuenta los impactos negativos que éste acuerdo está provocando en la región.

Las posibilidades de que la UE juegue un papel positivo en la lucha por superar la pobreza que existe en AL/C, que se supere la desigualdad y se propenda a la integración social, pasan, en efecto, por definir medidas claras que faciliten el desarrollo de nuestros países. Como se ha dicho en otras oportunidades, la mejor estrategia para superar la pobreza es la implementación de políticas adecuadas que promuevan el empleo y que permitan incrementar el ingreso de las familias, antes que el desarrollo de programas de asistencia social. Y en torno a ello todavía existen temas pendientes que son muy importantes tales como las políticas y los tratados comerciales y su relación con el desarrollo económico, la deuda externa, las políticas migratorias, los derechos laborales, la preservación del medio ambiente, la agricultura y la seguridad alimentaria, entre otros.

Con el tema Desarrollo sostenible: medio ambiente, cambio climático y energía, la posibilidad de llegar a consensos parece estar menos distante toda vez que los países participantes estarían en disposición de establecer un frente común, una suerte de consenso biregional, capaz de pesar en el debate global, ante un problema que es mundial, pero que afecta de forma particular a América Latina y el Caribe. Pero es obvio que ello no es fácil. Como han adelantado especialistas de diversas partes del mundo, de no mediar correctivos de corto plazo que sean realmente eficientes, en pocos años nuestro planeta ingresará a una fase de “no retorno” en lo que a cambio climático se refiere, con graves consecuencias para todos los seres vivos. Cambiar la actual tendencia implica sí, reducir los márgenes de emisión de los gases que están en el origen de esta crisis, pero más que eso, poner en cuestión de manera radical un modelo de desarrollo, un estilo de vida depredador y consumista, que nos venden cada día los medios de comunicación globalizados. Modelo de vida, que se sustenta en buena medida en los excedentes económicos que transfieren año a año los países del sur hacia el norte.

Sabido es, por otra parte, que la tecnología de punta que existe en los países del norte y los exigentes controles ambientales que prevalecen en Europa, están llevando a que las industrias más contaminantes se trasladen hacia los países del sur, sin tener en cuenta normas ambientales elementales. Esta situación pone en peligro la sobre vivencia del pulmón ecológico del mundo que se encuentra en nuestra región.

Por todo lo dicho, esta Cumbre coloca a los países de América Latina y El Caribe ante múltiples retos y amenazas, pero también ante oportunidades que deben ser adecuadamente aprovechadas. En esa situación no está demás puntualizar el hecho de que esta Cumbre ocurre en un contexto favorable para América Latina, que constituye una de sus principales fortalezas: La existencia de una fuerte corriente integracionista de signo progresista que a no dudar será capaz de discutir con la UE todos y cada uno de estos puntos de manera alturada pero firme, con propuestas concretas y viables. Como es el caso de la propuesta del gobierno Ecuatoriano de no explotar importantes yacimientos petroleros de la Amazonía a cambio de recibir por parte de los países preocupados por el cambio climático, la mitad de los recursos que percibiría ese país como resultado de tal explotación. Los países de América Latina y El Caribe debemos apoyar tales propuestas y presentarlas de manera conjunta a la mesa de negociaciones con la UE.

A los movimientos sociales y a la sociedad civil en general nos toca no sólo estar vigilantes y tener una actitud critica frente al debate en curso, sino participar activamente en él. Tanto los representantes gubernamentales de los países de AL/C, como los delegados de la UE, deben tener presente que una parte sustantiva de la gobernabilidad democrática de hoy se basa en la existencia de una adecuada relación entre los poderes públicos y la sociedad civil.

Las negociaciones tienen que hacerse con transparencia y la participación de la sociedad civil tiene que darse a todo nivel. La sociedad civil no se agota en sus formas institucionalizadas. Debe abarcar a todos los sectores del movimiento social y sindical, a las organizaciones y movimientos que luchan por la defensa de los derechos, los derechos de los pueblos indígenas o los afrodescendientes, los derechos de las mujeres, los trabajadores o la defensa del medio ambiente. Los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo deben estar involucrados también en el proceso.

Durante las negociaciones, la sociedad civil y los parlamentos deben tener acceso irrestricto a todos los documentos inherentes a la negociación en español y con suficiente antelación, así como información sobre estructura organizativa, negociadores, hoja de ruta o agenda, avances y plazos. Es necesario que la sociedad civil reciba una información regular, oportuna y relevante a fin de que pueda dar seguimiento a las negociaciones.

Debe proponerse para todo ello, la creación de un Comité Conjunto de Seguimiento de las negociaciones que funcione de forma institucionalizada y pueda seguir todas las negociaciones y servir de puente entre el proceso negociador y la sociedad civil.